Historia Parlamentaria

HISTORIA

Antecedentes parlamentarios en Cuba

Cuba posee una profunda tradición parlamentaria que tiene su principal referente histórico en la constitución de la primera Cámara de Representantes el 10 de abril de 1869 en el oriental poblado de Guáimaro. Los insurgentes mambises presentes en la cita, entre ellos Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, José Joaquín Palma, Eduardo Machado y Antonio Zambrana, contaban con el conocimiento y el amor hacia las instituciones representativas heredados de la primera generación de independentistas, entre los que se contaban Agustín Caballero y el padre Félix Varela, figura descollante del momento.

Fue precisamente el sacerdote Félix Varela quien fundara la Cátedra de Constitucionalismo durante sus años al frente del antiguo Seminario de San Carlos y San Ambrosio en la primera mitad del siglo XIX, lo cual marcó el inicio de la entrada paulatina al contexto ideológico de la Isla de conceptos tales como el Republicanismos, lo cual indicaba claras señales de modernidad.

Sin embargo, el Doctor en Ciencias Históricas Antonio Álvarez Pitaluga señala que la conocida como Constitución de Aponte, redacta desde Venezuela durante el año 1812 y proyectada hacia la realidad cubana, también puede tomarse como uno de los inicios de la tradición parlamentaria en la Isla (Pis Guirola, entrevista personal, 4 de abril de 2014).

De tal modo, las capas más instruidas de la sociedad cubana, de las cuales surgieron los principales líderes independentistas de la Guerra de los 10 años, eran acreedoras de un profundo respeto hacia las instituciones representativas.

El periodista cubano Lázaro Barredo Medina ha señalado que en las dos guerras de independencia protagonizadas por nuestros mambises, esa actitud, aún en medio de cruentos combates, siempre estuvo presente. Y ejemplo de ello es que durante ambos periodos se hayan proclamando cuatro constituciones, que asentarían iguales principios, “aunque cada una con más amplitud que la anterior y adecuada a los acontecimientos y tendencias de la época en cuanto a declarar la lucha revolucionaria como única vía para lograr la absoluta independencia e instaurar una república soberana” (S/F: 22).

En estas constituciones puede apreciarse una perspectiva burguesa, con el paradigma de la Revolución Francesa y del tríptico de poderes, de lo que se entiende como Mundo Moderno, señaló Álvarez Pitaluga (EP, 2014).

En octubre de 1898 la situación nacional requirió cumplir el acuerdo de la Constitución de La Yaya antes mencionado, y fue convocada la Asamblea de Santa Cruz, la cual trascendió a la historia con ese hombre, aunque en 1899 se trasladó varias veces y, por último, se instaló en El Cerro, La Habana.

Esta Asamblea no tuvo un verdadero líder que unificara criterios y controlara las opiniones y los proyectos. Aunque llena de amor a Cuba y de buenos propósitos, poco pudo hacer en momentos especialmente convulsos en los que tanto peligraba la consecución del objetivo independentista por el que se habían vertido torrentes de sangre.

A fines de 1899 Tomas Estrada Palma disolvió el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, y que había quedado bajo su dirección a la muerte del prócer, lo que condujo al debilitamiento de la unidad ideológica de la revolución y eliminó de hecho un efectivo eslabón de cohesión.

La Asamblea de Santa Cruz se propuso asumir la dirección del país e implantar la creación del Estado. Designó a una comisión para que fuese a Estados Unidos y precisara el futuro de Cuba, siempre con la proyección de instaurar una nación libre y soberana.

Pero el gobierno norteamericano no la consideró “oficial” y, por tanto, no la reconoció como representantes del pueblo cubano.

Las aviesas intenciones yanquis ejecutaban acciones rápidas y efectivas. Estados Unidos se introdujo en la guerra cubano-española y la convirtió en falsamente hispano-cubano-norteamericana, por medio del autoatentado al acorazado Maine. Esta intervención despojó a los mambises de su merecida victoria conquistada al filo del machete en las maniguales llamas, como acto filibustero de nuevo tipo, propio del imperialismo norteamericano emergente.

Con la entrada del siglo XX, y la instauración de una República de bases burguesas, extremadamente comprometida con los intereses norteamericanos en la Isla, se establece con Cuba la Constitución de 1901. Posteriormente el gobernador inventor yanqui de la Isla Leonardo Wood, le impuso a la Asamblea Constituyente la tristemente célebre Enmienda Platt que poca o ninguna libertad le dejó a la naciente República.

A partir de entonces, comienza a funcionar un Congreso bicameral con semejanzas estructurales al Congreso de los Estados Unidos con exclusividad de potestades legislativas. Este Congreso estuvo activo hasta el triunfo de la Revolución en 1959, a excepción de dos momentos en los que es suspendido, según comenta el profesor de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Fabricio Mulet (EP, 2014). Estos momentos fueron, primero, durante la segunda intervención militar norteamericana entre los años 1906 y 1909 y luego, durante el gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, hijo (1933-1935).

En 1940, el Congreso aprueba una nueva Constitución. Esta pasaría a la Historia como una Carta Magna de grandes visos protagonistas, modernos, pero cuyas mayores aportaciones a la sociedad en materia de economía, reformas sociales y políticas nunca pudieron ejecutarse a falta de leyes que las instrumentaran y visibilizaran el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.

A partir del triunfo de la Revolución en 1959, Cuba se sumergió en un profundo proceso de reordenamiento desde la política y la cultura. Para desterrar cualquier vestigio de neocolonialismo, y conscientes de que toda revolución es ante todo una profunda subversión cultural, la máxima dirección del país procedió al desmantelamiento de las estructuras institucionales  heredadas del periodo anterior. El recién formado estado debía barrer las antiguas estructuras de poder, objetivaciones de las ideologías capitalistas e inoperantes a los efectos de los proyectos que la nueva sociedad aun en construcción asumiría.

De tal suerte, los primeros años que sucedieron se caracterizaron por la ausencia de instituciones representativas, pues como explicaba Fidel Castro durante una intervención en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, “la Revolución no se apresuró en dotar al país de formas estatales definitivas. No se trataba simplemente de cubrir un expediente sino de crear instituciones solidas, bien meditadas y duraderas que respondiera a las realidades del país.” (Castro, 1975 en Barredo, S/F)

Estas peculiaridades de la estructura política del momento, estuvieron condicionadas por la necesidad de asegurar un nivel alto y constante de preparación militar de todo el pueblo para enfrentar las agresiones económicas, políticas, diplomáticas, armadas y culturales de los Estados Unidos y la contrarrevolución interna.

Se hizo necesario un aparato ágil y operativo que ejerciera el poder del pueblo, que funcionase como órgano lesgislativo y ejecutivo al mismo tiempo y que pudiera tomar decisiones sin dilaciones. Este papel lo jugó el Gobierno Revolucionario (Consejo de Ministros), apoyado en instituciones provisionales y en la participación popular activa a través del fuerte sistema de organizaciones como los Comité de Defensa de la Revolución, los cuales cumplieron, en ese tiempo, varias tarea de carácter estatal.

Emilio Duharte, profesor de la universidad de la Habana, apunta en el texto Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos, que el gobierno y el pueblo no podían desviar sus esfuerzos y recursos a las formalidades de la democracia, cuando el criterio principal –la participación política ciudadana- era garantizada en lo fundamental.

La consulta directa al pueblo era el tipo de democracia que se ejercía en los años ´60 y en ese momento tuvo una razón de ser coyuntural y fue muy funcional.  Constitucionalmente la nación no quedó desamparada, pues se puso a funcionar la ley fundamental. Esta rescató los elementos que más se avenían a las condiciones que vivía el país de la Constitución del ´40, derogada por Fulgencio Batista a partir de su golpe de Estado en 1952.

Pasados los primeros años, ya estaban creadas las condiciones para la organización de nuevas estructuras de gobierno y el primer paso fue el sometimiento a escrutinio popular de la Constitución Socialista de la República de Cuba, que respaldara las acciones revolucionarias. La nueva Carta Magna quedó aprobada el 15 de febrero de 1976, y es aún vigente. Como parte de este proceso, además, se estableció una nueva división político-administrativa y se crearon los órganos del Poder Popular.

Fue entre los años 1974 y 1975 que se realizaron los primeros experimentos de instauración y funcionamiento de los nuevos órganos del Poder Popular. El primero de ellos tuvo lugar en la ciudad de Matanzas. A partir de 1976, la experiencia se generalizó a todo el país por acuerdo del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Caballero (2013:8) explica que el establecimiento de las instituciones representativas en el Estado cubano significó un paso trascendente en el proceso revolucionario. “Con ella se completan los elementos que deben integrar el Estado proletario; y si durante los primeros años por la supervivencia no eran indispensables ni vitales, e incluso podían haber significado un cierto freno a la agilidad necesaria que requería el Estado en aquellos momentos, con las condiciones creadas, se había convertido en una necesidad insoslayable con el cual se le daría forma institucional, regular, real y sistemática a la participación del pueblo.”

Constituciones Cubanas

Modificación a la Constitución 2002

El texto de la Constitución de la República de Cuba fue publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordinaria número 3 de 31 de enero de 2003.

El anteproyecto de la Constitución de la República, durante 1975 fue sometido a discusión pública donde participaron más de 6 millones de personas, y se formularon propuestas que llevaron a modificar 60 de los artículos propuestos.

El 15 de febrero de 1976 se celebró un referendo en el que votó el 98% de los electores, de los cuales el 97,7% lo hizo afirmativamente, alcanzando así su aprobación, mediante el voto libre, directo y secreto de la inmensa mayoría de éstos.

El 24 de febrero de 1976, fue proclamada esta Constitución en acto solemne y público.

El 26 de junio de 1978, la Asamblea Nacional del Poder Popular en uso de sus facultades constitucionales, acordó reformar el artículo 10, inciso a) de la Constitución, a los efectos de que en lo sucesivo la Isla de Pinos pasara a llamarse Isla de la Juventud.

El 12 de julio de 1992 fue aprobada en sesión convocada al efecto, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Ley de Reforma Constitucional encaminada a cumplimentar las recomendaciones del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba adoptadas como resultado del debate público, abierto, franco y sereno con el pueblo, del Llamamiento que lo convocó y que evidenció, en lo concerniente a la actividad de los organismos estatales, la necesidad de encontrar vías para hacer aún más representativas nuestras instituciones democráticas y, consecuentemente, adoptar decisiones con vista a perfeccionar sus estructuras, atribuciones y funciones de dirección en sus diferentes instancias; incluir precisiones sobre la gestión del gobierno en provincias y municipios; establecer nuevas formas de elección de los diputados a la Asamblea Nacional y de los delegados a las asambleas provinciales, así como otras cuestiones de interés para la vida institucional del país.

La Constitución también fue modificada con el fin de garantizar y ampliar el ejercicio de numerosos derechos y libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y extranjeros.

El 10 de junio del 2002, el pueblo de Cuba, en un proceso plebiscitario popular sin precedentes, puesto de manifiesto tanto en la Asamblea Extraordinaria de las direcciones nacionales de las organizaciones de masas; como en actos y marchas realizados el día 12 del propio mes de junio a todo lo largo y ancho del país, en los que participaron más de nueve millones de personas y para la firma pública y voluntaria de 8 198 237 electores durante los días 15, 16 y 17 de ese mismo mes ratificaron el contenido socialista de esta Constitución en respuesta a las manifestaciones injerencistas y ofensivas del Presidente de los Estados Unidos de América, e interesaron de la Asamblea Nacional del Poder Popular reformarla, para dejar expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado, así como que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con otro Estado no pueden ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera, ante lo cual el órgano supremo de poder del Estado, en sesión extraordinaria, convocada al efecto, adoptó por unanimidad el Acuerdo No. V-74, por el que se aprobó la Ley de Reforma Constitucional el 26 de junio del 2002.

Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos
de la Asamblea Nacional del Poder Popular

PREÁMBULO

NOSOTROS, CIUDADANOS CUBANOS,

herederos y continuadores del trabajo creador y de las tradiciones de combatividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros antecesores;
por los aborígenes que prefirieron muchas veces el exterminio a la sumisión;
por los esclavos que se rebelaron contra sus amos;
por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad;
por los patriotas que en 1868 iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español y los que en el último impulso de 1895 las llevaron a la victoria de 1898, que les fuera arrebatada por la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui;
por los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales que lucharon durante más de cincuenta años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, el desempleo y la explotación impuesta por capitalistas y terratenientes;
por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros y de campesinos, difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos marxista y marxista-leninista;
por los integrantes de la vanguardia de la generación del centenario del natalicio de Martí, que nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria revolucionaria popular de Enero;
por los que, con el sacrifico de sus vidas, defendieron la Revolución contribuyendo a su definitiva consolidación;

por los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas;

GUIADOS

por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin;

APOYADOS

en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación y la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente los de América Latina y del Caribe;

DECIDIDOS

a llevar adelante la Revolución triunfadora del Moncada y del Granma, de la Sierra y de Girón encabezada por Fidel Castro que, sustentada en la más estrecha unidad de todas las fuerzas revolucionarias y del pueblo, conquistó la plena independencia nacional, estableció el poder revolucionario, realizó las transformaciones democráticas, inició la construcción del socialismo y, con el Partido Comunista al frente, la continúa con el objetivo final de edificar la sociedad comunista;

CONSCIENTES

de que los regímenes sustentados en la explotación del hombre por el hombre determinan la humillación de los explotados y la degradación de la condición humana de los explotadores;

de que sólo en el socialismo y el comunismo, cuando el hombre ha sido liberado de todas las formas de explotación: de la esclavitud, de la servidumbre y del capitalismo, se alcanza la entera dignidad del ser humano; y de que nuestra Revolución elevó la dignidad de la patria y del cubano a superior altura;

DECLARAMOS

nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí:

“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”;

ADOPTAMOS

por nuestro voto libre, mediante referendo, la siguiente:

CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO

ARTICULO 1. Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.

ARTICULO 2. El nombre del Estado cubano es República de Cuba, el idioma oficial es el español y su capital es la ciudad de La Habana.

ARTICULO 3. En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.

El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.

ARTICULO 4. Los símbolos nacionales son los que han presidido por más de cien años las luchas cubanas por la independencia, por los derechos del pueblo y por el progreso social:

la bandera de la estrella solitaria;
el himno de Bayamo;
el escudo de la palma real.

ARTICULO 5. El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

ARTICULO 6. La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud cubana de avanzada, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado en su función primordial de promover la participación activa de las masas juveniles en las tareas de la edificación socialista y de preparar adecuadamente a los jóvenes como ciudadanos conscientes y capaces de asumir responsabilidades cada día mayores en beneficio de nuestra sociedad.

ARTICULO 7. El Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.

ARTICULO 8. El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa.

En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.

ARTICULO 9. El Estado:

a) realiza la voluntad del pueblo trabajador y

– encauza los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo;

– mantiene y defiende la integridad y la soberanía de la patria;

– garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad;

– afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre;

– protege el trabajo creador del pueblo y la propiedad y la riqueza de la nación socialista;

– dirige planificadamente la economía nacional;

– asegura el avance educacional, científico, técnico y cultural del país;

b) como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza

– que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades;

– que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia;

– que no haya enfermo que no tenga atención médica;

– que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido;

– que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar;

– que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte;

c) trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable.

ARTICULO 10. Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad.

ARTICULO 11. El Estado ejerce su soberanía:

a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que sobre éstos se extiende;

b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país;

c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, el lecho y el subsuelo de la zona económica marítima de la República, en la extensión que fija la ley, conforme a la práctica internacional.

La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía y su integridad territorial.

Las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.

ARTICULO 12. La República de Cuba hace suyos los principios antimperialistas e internacionalistas, y

a) ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los Estados, grandes y pequeños, débiles y poderosos, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y el derecho a la autodeterminación;

b) funda sus relaciones internacionales en los principios de igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, integridad territorial, independencia de los Estados, la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacifico de controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales de los cuales Cuba sea parte;

c) reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo;

ch propugna la unidad de todos los países del Tercer Mundo, frente a la política imperialista y neocolonialista que persigue la limitación o subordinación de la soberanía de nuestros pueblos y agravar las condiciones económicas de explotación y opresión de las naciones subdesarrolladas;

condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra y el peor enemigo de los pueblos;

e) repudia la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, el bloqueo económico, así como cualquier otra forma de coerción económica o política, la violencia física contra personas residentes en otros países, u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados y de los elementos políticos, económicos y culturales de las naciones;

f) rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales que ha suscrito;

g) califica de delito internacional la guerra de agresión y de conquista, reconoce la legitimidad de las luchas por la liberación nacional, así como la resistencia armada a la agresión, y considera su deber internacionalista solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación;

h) basa sus relaciones con los países que edifican el socialismo en la amistad fraternal, la cooperación y la ayuda mutua, asentadas en los objetivos comunes de la construcción de la nueva sociedad;

i) mantiene relaciones de amistad con los países que, teniendo un régimen político, social y económico diferente, respetan su soberanía, observan las normas de convivencia entre los Estados, se atienen a los principios de mutuas conveniencias y adoptan una actitud recíproca con nuestro país.

ARTICULO 13. La República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; contra la discriminación y el racismo; por la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas, por el socialismo y la paz.

ARTICULO 14. En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre.

También rige el principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio.

ARTICULO 15. Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo:

a) las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o cooperativas integradas por éstos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación;

b) los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuantas empresas, bancos e instalaciones han sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fábricas, empresas e instalaciones económicas y centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera.

Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo los casos excepcionales en que la trasmisión parcial o total de algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo.

En cuanto a la trasmisión de otros derechos sobre estos bienes a empresas estatales y otras entidades autorizadas, para el cumplimiento de sus fines, se actuará conforme a lo previsto en la ley.

ARTICULO 16. El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país.

En la elaboración y ejecución de los programas de producción y desarrollo participan activa y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás esferas de la vida social.

ARTICULO 17. El Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo; o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración, cuya estructura, atribuciones, funciones y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley.

Estas empresas y entidades responden de sus obligaciones sólo con sus recursos financieros, dentro de las limitaciones establecidas por la ley. El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las empresas, entidades u otras personas jurídicas y éstas tampoco responden de las de aquél.

ARTICULO 18. El Estado dirige y controla el comercio exterior.

La ley establece las instituciones y autoridades estatales facultadas para:

– crear empresas de comercio exterior;

– normar y regular las operaciones de exportación e importación; y

– determinar las personas naturales o jurídicas con capacidad legal para realizar dichas operaciones de exportación e importación y concertar convenios comerciales.

ARTICULO 19. El Estado reconoce la propiedad de los agricultores pequeños sobre las tierras que legalmente les pertenecen y los demás bienes inmuebles y muebles que les resulten necesarios para la explotación a que se dedican, conforme a lo que establece la ley.

Los agricultores pequeños, previa autorización del organismo estatal competente y el cumplimiento de los demás requisitos legales, pueden incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria. Además pueden venderlas, permutarlas o trasmitirlas por otro título al Estado y a cooperativas de producción agropecuaria o a agricultores pequeños en los casos, formas y condiciones que establece la ley, sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición, mediante el pago de su justo precio.

Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los derechos emanados de la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras.

El Estado apoya la producción individual de los agricultores pequeños que contribuyen a la economía nacional.

ARTICULO 20. Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre sí, en la forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la producción agropecuaria como a los de obtención de créditos y servicios estatales.

Se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece. Esta propiedad cooperativa es reconocida por el Estado y constituye una forma avanzada y eficiente de producción socialista.

Las cooperativas de producción agropecuaria administran, poseen, usan y disponen de los bienes de su propiedad, de acuerdo con lo establecido en la ley y en sus reglamentos.

Las tierras de las cooperativas no pueden ser embargadas ni gravadas y su propiedad puede ser transferida a otras cooperativas o al Estado, por las causas y según el procedimiento establecido en la ley.

El Estado brinda todo el apoyo posible a esta forma de producción agropecuaria.
ARTICULO 21. Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona.

Asimismo se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de propiedad personal.

ARTICULO 22. El Estado reconoce la propiedad de las organizaciones políticas, de masas y sociales sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines.

ARTICULO 23. El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley.

El uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo establecido en la ley y los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan.

ARTICULO 24. El Estado reconoce el derecho de herencia sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad personal.

La tierra y los demás bienes vinculados a la producción que integran la propiedad de los agricultores pequeños son heredables y sólo se adjudican a aquellos herederos que trabajan la tierra, salvo las excepciones y según el procedimiento que establece la ley.

La ley fija los casos, las condiciones y la forma en que los bienes de propiedad cooperativa podrán ser heredables.

ARTICULO 25. Se autoriza la expropiación de bienes, por razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización.

La ley establece el procedimiento para la expropiación y las bases para determinar su utilidad y necesidad, así como la forma de la indemnización, considerando los intereses y las necesidades económicas y sociales del expropiado.

ARTICULO 26. Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.

ARTÍCULO 27. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política.

Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza.

CAPÍTULO II

CIUDADANÍA

ARTICULO 28. La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

ARTICULO 29. Son ciudadanos cubanos por nacimiento:

a) los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren al servicio de su gobierno o de organismos internacionales. La ley establece los requisitos y las formalidades para el caso de los hijos de los extranjeros residentes no permanentes en el país;
b) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, que se hallen cumpliendo misión oficial;
c) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo el cumplimiento de las formalidades que la ley señala;
ch) los nacidos fuera del territorio nacional, de padre o madre naturales de la República de Cuba que hayan perdido la ciudadanía cubana, siempre que la reclamen en la forma que señala la ley;
d) los extranjeros que por méritos excepcionales alcanzados en las luchas por la liberación de Cuba fueron considerados ciudadanos cubanos por nacimiento.
ARTICULO 30. Son ciudadanos cubanos por naturalización:
a) los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la ley;
b) los que hubiesen servido a la lucha armada contra la tiranía derrocada el primero de enero de 1959, siempre que acrediten esa condición en la forma legalmente establecida;
c) los que habiendo sido privados arbitrariamente de su ciudadanía de origen obtengan la cubana por acuerdo expreso del Consejo de Estado.
ARTICULO 31. Ni el matrimonio ni su disolución afectan la ciudadanía de los cónyuges o de sus hijos.
ARTICULO 32. Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de ésta.
No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana.
La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.
ARTICULO 33. La ciudadanía cubana podrá recobrarse en los casos y en la forma que prescribe la ley.
CAPÍTULO III

EXTRANJERÍA

ARTICULO 34. Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

– en la protección de sus personas y bienes;

– en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;

– en la obligación de observar la Constitución y la ley;

– en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;

– en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo.

CAPITULO IV

FAMILIA

ARTÍCULO 35. El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio.

El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones.
ARTÍCULO 36. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que éste resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos.
La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan.
ARTICULO 37. Todos los hijos tienen iguales derechos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio.
Está abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación.
No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de los hijos, ni en ningún otro documento que haga referencia a la filiación.
El Estado garantiza mediante los procedimientos legales adecuados la determinación y el reconocimiento de la paternidad.
ARTÍCULO 38. Los padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones; así como el de contribuir activamente a su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista.
Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres.

CAPÍTULO V

EDUCACIÓN Y CULTURA

ARTÍCULO 39. El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones.

En su política educativa y cultural se atiene a los postulados siguientes:

a) fundamenta su política educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal;

b) la enseñanza es función del Estado y es gratuita. Se basa en las conclusiones y aportes de la ciencia y en la relación más estrecha del estudio con la vida, el trabajo y la producción.

El Estado mantiene un amplio sistema de becas para los estudiantes y proporciona múltiples facilidades de estudio a los trabajadores a fin de que puedan alcanzar los más altos niveles posibles de conocimientos y habilidades.

La ley precisa la integración y estructura del sistema nacional de enseñanza, así como el alcance de la obligatoriedad de estudiar y define la preparación general básica que, como mínimo, debe adquirir todo ciudadano;

c) promover la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social.

Para realizar este principio se combinan la educación general y las especializadas de carácter científico, técnico o artístico, con el trabajo, la investigación para el desarrollo, la educación física, el deporte y la participación en actividades políticas, sociales y de preparación militar;

ch) es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución. Las formas de expresión en el arte son libres;

d) el Estado, a fin de elevar la cultura del pueblo, se ocupa de fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la creación y el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo;

e) la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. El Estado estimula y viabiliza la investigación y prioriza la dirigida a resolver los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo;

f) el Estado propicia que los trabajadores se incorporen a la labor científica y al desarrollo de la ciencia;

g) el Estado orienta, fomenta y promueve la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación integral de los ciudadanos;

h) el Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico;

i) el Estado promueve la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones de masas y sociales del país en la realización de su política educacional y cultural.

ARTICULO 40. La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad.

La familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud.

CAPÍTULO VI

IGUALDAD

ARTICULO 41. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes.

ARTICULO 42. La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley.

Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos.

ARTICULO 43. El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:

– tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la Administración Pública y de la producción y prestación de servicios;

– ascienden a todas las jerarquías de las fuerzas armadas revolucionarias y de la seguridad y orden interior, según méritos y capacidades;

– perciben salario igual por trabajo igual;

– disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela primaria hasta las universidades, que son las mismas para todos;

– reciben asistencia en todas las instituciones de salud;

– se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;

– son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público;

– usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores;

– disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso.

ARTICULO 44. La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar.

El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, a fin de lograr su plena participación en el desarrollo del país.

El Estado organiza instituciones tales como círculos infantiles, seminternados e internados escolares, casas de atención a ancianos y servicios que facilitan a la familia trabajadora el desempeño de sus responsabilidades.

Al velar por su salud y por una sana descendencia, el Estado concede a la mujer trabajadora licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto, y opciones laborales temporales compatibles con su función materna.

El Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la realización del principio de igualdad.

CAPITULO VII

DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS
FUNDAMENTALES

ARTICULO 45. El trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano.

El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el paro estacional llamado “tiempo muerto”

Se reconoce el trabajo voluntario, no remunerado, realizado en beneficio de toda la sociedad, en las actividades industriales, agrícolas, técnicas, artísticas y de servicio, como formador de la conciencia comunista de nuestro pueblo.

Cada trabajador está en el deber de cumplir cabalmente las tareas que le corresponden en su empleo.

ARTICULO 46. Todo el que trabaja tiene derecho al descanso, que se garantiza por la jornada laboral de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.
El Estado fomenta el desarrollo de instalaciones y planes vacacionales.

ARTICULO 47. Mediante el sistema de seguridad social, el Estado garantiza la protección adecuada a todo trabajador impedido por su edad, invalidez o enfermedad.

En caso de muerte del trabajador garantiza similar protección a su familia.

ARTICULO 48. El Estado protege, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda.

ARTICULO 49. El Estado garantiza el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

El que sufre un accidente en el trabajo o contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica y a subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente para el trabajo.

ARTICULO 50. Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este derecho:

– con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de servicio médico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado;

– con la prestación de asistencia estomatológica gratuita;

– con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de las enfermedades. En estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones de masas y sociales.

ARTICULO 51. Todos tienen derecho a la educación. Este derecho está garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas, seminternados, internados y becas, en todos los tipos y niveles de enseñanza, y por la gratuidad del material escolar, lo que proporciona a cada niño y joven, cualquiera que sea la situación económica de su familia, la oportunidad de cursar estudios de acuerdo con sus aptitudes, las exigencias sociales y las necesidades del desarrollo económico-social.

Los hombres y mujeres adultos tienen asegurado este derecho, en las mismas condiciones de gratuidad y con facilidades específicas que la ley regula, mediante la educación de adultos, la enseñanza técnica y profesional, la capacitación laboral en empresas y organismos del Estado y los cursos de educación superior para los trabajadores.

ARTICULO 52. Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación.

El disfrute de este derecho está garantizado por la inclusión de la enseñanza y práctica de la educación física y el deporte en los planes de estudio del sistema nacional de educación; y por la amplitud de la instrucción y los medios puestos a disposición del pueblo, que facilitan la práctica masiva del deporte y la recreación.

ARTICULO 53. Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.

La ley regula el ejercicio de estas libertades.

ARTICULO 54. Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.

ARTICULO 55. El Estado, que reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión, reconoce, respeta y garantiza a la vez la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro del respeto a la ley, el culto religioso de su preferencia.

La ley regula las relaciones del Estado con las instituciones religiosas.

ARTICULO 56. El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

ARTICULO 57. La correspondencia es inviolable. Sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare el examen.

El mismo principio se observará con respecto a las comunicaciones cablegráficas, telegráficas y telefónicas.

ARTICULO 58. La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.

Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

ARTICULO 59. Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen.

Todo acusado tiene derecho a la defensa.

No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.

Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley.

ARTICULO 60. La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley.

ARTICULO 61. Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando sean favorables al encausado o sancionado. Las demás leyes no tienen efecto retroactivo a menos que en las mismas se disponga lo contrario por razón de interés social o utilidad pública.

ARTICULO 62. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciu¬dadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

ARTICULO 63. Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley.

ARTICULO 64. Es deber de cada uno cuidar la propiedad públi¬ca y social, acatar la disciplina del trabajo, respetar los derechos de los demás, observar las normas de convivencia socialista y cumplir los deberes cívicos y sociales.

ARTICULO 65. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.

La ley regula el servicio militar que los cubanos deben prestar.

La traición a la patria es el más grave de los crímenes; quien la comete está sujeto a las más severas sanciones.

ARTICULO 66. El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos.

CAPITULO VIII

ESTADO DE EMERGENCIA

ARTICULO 67. En caso o ante la inminencia de desastres naturales o catástrofes u otras circunstancias que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado, el Presidente del Consejo de Estado puede declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional o en una parte de él, y durante su vigencia disponer la movilización de la población.

La ley regula la forma en que se declara el estado de emergencia, sus efectos y su terminación. Igualmente determina los derechos y deberes fundamentales reconocidos por la Constitución, cuyo ejercicio debe ser regulado de manera diferente durante la vigencia del estado de emergencia.

CAPÍTULO IX

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ÓRGANOS ESTATALES

ARTICULO 68. Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista que se expresan en las reglas siguientes:

a) todos los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables;

b) las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios;

c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento;

ch) cada órgano estatal desarrolla ampliamente, dentro del marco de su competencia, la iniciativa encaminada al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y a la incorporación de las organizaciones de masas y sociales a su actividad;

d) las disposiciones de los órganos estatales superiores son obli¬gatorias para los inferiores;

e) los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su gestión;

f) la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados.

CAPÍTULO X

ÓRGANOS SUPERIORES DEL PODER POPULAR
ARTICULO 69. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo.

ARTICULO 70. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República.

ARTICULO 71. La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley.

ARTICULO 72. La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un término de cinco años.

Este término sólo podrá extenderse por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o a virtud de otras circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias.

ARTICULO 73. La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados a su Presidente, al Vicepresidente y al Secretario. La ley regula la forma y el procedimiento mediante el cual se constituye la Asamblea y realiza esa elección.

ARTICULO 74. La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado, integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y veintitrés miembros más.

El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de Gobierno.

El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades.

ARTICULO 75. Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular:

a) acordar reformas de la Constitución conforme a lo establecido en el artículo 137;

b) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente en atención a la índole de la legislación de que se trate;

c) decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales;

ch) revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado;

d) discutir y aprobar los planes nacionales de desarrollo económico y social;

e) discutir y aprobar el presupuesto del Estado;

f) aprobar los principios del sistema de planificación y de dirección de la economía nacional;

g) acordar el sistema monetario y crediticio;

h) aprobar los lineamientos generales de la política exterior e interior;

i) declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz;

j) establecer y modificar la división político-administrativa del país conforme a lo establecido en el artículo 102;

k) elegir al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea Nacional;

l) elegir al Presidente, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes, al Secretario y a los demás miembros del Consejo de Estado;

ll) designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros;

m) elegir al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás Jueces del Tribunal Supremo Popular;

n) elegir al Fiscal General y a los Vicefiscales generales de la República;

ñ) nombrar comisiones permanentes y temporales;

o) revocar la elección o designación de las personas elegidas o designadas por ella;

p) ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno;

q) conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales del Poder Popular;

r) revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la Constitución o las leyes;

s) revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los órganos locales del Poder Popular que violen la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía a los mismos; o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;

t) conceder amnistías;

u) disponer la convocatoria de referendos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la propia Asamblea considere procedente;

v) acordar su reglamento;

w) las demás que le confiere esta Constitución.

ARTICULO 76. Las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salvo cuando se refieran a la reforma de la Constitución, se adoptan por mayoría simple de votos.

ARTICULO 77. Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular entran en vigor en la fecha que en cada caso determine la propia ley.

Las leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones, reglamentos y demás disposiciones generales de los órganos nacionales del Estado, se publican en la Gaceta Oficial de la República.

ARTICULO 78. La Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones al año y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado.

ARTICULO 79. Para que la Asamblea Nacional del Poder Popular pueda celebrar sesión se requiere la presencia de más de la mitad del número total de los diputados que la integran.

ARTICULO 80. Las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas, excepto en el caso en que la propia Asamblea acuerde celebrarlas a puertas cerradas por razón de interés de Estado.

ARTICULO 81. Son atribuciones del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular:

a) presidir las sesiones de la Asamblea Nacional y velar por la aplicación de su reglamento;

b) convocar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional;

c) proponer el proyecto de orden del día de las sesiones de la Asamblea Nacional;

ch) firmar y disponer la publicación en la Gaceta Oficial de la República de las leyes y acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional;

d) organizar las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional;

e) dirigir y organizar la labor de las comisiones de trabajo permanentes y temporales que sean creadas por la Asamblea Nacional;

f) asistir a las reuniones del Consejo de Estado;

g) las demás que por esta Constitución o la Asamblea Nacional del Poder Popular se le atribuyan.

ARTICULO 82. La condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos.

Durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de sus funciones, los diputados perciben el mismo salario o sueldo de su centro de trabajo y mantienen el vínculo con éste, a todos los efectos.

ARTICULO 83. Ningún diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado si no está reunida aquélla, salvo en caso de delito flagrante.

ARTICULO 84. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus planteamientos, sugerencias y críticas, y explicarles la política del Estado. Asimismo, rendirán cuenta del cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en la ley.

ARTICULO 85. A los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular les puede ser revocado su mandato en cualquier momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en la ley.

ARTICULO 86. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el derecho de hacer preguntas al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, y a que éstas les sean respondidas en el curso de la misma sesión o en la próxima.

ARTICULO 87. Todos los órganos y empresas estatales están obligados a prestar a los diputados la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus deberes.

ARTICULO 88. La iniciativa de las leyes compete:

a) a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

b) al Consejo de Estado;

c) al Consejo de Ministros;

ch) a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

d) al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;

e) al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia;

f) a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;

g) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores.

ARTICULO 89. El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye.

Tiene carácter colegiado y, a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano.

ARTICULO 90. Son atribuciones del Consejo de Estado:

a) disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

b) acordar la fecha de las elecciones para la renovación periódica de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

c) dictar decretos-leyes, entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

ch) dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria;

d) ejercer la iniciativa legislativa;

e) disponer lo pertinente para realizar los referendos que acuerde la Asamblea Nacional del Poder Popular;

f) decretar la movilización general cuando la defensa del país lo exija y asumir las facultades de declarar la guerra en caso de agresión o concertar la paz, que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando ésta se halle en receso y no pueda ser convocada con la seguridad y urgencia necesarias;

g) sustituir, a propuesta de su Presidente, a los miembros del Consejo de Ministros entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

h) impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;

i) impartir instrucciones a la Fiscalía General de la República;

j) designar y remover, a propuesta de su Presidente, a los representantes diplomáticos de Cuba ante otros Estados;

k) otorgar condecoraciones y títulos honoríficos;

l) nombrar comisiones;

ll) conceder indultos;

m) ratificar y denunciar tratados internacionales;

n) otorgar o negar el beneplácito a los representantes diplomáticos de otros Estados;

ñ) suspender las disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y disposiciones de las Asambleas Locales del Poder Popular que no se ajusten a la Constitución o a las leyes, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país, dando cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera sesión que celebre después de acordada dicha suspensión;

o) revocar los acuerdos y disposiciones de las Administraciones Locales del Poder Popular que contravengan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;

p) aprobar su reglamento;

q) las demás que le confieran la Constitución y las leyes o le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ARTICULO 91. Todas las decisiones del Consejo de Estado son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.

ARTÍCULO 92. El mandato confiado al Consejo de Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular expira al tomar posesión el nuevo Consejo de Estado elegido en virtud de las renovaciones periódicas de aquélla.

ARTICULO 93. Las atribuciones del Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno son las siguientes:

a) representar al Estado y al Gobierno y dirigir su política general;

b) organizar y dirigir las actividades y convocar y presidir las sesiones del Consejo de Estado y las del Consejo de Ministros;

c) controlar y atender el desenvolvimiento de las actividades de los ministerios y demás organismos centrales de la Administración;

ch) asumir la dirección de cualquier ministerio u organismo central de la Administración;

d) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por ésta, los miembros del Consejo de Ministros;

e) aceptar las renuncias de los miembros del Consejo de Ministros, o bien proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según proceda, la sustitución de cualquiera de ellos y, en ambos casos, los sustitutos correspondientes;

f) recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones extranjeras. Esta función podrá ser delegada en cualquiera de los Vicepresidentes del Consejo de Estado;

g) desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas y determinar su organización general;

h) presidir el Consejo de Defensa Nacional;

i) declarar el Estado de Emergencia en los casos previstos por esta Constitución, dando cuenta de su decisión, tan pronto las circunstancias lo permitan, a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, de no poder reunirse aquélla, a los efectos legales procedentes;

j) firmar decretos-leyes y otros acuerdos del Consejo de Estado y las disposiciones legales adoptadas por el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la República;

k) las demás que por esta Constitución o las leyes se le atribuyan.

ARTICULO 94. En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente del Consejo de Estado lo sustituye en sus funciones el Primer Vicepresidente.

ARTICULO 95. El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República.

El número, denominación y funciones de los ministerios y organismos centrales que forman parte del Consejo de Ministros es determinado por la ley.

ARTICULO 96. El Consejo de Ministros está integrado por el Jefe de Estado y de Gobierno, que es su Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes, los Ministros, el Secretario y los demás miembros que determine la ley.

ARTICULO 97. El Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes y otros miembros del Consejo de Ministros que determine el Presidente, integran su Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros, durante los períodos que median entre una y otra de sus reuniones.

ARTICULO 98. Son atribuciones del Consejo de Ministros:

a) organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, científicas, sociales y de defensa acordadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular;

b) proponer los proyectos de planes generales de desarrollo económico-social del Estado y, una vez aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, organizar, dirigir y controlar su ejecución;

c) dirigir la política exterior de la República y las relaciones con otros gobiernos;

ch) aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del Consejo de Estado;

d) dirigir y controlar el comercio exterior;

e) elaborar el proyecto de presupuesto del Estado y una vez aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, velar por su ejecución;

f) adoptar medidas para fortalecer el sistema monetario y crediticio;

g) elaborar proyectos legislativos y someterlos a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado, según proceda;

h) proveer a la defensa nacional, al mantenimiento del orden y la seguridad interiores, a la protección de los derechos ciudadanos, así como a la salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres naturales;

i) dirigir la administración del Estado, y unificar, coordinar y fiscalizar la actividad de los organismos de la Administración Central y de las Administraciones Locales;

j) ejecutar las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como los decretos-leyes y disposiciones del Consejo de Estado y, en caso necesario, dictar los reglamentos correspondientes;

k) dictar decretos y disposiciones sobre la base y en cumplimiento de las leyes vigentes y controlar su ejecución;

l) revocar las decisiones de las Administraciones subordinadas a las Asambleas Provinciales o Municipales del Poder Popular, adoptadas en función de las facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento;

ll) proponer a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular revocar las disposiciones que sean adoptadas en su actividad específica, por las administraciones provinciales y municipales a ellas subordinadas, cuando contravengan las normas aprobadas por los organismos de la Administración Central del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones;

m) revocar las disposiciones de los Jefes de organismos de la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento;

n) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado la suspensión de los acuerdos de las Asambleas Locales del Poder Popular que contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país;

ñ) crear las comisiones que estimen necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas que le están asignadas;

o) designar y remover funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley;

p) realizar cualquier otra función que le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado.

La ley regula la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros.

ARTICULO 99. El Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ARTICULO 100. Son atribuciones de los miembros del Consejo de Ministros:

a) dirigir los asuntos y tareas del Ministerio u organismo a su cargo, dictando las resoluciones y disposiciones necesarias a ese fin;

b) dictar, cuando no sea atribución expresa de otro órgano estatal, los reglamentos que se requieran para la ejecución y aplicación de las leyes y decretos-leyes que les conciernen;

c) asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, con voz y voto, y presentar a éste proyectos de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos o cualquier otra proposición que estimen conveniente;

ch) nombrar, conforme a la ley, los funcionarios que les corresponden;

d) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes.

ARTICULO 101. El Consejo de Defensa Nacional se constituye y prepara desde tiempo de paz para dirigir el país en las condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el estado de emergencia. La ley regula su organización y funciones.

CAPÍTULO XI

LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

ARTICULO 102. El territorio nacional, para los fines político-administrativos, se divide en provincias y municipios; el número, los límites y la denominación de los cuales se establece en la ley.

La ley puede establecer, además, otras divisiones.
La provincia es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley

como eslabón intermedio entre el gobierno central y el municipal, en una extensión superficial equivalente a la del conjunto de municipios comprendidos en su demarcación territorial. Ejerce las atribuciones y cumple los deberes estatales y de administración de su competencia y tiene la obligación primordial de promover el desarrollo económico y social de su territorio, para lo cual coordina y controla la ejecución de la política, programas y planes aprobados por los órganos superiores del Estado, con el apoyo de sus municipios, conjugándolos con los intereses de éstos.
El Municipio es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y sociales de su población, y con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales.
Las provincias y los municipios, además de ejercer sus funciones propias, coadyuvan a la realización de los fines del Estado.

CAPITULO XII

ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR

ARTICULO 103. Las Asambleas del Poder Popular, constituidas en las demarcaciones político-administrativas en que se divide el territorio nacional, son los órganos superiores locales del poder del Estado, y, en consecuencia, están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro del marco de su competencia, y ajustándose a la ley, ejercen gobierno.

Además, coadyuvan al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de las unidades establecidas en su territorio que no les estén subordinadas, conforme a lo dispuesto en la ley.

Las Administraciones Locales que estas Asambleas constituyen, dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.
Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas Locales del Poder Popular se apoyan en los Consejos Populares y en la iniciativa y amplia participación de la población y actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales.
ARTICULO 104. Los Consejos Populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; están investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representan a la demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del Poder Popular municipal, provincial y nacional.
Trabajan activamente por la eficiencia en el desarrollo de las actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de las necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la solución de sus problemas.
Coordinan las acciones de las entidades existentes en su área de acción, promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la fiscalización de sus actividades.
Los Consejos Populares se constituyen a partir de los delegados elegidos en las circunscripciones, los cuales deben elegir entre ellos quien los presida. A los mismos pueden pertenecer los representantes de las organizaciones de masas y de las instituciones más importantes en la demarcación.

La ley regula la organización y atribuciones de los Consejos Populares.
ARTICULO 105. Dentro de los límites de su competencia las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen las atribuciones siguientes:
a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado;
b) aprobar y controlar, conforme a la política acordada por los organismos nacionales competentes, la ejecución del plan y del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la provincia;
c) elegir y revocar al Presidente y Vicepresidente de la propia Asamblea;
ch) designar y sustituir al Secretario de la Asamblea;

d) participar en la elaboración y control de la ejecución del presupuesto y el plan técnico-económico del Estado, correspondiente a las entidades radicadas en su territorio y subordinadas a otras instancias, conforme a la ley;

e) controlar y fiscalizar la actividad del órgano de administración de la provincia auxiliándose para ello de sus comisiones de trabajo;

f) designar y sustituir a los miembros del órgano de Administración provincial, a propuesta de su Presidente;

determinar conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, educacionales, de salud, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas al órgano de Administración provincial;

h) adoptar acuerdos sobre los asuntos de administración concernientes a su demarcación territorial y que, según la ley, no corresponda a la competencia general de la Administración Central del Estado o a la de los órganos municipales de poder estatal;

i) aprobar la creación y organización de los Consejos Populares a propuesta de las Asambleas Municipales del Poder Popular;

j) revocar, en el marco de su competencia, las decisiones adoptadas por el órgano de administración de la provincia, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptadas en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado;

k) conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que les presenten su órgano de Administración y las Asambleas del Poder Popular de nivel inferior, y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos;

l) formar y disolver comisiones de trabajo;

ll) atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos superiores del Estado;

m) fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país;

n) cualquier otra que les atribuyan la Constitución y las leyes.

ARTICULO 106. Dentro de los límites de su competencia, las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen las atribuciones siguientes:

a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado;
b) elegir y revocar al Presidente y al Vicepresidente de la Asamblea;
c) designar y sustituir al Secretario de la Asamblea;
ch) ejercer la fiscalización y el control de las entidades de subordinación municipal, apoyándose en sus comisiones de trabajo;
d) revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades subordinadas a ella, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos, resoluciones y otras disposiciones dictados por los órganos superiores del Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales del país, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptados en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado;
e) adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las leyes vigentes, sobre asuntos de interés municipal y controlar su aplicación;
f) designar y sustituir a los miembros de su órgano de Administración a propuesta de su Presidente;
g) determinar, conforme, a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración;
h) proponer la creación y organización de Consejos Populares, de acuerdo con lo establecido en la ley;
i) constituir y disolver comisiones de trabajo;
j) aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, ajustándose a las políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central del Estado, y controlar su ejecución;
k) coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de producción y de servicios de las entidades radicadas en su territorio que no les estén subordinadas, para lo cual podrán apoyarse en sus comisiones de trabajo y en su órgano de Administración;
l) conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que le presente su órgano de administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos;
ll) atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos superiores del Estado;
m) fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país;
n) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes.
ARTICULO 107. Las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Asambleas Locales del Poder Popular son públicas, salvo en el caso que éstas acuerden celebrarlas a puertas cerradas, por razón de interés de Estado o porque se trate en ellas asuntos referidos al decoro de las personas.
ARTICULO 108. En las sesiones de las Asambleas Locales del Poder Popular se requiere para su validez la presencia de más de la mitad del número total de sus integrantes. Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos.

ARTICULO 109. Las entidades que se organizan para la satisfacción de las necesidades locales a fin de cumplir sus objetivos específicos, se rigen por las leyes, decretos-leyes y decretos; por acuerdos del Consejo de Ministros; por disposiciones que dicten los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado en asuntos de su competencia, que sean de interés general y que requieran ser regulados nacionalmente; y por los acuerdos de los órganos locales a los que se subordinan.
ARTICULO 110. Las comisiones permanentes de trabajo son constituidas por las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular atendiendo a los intereses específicos de su localidad, para que las auxilien en la realización de sus actividades y especialmente para ejercer el control y la fiscalización de las entidades de subordinación local y de las demás correspondientes a otros niveles de subordinación, que se encuentren radicadas en su demarcación territorial.
Las comisiones de carácter temporal cumplen las tareas específicas que les son asignadas dentro del término que se les señale.
ARTICULO 111. Las Asambleas Provinciales del Poder Popular se renovarán cada cinco años, que es el período de duración del mandato de sus delegados.
Las Asambleas Municipales del Poder Popular se renovarán cada dos años y medio, que es el período de duración del mandato de sus delegados.
Dichos mandatos sólo podrán extenderse por decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en los casos señalados en el artículo 72.
ARTICULO 112. El mandato de los delegados a las Asambleas Locales es revocable en todo momento. La ley determina la forma, las causas y los procedimientos para ser revocados.

ARTICULO 113. Los delegados cumplen el mandato que les han conferido sus electores, en interés de toda la comunidad, para lo cual deberán coordinar sus funciones como tales, con sus responsabilidades y tareas habituales. La ley regula la forma en que se desarrollan estas funciones.
ARTICULO 114. Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen los derechos y las obligaciones que les atribuyan la Constitución y las leyes y en especial están obligados a:
a) dar a conocer a la Asamblea y a la Administración de la localidad las opiniones, necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores;
b) informar a sus electores sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades que se presentan para resolverlas;
c) rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión personal, e informar a la Asamblea o a la Comisión a que pertenezcan, sobre el cumplimiento de las tareas que les hayan sido encomendadas, cuando éstas lo reclamen.
ARTICULO 115. Los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de la colectividad y rendir cuenta de su gestión personal según el procedimiento que la ley establece.
ARTICULO 116. Las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular eligen de entre sus delegados a su Presidente y Vicepresidente.
La elección se efectúa en virtud de candidaturas propuestas en la forma y según el procedimiento que la ley establece.
ARTICULO 117. Los Presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular son a la vez presidentes de los respectivos Órganos de Administración y representan al Estado en sus demarcaciones territoriales. Sus atribuciones son establecidas por la ley.
ARTICULO 118. Los órganos de Administración que constituyen las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular funcionan de forma colegiada y su composición, integración, atribuciones y deberes se establecen en la ley.
ARTICULO 119. Los Consejos de Defensa Provinciales, Municipales y de las Zonas de Defensa se constituyen y preparan desde tiempo de paz para dirigir en los territorios respectivos, en las condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el estado de emergencia, partiendo de un plan general de defensa y del papel y responsabilidad que corresponde a los consejos militares de los ejércitos. El Consejo de Defensa Nacional determina, conforme a la ley, la organización y atribuciones de estos Consejos.

CAPITULO XIII

TRIBUNALES Y FISCALÍA

ARTICULO 120. La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye.

La ley establece los principales objetivos de la actividad judicial y regula la organización de los Tribunales; la extensión de su jurisdicción y competencia; sus facultades y el modo de ejercerlas; los requisitos que deben reunir los jueces, la forma de elección de éstos y las causas y procedimientos para su revocación o cese en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 121. Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones, en este orden, son definitivas.

A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de éstos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.

ARTICULO 122. Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

ARTICULO 123. Los fallos y demás resoluciones firmes de los tribunales, dictados dentro de los límites de su competencia, son de ineludible cumplimiento por los organismos estatales, las entidades económicas y sociales y los ciudadanos, tanto por los directamente afectados por ellos, como por los que no teniendo interés directo en su ejecución vengan obligados a intervenir en la misma.

ARTICULO 124. Para los actos de impartir justicia todos los tribunales funcionan de forma colegiada y en ellos participan, con iguales derechos y deberes, jueces profesionales y jueces legos.

El desempeño de las funciones judiciales encomendadas al juez lego, dada su importancia social, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral habitual.

ARTICULO 125. Los tribunales rinden cuenta de los resultados de su trabajo en la forma y con la periodicidad que establece la ley.

ARTICULO 126. La facultad de revocación de los jueces corresponde al órgano que los elige.

ARTICULO 127. La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la forma, extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce sus facultades al objeto expresado.

ARTICULO 128. La Fiscalía General de la República constituye una unidad orgánica subordinada únicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

El Fiscal General de la República recibe instrucciones directas del Consejo de Estado.

Al Fiscal General de la República corresponde la dirección y reglamentación de la actividad de la Fiscalía en todo el territorio nacional.

Los órganos de la Fiscalía están organizados verticalmente en toda la nación, están subordinados sólo a la Fiscalía General de la República y son independientes de todo órgano local.

ARTICULO 129. El Fiscal General de la República y los vicefiscales generales son elegidos y pueden ser revocados por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ARTICULO 130. El Fiscal General de la República rinde cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma y con la periodicidad que establece la ley.

CAPITULO XIV

SISTEMA ELECTORAL

ARTICULO 131. Todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular, y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley, en elecciones periódicas y referendos populares, que serán de voto libre, igual y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto.

ARTICULO 132. Tienen derecho al voto todos los cubanos, hombres y mujeres, mayores de dieciséis años de edad, excepto:

a) los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad;

b) los inhabilitados judicialmente por causa de delito.

ARTICULO 133. Tienen derecho a ser elegidos los ciudadanos cubanos, hombres o mujeres, que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos.

Si la elección es para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, deben, además, ser mayores de dieciocho años de edad.

ARTICULO 134. Los miembros de las Fuerzas Armadas Revolu¬cionarias y demás institutos armados tienen derecho a elegir y a ser elegidos, igual que los demás ciudadanos.

ARTICULO 135. La ley determina el número de delegados que integran cada una de las Asambleas Provinciales y Municipales, en proporción al número de habitantes de las respectivas

demarcaciones en que, a los efectos electorales, se divide el territorio nacional.

Los delegados a las Asambleas Provinciales y Municipales se eligen por el voto libre, directo y secreto de los electores. La ley regula, asimismo, el procedimiento para su elección.

ARTICULO 136. Para que se considere elegido un diputado o un delegado es necesario que haya obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral de que se trate.

De no concurrir esta circunstancia, o en los demás casos de plazas vacantes, la ley regula la forma en que se procederá.

CAPITULO XV

REFORMA CONSTITUCIONAL

ARTICULO 137. Esta Constitución sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera, como se dispone en el Artículo 11.

Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.

DISPOSICIÓN ESPECIAL

El pueblo de Cuba, casi en su totalidad, expresó entre los días 15 y 18 del mes de junio del 2002, su más decidido apoyo al proyecto de reforma constitucional propuesto por las organizaciones de masas en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales que había tenido lugar el día 10 del propio mes de junio, en el cual se ratifica en todas sus partes la Constitución de la República y se propone que el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella sean declarados irrevocables, como digna y categórica respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos el 20 de mayo del 2002. Lo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, mediante el Acuerdo No. V-74 adoptado en sesión extraordinaria de la V Legislatura, celebrada los días 24, 25 y 26 del mes de junio del 2002.

Modificación a la Constitución 1992

PREAMBULO

NOSOTROS, CIUDADANOS CUBANOS,

herederos y continuadores del trabajo creador y de las tradiciones de combatividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros antecesores;

por los aborígenes que prefirieron muchas veces el extermino a la sumisión;

por los esclavos que se rebelaron contra sus amos;

por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad;

por los patriotas que en 1868 iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español y los que en el último impulso de 1895 las llevaron a la victoria de 1898, que les fuera arrebatada por la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui;

por los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales que lucharon durante más de cincuenta años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, el desempleo y la explotación impuesta por capitalistas y terratenientes;

por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros y de campesinos, difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos marxista y marxista-leninista;

por los integrantes de la vanguardia de la generación del centenario del natalicio de Martí, que nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria revolucionaria popular de Enero;

por los que, con el sacrificio de sus vidas, defendieron la Revolución contribuyendo a su definitiva consolidación;

por los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas;

GUIADOS

por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin;

APOYADOS

en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación y la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente los de América Latina y del Caribe;

DECIDIDOS

a llevar adelante la Revolución triunfadora del Moncada y del Granma, de la Sierra y de Girón encabezada por Fidel Castro que, sustentada en la más estrecha unidad de todas las fuerzas revolucionarias y del pueblo, conquistó la plena independencia nacional, estableció el poder revolucionario, realizó las transformaciones democráticas, inició la construcción del socialismo y, con el Partido Comunista al frente, la continúa con el objetivo final de edificar la sociedad comunista;

CONSCIENTES

de que todos los regímenes sustentados en la explotación del hombre por el hombre determinan la humillación de los explotados y la degradación de la condición humana de los explotadores;

de que sólo en el socialismo y el comunismo, cuando el hombre ha sido liberado de todas las formas de explotación: de la esclavitud, de la servidumbre y del capitalismo, se alcanza la entera dignidad del ser humano;

y de que nuestra Revolución elevó la dignidad de la patria y del cubano a superior altura;

DECLARAMOS

nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí:

“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”;

ADOPTAMOS

por nuestro voto libre, mediante referendo, la siguiente:

CONSTITUCION

CAPITULO I
FUNDAMENTOS POLITICOS, SOCIALES Y
ECONOMICOS DEL ESTADO

ARTICULO 1. Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.

ARTICULO 2. El nombre del Estado cubano es República de Cuba, el idioma oficial es el español y su capital es la ciudad de La Habana.

ARTICULO 3. En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.

ARTICULO 4. Los símbolos nacionales son los que han presidido por más de cien años las luchas cubanas por la independencia, por los derechos del pueblo y por el progreso social:

la bandera de la estrella solitaria;
el himno de Bayamo;
el escudo de la palma real.

ARTICULO 5. El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

ARTICULO 6. La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud cubana de avanzada, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado en su función primordial de promover la participación activa de las masas juveniles en las tareas de la edificación socialista y de preparar adecuadamente a los jóvenes como ciudadanos conscientes y capaces de asumir responsabilidades cada día mayores en beneficio de nuestra sociedad.

ARTICULO 7. El Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.

ARTICULO 8. El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa.

En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado.

Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.

ARTICULO 9. El Estado:

a) realiza la voluntad del pueblo trabajador y

– encauza los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo;

– mantiene y defiende la integridad y la soberanía de la patria;

– garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad;

– afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre;

– protege el trabajo creador del pueblo y la propiedad y la riqueza de la nación socialista;

– dirige planificadamente la economía nacional;

– asegura el avance educacional, científico, técnico y cultural del país;

b) como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza

– que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades;

– que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia;

– que no haya enfermo que no tenga atención médica;

– que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido;

– que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar;

– que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte;

c) trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable.

ARTICULO 10. Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad.

ARTICULO 11. El Estado ejerce su soberanía:

a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que sobre estos se extiende;

b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país;

c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las
aguas, el lecho y el subsuelo de la zona económica marítima de la República, en la extensión que fija la ley, conforme a la práctica internacional.

La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía y su integridad territorial.

ARTICULO 12. La República de Cuba hace suyos los principios antimperialistas e internacionalistas, y

a) ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos
los Estados, grandes y pequeños, débiles y poderosos, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y el derecho a la autodeterminación;

b) funda sus relaciones internacionales en los principios de igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, integridad territorial, independencia de los Estados, la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales de los cuales Cuba sea parte;

c) reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo;

ch) propugna la unidad de todos los países del Tercer Mundo, frente a la política imperialista y neocolonialista que persigue la limitación o subordinación de la soberanía de nuestros pueblos y agravar las condiciones económicas de explotación y opresión de las naciones subdesarrolladas;

d) condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra y el peor enemigo de los pueblos;

e) repudia la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, el bloqueo económico, así como cualquier otra forma de coerción económica o política, la violencia física contra personas residentes en otros países, u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados y de los elementos políticos, económicos y culturales de las naciones;

f) rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales que ha suscrito;

g) califica de delito internacional la guerra de agresión y de conquista, reconoce la legitimidad de las luchas por la liberación nacional, así como la resistencia armada a la agresión, y considera su deber internacionalista solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación;

h) basa sus relaciones con los países que edifican el socialismo en la amistad fraternal, la cooperación y la ayuda mutua, asentadas en los objetivos comunes de la construcción de la nueva sociedad;

i) mantiene relaciones de amistad con los países que, teniendo un régimen político, social y económico diferente, respetan su soberanía, observan las normas de convivencia entre los Estados, se atienen a los principios de mutuas conveniencias y adoptan una actitud recíproca con nuestro país.

ARTICULO 13. La República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; contra la discriminación y el racismo; por la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas, por el socialismo y la paz.

ARTICULO 14. En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre.

También rige el principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio.

ARTICULO 15. Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo:

a) las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación;

b) los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuantas empresas, bancos e instalaciones han sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fábricas, empresas e instalaciones económicas y centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera.

Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo los casos excepcionales en que la trasmisión parcial o total de algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo.

En cuanto a la trasmisión de otros derechos sobre estos bienes a empresas estatales y otras entidades autorizadas, para el cumplimiento de sus fines, se actuará conforme a lo previsto en la ley.

ARTICULO 16. El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país.

En la elaboración y ejecución de los programas de producción y desarrollo participan activa y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás esferas de la vida social.

ARTICULO 17. El Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo; o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración, cuya estructura, atribuciones, funciones y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley.

Estas empresas y entidades responden de sus obligaciones sólo con sus recursos financieros, dentro de las limitaciones establecidas por la ley. El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las empresas, entidades u otras personas jurídicas y éstas tampoco responden de las de aquél.

ARTICULO 18. El Estado dirige y controla el comercio exterior.

La ley establece las instituciones y autoridades estatales facultadas para:

– crear empresas de comercio exterior;

– normar y regular las operaciones de exportación e importación; y

– determinar las personas naturales o jurídicas con capacidad legal para realizar dichas operaciones de exportación e importación y concertar convenios comerciales.

ARTICULO 19. El Estado reconoce la propiedad de los agricultores pequeños sobre las tierras que legalmente les pertenecen y los demás bienes inmuebles y muebles que les resulten necesarios para la explotación a que se dedican, conforme a lo que establece la ley.

Los agricultores pequeños, previa autorización del organismo estatal competente y el cumplimiento de los demás requisitos legales, pueden incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria. Además pueden venderlas, permutarlas o trasmitirlas por otro título al Estado y a cooperativas de producción agropecuaria o a agricultores pequeños en los casos, formas y condiciones que establece la ley, sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición, mediante el pago de su justo precio.

Se prohibe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen o cesión a particulares de los derechos emanados de la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras.

El Estado apoya la producción individual de los agricultores pequeños que contribuyen a la economía nacional.

ARTICULO 20. Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre sí, en la forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la producción agropecuaria como a los de obtención de créditos y servicios estatales.

Se autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria en los casos y en la forma que la ley establece. Esta propiedad
cooperativa es reconocida por el Estado y constituye una forma avanzada y eficiente de producción socialista.

Las cooperativas de producción agropecuaria administran, poseen, usan y disponen de los bienes de su propiedad, de acuerdo con lo establecido en la ley y en sus reglamentos.

Las tierras de las cooperativas no pueden ser embargadas ni gravadas y su propiedad puede ser transferida a otras cooperativas o al Estado, por las causas y según el procedimiento establecido en la ley.

El Estado brinda todo el apoyo posible a esta forma de producción agropecuaria.

ARTICULO 21. Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona.

Asimismo se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

La ley establece la cuantía en que son embargables los bienes de propiedad personal.

ARTICULO 22. El Estado reconoce la propiedad de las organizaciones políticas, de masas y sociales sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines.

ARTICULO 23. El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley.

El uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo establecido en la ley y los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan.

ARTICULO 24. El Estado reconoce el derecho de herencia sobre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad personal.

La tierra y los demás bienes vinculados a la producción que integran la propiedad de los agricultores pequeños son heredables y sólo se adjudican a aquellos herederos que trabajan la tierra, salvo las excepciones y según el procedimiento que establece la ley.

La ley fija los casos, las condiciones y la forma en que los bienes de propiedad cooperativa podrán ser heredables.

ARTICULO 25. Se autoriza la expropiación de bienes, por razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización.

La ley establece el procedimiento para la expropiación y las bases para determinar su utilidad y necesidad, así como la forma de la indemnización, considerando los intereses y las necesidades económicas y sociales del expropiado.

ARTICULO 26. Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.

ARTICULO 27. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política.

Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza.

CAPITULO II

CIUDADANIA

ARTICULO 28. La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

ARTICULO 29. Son ciudadanos cubanos por nacimiento:

a) los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren al servicio de su gobierno o de organismos internacionales. La ley establece los requisitos y las formalidades para el caso de los hijos de los extranjeros residentes no permanentes en el país;

b) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, que se hallen cumpliendo misión oficial;

c) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo el cumplimiento de las formalidades que la ley señala;

ch) los nacidos fuera del territorio nacional, de padre o madre naturales de la República de Cuba que hayan perdido la ciudadanía cubana, siempre que la reclamen en la forma que señala la ley;

d) los extranjeros que por méritos excepcionales alcanzados en las luchas por la liberación de Cuba fueron considerados ciudadanos cubanos por nacimiento.

ARTICULO 30. Son ciudadanos cubanos por naturalización:

a) los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la ley;

b) los que hubiesen servido a la lucha armada contra la tiranía derrocada el primero de enero de 1959, siempre que acrediten esa condición en la forma legalmente establecida;

c) los que habiendo sido privados arbitrariamente de su ciudadanía de origen obtengan la cubana por acuerdo expreso del Consejo de Estado.

ARTICULO 31. Ni el matrimonio ni su disolución afectan la ciudadanía de los cónyuges o de sus hijos.

ARTICULO 32. Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de ésta.

No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana.

La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

ARTICULO 33. La ciudadanía cubana podrá recobrarse en los casos y en la forma que prescribe la ley.
EXTRANJERIA

CAPITULO III

ARTICULO 34. Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

– en la protección de sus personas y bienes;

– en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;

– en la obligación de observar la Constitución y la ley;

– en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;

– en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo.

CAPITULO IV

FAMILIA

ARTICULO 35. El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio.

El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones.

ARTICULO 36. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que éste resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos.

La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan.

ARTICULO 37. Todos los hijos tienen iguales derechos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio.

Está abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación.

No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de los hijos, ni en ningún otro documento que haga referencia a la filiación.

El Estado garantiza mediante los procedimientos legales adecuados la determinación y el reconocimiento de la paternidad.

ARTICULO 38. Los padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones; así como el de contribuir activamente a su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista.

Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres.

CAPITULO V

EDUCACION Y CULTURA

ARTICULO 39. El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones.

En su política educativa y cultural se atiene a los postulados siguientes:

a) fundamenta su política educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal;

b) la enseñanza es función del Estado y es gratuita. Se basa en las conclusiones y aportes de la ciencia y en la relación más estrecha del estudio con la vida, el trabajo y la producción.

El Estado mantiene un amplio sistema de becas para los estudiantes y proporciona múltiples facilidades de estudio a los trabajadores a fin de que puedan alcanzar los más altos niveles posibles de conocimientos y habilidades.

La ley precisa la integración y estructura del sistema nacional de enseñanza, así como el alcance de la obligatoriedad de estudiar y define la preparación general básica que, como mínimo, debe adquirir todo ciudadano;

c) promover la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social.

Para realizar este principio se combinan la educación general y las especializadas de carácter científico, técnico o artístico, con el trabajo, la investigación para el desarrollo, la educación física, el deporte y la participación en actividades políticas, sociales y de preparación militar;

ch) es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución. Las formas de expresión en el arte son libres;

d) el Estado, a fin de elevar la cultura del pueblo, se ocupa de fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la creación y el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo;

e) la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. El Estado estimula y viabiliza la investigación y prioriza la dirigida a resolver los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo;

f) el Estado propicia que los trabajadores se incorporen a la labor científica y al desarrollo de la ciencia;

g) el Estado orienta, fomenta y promueve la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación integral de los ciudadanos;

h) el Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico;

i) el Estado promueve la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones de masas y sociales del país en la realización de su política educacional y cultural.

ARTICULO 40. La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad.

La familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud.
CAPITULO VI

IGUALDAD

ARTICULO 41. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes.

ARTICULO 42. La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley.

Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos.

ARTICULO 43. El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel,

sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:

– tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la Administración Pública y de la producción y prestación de servicios;

– ascienden a todas las jerarquías de las fuerzas armadas revolucionarias y de la seguridad y orden interior, según méritos y capacidades;

– perciben salario igual por trabajo igual;

– disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela primaria hasta las universidades, que son las mismas para todos;

– reciben asistencia en todas las instituciones de salud;

– se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;

– son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público;

– usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores;

– disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso.

ARTICULO 44. La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar.

El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, a fin de lograr su plena participación en el desarrollo del país.

El Estado organiza instituciones tales como círculos infantiles, seminternados e internados escolares, casas de atención a ancianos y
servicios que facilitan a la familia trabajadora el desempeño de sus responsabilidades.

Al velar por su salud y por una sana descendencia, el Estado concede a la mujer trabajadora licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto, y opciones laborales temporales compatibles con su función materna.

El Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien
la realización del principio de igualdad.
CAPITULO VII

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS FUNDAMENTALES

ARTICULO 45. El trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano.

El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el paro estacional llamado “tiempo muerto”.

Se reconoce el trabajo voluntario, no remunerado, realizado en beneficio de toda la sociedad, en las actividades industriales, agrícolas, técnicas, artísticas y de servicio, como formador de la conciencia comunista de nuestro pueblo.

Cada trabajador está en el deber de cumplir cabalmente las tareas que le corresponden en su empleo.

ARTICULO 46. Todo el que trabaja tiene derecho al descanso, que se garantiza por la jornada laboral de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.

El Estado fomenta el desarrollo de instalaciones y planes vacacionales.

ARTICULO 47. Mediante el sistema de seguridad social, el Estado garantiza la protección adecuada a todo trabajador impedido por su edad, invalidez o enfermedad.

En caso de muerte del trabajador garantiza similar protección a su familia.

ARTICULO 48. El Estado protege, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda.

ARTICULO 49. El Estado garantiza el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

El que sufre un accidente en el trabajo o contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica y a subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente para el trabajo.

ARTICULO 50. Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este derecho:

– con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de servicio médico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado;

– con la prestación de asistencia estomatológica gratuita;

– con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de las enfermedades. En estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones de masas y sociales.

ARTICULO 51. Todos tienen derecho a la educación. Este derecho está garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas, seminternados, internados y becas, en todos los tipos y niveles de enseñanza, y por la gratuidad del material escolar, lo que proporciona a cada niño y joven, cualquiera que sea la situación económica de su familia, la oportunidad
de cursar estudios de acuerdo con sus aptitudes, las exigencias sociales y las necesidades del desarrollo económico-social.

Los hombres y mujeres adultos tienen asegurado este derecho, en las mismas condiciones de gratuidad y con facilidades específicas que la ley regula, mediante la educación de adultos, la enseñanza técnica y profesional, la capacitación laboral en empresas y organismos del Estado y los cursos de educación superior para los trabajadores.

ARTICULO 52. Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación.

El disfrute de este derecho está garantizado por la inclusión de la enseñanza y práctica de la educación física y el deporte en los planes de estudio del sistema nacional de educación; y por la amplitud de la instrucción y los medios puestos a disposición del pueblo, que facilitan la práctica masiva del deporte y la recreación.

ARTICULO 53. Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.

La ley regula el ejercicio de estas libertades.

ARTICULO 54. Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.

ARTICULO 55. El Estado, que reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión. reconoce, respeta y garantiza a la vez la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro del respeto a la ley, el culto religioso de su preferencia.

La ley regula las relaciones del Estado con las instituciones religiosas.

ARTICULO 56. El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

ARTICULO 57. La correspondencia es inviolable. Sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare el examen.

El mismo principio se observará con respecto a las comunicaciones cablegráficas, telegráficas y telefónicas.

ARTICULO 58. La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.

Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

ARTICULO 59. Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen.

Todo acusado tiene derecho a la defensa.

No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.

Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley.

ARTICULO 60. La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley.

ARTICULO 61. Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando sean favorables al encausado o sancionado. Las demás leyes no tienen efecto retroactivo a menos que en las mismas se disponga lo contrario por razón de interés social o utilidad pública.

ARTICULO 62. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

ARTICULO 63. Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley.

ARTICULO 64. Es deber de cada uno cuidar la propiedad pública y social, acatar la disciplina del trabajo, respetar los derechos de los demás, observar las normas de convivencia socialista y cumplir los deberes cívicos y sociales.

ARTICULO 65. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.

La ley regula el servicio militar que los cubanos deben prestar.

La traición a la patria es el más grave de los crímenes; quien la comete está sujeto a las más severas sanciones.

ARTICULO 66. El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos.

CAPITULO VIII

ESTADO DE EMERGENCIA

ARTICULO 67. En caso o ante la inminencia de desastres naturales o catástrofes u otras circunstancias que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado, el Presidente del Consejo de Estado puede declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional o en una parte de él, y durante su vigencia disponer la movilización de la población.

La ley regula la forma en que se declara el estado de emergencia, sus efectos y su terminación. Igualmente determina los derechos y deberes fundamentales reconocidos por la Constitución, cuyo ejercicio debe ser regulado de manera diferente durante la vigencia del estado de emergencia.

CAPITULO IX

PRINCIPIOS DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ORGANOS ESTATALES

ARTICULO 68. Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista que se expresan en las reglas siguientes:

a) todos los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables;
b) las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios;

c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento;

ch) cada órgano estatal desarrolla ampliamente, dentro del marco de su competencia, la iniciativa encaminada al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y a la incorporación de las organizaciones de masas y sociales a su actividad;

d) las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores;

e) los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su gestión;

f) la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados.

CAPITULO X

ORGANOS SUPERIORES DEL PODER POPULAR

ARTICULO 69. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo.

ARTICULO 70. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República
ARTICULO 71. La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley.

ARTICULO 72. La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un término de cinco años.

Este término sólo podrá extenderse por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o a virtud de otras circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias.

ARTICULO 73. La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados a su Presidente, al Vicepresidente y al Secretario. La ley regula la forma y el procedimiento mediante el cual se constituye la Asamblea y realiza esa elección.

ARTICULO 74. La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado, integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y veintitrés miembros más.

El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de Gobierno.

El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades.

ARTICULO 75. Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular:

a) acordar reformas de la Constitución conforme a lo establecido en el artículo 137;

b) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente en atención a la índole de la legislación de que se trate;

c) decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales;

c) revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado;

d) discutir y aprobar los planes nacionales de desarrollo económico y social;

e) discutir y aprobar el presupuesto del Estado;

f) aprobar los principios del sistema de planificación y de dirección de la economía nacional;

g) acordar el sistema monetario y crediticio;

h) aprobar los lineamientos generales de la política exterior e interior;

i) declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz;

j) establecer y modificar la división político-administrativa del país conforme a lo establecido en el artículo 102;

k) elegir al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea Nacional;

l) elegir al Presidente, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes, al Secretario y a los demás miembros del Consejo de Estado;

ll) designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros;

m) elegir al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás Jueces del Tribunal Supremo Popular;

n) elegir al Fiscal General y a los Vicefiscales generales de la República;

ñ) nombrar comisiones permanentes y temporales;

o) revocar la elección o designación de las personas elegidas o designadas por ella;

p) ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno;

q) conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales del Poder Popular;

r) revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la Constitución o las leyes;

s) revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los órganos locales del Poder Popular que violen la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía a los mismos; o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;

t) conceder amnistías;

u) disponer la convocatoria de referendos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la propia Asamblea considere procedente;

v) acordar su reglamento;

w) las demás que le confiere esta Constitución.

ARTICULO 76. Las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salvo cuando se refieran a la reforma de la Constitución, se adoptan por mayoría simple de votos.

ARTICULO 77. Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular entran en vigor en la fecha que en cada caso determine la propia ley.

Las leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones, reglamentos y demás disposiciones generales de los órganos nacionales del Estado, se publican en la Gaceta Oficial de la República.

ARTICULO 78. La Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones al año y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado.

ARTICULO 79. Para que la Asamblea Nacional del Poder Popular pueda celebrar sesión se requiere la presencia de más de la mitad del número total de los diputados que la integran.

ARTICULO 80. Las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas, excepto en el caso en que la propia Asamblea acuerde celebrarlas a puertas cerradas por razón de interés de Estado.

ARTICULO 81. Son atribuciones del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular:

a) presidir las sesiones de la Asamblea Nacional y velar por la aplicación de su reglamento;

b) convocar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional;

c) proponer el proyecto de orden del día de las sesiones de la Asamblea Nacional;

ch) firmar y disponer la publicación en la Gaceta Oficial de la República de las leyes y acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional;

d) organizar las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional;

e) dirigir y organizar la labor de las comisiones de trabajo permanentes y temporales que sean creadas por la Asamblea Nacional;

f) asistir a las reuniones del Consejo de Estado;

g) las demás que por esta Constitución o la Asamblea Nacional del Poder Popular se le atribuyan.

ARTICULO 82. La condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos.

Durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de sus funciones, los diputados perciben el mismo salario o sueldo de su centro de trabajo y mantienen el vínculo con éste, a todos los efectos.

ARTICULO 83. Ningún diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado si no está reunida aquélla, salvo en caso de delito flagrante.

ARTICULO 84. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus planteamientos, sugerencias y críticas, y explicarles la política del Estado. Asimismo, rendirán cuenta del cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en la ley.

ARTICULO 85. A los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular les puede ser revocado su mandato en cualquier momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en la ley.

ARTICULO 86. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el derecho de hacer preguntas al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, y a que éstas les sean respondidas en el curso de la misma sesión o en la próxima.

ARTICULO 87. Todos los órganos y empresas estatales están obligados a prestar a los diputados la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus deberes.

ARTICULO 88. La iniciativa de las leyes compete:
a) a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

b) al Consejo de Estado;

c) al Consejo de Ministros;

ch) a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

d) al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;

e) al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia;

f) a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;

g) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan a condición de electores.

ARTICULO 89. El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye.

Tiene carácter colegiado y, a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano.

ARTICULO 90. Son atribuciones del Consejo de Estado:

a) disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

b) acordar la fecha de las elecciones para la renovación periódica de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

c) dictar decretos-leyes, entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

ch) dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria;

d) ejercer la iniciativa legislativa;

e) disponer lo pertinente para realizar los referendos que acuerde la Asamblea Nacional del Poder Popular;

f) decretar la movilización general cuando la defensa del país lo exija y asumir las facultades de declarar la guerra en caso de agresión o concertar la paz, que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando ésta se halle en receso y no pueda ser convocada con la seguridad y urgencia necesarias;

g) sustituir, a propuesta de su Presidente, a los miembros del Consejo de Ministros entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

h) impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;

i) impartir instrucciones a la Fiscalía General de la República;

j) designar y remover, a propuesta de su Presidente, a los representantes diplomáticos de Cuba ante otros Estados;

k) otorgar condecoraciones y títulos honoríficos;

l) nombrar comisiones;

ll) conceder indultos;

m) ratificar y denunciar tratados internacionales;

n) otorgar o negar el beneplácito a los representantes diplomáticos de otros Estados;

ñ) suspender las disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y disposiciones de las Asambleas Locales del Poder Popular que no se ajusten a la Constitución o a las leyes, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país, dando cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera sesión que celebre después de acordada dicha
suspensión;

o) revocar los acuerdos y disposiciones de las Administraciones Locales del Poder Popular que contravengan la Constitución, las leyes, los decretos leyes, los decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales de país;

p) aprobar su reglamento;

q) las demás que le confieran la Constitución y las leyes o le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ARTICULO 91. Todas las decisiones del Consejo de Estado son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.

ARTICULO 92. El mandato confiado al Consejo de Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular expira al tomar posesión el nuevo Consejo de Estado elegido en virtud de las renovaciones periódicas de aquélla.

ARTICULO 93. Las atribuciones del Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno son las siguientes:

a) representar al Estado y al Gobierno y dirigir su política general;

b) organizar y dirigir las actividades y convocar y presidir las sesiones del Consejo de Estado y las del Consejo de Ministros;

c) controlar y atender el desenvolvimiento de las actividades de los ministerios y demás organismos centrales de la Administración;

ch) asumir la dirección de cualquier ministerio u organismo central de la Administración;

d) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por ésta, los miembros del Consejo de Ministros;

e) aceptar las renuncias de los miembros del Consejo de Ministros, o bien proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según proceda, la sustitución de cualquiera de ellos y, en ambos casos, los sustitutos correspondientes;

f) recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones extranjeras. Esta función podrá ser delegada en cualquiera de los Vicepresidentes del Consejo de Estado;

g) desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas y determinar su organización general;

h) presidir el Consejo de Defensa Nacional;

i) declarar el Estado de Emergencia en los casos previstos por esta Constitución, dando cuenta de su decisión, tan pronto las circunstancias lo permitan, a la Asamblea Nacional del Poder
Popular o al Consejo de Estado, de no poder reunirse aquélla, a los efectos legales procedentes;

j) firmar decretos-leyes y otros acuerdos del Consejo de Estado y las disposiciones legales adoptadas por el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la República;

k) las demás que por esta Constitución o las leyes se le atribuyan.

ARTICULO 94. En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente del Consejo de Estado lo sustituye en sus funciones el Primer Vicepresidente.

ARTICULO 95. El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República.

El número, denominación y funciones de los ministerios y organismos centrales que forman parte del Consejo de Ministros es determinado por la ley.

ARTICULO 96. El Consejo de Ministros está integrado por el Jefe de Estado y de Gobierno, que es su Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes, los Ministros, el Secretario y los demás miembros que determine la ley.

ARTICULO 97. El Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes y otros miembros del Consejo de Ministros que determine el Presidente, integran su Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros, durante los períodos que median entre una y otra de sus reuniones.

ARTICULO 98. Son atribuciones del Consejo de Ministros:

a) organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, científicas, sociales y de defensa acordadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular;

b) proponer los proyectos de planes generales de desarrollo económico-social del Estado y, una vez aprobados por la Asamblea

Nacional del Poder Popular, organizar, dirigir y controlar su ejecución;

c) dirigir la política exterior de la República y las relaciones con otros gobiernos;

ch) aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del Consejo de Estado;
d) dirigir y controlar el comercio exterior;

e) elaborar el proyecto de presupuesto del Estado y una vez aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, velar por su ejecución;

f) adoptar medidas para fortalecer el sistema monetario y crediticio;

g) elaborar proyectos legislativos y someterlos a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado, según proceda;

h) proveer a la defensa nacional, al mantenimiento del orden y la seguridad interiores, a la protección de los derechos ciudadanos, así como a la salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres naturales;

i) dirigir la administración del Estado, y unificar, coordinar y fiscalizar la actividad de los organismos de la Administración Central y de las Administraciones Locales;

j) ejecutar las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como los decretos-leyes y disposiciones del Consejo de Estado y, en caso necesario, dictar los reglamentos correspondientes;

k) dictar decretos y disposiciones sobre la base y en cumplimiento de las leyes vigentes y controlar su ejecución;

l) revocar las decisiones de las Administraciones subordinadas a las Asambleas Provinciales o Municipales del Poder Popular, adoptadas en función de las facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento.
ll) proponer a las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular revocar las disposiciones que sean adoptadas en su actividad específica, por las administraciones provinciales y municipales a ellas subordinadas, cuando contravengan las normas aprobadas por los organismos de la Administración Central del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones;

m) revocar las disposiciones de los Jefes de organismos de la Administración Central del Estado, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento;

n) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado la suspensión de los acuerdos de las Asambleas Locales del Poder Popular que contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país;

ñ) crear las comisiones que estimen necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas que le están asignadas;

o) designar y remover funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley;

p) realizar cualquier otra función que le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado.

La ley regula la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros.

ARTICULO 99. El Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ARTICULO100. Son atribuciones de los miembros del Consejo de Ministros:

a) dirigir los asuntos y tareas del Ministerio u organismo a su cargo, dictando las resoluciones y disposiciones necesarias a ese fin;

b) dictar, cuando no sea atribución expresa de otro órgano estatal, los reglamentos que se requieran para la ejecución y aplicación de las leyes y decretos leyes que les conciernen;
c) asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, con voz y voto, y presentar a éste proyectos de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos o cualquier otra proposición que estimen conveniente;

ch) nombrar, conforme a la ley, los funcionarios que les corresponden;

d) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes.

ARTICULO101. El Consejo de Defensa Nacional se constituye y prepara desde tiempo de paz para dirigir el país en las condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el estado de emergencia. La ley regula su organización y funciones.

CAPITULO XI

LA DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA

ARTICULO102. El territorio nacional, para los fines político-administrativos, se divide en provincias y municipios; el número, los límites y la denominación de los cuales se establece en la ley.

La ley puede establecer, además, otras divisiones.

La provincia es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley como eslabón intermedio entre el gobierno central y el municipal, en una extensión superficial equivalente a la del conjunto de municipios comprendidos en su demarcación territorial. Ejerce las atribuciones y cumple los deberes estatales y de administración de su competencia y tiene la obligación primordial de promover el desarrollo económico y social de su territorio, para lo cual coordina y controla la ejecución de la política, programas y planes aprobados por los órganos superiores del Estado, con el apoyo de sus municipios, conjugándolos con los intereses de éstos.

El Municipio es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y sociales de su población, y con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales.

Las provincias y los municipios, además de ejercer sus funciones propias, coadyuvan a la realización de los fines del Estado.

CAPITULO XII

ORGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR

ARTICULO 103.Las Asambleas del Poder Popular, constituidas en las demarcaciones político-administrativas en que se divide el territorio nacional, son los órganos superiores locales del poder del Estado, y, en consecuencia, están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro del marco de su competencia, y ajustándose a la ley, ejercen gobierno.

Además, coadyuvan al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de las unidades establecidas en su territorio que no les estén subordinadas, conforme a lo dispuesto en la ley.

Las Administraciones Locales que estas Asambleas constituyen, dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.

Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas Locales del Poder Popular se apoyan en los Consejos Populares y en la iniciativa y amplia participación de la población y actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales.

ARTICULO 104. Los Consejos Populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; están investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representan a la demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del Poder Popular municipal, provincial y nacional.

Trabajan activamente por la eficiencia en el desarrollo de las actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de las necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la solución de sus problemas.

Coordinan las acciones de las entidades existentes en su área de acción, promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la fiscalización de sus actividades.

Los Consejos Populares se constituyen a partir de los delegados elegidos en las circunscripciones, los cuales deben elegir entre ellos quien los presida. A los mismos pueden pertenecer los representantes de las organizaciones de masas y de las instituciones más importantes en la demarcación.

La ley regula la organización y atribuciones de los Consejos Populares.

ARTICULO 105. Dentro de los límites de su competencia las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen las atribuciones siguientes:

a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado;

b) aprobar y controlar, conforme a la política acordada por los organismos nacionales competentes, la ejecución del plan y del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la provincia;

c) elegir y revocar al Presidente y Vicepresidente de la propia Asamblea;

ch) designar y sustituir al Secretario de la Asamblea;

d) participar en la elaboración y control de la ejecución del presupuesto y el plan técnico-económico del Estado, correspondiente a las entidades radicadas en su territorio y subordinadas a otras instancias, conforme a la ley;

e) controlar y fiscalizar la actividad del órgano de administración de la provincia auxiliándose para ello de sus comisiones de trabajo;

f) designar y sustituir a los miembros del órgano de Administración provincial, a propuesta de su Presidente;

g) determinar, conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y
h) servicios, educacionales, de salud, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas al órgano de Administración provincial;

i) adoptar acuerdos sobre los asuntos de administración concernientes a su demarcación territorial y que, según la ley, no correspondan a la competencia general de la Administración Central del Estado o a la de los órganos municipales de poder estatal;

j) aprobar la creación y organización de los Consejos Populares a propuesta de las Asambleas Municipales del Poder Popular; revocar, en el marco de su competencia, las decisiones adoptadas por el órgano de administración de la provincia, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptadas en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado;

k) conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que les presenten su órgano de Administración y las Asambleas del Poder Popular de nivel inferior, y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos;

l) formar y disolver comisiones de trabajo;

ll) atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos superiores del Estado;

m) fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país;

n) cualquier otra que les atribuyan la Constitución y las leyes.

ARTICULO 106. Dentro de los límites de su competencia, las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen las atribuciones siguientes:

a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado;

b) elegir y revocar al Presidente y al Vicepresidente de la Asamblea;

c) designar y sustituir al Secretario de la Asamblea;

ch) ejercer la fiscalización y el control de las entidades de subordinación municipal, apoyándose en sus comisiones de trabajo;

d) revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades subordinadas a ella, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos leyes, los decretos, resoluciones y otras disposiciones dictados por los órganos superiores del Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales del país, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptados en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado;

e) adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las leyes vigentes, sobre asuntos de interés municipal y controlar su aplicación;

f) designar y sustituir a los miembros de su órgano de Administración a propuesta de su Presidente;

g) determinar, conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración;

h) proponer la creación y organización de Consejos Populares, de acuerdo con lo establecido en la ley;

i) constituir y disolver comisiones de trabajo;

j) aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, ajustándose a las políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central del Estado, y controlar su ejecución;

k) coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de producción y de servicios de las entidades radicadas en su territorio que no les estén subordinadas, para lo cual podrán
apoyarse en sus comisiones de trabajo y en su órgano de Administración;

l) conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que le presente su órgano de administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos;

ll) atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos superiores del Estado;

m) fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país;

n) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes.

ARTICULO 107. Las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Asambleas Locales del Poder Popular son públicas, salvo en el caso que éstas acuerden celebrarlas a puertas cerradas, por razón de interés de Estado o porque se trate en ellas asuntos referidos al decoro de las personas.

ARTICULO 108. En las sesiones de las Asambleas Locales del Poder Popular se requiere para su validez la presencia de más de la mitad del número total de sus integrantes. Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos.

ARTICULO 109. Las entidades que se organizan para la satisfacción de las necesidades locales a fin de cumplir sus objetivos específicos, se rigen por las leyes, decretos-leyes y decretos; por acuerdos del Consejo de Ministros; por disposiciones que dicten los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado en asuntos de su competencia, que sean de interés general y que requieran ser regulados nacionalmente; y por los acuerdos de los órganos locales a los que se subordinan.

ARTICULO 110. Las comisiones permanentes de trabajo son constituidas por las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular atendiendo a los intereses específicos de su localidad, para que las auxilien en la realización de sus actividades y especialmente para ejercer el control y la fiscalización de las entidades de subordinación local y de las demás correspondientes a otros niveles de subordinación, que se encuentren radicadas en su demarcación territorial.

Las comisiones de carácter temporal cumplen las tareas específicas que les son asignadas dentro del término que se les señale.

ARTICULO 111. Las Asambleas Provinciales del Poder Popular se renovarán cada cinco años, que es el período de duración del mandato de sus delegados.

Las Asambleas Municipales del Poder Popular se renovarán cada dos años y medio, que es el período de duración del mandato de sus delegados.

Dichos mandatos sólo podrán extenderse por decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en los casos señalados en el artículo 72.

ARTICULO 112. El mandato de los delegados a las Asambleas Locales es revocable en todo momento. La ley determina la forma, las causas y los procedimientos para ser revocados.

ARTICULO 113. Los delegados cumplen el mandato que les han conferido sus electores, en interés de toda la comunidad, para lo cual deberán coordinar sus funciones como tales, con sus responsabilidades y tareas habituales. La ley regula la forma en que se desarrollan estas funciones.

ARTICULO 114. Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen los derechos y las obligaciones que les atribuyan la Constitución y las leyes y en especial están obligados a:

a) dar a conocer a la Asamblea y a la Administración de la localidad las opiniones, necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores;

b) informar a sus electores sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades que se presentan para resolverlas;

c) rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión personal, e informar a la Asamblea o a la Comisión a la que pertenezcan, sobre el cumplimiento de las tareas que les hayan sido encomendadas, cuando éstas lo reclamen.

ARTICULO 115. Los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de la colectividad y rendir cuenta de su gestión personal según el procedimiento que la ley establece.

ARTICULO 116. Las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular eligen de entre sus delegados a su Presidente y Vicepresidente.

La elección se efectúa en virtud de candidaturas propuestas en la forma y según el procedimiento que la ley establece.

ARTICULO 117. Los Presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular son a la vez presidentes de los respectivos Organos de Administración y representan al Estado en
sus demarcaciones territoriales. Sus atribuciones son establecidas por la ley.

ARTICULO 118. Los órganos de Administración que constituyen las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular funcionan de forma colegiada y su composición, integración, atribuciones y deberes se establecen en la ley.

ARTICULO 119. Los Consejos de Defensa Provinciales, Municipales y de las Zonas de Defensa se constituyen y preparan desde tiempo de paz para dirigir en los territorios respectivos, en las condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el estado de emergencia, partiendo de un plan general de defensa y del papel y responsabilidad que corresponde a los consejos militares de los ejércitos. El Consejo de Defensa Nacional determina, conforme a la ley, la organización y atribuciones de estos Consejos.

CAPITULO XIII

TRIBUNALES Y FISCALIA

ARTICULO 120. La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye.

La ley establece los principales objetivos de la actividad judicial y regula la organización de los Tribunales; la extensión de su jurisdicción y competencia; sus facultades y el modo de ejercerlas; los requisitos que

deben reunir los jueces, la forma de elección de estos y las causas y procedimientos para su revocación o cese en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 121. Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones, en este orden, son definitivas.

A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.

ARTICULO 122. Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

ARTICULO 123. Los fallos y demás resoluciones firmes de los tribunales, dictados dentro de los límites de su competencia, son de ineludible cumplimiento por los organismos estatales, las entidades económicas y sociales y los ciudadanos, tanto por los directamente afectados por ellos, como por los que no teniendo interés directo en su ejecución vengan obligados a intervenir en la misma.

ARTICULO 124. Para los actos de impartir justicia todos los tribunales funcionan de forma colegiada y en ellos participan, con iguales derechos y deberes, jueces profesionales y jueces legos.

El desempeño de las funciones judiciales encomendadas al juez lego, dada su importancia social, tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral habitual.

ARTICULO125. Los tribunales rinden cuenta de los resultados de su trabajo en la forma y con la periodicidad que establece la ley.

ARTICULO 126. La facultad de revocación de los jueces corresponde al órgano que los elige.

ARTICULO 127. La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la forma, extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce sus facultades al objeto expresado.

ARTICULO 128. La Fiscalía General de la República constituye una unidad orgánica subordinada únicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

El Fiscal General de la República recibe instrucciones directas del Consejo de Estado.

Al Fiscal General de la República corresponde la dirección y reglamentación de la actividad de la Fiscalía en todo el territorio nacional.

Los órganos de la Fiscalía están organizados verticalmente en toda la nación, están subordinados sólo a la Fiscalía General de la República y son independientes de todo órgano local.

ARTICULO 129. El Fiscal General de la República y los vicefiscales generales son elegidos y pueden ser revocados por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ARTICULO 130. El Fiscal General de la República rinde cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma y con la periodicidad que establece la ley.

CAPITULO XIV

SISTEMA ELECTORAL

ARTICULO 131. Todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los

órganos del Poder Popular, y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley, en elecciones periódicas y referendos populares, que serán de voto libre, igual y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto.

ARTICULO 132. Tienen derecho al voto todos los cubanos, hombres y mujeres, mayores de dieciséis años de edad, excepto:

a) los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad;

b) los inhabilitados judicialmente por causa de delito.

ARTICULO 133. Tienen derecho a ser elegidos los ciudadanos cubanos, hombres o mujeres, que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos.

Si la elección es para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, deben, además, ser mayores de dieciocho años de edad.

ARTICULO 134. Los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y demás institutos armados tienen derecho a elegir y a ser elegidos, igual que los demás ciudadanos.

ARTICULO 135. La ley determina el número de delegados que integran cada una de las Asambleas Provinciales y Municipales, en proporción al número de habitantes de las respectivas demarcaciones en que, a los efectos electorales, se divide el territorio nacional.

Los delegados a las Asambleas Provinciales y Municipales se eligen por el voto libre, directo y secreto de los electores. La ley regula, asimismo, el procedimiento para su elección.

ARTICULO 136. Para que se considere elegido un diputado o un delegado es necesario que haya obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral de que se trate.

De no concurrir esta circunstancia, o en los demás casos de plazas vacantes, la ley regula la forma en que se procederá.
CAPITULO XV

REFORMA CONSTITUCIONAL

ARTICULO 137. Esta Constitución solo puede ser reformada, total o parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes.

Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.
Esta Constitución proclamada el 24 de febrero de 1976, contiene las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el XI Período Ordinario de Sesiones de la III Legislatura celebrada los días 10, 11 y 12 de julio de 1992.

Constitución 1976

CONSEJO DE MINISTROS
PODER EJECUTIVO
PROCLAMA
El pueblo de Cuba, a través de asambleas en que participaron más de seis millones de ciudadanos, discutió el. anteproyecto de Constitución redactado por la Comisión Mixta de Partido y Gobierno nombrada por acuerdo conjunto del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, adoptado el veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cuatro.
El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en la ciudad de La Habana los días del diecisiete al veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y cinco incorporó al anteproyecto las modificaciones que se consideraron pertinentes entre las que fueron propuestas en las asambleas populares, lo perfeccionó y lo aprobó como proyecto de Constitución de la República y aprobó además el proyecto de Ley de Tránsito Constitucional. Ambos proyectos fueron publicados en la edición extraordinaria especial de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, de fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
Los proyectos de Constitución de la República y de Ley de Tránsito Constitucional fueron sometidos a Referendo Nacional, celebrado el quince de febrero de mil novecientos setenta y seis, en el que votaron 5’602,973 ciudadanos, 5’473,534 que sí y 54,070 que no.
En vista de los resultados del Referendo,
PROCLAMAMOS SOLEMNEMENTE
Que los proyectos mencionados, han sido aprobados por el voto libre, directo y secreto de los ciudadanos y que, en consecuencia, por mandato de la Voluntad soberana del pueblo de Cuba, desde hoy, veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y seis, octogésimo primer aniversario del inicio de la guerra revolucionar la, independentista organizada por José Martí, héroe supremo de la patria, rigen como normas jurídicas, superiores de nuestro Estado socialista, la Constitución de la República y la Ley de Tránsito Constitucional, a las que todos debemos acatamiento y respeto absolutos, sin que nadie pueda ignorar, transgredir o violar sus preceptos.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

PREÁMBULO

NOSOTROS, CIUDADANOS CUBANOS,

herederos y continuadores del trabajo creador y de las tradiciones de combatividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros antecesores:
por los aborígenes que prefirieron el exterminio a la sumisión;
por los esclavos que se rebelaron contra sus amos;
por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad;
por los patriotas que en 1868 iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español y los que en el último impulso de 1895 las llevaron a la victoria de 1898, victoria arrebatada por la intervención ocupación militar del imperialismo yanqui;
por los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales que lucharon durante más de cincuenta años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, el desempleo y la explotación impuesta por capitalistas y terratenientes;
por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros y de campesinos, difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos marxista y marxista-leninista;
por los integrantes de la vanguardia de la generación del centenario del natalicio de Martí que nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria revolucionaria popular de Enero;
por los que, con el sacrificio de sus vidas, defendieron la Revolución contribuyendo a su definitiva consolidación;

GUIADOS
por la doctrina victoriosa del marxismo-Ieninismo;

APOYADOS
en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda y la cooperación de la Unión Soviética y otros países socialistas y en la solidaridad de los trabajadores y los pueblos de América Latina y del mundo;

DECIDIDOS
a llevar adelante la Revolución triunfadora del Moncada y del Granma, de la Sierra y de Girón encabezada por Fidel Castro que, sustentada en la más estrecha unidad de todas las fuerzas revolucionarias y del pueblo, conquistó la plena independencia nacional, estableció el Poder revolucionario, realizó las transformaciones democráticas, inició la construcción del socialismo y, con el Partido Comunista al frente, la continúa con el objetivo de edificar la sociedad comunista;

CONSCIENTES
de que todos los regímenes de explotación del hombre por el hombre determinan la humillación de los explotados y la degradación de la condición humana de los explotadores; de que sólo en el socialismo y el comunismo, cuando el hombre ha sido liberado de todas las formas de explotación: de la esclavitud, de la servidumbre y del capitalismo, se alcanza la entera dignidad del ser humano;
y de que nuestra Revolución elevó la dignidad de la patria y del cubano a superior altura;

DECLARAMOS
nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí:

“Yo quiero que la ley primera de nuestra república
sea el culto de los cubanos a la dignidad
plena del hombre”;

ADOPTAMOS

por nuestro voto libre, mediante referendo, la siguiente:
CONSTITUCION

CAPITULO 1

FUNDAMENTOS POLITICOS, SOCIALES Y

ECONOMICOS DEL ESTADO

ARTICULO 1. La República de Cuba es un Estado socialista de obreros y campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales.

ARTICULO 2. Los símbolos nacionales son los que han presidido por más de cien años las luchas cubanas por la independencia, por los derechos del pueblo y por el progreso social:
la bandera de la estrella solitaria;
el himno de Bayamo;
el escudo de la palma real.

ARTICULO 3. La capital de la República es la ciudad de La Habana.

ARTICULO 4. En la República de Cuba todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, o bien directamente.
El Poder del pueblo trabajador se sustenta en la firme alianza de la clase obrera con los campesinos y las demás capas trabajadoras de la ciudad y el campo, bajo la dirección de la clase obrera.

ARTICULO 5. El Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

ARTICULO 6. La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud avanzada, bajo la dirección del Partido, trabaja para preparar a sus miembros como futuros militantes del mismo y contribuye a la educación de las nuevas generacio¬nes en los ideales del comunismo, mediante su incorporación al estudio y a las actividades patrióticas, laborales, militares, científicas y culturales.

ARTICULO 7. El Estado socialista cubano reconoce, protege y estimula a las organizaciones sociales y de masas, como la Central de Trabajadores de Cuba, que comprende en sus filas a la clase fundamental de nuestra sociedad, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Unión de Pioneros de Cuba y otras que, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, agrupan en su seno a los distintos sectores de la población, representan intereses específicos de éstos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.
En sus actividades, el Estado se apoya en las organizaciones sociales y de masas, las que, además, cumplen directamente las funciones estatales que conforme a la Constitución y la ley convengan en asumir.

ARTICULO 8. El Estado socialista:
a) realiza la voluntad del pueblo trabajador y
– encauza los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo;
– mantiene y defiende la integridad y la soberanía de la patria;
– garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad;
– afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre;
– protege el trabajo creador del pueblo y la propiedad y la riqueza de la nación socialista;
– dirige planificadamente la economía nacional;
– asegura el avance educacional, científico, técnico y cultural del país;

b) como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza
– que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades;
– que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia;
– que no haya enfermo que no tenga atención médica;
– que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido;
– que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar;
– que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte;

c) trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable.

ARTICULO 9. La Constitución y las leyes del Estado socialista son expresión jurídica de las relaciones socialistas de producción y de los intereses y la voluntad del pueblo trabajador.
Todos los órganos de! Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por el respeto a la misma en toda la vida de la sociedad.
ARTICULO 10. El Estado socialista cubano ejerce su soberanía:
a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de Pinos , las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que sobre los mismos se extiende;
b) sobre los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos, y los existentes en las aguas suprayacentes inmediatas a las costas fuera del mar territorial en la extensión que fija la ley, conforme a la práctica internacional.
La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía sobre cualquier porción del territorio nacional.

ARTICULO 11. La República de Cuba forma parte de la comunidad socialista mundial, lo que constituye una de las premisas fundamentales de su independencia y desarrollo en todos los órdenes.

ARTICULO 12. La República de Cuba hace suyos los principios del internacionalismo proletario y de la solidaridad combativa de los pueblos, y
a) condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra y el peor enemigo de los pueblos;
b) condena la intervención imperialista, directa o indirecta, en los asuntos internos o externos de cualquier Estado, y, por tanto, la agresión armada y el bloqueo económico, así como cualquier otra forma de coerción económica y de ingerencia, o de amenaza a la integridad de los Estados y de los elementos políticos, económicos y culturales de las naciones;
c) califica de delito internacional las guerras de agresión y de conquista; reconoce la legitimidad de las guerras de liberación nacional, así como la resistencia armada a la agresión y a la conquista, y considera su derecho y su deber internacionalista ayudar al agredido y a los pueblos que luchan por su liberación;
ch) reconoce el derecho de los pueblos a repeler la violencia imperialista y reaccionaria con la violencia revolucionaria y a luchar con todos los medios a su alcance por el derecho a determinar libremente su propio destino y el régimen económico y social en que prefieran vivir;
d) trabaja por la paz digna y duradera, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y al derecho de éstos a la autodeterminación;
e) funda sus relaciones internacionales en los principios de igualdad de derechos, soberanía e independencia de los Estados y en el interés mutuo;
f) basa sus relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y demás países socialistas en el internacio¬nalismo socialista, en los objetivos comunes de la construcción de la nueva sociedad, la amistad fraternal, la cooperación y la ayuda mutua;
g) aspira a integrarse con los países de América Latina y del Caribe, liberados de dominaciones externas y de opresiones internas, en una gran comunidad de pueblos hermanados por la tradición histórica y la lucha común contra el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo en el mismo empeño de progreso nacional y social;
h) desarrolla relaciones fraternales y de colaboración con los países que mantienen posiciones antimperialistas y progresistas;
i) mantiene relaciones amistosas con los países que, teniendo un régimen político, social y económico diferente, respetan su soberanía, observan las normas de la convivencia entre los Estados, se atienen a los principios de mutuas conveniencias y adoptan una actitud recíproca con nuestro país;
j) determina su afiliación a organismos internacionales y su participación en conferencias y reuniones de ese carácter, teniendo en cuenta los intereses de la paz y el socialismo, de la liberación de los pueblos, del avance de la ciencia, la técnica y la cultura, del intercambio inter¬nacional y el respeto que se observe a sus propios dere¬chos nacionales.

ARTICULO 13. La República de Cuba concede asilo a los perseguidos en virtud de la lucha por los derechos democráticos de las mayorías; por la liberación nacional; contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; por la supresión de la discriminación racial; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas por el socialismo y por la paz.

ARTICULO 14. En la República de Cuba rige el sistema socialista de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre.

ARTICULO 15. La propiedad estatal socialista, que es la propiedad de todo el pueblo, se establece irreversiblemente sobre las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a cooperativas integradas por los mismos; sobre el subsuelo, las minas, los recursos marítimos naturales y vivos dentro de la zona de su soberanía, los bosques, las aguas, las vías de comunicación; sobre los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuantas empresas, bancos, instalaciones y bienes han sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como sobre las granjas del pueblo, fábricas, empresas e instalaciones económicas, sociales, culturales y deportivas construidas, fomentadas o adquiridas por el Estado y las que en el futuro construya, fo¬mente o adquiera.

ARTICULO 16. El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional de acuerdo con el Plan Unico de Desarrollo Económico-Social, en cuya elaboración y ejecución participan activa y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás esferas de la vida social.
El desarrollo de la economía sirve a los fines de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la personalidad humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país y de la capacidad nacio¬nal para cumplir los deberes internacionalistas de nuestro pueblo.

ARTICULO 17. Para la administración de la propiedad socialista de todo el pueblo, el Estado organiza empresas y otras entidades económicas.
La estructura, atribuciones y funciones de las empresas y entidades económicas estatales de producción y servicios y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley.

ARTICULO 18. El comercio exterior es función exclusiva del Estado. La ley determina las instituciones y autoridades estatales facultadas para crear empresas de comercio exterior y para normar y regular las operaciones de exportación e importación, así como las investidas de personalidad jurídica para concertar convenios comerciales.

ARTICULO 19. En la República de Cuba rige el principio socialista “de cada cual según su capacidad; a cada cual según su trabajo”.
La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio.

ARTICULO 20. El Estado reconoce la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras y otros medios e instrumentos de producción, conforme a lo que establece la ley.
Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre sí, en la forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los fines de la producción agropecuaria como a los de la obtención de créditos y servicios estatales.
Se autoriza la organización de cooperativas agropecuarias en los casos y en la forma que la ley establece. La propiedad cooperativa es una forma de propiedad colectiva de los campesinos integrados en ellas.
El Estado apoya la producción cooperativa de los pequeños agricultores, así como la producción individual, que contribuyan al auge de la economía nacional.
El Estado promueve la incorporación de los agricultores pequeños, voluntaria y libremente aceptada por éstos, a los planes y unidades estatales de producción agropecuaria.

ARTICULO 21. El agricultor pequeño tiene derecho a vender la tierra previa autorización de los organismos determinados por la ley. En todo caso, el Estado tiene derecho preferente a la adquisición mediante el pago de su justo precio.
Se prohibe el arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier otra forma que implique gravamen o cesión parcial a particulares de los derechos y acciones emanados de la propiedad de los agricultores pequeños sobre las fincas rústicas.

ARTICULO 22. Se garantiza la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona.
Asimismo, se garantiza la propiedad sobre medios e instru¬mentos de trabajo personal o familiar que no se emplean para explotar el trabajo ajeno.

ARTICULO 23. El Estado reconoce la propiedad de las organizaciones políticas, sociales y de masas sobre bienes des¬tinados al cumplimiento de sus fines.

ARTICULO 24. La ley regula el derecho de herencia so¬bre la vivienda de dominio propio y demás bienes de propiedad personal.
La tierra de los agricultores pequeños sólo es heredable por aquellos herederos que la trabajan personalmente1 salvo las excepciones que establece la ley.
En relación con los bienes integrados en cooperativas, la ley fija las condiciones en que son heredables.

ARTICULO 25. Se autoriza la expropiación de bienes, por razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización.
La ley establece el procedimiento para la expropiación y las bases para determinar su utilidad y necesidad, así como la forma de la indemnización, considerando los intereses y las necesidades económicas y sociales del expropiado.

ARTICULO 26. Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.

ARTICULO 27. Para asegurar el bienestar de los ciudadanos, el Estado y la sociedad protegen la naturaleza. Incumbe a los órganos competentes y además a cada ciudadano velar porque sean mantenidas limpias las aguas y la atmósfera, y que se proteja el suelo, la flora y la fauna.

CAPITULO II

CIUDADANIA

ARTICULO 28. La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

ARTICULO 29. Son ciudadanos cubanos por nacimiento:
a) los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren al servicio de su gobierno o de organismos internacionales;
b) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos que se hallen cumpliendo misión oficial;
c) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo el cumplimiento de las formalidades que la ley señala;
ch) los nacidos fuera del territorio nacional, de padre o madre naturales de la República de Cuba que hayan perdido esta nacionalidad, siempre que la reclamen en la forma que señala la ley;
d) los extranjeros que por méritos excepcionales alcanzados en las luchas por la liberación de Cuba fueron considerados ciudadanos cubanos por nacimiento.

ARTICULO 30. Son ciudadanos cubanos por naturalización:
a) los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la ley;
b) los que hubiesen servido a la lucha armada contra la tiranía derrocada el primero de enero de 1959, siempre que acrediten esa condición en la forma legalmente establecida.
c) los que habiendo sido privados arbitrariamente de su ciudadanía de origen obtengan la cubana por acuerdo expreso del Consejo de Estado.

ARTICULO 31. Ni el matrimonio ni su disolución afectan la ciudadanía de los cónyuges o de sus hijos.

ARTICULO 32. Pierden la ciudadanía cubana:
a) los que adquieran una ciudadanía extranjera;
b) los que, sin permiso del Gobierno, sirvan a otra nación en funciones militares o en el desempeño de cargos que lleven aparejada autoridad o jurisdicción propia;
c) los que en territorio extranjero de cualquier modo conspiren o actúen contra el pueblo de Cuba y sus instituciones socialistas y revolucionarias;
ch) los cubanos por naturalización que residan en el país de su nacimiento, a no ser que expresen cada tres años, ante la autoridad consular correspondiente, su voluntad de conservar la ciudadanía cubana;
d) los naturalizados que aceptaren una doble ciudadanía.

La ley podrá determinar delitos y causas de indignidad que produzcan la pérdida de la ciudadanía por naturalización, mediante sentencia firme de los tribunales.
La formalización de la pérdida de la ciudadanía por los motivos consignados en los incisos b) y c) se hace efectiva mediante decreto del Consejo de Estado.

ARTICULO 33. La ciudadanía cubana podrá recobrarse en los casos y en la forma que prescribe la ley.

CAPITULO III

FAMILIA

ARTICULO 34. El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio.

ARTICULO 35. El matrimonio es la unión voIuntariamente te concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que éste resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos.
La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan.

ARTICULO 36. Todos los hijos tienen iguales derechos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio.
Está abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación.
No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de los hijos, ni en ningún otro documento que haga referencia a la filiación.
El Estado garantiza mediante los procedimientos legales adecuados la determinación y el reconocimiento de la paternidad.

ARTICULO 37. Los padres tienen el deber de dar alimento a sus hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones; así como el de contribuir activamente a su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista.
Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres.

CAPITULO IV

EDUCACION Y CULTURA

ARTICULO 38. El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones.
En su política educativa y cultural se atiene a los postulados siguientes:
a) fundamenta su política educacional y cultural en la concepción científica del mundo, establecida y desarrollada por el marxismo-leninismo;
b) la enseñanza es función del Estado. En consecuencia, los centros docentes son estatales. El cumplimiento de la función educativa constituye una tarea en la que participa toda la sociedad y se basa en las conclusiones y aportes de la ciencia y en la relación más estrecha del estudio con la vida, el trabajo y la producción;
c) promover la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social.
Para realizar este principio se combinan la educación general y las especializadas de carácter científico, técnico o artístico, con el trabajo, la investigación para el desarrollo, la educación física, el deporte y la participación en actividades políticas, sociales y de preparación militar;
ch) la enseñanza es gratuita. El Estado mantiene un amplio sistema de becas para los estudiantes y proporciona múltiples facilidades de estudio a los trabajadores a fin de alcanzar la universalización de la enseñanza.
La ley precisa la integración y estructura del sistema nacional de enseñanza, así como el alcance de la obligato¬riedad de estudiar y define la preparación general básica que, como mínimo, debe adquirir todo ciudadano;
d) es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución. Las formas de expresión en el arte son libres;
e) el Estado, a fin de elevar la cultura del pueblo, se ocupa de fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la creación y el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo;
f) la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. El Estado estimula y viabiliza la investigación y prioriza la dirigida a resolver los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo;
g) el Estado propicia que los trabajadores se incorporen a la labor científica y al desarrollo de la ciencia;
h) el Estado orienta, fomenta y promueve la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación integral de los ciudadanos.
i) el Estado vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico;
j) el Estado promueve la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones sociales y de masas del país en la realización de su política educacional y cultural.

ARTICULO 39. La educación de la niñez y la juventud en el espíritu comunista es deber de toda la sociedad.
La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad.
La familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones sociales y de masas tienen el deber de prestar especial aten¬ción a la formación integral de la niñez y la juventud.

CAPITULO V

IGUALDAD

ARTICULO 40. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes.

ARTICULO 41. La discriminación por motivo de raza, co¬lor, sexo u origen nacional está proscrita y es sancionada por la ley.
Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos.

ARTICULO 42. El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color u origen nacional:
– tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la Administración Pública y de la producción y prestación de servicios;
– ascienden a todas las jerarquías de las fuerzas armadas revolucionarias y de la seguridad y orden interior, según méritos y capacidades;
– perciben salario igual por trabajo igual;
– disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela primaria hasta las uni¬versidades, que son las mismas para todos;
– reciben asistencia médica en todas las instalaciones hospitalarias;
– se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;
– son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público;
– usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores;
– disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, deportes, recreación y descanso.

ARTICULO 43. La mujer goza de iguales derechos que el hombre en lo económico, político, social y familiar.
Para garantizar el ejercicio de estos derechos y especialmente la incorporación de la mujer al trabajo social, el Estado atiende a que se le proporcionen puestos de trabajo compatibles con su constitución física; le concede licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto; organiza instituciones, tales como círculos infantiles, semi-internados e internados escolares, y se esfuerza por crear todas las condiciones que propician la realización del principio de la igualdad.

CAPITULO VI

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS
FUNDAMENTALES

ARTICULO 44. El trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano.
El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el paro estacional llamado tiempo muerto
Se reconoce el trabajo voluntario, no remunerado, realizado en beneficio de toda la sociedad, en las actividades industriales, agrícolas, técnicas, artísticas y de servicio, como formador de la conciencia comunista de nuestro pueblo.
Cada trabajador está en el deber de cumplir cabalmente las tareas que le corresponden en su empleo.

ARTICULO 45. Todo el que trabaja tiene derecho al descanso, que se garantiza por la jornada laboral de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.
El Estado fomenta el desarrollo de instalaciones y planes vacacionales.

ARTICULO 46. Mediante el sistema de seguridad social, el Estado garantiza la protección adecuada a todo trabajador impe¬dido por su edad, invalidez o enfermedad.
En caso de muerte del trabajador garantiza similar protección a su familia.

ARTICULO 47. El Estado protege, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda.

ARTICULO 48. El Estado garantiza el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
El que sufre un accidente en el trabajo o contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica y a subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente para el trabajo.

ARTICULO 49. Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este derecho:
– con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de servicio médico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado;
– con la prestación de asistencia estomatológica gratuita;
– con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de las enfermedades. En estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones sociales y de masas.

ARTICULO 50. Todos tienen derecho a la educación. Este derecho está garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas, semi-internados, internados y becas, en todos los tipos y niveles de enseñanza, y por la gratuidad del material escolar; lo que proporciona a cada niño y joven, cualquiera que sea la situación económica de su familia, la oportunidad de cursar estudios de acuerdo con sus aptitudes, las exigencias sociales y las necesidades del desarrollo económico-social.
Los hombres y mujeres adultos tienen asegurado este derecho, en las mismas condiciones de gratuidad y con facilidades específicas que la ley regula, mediante la educación de adultos, la enseñanza técnica y profesional, la capacitación laboral en empresas y organismos del Estado y los cursos de educación superior para los trabajadores.

ARTICULO 51. Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación.
El disfrute de este derecho está garantizado por la inclusión de la enseñanza y práctica de la educación física y el deporte en los planes de estudio del sistema nacional de educación; y por la amplitud de la instrucción y los medios puestos a disposición del pueblo, que facilitan la práctica masiva del deporte y la recreación.

ARTICULO 52. Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.
La ley regula el ejercicio de estas libertades.

ARTICULO 53. Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones sociales y de masas disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.

ARTICULO 54. El Estado socialista, que basa su actividad y educa al pueblo en la concepción científica materialista del universo, reconoce y garantiza la libertad de conciencia, el derecho de cada uno a profesar cualquier creencia religiosa y a practicar, dentro del respeto a la ley, el culto de su preferencia. La ley regula las actividades de las instituciones religiosas.
Es ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa a la Revolución, a la educación o al cumplimiento de los deberes de trabajar, defender la patria con las armas, reverenciar sus símbolos y los demás deberes establecidos por la Constitución.

ARTICULO 55. El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

ARTICULO 56. La correspondencia es inviolable. Sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare el examen.
El mismo principio se observará con respecto a las comunicaciones cablegráficas, telegráficas y telefónicas.

ARTICULO 57. La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.
Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.
El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

ARTICULO 58. Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen.
Todo acusado tiene derecho a la defensa.
No se ejercerá violencia ni coacción de las personas para forzarlas a declarar.
Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley.

ARTICULO 59. La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los proce¬dimientos que determina la ley.

ARTICULO 60. Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando sean favorables al encausado o sancionado. Las demás leyes no tienen efecto retroactivo a menos que en las mismas se disponga lo contrario por razón de interés social o utilidad pública.

ARTICULO 61. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

ARTICULO 62. Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley.

ARTICULO 63. Es deber de cada uno cuidar la propiedad pública y social, acatar la disciplina del trabajo, respetar los derechos de los demás, observar las normas de la convivencia socialista y cumplir los deberes cívicos y sociales.

ARTICULO 64. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.
La ley regula el servicio militar que los cubanos deben prestar.
La traición a la patria es el más grave de los crímenes; quien la corneta está sujeto a las más severas sanciones.

ARTICULO 65. El cumplimiento estricto de la Constitu¬ción y de las leyes es deber inexcusable de todos.

CAPITULO VII

PRINCIPIOS DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ORGANOS ESTATALES

ARTICULO 66. Los órganos del Estado se integran, funcionan y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista, la unidad de poder y el centralismo democrático, los cuales se manifiestan en las formas siguientes:
a) todos los órganos de poder del Estado, sus órganos ejecutivos y todos los tribunales, son electivos y renova¬bles periódicamente;
b) las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios;
c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación ante sus electores y éstos tienen derecho a revocarlos cuando no justifican la confianza puesta en ellos;
ch) cada órgano estatal desarrolla ampliamente, dentro del marco de su competencia, la iniciativa encaminada al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y a la incorporación de las organizaciones sociales y de masas a su actividad;
d) las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores;
e) los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su gestión;
f) en la actividad de los órganos ejecutivos y administrativos locales rige un sistema de doble subordinación: subordinación al órgano del Poder Popular correspondiente a su instancia y subordinación a la instancia superior que atiende las tareas administrativas que el órgano local tiene a su cargo;
g) la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría, rigen en todos los órganos estatales colegiados.

CAPITULO VIII

ORGANOS SUPREMOS DEL PODER POPULAR

ARTICULO 67. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo trabajador.

ARTICULO 68. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República.

ARTICULO 69. La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone de diputados elegidos por las Asambleas Municipales del Poder Popular en la forma y en la proporción que determina la ley.

ARTICULO 70. La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un término de cinco años.
Este término sólo podrá extenderse por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o a virtud de otras circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias.

ARTICULO 71. Treinta días después de elegidos todos los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ésta se reú¬ne por derecho propio, bajo la presidencia del diputado de más edad y asistido, como secretarios, por los dos diputados más jóvenes.
En esta sesión se verifica la validez de la elección de los diputados, y éstos prestan juramento y eligen al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los que toman posesión de inmediato de sus cargos.
A continuación, la Asamblea procede a elegir al Consejo Estado.

ARTICULO 72. La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado, integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y veintitrés miembros más.
El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de Gobierno.
El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades.

ARTICULO 73. Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular:
a) acordar reformas de la Constitución conforme a lo establecido en el artículo 141;
b) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente en atención a la índole de la legislación de que se trate;
c) decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales;
ch) revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado;
d) discutir y aprobar los planes nacionales de desarrollo económico y social;
e) discutir y aprobar el presupuesto del Estado;
f) aprobar los principios del sistema de planificación y de dirección de la economía nacional;
g) acordar el sistema monetario y crediticio;
h) aprobar los lineamientos generales de la política exterior e interior;
i) declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz;
j) establecer y modificar la división político-administrativa del país conforme a lo establecido en el artículo 100;
k) elegir al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea Nacional;
l) elegir al Presidente, al Primer Vicepresidente. a los Vice¬presidentes, al Secretario y a los demás miembros del Consejo de Estado;
II) designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros;
m) elegir al Presidente, al Vicepresidente y a los demás jueces del Tribunal Supremo Popular;
n) elegir al Fiscal General y a los vicefiscales generales de la República;
ñ) nombrar comisiones permanentes y temporales;
o) revocar la elección o designación de las personas elegidas o designadas por ella;
p) ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno;
q) conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales del Poder Popular;
r) revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la Constitución o las leyes;
s) revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los órganos locales del Poder Popular que violen la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía a los mismos; o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
t) conceder amnistías;
u) disponer la convocatoria de referendos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la propia Asamblea considere procedentes;
v) acordar su reglamento;
w) las demás que le confiere esta Constitución.

ARTICULO 74. Las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salvo cuando se refieran a la reforma de la Constitución, se adoptan por mayoría simple de votos.

ARTICULO 75. Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular entran en vigor en la fecha que en cada caso determine la propia ley.
Las leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones, reglamentos y demás disposiciones generales de los órganos nacionales Estado, se publican en la Gaceta Oficial de la República.

ARTICULO 76. La Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones al año y en se¬sión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado.

ARTICULO 77. Para que la Asamblea Nacional del Poder Popular pueda celebrar sesión se requiere la presencia de más de la mitad del número total de los diputados que la integran.

ARTICULO 78. Las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son públicas, excepto en el caso en que la propia Asamblea acuerde celebrarlas a puertas cerradas por razón de interés de Estado.

ARTICULO 79. Son atribuciones del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular:
a) presidir las sesiones de la Asamblea Nacional y velar por la aplicación de su reglamento;
b) convocar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional;
c) proponer el proyecto de orden del día de las sesiones de la Asamblea Nacional;
ch) firmar y disponer la publicación en la Gaceta Oficial de la República de las leyes y acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional;
d) organizar las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional;
e) dirigir y organizar la labor de las comisiones de trabajo permanentes y temporales que sean creadas por la Asamblea Nacional;
f) asistir a las reuniones del Consejo de Estado;
g) as demás que por esta Constitución o la Asamblea Nacional del Poder Popular se le atribuyan.

ARTICULO 80. La condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos.
Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular coordinarán sus funciones como tales con sus responsabilidades y tareas habituales.
En la medida en que lo exija su labor como diputados, disfrutarán de licencia sin sueldo y recibirán una dieta equivalente a su salario y a los gastos adicionales en que incurran con motivo del ejercicio de su cargo.

ARTICULO 81. Ningún diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado si no está reunida aquélla, salvo en caso de delito flagrante.

ARTICULO 82. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus quejas, sugerencias y críticas, explicarles la política del Estado y rendirles, periódicamente, cuenta del cumplimiento de sus funciones.
Asimismo los diputados están obligados a rendir cuenta de su actuación a la Asamblea cuando ésta lo reclame.

ARTICULO 83. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular pueden ser revocados en todo tiempo por sus electores, en la forma y por el procedimiento establecido en la ley.

ARTICULO 84. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el derecho de hacer preguntas al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, y a que éstas les sean respondidas en el curso de la misma sesión o en la próxima.

ARTICULO 85. Todos los órganos y empresas estatales están obligados a prestar a los diputados la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus deberes.

ARTICULO 86. La iniciativa de las leyes compete:
a) a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
b) al Consejo de Estado;
c) al Consejo de Ministros;
ch) a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
d) al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás organiza¬ciones sociales y de masas;
e) al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia;
f) a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;
g) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores.

ARTICULO 87. El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y
cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye.
Tiene carácter colegiado y, a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano.
ARTICULO 88. Son atribuciones del Consejo de Estado:
a) disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
b) acordar la fecha de las elecciones para la renovación periódica de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
c) dictar decretos-leyes, entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
ch) dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria;
d) ejercer la iniciativa legislativa;
e) disponer lo pertinente para realizar los referendos que acuerde la Asamblea Nacional del Poder Popular;
f) decretar la movilización general cuando la defensa del país lo exija y asumir las facultades de declarar la guerra en caso de agresión o concertar la paz, que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando ésta se halle en receso y no pueda ser convocada con la seguridad y urgencia necesarias;
g) sustituir, a propuesta de su Presidente, a los miembros del Consejo de Ministros entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
h) impartir instrucciones de carácter general a los tribuna¬les a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular;
i) impartir instrucciones a la Fiscalía General de la República;
j) designar y remover, a propuesta de su Presidente, a los representantes diplomáticos de Cuba ante otros Estados;
k) otorgar condecoraciones y títulos honoríficos;
l) nombrar comisiones;
II) conceder indultos;
m) ratificar y denunciar tratados internacionales;
n) otorgar o negar el beneplácito a los representantes diplomáticos de otros Estados;
ñ) suspender las disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y disposiciones de las Asambleas Locales del Poder Popular que no se ajusten a la Constitución o a las leyes, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país, dando cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera sesión que celebre después de acordada dicha suspensión;
o) revocar los acuerdos y disposiciones de los Comités Eje¬cutivos de los órganos locales del Poder Popular que contravengan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía a los mismos, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país;
p) aprobar su reglamento;
q) las demás que le confieran la Constitución y las leyes o le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ARTICULO 89. Todas las decisiones del Consejo de Estado son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.

ARTICULO 90. El mandato confiado al Consejo de Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular expira al constituirse una nueva Asamblea a virtud de las renovaciones periódicas de ésta.

ARTICULO 91. Las atribuciones del Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno son las siguientes:
a) representar al Estado y al Gobierno y dirigir su política general;
b) organizar y dirigir las actividades y convocar y presidir las sesiones del Consejo de Estado y las del Consejo de Ministros;
c) controlar y atender al desenvolvimiento de las actividades de los Ministerios y demás organismos centrales de la Administración;
ch) asumir la dirección de cualquier Ministerio u organismo central de la Administración;
d) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por ésta, los miembros del Consejo de Ministros;
e) aceptar las renuncias de los miembros del Consejo de Ministros, o bien proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según proceda, la sustitución de cualquiera de ellos y, en ambos casos, los sustitutos correspondientes;
f) recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones diplomáticas extranjeras. Esta función podrá ser delegada en cualquiera de los Vicepresidentes del Consejo de Estado;
g) desempeñar la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;
h) firmar los decretos-leyes y otros acuerdos del Consejo de Estado y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la República;
i) las demás que por esta Constitución o la Asamblea se le atribuyan.

ARTICULO 92. En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente del Consejo de Estado lo sustituye en sus funciones el Primer Vicepresidente.

ARTICULO 93. El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República.
El número, denominación y funciones de los Ministerios y organismos centrales que forman parte del Consejo de Ministros es determinado por la ley.

ARTICULO 94. El Consejo de Ministros está integrado por el Jefe de Estado y de Gobierno, que es su Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes, el Presidente de la Junta Central de Planificación, los Ministros, el Secretario y los demás miembros que determine la ley.

ARTICULO 95. El Presidente, el Primer Vicepresidente y los Vicepresidentes del Consejo de Ministros integran su Comité Ejecutivo.
Los integrantes del Comité Ejecutivo controlan y coordinan por sectores la labor de los Ministerios y organismos centrales.
Cuando la urgencia del caso lo requiera, el Comité Ejecutivo puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros.

ARTICULO 96. Son atribuciones del Consejo de Ministros:
a) organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, científicas, sociales y de defensa acordadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular;
b) proponer los proyectos de planes generales de desarrollo económico-social del Estado y, una vez aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, organizar, dirigir y controlar su ejecución;
c) dirigir la política exterior de la República y las relaciones con otros gobiernos;
ch) aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del Consejo de Estado;
d) dirigir y controlar el comercio exterior;
e) elaborar el proyecto de presupuesto del Estado y una vez aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, velar por su ejecución;
f) adoptar medidas para fortalecer el sistema monetario y crediticio;
g) elaborar proyectos legislativos y someterlos a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado, según proceda;
h) proveer a la defensa nacional, al mantenimiento del orden y la seguridad interiores, a la protección de los derechos ciudadanos, así como a la salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres naturales;
i) dirigir la administración del Estado, unificando, coordi¬nando y fiscalizando la actividad de los Ministerios y demás organismos centrales de la Administración;
j) ejecutar las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como los decretos-leyes y disposiciones del Consejo de Estado y, en caso necesario, dictar los reglamentos correspondientes;
k) dictar decretos y disposiciones sobre la base y en cumplimiento de las leyes vigentes y controlar su ejecución;
l) conceder asilo territorial;
II) determinar la organización general de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias;
m) ejercer la dirección y fiscalización metodológica y técnica de las funciones administrativas de los órganos locales del Poder Popular, a través de los Ministerios y organismos centrales correspondientes;
n) revocar o dejar sin efecto las disposiciones de Ministros, jefes de organismos centrales de la Administración y direcciones administrativas de los órganos locales del Poder Popular cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento;
ñ) proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular la revocación o al Consejo de Estado, la suspensión, de los acuerdos y disposiciones de las Asambleas de los órganos locales del Poder Popular que contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país;
o) crear las comisiones que estime necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas que le están asignadas;
p) designar y remover funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley;
q) realizar cualquier otra función que le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado.

ARTICULO 97. El Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas sus actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ARTICULO 98. Son atribuciones de los miembros del Consejo de Ministros:
a) dirigir los asuntos y tareas del Ministerio u organismo a su cargo, dictando las resoluciones y disposiciones necesarias a ese fin;
b) dictar, cuando no sea atribución expresa de otro órgano estatal, los reglamentos que se requieran para la ejecución y aplicación de las leyes y decretos-leyes que les conciernen;
c) asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, con voz y voto, y presentar a éste proyectos de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos o cualquier otra proposición que estimen conveniente;
ch) nombrar conforme a la ley, los funcionarios que les corresponden;
d) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes.

ARTICULO 99. El Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba tiene derecho a participar de las sesiones del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo.

CAPITULO IX

ORGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR

ARTICULO 100. El territorio nacional, para los fines político-administrativos, se divide en provincias y municipios; el número, los límites y la denominación de los cuales establece la ley.
La ley puede establecer, además, otras divisiones.

ARTICULO 101. Las Asambleas de Delegados del Poder Popular constituidas en las demarcaciones político-administrativas, en que, conforme a la ley, se divide el territorio nacional, son los órganos superiores locales del Poder del Estado.

ARTICULO 102. Las Asambleas Locales del Poder Popular están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas. Para ello, en cuanto les concierne, ejercen gobierno y, a través de los órganos que constituyen, dirigen entidades económicas, de producción y de servicios que les están directamente subordinadas y desarrollan las actividades requeridas para satisfacer necesidades asistenciales, económicas, culturales, educacionales y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.
Ayudan, además, al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de las unidades establecidas en su territorio que no les están subordinadas.

ARTICULO 103. Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas Locales del Poder Popular se apoyan en la iniciativa y amplia participación de la población y actúan en estrecha coordinación con las organizaciones sociales y de masas.

ARTICULO 104. Los órganos locales del Poder Popular, en la medida que les corresponde y conforme a la ley, participan en la elaboración y posterior ejecución y control del Plan Unico de Desarrollo Económico-Social que adopta el Estado.

ARTICULO 105. Dentro de los límites de su competencia, las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular:
a) cumplen y hacen cumplir las leyes y disposiciones de carácter general que emanen de los órganos superiores del Estado;
b) adoptan acuerdos y dictan disposiciones;
c) revocan, suspenden o modifican, según los casos, los acuerdos y disposiciones de los órganos subordinados a ellas, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos, los reglamentos o las resoluciones dictadas por los órganos superiores del Poder del Estado, o que afecten los intereses de otras comunidades, o los generales del país;
ch) eligen a su Comité Ejecutivo y determinan la organización, funcionamiento y tareas de éste conforme a la ley;
d) revocan el mandato de los miembros de los respectivos Comités Ejecutivos;
e) determinan la organización, funcionamiento y tareas de las direcciones administrativas por ramas de actividades económico-sociales;
f) designan, sustituyen y destituyen a los jefes de sus direcciones administrativas;
g) forman y disuelven comisiones de trabajo;
h) eligen y revocan, conforme a lo dispuesto en la ley, a los jueces de los Tribunales Populares de sus demarcaciones respectivas;
i) conocen y evalúan los informes de rendición de cuenta que les presenten sus Comités Ejecutivos, los órganos judiciales y las asambleas de jerarquía inmediata inferior y adoptan las decisiones pertinentes sobre ellos;
j) protegen los derechos de los ciudadanos y la propiedad socialista;
k) trabajan por el fortalecimiento de la legalidad socialista, el mantenimiento del orden interior y el reforzamiento de la capacidad defensiva del país;
l) ejercen las demás atribuciones que la Constitución y las leyes les asignan.

ARTICULO 106. El segundo domingo siguiente a la elección de todos los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, ésta se reúne por derecho propio bajo la presidencia del delegado de más edad para la verificación de la validez de la elección de los delegados, y una vez hecha esta verificación, elige al Comité Ejecutivo y a los delegados a las Asambleas provinciales. En esta sesión actúan como secretarios los dos delegados más jóvenes.
Las demás Asambleas locales se constituyen, en la misma forma, en la oportunidad que señala la ley.

ARTICULO 107. Las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Asambleas Locales del Poder Popular se celebran ante el pueblo. Sólo cuando se trate en ellas de asuntos referidos a secretos de Estado o al decoro de las personas podrá la Asamblea acordar celebrarlas a puertas cerradas.

ARTICULO 108. En las sesiones de las Asambleas Loca¬les del Poder Popular se requiere para su validez la presencia de más de la mitad del número total de sus integrantes. Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos.

ARTICULO 109. Las direcciones administrativas están subordinadas a su respectiva Asamblea, al Comité Ejecutivo de ésta y al órgano de jerarquía superior de la rama adminis¬trativa correspondiente.

ARTICULO 110. Las comisiones permanentes de trabajo organizadas por ramas de la producción y de los servicios o por esfera de actividades, auxilian a las Asambleas y sus Comités
Ejecutivos en sus respectivas actividades y en el control de las direcciones administrativas y de las empresas locales.
Las comisiones de carácter temporal cumplen las tareas específicas que les son asignadas dentro del término que se les señale.

ARTICULO 111. Las Asambleas se renovarán, periódicamente, cada dos años y medio, que es el término de dura¬ción del mandato de los delegados.
Este término sólo podrá extenderse por decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en los casos señalados en el artículo 70.

ARTICULO 112. El mandato de los delegados es revocable únicamente por sus electores, los que pueden ejercer esta facultad en cualquier momento, mediante el procedimiento que la ley establece. Esta determina, asimismo, los casos y el procedi¬miento para sustituir a los delegados cuando estén impedidos de desempeñar sus funciones.

ARTICULO 113. Los delegados cumplen el mandato que les han conferido sus electores en interés de toda la comunidad y están obligados a:
a) dar a conocer a la Asamblea las opiniones, necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores;
b) informar a éstos sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades que se presenten para resolverlas;
c) rendir cuenta, periódicamente, de su gestión personal a sus electores y a la Asamblea a que pertenezcan.

ARTICULO 114. El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado elegido por las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular para que cumpla las funciones que la Constitu¬ción y las leyes le atribuyen y las tareas que las Asambleas le encomiendan.
El Comité Ejecutivo está integrado por los miembros que determina la ley. Estos eligen, con la ratificación de la Asamblea, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que, a su vez, lo son de la propia Asamblea.

ARTICULO 115. La elección de los miembros de los Comités Ejecutivos de las Asambleas Municipales y Provinciales debe recaer en delegados de la propia Asamblea.
En todos los casos, la elección se efectúa a virtud de candidaturas propuestas en la forma que la ley establece.
El Presidente de cada Comité Ejecutivo Municipal es, además, por derecho propio, delegado a la correspondiente Asamblea Provincial del Poder Popular.

ARTICULO 116. Son atribuciones de los Comités Ejecutivos:
a) convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea;
b) publicar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea;
c) suspender la ejecución de cualquier disposición emanada de las Asambleas Locales del Poder Popular de jerarquía inmediata inferior, cuando viole la Constitución, las leyes u otras disposiciones dictadas por los órganos superiores del Poder del Estado, o que afecte los intereses de otras comunidades, o los generales del país;
ch) revocar en los mismos casos a que se refiere el inciso anterior, las disposiciones, acuerdos y resoluciones de los Comités Ejecutivos de las Asambleas Locales del Poder Popular de jerarquía inmediata inferior en los períodos en que no se halle reunida la Asamblea a que pertenezca el mismo;
d) conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que les presenten los respectivos Comités Ejecutivos de la jerarquía inmediata inferior;
e) dirigir y controlar las direcciones administrativas y las empresas locales;
f) designar y sustituir funcionarios de las direcciones administrativas y de las empresas locales;
g) adoptar las medidas pertinentes para ayudar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de las unidades establecidas en el territorio de la respectiva Asamblea y que no están subordinadas a ésta;
h) suspender y sustituir provisionalmente a los jefes de las direcciones administrativas y empresas locales, dando cuenta a la Asamblea para que ratifique o modifique la decisión.

ARTICULO 117. En los períodos comprendidos entre las sesiones de la Asamblea, el Comité Ejecutivo asume las funciones de ésta señaladas en los incisos a), b), g), j) y k) del artículo 105.
Los acuerdos y disposiciones de carácter general que adopte el Comité Ejecutivo en el ejercicio de dichas facultades, deben ser ratificados, modificados o dejados sin efecto, expresamente, por la Asamblea, en la primera sesión que posteriormente celebre.

ARTICULO 118. El Comité Ejecutivo rinde cuenta, perió¬dicamente, de su actividad a la respectiva Asamblea y al Comité Ejecutivo de jerarquía inmediata superior.

ARTICULO 119. El mandato confiado a los Comités Ejecutivos cesa al constituirse las nuevas Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular, respectivamente.

ARTICULO 120. Son atribuciones propias del Presidente de cada Comité Ejecutivo:
a) convocar y presidir las sesiones de la Asamblea respectiva;
b) velar por la aplicación del Reglamento de la Asamblea;
c) convocar y presidir las reuniones del Comité Ejecutivo;
ch) organizar la actividad del Comité Ejecutivo.

El Presidente del Comité Ejecutivo puede delegar en el Vicepresidente alguna de las funciones que le están atribuidas.

CAPITULO X

TRIBUNALES Y FISCALIA

ARTICULO 121. La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye.
La jurisdicción y competencia de los tribunales en sus distintos grados, se ajustará a la división político-administrativa del país y a las necesidades de la función judicial.
La ley regula la organización de los tribunales; sus facultades y el modo de ejercerlas; los requisitos que deben reunir los jueces; la forma de elección de éstos; el tiempo de duración en los respectivos cargos; y el procedimiento para la revocación.

ARTICULO 122. Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro, y sólo subordinados, jerárquicamente, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

ARTICULO 123. La actividad de los tribunales tiene como principales objetivos:
a) mantener y reforzar la legalidad socialista;
b) salvaguardar el régimen económico, social y político establecido en esta Constitución;
c) proteger la propiedad socialista, la personal de los ciudadanos y las demás que esta Constitución reconoce;
ch) amparar los derechos e intereses legítimos de los organismos estatales y de las entidades económicas, sociales y de masas;
d) amparar la vida, la libertad, la dignidad, el honor, él patrimonio, las relaciones familiares y demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos;
e) prevenir las violaciones de la ley y las conductas antisociales, reprimir y reeducar a los que incurran en ellas y restablecer el imperio de las normas legales cuando se reclame contra su infracción;
f) elevar la conciencia jurídica social en el sentido del estricto cumplimiento de la ley, formulando en sus decisiones los pronunciamientos oportunos para educar a los ciudadanos en la observancia consciente y voluntaria de sus deberes de lealtad a la patria, a la causa del socialismo y a las normas de convivencia socialistas.

ARTICULO 124. El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones en este orden son definitivas.
A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales populares y, sobre la base de la experiencia de éstos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.

ARTICULO 125. Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

ARTICULO 126. Los fallos y demás resoluciones firmes de los tribunales, dictados dentro de los límites de su competencia, son de ineludible cumplimiento por los organismos estatales, las entidades económicas y sociales y los ciudadanos, tanto por los directamente afectados por ellos, como por los que no teniendo interés directo en su ejecución vengan obligados a intervenir en la misma.

ARTICULO 127. Todos los tribunales funcionan en forma colegiada.
En la actividad de impartir justicia participan, con igua¬les deberes y derechos, jueces profesionales y jueces legos.
El desempeño de las funciones judiciales encomendadas al juez lego, dada la importancia social de las mismas, debe tener prioridad.

ARTICULO 128. Los tribunales rinden cuenta de su gestión ante la Asamblea que los eligió, por lo menos una vez al año.

ARTICULO 129. La facultad de revocación de los jueces corresponde al órgano que los elige.

ARTICULO 130. Corresponde a la Fiscalía General de la República, como objetivo primordial, el control de la legalidad socialista sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la ley y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales, y por los ciudadanos.
La ley determina la forma, extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce las facultades al objeto expresado.

ARTICULO 131. La Fiscalía General de la República constituye una unidad orgánica subordinada únicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.
El Fiscal General de la República recibe instrucciones directas del Consejo de Estado.
Al Fiscal General de la República corresponde la dirección y reglamentación de la actividad de la Fiscalía en todo el territo¬rio nacional.
El Fiscal General de la República es miembro del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Los órganos de la Fiscalía están organizados verticalmente en toda la nación, están subordinados sólo a la Fiscalía General de la República y son independientes de todo órgano local,

ARTICULO 132. El Fiscal General de la República y los vicefiscales generales son elegidos y pueden ser revocados por la Asamblea Nacional del Poder Popular. La ley fija el término de la elección.

ARTICULO 133. El Fiscal General de la República rinde cuenta de su gestión a la Asamblea Nacional del Poder Popular por lo menos una vez al año.

CAPITULO XI

SISTEMA ELECTORAL

ARTICULO 134. En toda elección y en los referendos, el voto es libre, igual y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto.

ARTICULO 135. Tienen derecho al voto todos los cubanos, hombres y mujeres, mayores de dieciséis años de edad, excepto:
a) los incapacitados mentales, previa declaración judicial de su incapacidad;
b) los inhabilitados judicialmente por causa de delito.

ARTICULO 136. Tienen derecho a ser elegidos los ciudadanos cubanos, hombres o mujeres, que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos.
Si la elección es para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, deben, además, ser mayores de dieciocho años de edad.

ARTICULO 137. Los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y demás institutos armados tienen derecho a elegir y a ser elegidos, igual que los demás ciudadanos.

ARTICULO 138. La ley determina el número de delegados que deben integrar cada una de las Asambleas en proporción al número de habitantes de las respectivas demarcaciones político-administrativas en que se divide el territorio nacional; y regula, asimismo, el procedimiento y la forma de la elección.
Los delegados a las Asambleas Municipales se eligen por circunscripciones electorales previamente determinadas.

ARTICULO 139. Las Asambleas Municipales eligen, a través del voto secreto, a los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

ARTICULO 140. Para que se considere elegido un delegado es necesario que haya obtenido más de la mitad del número de votos emitidos en la circunscripción electoral de que se trate.
De no concurrir esta circunstancia, la ley regula la forma de proceder a la celebración de nuevas elecciones para decidir, entre los que hayan obtenido mayor votación, cuál de ellos resulta electo.

CAPITULO XI

REFORMA CONSTITUCIONAL

ARTICULO 141. Esta Constitución sólo puede ser reformada, total o parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes.
Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.

LEY DE TRANSITO CONSTITUCIONAL

POR CUANTO: La plena vigencia, de la Constitución socialista, una vez aprobada, requiere de un período de tránsito constitucional, el cual ha de prolongarse hasta tanto queden constituidos y en funciones los nuevos órganos e instituciones que por la misma se crean.

POR CUANTO: Las disposiciones transitorias que regulen la oportunidad y el orden en que deben entrar en vigor los diversos artículos de la Constitución y señalen las normas anteriores que conservan vigencia temporal, tienen que consignarse en una ley aprobada en igual forma y al mismo tiempo que la propia Constitución.

POR TANTO: Nosotros, ciudadanos cubanos; por nuestro voto libre y mediante referendo, adoptamos la siguiente

LEY DE TRÁNSITO CONSTITUCIONAL

ARTICULO 1. — La Constitución de la República de Cuba, aprobada mediante referendo popular, entrará en vigor a partir del día 24 dé febrero de 1976 del modo que se expresa en las Disposiciones que siguen:

Primera: En la expresada’ fecha del día 24 de febrero de 1976, quedarán vigentes el preámbulo, los artículos del 1 al 65, el artículo 69, el artículo 100 y los artículos 134 al 141.

Segunda: Los artículos 101 al 120 entrarán en vigor una vez elegidos los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Tercera: Todos los demás artículos de la Constitución no mencionados en las dos Disposiciones anteriores entrarán en vigor tan pronto queden constituidos los órganos supremos del Poder Popular.

Cuarta: El Presidente de la República, el Primer Ministro, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros conservarán las facultades y funciones eme les vienen dadas por la Ley. Fundamental de 7 de febrero de 1959 y por las leyes vigentes, hasta tanto quede constituida la Asamblea Nacional del’ Poder Popular y ésta elija al Consejo de Estado y designe al Consejo de Ministros.

Quinta: El Tribunal Supremo Popular y los Tribunales Populares provinciales, regionales y de base, constituidos a virtud de la ley de Organización del Sistema Judicial, de 23 de, junio de 1973, conservarán sus actuales jurisdicciones, competencias y funciones, hasta tanto se determine por ley su nueva estructura para ajustaría a la División Político-Administrativa del país que establezca la ley, y conforme a ella se constituyan los nuevos tribunales.

Sexta: La Administración de la Justicia Laboral, con competencia y jurisdicción para conocer de las controversias que se originen en las relaciones laborales, continuará a cargo del Ministerio del Trabajo hasta tanto se determine por ley su integración al sistema judicial vigente.

Séptima: La Administración de La Habana Metropolitana, los órganos del Poder Popular de la provincia de Matanzas y las administraciones locales del resto del país, constituidas o que se constituyan conforme a la ley, mantendrán sus atribuciones hasta tanto se constituyan los Órganos Locales del Poder Popular conforme a la Constitución y de acuerdo con la nueva división territorial político-administrativa.

Los organismos estatales nacionales que lo requieran mantendrán temporalmente delegaciones en las demarca¬ciones que en la actualidad constituyen las provincias de Oriente, Camagüey y Las Villas, a los fines de coordinar actividades y garantizar servicios á las nuevas provincias que en dichas demarcaciones se constituyan. El Consejo de Ministros fijará el límite del tiempo que se mantendrán tales delegaciones.

Octava: A partir de la vigencia de la Constitución rigen con carácter de leyes ordinarias las leyes constitucionales de Reforma Agraria de 17 de mayo de 1959 y de 3 de octubre de 1963. de Reforma Urbana de 14 de octubre de 1960 y de Nacionalización de la Enseñanza de 6 de junio de 1961.

Novenas Hasta tanto se constituya el Consejo de Esta¬do, la formalización de la pérdida de la ciudadanía por las causas consignadas en los incisos b) y c) del artículo 32 de la Constitución, se hará efectiva mediante Decreto del Presidente de la República.

Décima: El otorgamiento de la ciudadanía en el caso del inciso c) del artículo 30 de la Constitución se hará efectivo por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, mientras no quede constituido el Consejo de Estado.
Undécima: Las leyes, leyes-decretos. decretos-leyes, acuerdos-leyes. decretos y demás disposiciones locales dictadas con anterioridad al 24 de febrero de 1976, conservarán su vigencia en todo cuanto sea compatible con la Constitución, mientras no fueren legalmente modificadas o derogadas.

La incompatibilidad con la Constitución de cualquier disposición legal promulgada con anterioridad a la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, mientras ésta no se constituya, corresponderá declararla al Consejo de Ministros.

Mientras permanezca vigente, total o parcialmente, alguna ley, decreto-ley. ley-decreto. acuerdo-ley, órdenes militares de los gobiernos interventores y demás disposiciones legales promulgadas o puestas en vigor con anterioridad a la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea Nacional, estará facultado para modificar o derogar total o parcialmente dichas disposiciones legales, debiendo dar cuenta a la Asamblea Nacional en su próxima sesión, a los efectos de que ratifique o no dicha modificación o derogación.

ARTICULO 2. — Esta Ley, una vez aprobada mediante referendo popular, entrará en vigor el 24 de febrero de 1976.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Ministros, se dispone que sean publicadas en la Gaceta Oficial de la República, la Proclama Solemne, la Constitución de la República de Cuba y la Ley de Tránsito Constitucional.
En el Palacio de la Revolución, en La Habana, a 24 de febrero de 1976.

Celia Sánchez Manduley
Secretaria de la Presidencia
y del Consejo de Ministros

Ley fundamental de la República 1959

Ley Fundamental está amplia y concretamente inspirada en la Constitución de 1940 con la especial variante de que al atribuir al Consejo de Ministros la potestad legislativa así como las facultades que eran de la competencia del Congreso, queda excluido del texto cuanto se refiere al Senado y a la Cámara de Representantes.

Inser­tamos el texto literal de la Ley Fundamental de la República contrastado con el de la Gaceta Oficial y para facilitar la consulta hemos efec­tuado en rápidas notas un breve estudio comparativo de los preceptos vigentes en relación con los de la Constitución de 1940.

 

DOCTOR MANUEL URRUTIA LLEO, Presidente de la República de Cuba,

Hago saber: Que el Consejo de Ministros ha acordado, y yo he aprobado, lo siguiente:

El Gobierno Revolucionario, cumpliendo con sus deberes para con el pueblo de Cuba, interpretando la voluntad y el sentir del mismo y ante la necesidad inaplazable de acordar y viabilizar la legislación adecuada para hacer posible la realización de los hechos impone la Revolución, haciendo uso de los plenos poderes de que está investido, acuerda por unanimidad aprobar, sancionar y promulgar la siguiente

Ley Fundamental

TITULO PRIMERO

De la Nación, su Territorio y Forma de Gobierno

Artículo 1.—Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrá­tica, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.

Artículo 2.—La soberanía reside en el pueblo y de éste dimanan todos los poderes públicos.

Artículo 3.—El territorio de la República está integrado por la Isla de Cuba, la Isla de Pinos y las demás islas y cayos adyacentes que con ellas estuvieron bajo la soberanía de España hasta la ratificación del Tratado de París de diez de diciembre de mil ochocientos noventa y ocho.

La República no concertará ni ratificará pactos o tratados que en forma alguna limiten o menoscaben la soberanía nacional o la integridad del territorio.

Artículo 4.—El territorio de la República se divide en provincias y éstas en términos municipales. Las actuales provincias se denominan: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente.

Artículo 5.—La bandera de la República es la de Narciso López que se izó en la fortaleza del Morro de La Habana el día vente de mayo de mil novecientos dos, al transmitirse los poderes públicos al pueblo de Cuba. El escudo nacional es el que como tal está establecido por la Ley. La República no reconocerá ni consagrará con carácter nacional, otra bandera, himno o escudo que aquéllos a que este artículo se refiere.

En los edificios, fortalezas y dependencias públicas y en los actos oficiales, no se izará más bandera que la nacional, salvo las extranjeras en los casos y en la forma permitida por el Protocolo y por los usos internacionales, los tratados y las leyes. Por excepción podrá enarbolarse en la ciudad de Bayamo, declarada monumento nacional, la bandera de Carlos Manuel de Céspedes.

El himno nacional es el de Bayamo, compuesto por Pedro Figueredo, y será el único que se ejecute en todas las dependencias del Gobierno, cuarteles y actos oficiales. Los himnos extranjeros podrán ejecutarse en los casos expresados anteriormente en relación con las banderas extranjeras.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo de artículo, las sociedades, organizaciones o centros de cualquier clase podrán izar sus banderas o insignias en sus edificios, pero siempre el pabellón nacional ocupará lugar preferente.

De este art. queda suprimida la facultad de izar banderas correspondientes  a las Fuerzas Armadas en fortalezas y cuarteles.

Artículo 6.—El idioma oficial de la República es el español.

Artículo 7.—Cuba condena la guerra de agresión; aspira a vivir en paz con los demás estados y a mantener con ellos relaciones y vínculos de cultura y de comercio.

El Estado cubano hace suyos los principios y prácticos del Derecho Internacional que propendan a la solidaridad humana, al respeto de la soberanía de los pueblos, a la reciprocidad entre los Estados y a la paz y a la civilización universales.

TITULO SEGUNDO

De la Nacionalidad

Artículo 8.—La ciudadanía comporta deberes y derechos, cuyo ejercicio adecuado será regulado por la Ley.

Artículo 9.—Todo cubano está obligado:

  1. a servir con las armas a la patria en los casos y en las forma que establezca la Ley.
  2. a contribuir a los gastos públicos en la forma y cuantía que la Ley disponga.
  3. a cumplir la Ley Fundamental y las Leyes de la República y observar conducta cívica, inculcándola a los propios hijos y a cuantos estén bajo su abrigo pro­moviendo en ellos la más pura conciencia nacional.

Artículo 10.—El ciudadano tiene derecho:

  1. a residir en su patria sin que sea objeto de dis­criminación ni extorsión alguna, no importa cuáles sean su raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas.
  2. a votar según disponga la Ley en las elecciones y referendos que se convoquen en la República.
  3. a recibir los beneficios de la asistencia social de la cooperación pública, acreditando previamente en el primer caso su condición de pobre.
  4. a desempeñar funciones y cargos públicos.
  5. a la preferencia que en el trabajo dispongan la Ley Fundamental y la Ley.

En el último inciso de este art. se sustituye “Constitu­ción” por “Ley Fundamental”.

Artículo 11.—La ciudadanía cubana se adquiere po­r nacimiento o por  naturalización.

Artículo 12.—Son cubanos por nacimiento:

  1. todos los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de los extranjeros que se en­cuentran al servicio de su gobierno.
  2. los nacidos en territorio extranjero, de padre o madre cubanos, por el solo hecho de avecindarse aquéllos en Cuba.
  3. los que, habiendo nacido fuera, del territorio de la República de padre o madre natural de Cuba que hubiesen perdido esta nacionalidad, reclamen la ciudadanía cubana, en la forma y con sujeción a las condiciones que señale la Ley.
  4. los extranjeros que por un año o más hubiesen prestado servicios en el Ejército Libertador permaneciendo en éste hasta la terminación de la Guerra de Independencia, siempre que acrediten esta condición con documento fehaciente expedido por el Archivo Nacional.
  5. los extranjeros que hubiesen servido a la lucha contra la tiranía derrocada el día 31 de diciembre de 1958 en las filas del Ejército Rebelde durante dos años o más, y hubiesen ostentado el grado de comandante durante un año por lo menos, siempre que acrediten esas condiciones en la forma que la Ley disponga.

El inciso e) significa innovación respecto a la Constitución de 1940. Y por lo que dispone adquirió la ciudadanía cubana como nativo el Comandante del Ejército de la Revolución Ernesto Guevara, de origen argentino.

Artículo 13.—Son cubanos por naturalización:

  1. los extranjeros que después de cinco años de residencia continúa en el territorio de la República y no menos de uno después de haber declarado su intención de adquirir la nacionalidad cubana, obtengan la carta de ciudadanía con arreglo a la Ley, siempre que conozcan el idioma español.
  2. el extranjero que contraiga matrimonio con cubana, y la extranjera que lo contraiga con cubano, cuando tuvieren prole de esa unión o llevaren dos años de residencia continua en el país después de la celebración del matrimonio, y siempre que hicieren previa renuncia de su nacionalidad de origen.
  3. los extranjeros que hubieren servido a la lucha armada contra la tiranía derrocada el 31 de diciembre de 1958, y que al finalizar la misma hubieren estado ostentando grados de oficiales del Ejército Rebelde, siempre que acrediten esas condiciones en la forma que la Ley disponga.

El inciso e) es adición respecto a la Constitución de 1940.

Artículo 14.—Las cartas de ciudadanía y los certificados de nacionalidad cubana estarán exentos de tributación.

Artículo 15.—Pierden la ciudadanía cubana:

a) los que adquieran una ciudadanía extranjera,

b) los que, sin permiso del Consejo de Ministros, entren al servicio militar de otra nación, o al desempeño de funciones que lleven aparejada autoridad o jurisdicción propia.

c) los cubanos por naturalización que residan tres años consecutivos en el país de su nacimiento, a no ser que expresen cada tres años, ante la autoridad consular correspondiente, su voluntad de conservar la ciudadanía cubana.

La Ley podrá determinar delitos y causas de indignidad que produzcan la pérdida de la ciudadanía por naturalización, mediante sentencia firme de los tribunales competentes.

d) los naturalizados que aceptaren una doble ciudadanía.

La pérdida de la ciudadanía por los motivos consignados en los incisos b) y c) de este artículo, no se hará efectiva sino por sentencia firme dictada en juicio contradictorio ante tribunal de justicia, según disponga la Ley.

Este art. sustituye en el inciso b) la alusión al Senado por Consejo de Ministros.

Artículo 16.—Ni el matrimonio ni su disolución afectan a la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos.

La cubana casada con extranjero conservará la nacionalidad cubana.

La extranjera que se case con cubano y el extran­jero que se case con cubana conservarán su nacionalidad de origen, o adquirirán la cubana, previa opción regulada por la Ley Fundamental, la Ley o los tratados internacionales.

Artículo 17—La ciudadanía cubana podrá recobrar­se en la forma que prescriba la Ley.

Artículo 18—Ningún cubano por naturalización po­drá desempeñar, a nombre de Cuba, funciones oficiales en su país de origen.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

AL TITULO SEGUNDO

PRIMERA: Los extranjeros comprendidos en los incisos 1 2, 4 y 5 del artículo sexto de la Constitución de 1901, conservarán los derechos reconocidos por dicho precepto, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

SEGUNDA: Las certificaciones del Registro de Españoles expedidas hasta el 11 de Abril de 1950, serán válidas en cualquier tiempo. Con posterioridad a dicha fecha ha de entenderse generalizado para todos los extranjeros el procedimiento establecido en la Ley Fundamental.

TITULO TERCERO
De la Extranjería

Artículo 19.—Los extranjeros residentes en el te­rritorio de la República se equiparan a los cubanos:

  1. en cuanto a la protección de su persona y bienes.
  2. en cuanto al goce de los derechos reconocidos en esta Ley Fundamental, con excepción de los que se otorgan exclusivamente a los nacionales.

El Gobierno, sin embargo, tiene la potestad de obli­gar a un extranjero a salir del territorio nacional en los casos y forma señalados en la Ley.

Cuando se trate de extranjeros con familia cubana constituida en Cuba, deberá mediar fallo judicial para la expulsión, conforme a lo que prescriben las leyes de la materia.

La Ley regulará la organización de las asociaciones de extranjeros, sin permitir discriminaciones contra los derechos de los cubanos que formen parte de ellas.

3. en la obligación de acatar el régimen económico-social de la República.

4. en la obligación de observar la Ley Fundamental y la Ley.

5. En la obligación de contribuir a los gastos pú­blicos en la forma y cuantía que la Ley disponga.

6. en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

7. en cuanto al disfrute de los derechos civiles, bajo las condiciones y con las limitaciones que la Ley pres­enta

Este art. es literalmente idéntico al de la Constitución de 1940, salvo que en su inciso d) alude a la Ley Fundamental.

TITULO CUARTO
Derechos Fundamentales

SECCION PRIMERA

De los Derechos Individuales

Artículo 20.—Todos los cubanos son iguales ante la Ley. La República no reconoce fueros ni privilegios.

Se declara ilegal y punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, color o clase, y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.

La Ley establecerá las sanciones en que incurran los infractores de este precepto.

Artículo 21.—Las leyes  penales tendrán efecto retroactivo cuando sean favorables  al delincuente. Se excluye de este beneficio, en los casos en que haya mediado dolo, a los funcionarios o empleados públicos, que delincan en el ejercicio de sus cargos y a los responsables de delitos electorales y contra los derechos individuales que garantiza esta Ley Fundamental. A los que incurrieren en estos delitos se les aplicarán las  sanciones y calificaciones de la Ley vigente al momento de delinquir. En los casos de delitos cometidos en servicio de  la tiranía derrocada el día 31 de diciembre de 1958, los autores podrán ser juzgados de acuerdo con las leyes penales que fueren promulgadas al efecto.

Las variantes en este art. respecto al de la Constitución de 1940 son importantes ya que aparte la alusión a la Ley Fundamental, el mismo establece la aplicabilidad de la Ley penal, tomando como base su especial promulgación, a los incursos en delitos cometidos en servicio de la tiranía.

Artículo 22.—Las demás leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo que la propia Ley lo determine por razones de orden público, de utilidad social o de nece­sidad nacional, señaladas expresamente en la Ley con el voto conforme de las dos terceras partes del núme­ro total de los miembros del Consejo de Ministros. Si fuere impugnado el fundamento de la retroactividad en vía de inconstitucionalidad, corresponderá al Tri­bunal de Garantías Constitucionales y Sociales decidir sobre el mismo, sin que pueda dejar de hacerlo por razón de forma u otro motivo cualquiera.

En todo caso, la propia Ley establecerá el grado, modo y forma en que se indemnizarán los daños, si los hubiere, que la retroactividad infiriese a los derechos adquiridos legítimamente al amparo de una legislación anterior.

La Ley acordada al amparo de este Artículo no será válida si produce efectos contrarios a lo dispuesto en el artículo veinticuatro de esta Ley Fundamental.

Las variantes en este art. son meramente formales. En el primer párrafo que dice “Consejo de Ministros” en vez de “Cuerpo Colegislador”; y en el tercero, Ley Fundamental en vez de Constitución.

Artículo 23.—Las obligaciones de carácter civil que nazcan de los contratos o de otros actos u omisiones que las produzcan no podrán ser anuladas ni alteradas por el Poder Legislativo ni por el Ejecutivo, y por consiguiente las leyes no podrán tener efecto retroactivo respecto a dichas obligaciones. El ejercicio de las acciones que de éstas se deriven podrá ser suspendido, en caso de grave crisis nacional, por el tiempo que fuere razonablemente necesario, mediante los mismos requisitos y sujeto a la impugnabilidad a que se re­fiere el párrafo primero del Artículo anterior.

Este art. es idéntico al de la Const. de 1940.

Artículo 24.—Se prohíbe la confiscación de bienes pero se autoriza la de los bienes del tirano depuesto el día 31 de diciembre de 1958 y de sus colaboradores, los de las personas naturales o jurídicas responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública, y los de las que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público. Ninguna otra persona natural o jurídica podrá ser privada de su propiedad si no es por autoridad judicial competente, por causa, justificada de utilidad pública o de interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijada judicialmente. La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser amparado por los tribunales de justicia y, en su caso, reintegrado en su propiedad.

La certeza de la causa de utilidad pública o interés social y la necesidad de la expropiación corresponderá decidirlas a los tribunales de justicia en caso de impugnación.

La variante del texto de este art. es importante ya que autoriza la confiscación de bienes del tirano depuesto y la de los bienes de sus colaboradores y la de los que pertenezcan a autores de delitos contra la economía nacional o que su pongan un enriquecimiento ilícito.

     Para la efectividad de este precepto fue creado el Ministerio de  Recuperación de Bienes Malversados, cuya Ley orgánica permitirá al confiscado interponer recurso ante el Tribunal de Cuentas según fue anunciado oficialmente.

Artículo 25.—No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan  los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos represivos de la Tiranía, de los grupos auxiliares organizados por ésta, de los grupos armados privadamente organizados para defenderla y de los confidentes, por delitos cometidos en pro de la instauración o defensa de la Tiranía derrocada el día 31 de diciembre de 1958.

También se exceptúan las personas culpables de traición o de subversión del orden institucional o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera

También este art. ha sido esencialmente modificado al ampliar como lo hace la posible aplicación de la pena de muerte a imputados no militares siempre que su delito guarde relación con las organizaciones afectas  a la tiranía que específica, sancionando también con igual pena a los confidentes.

ARTICULO 26.—La Ley Procesal Penal establecerá las garantías necesarias para que todo delito resulte probado independientemente del testimonio del acusado, del cónyuge y también de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se considerará inocente a todo acusado hasta que se dicte condena contra él.

En todos los casos, las autoridades y sus agentes levantarán acta de la detención, que firmará el detenido, a quien se le comunicará la autoridad que la ordenó, el motivo que la produce y el lugar adonde va a ser conducido, dejándose testimonio en acta de todos estos particulares.

Son públicos los registros de detenidos y presos.

Todo hecho contra la integridad personal, la seguridad o la honra de un detenido será imputable a sus aprehensores o guardianes, salvo que se demuestre lo contrario. El subordinado podrá rehusar el cumplimiento de las órdenes que infrinjan esta garantía. El custodio que hiciere uso de las armas contra un detenido o preso que intentare fugarse será necesariamente inculpado y responsable, según las leyes, del delito que hubiere cometido.

Los detenidos o presos políticos o sociales se recluirán en departamentos separados del de los delincuentes comunes y no serán sometidos a trabajo alguno, ni a la reglamentación del penal para los presos comunes.

Ningún detenido o preso será incomunicado.

Solamente la jurisdicción ordinaria conocerá de las infracciones de este precepto,

cualesquiera que sean el lugar, circunstancias y personas que en la detención intervengan.

Respeta este art. el texto íntegro de la Constitución de 1940 en cuanto a las garantías de orden procesal e integridad personal de los detenidos.

Artículo 27.—Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de su detención.

Toda detención se dejará sin efecto, o se elevará a prisión, por auto judicial fundado, dentro de las setenta y dos horas de haberse puesto el detenido a la disposición del juez competente. Dentro del mismo plazo se notificará al interesado el auto que se dictare.

Prisión preventiva se guardará en lugares distintos y completamente separados de los destinados a la extinción de las penas, sin que puedan ser sometidos los que así guarden prisión a trabajo alguno, ni a la reglamentación del penal para los que extingan condenas.

También este art. conserva íntegramente el texto del correlativo de la Constitución de 1940. V. Disposición Transitoria Adicional Segunda.

Artículo 28.—Nadie será procesado ni condenado sino por juez o tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establezcan. No se dictará sentencia contra el procesado rebelde ni será nadie condenado en causa criminal sin ser oído. Tampoco se le obligará a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Toda declaración obtenida con infracción de este precepto será nula, y los responsables incurrirán en las penas que fije la Ley.

También conserva este art. el mismo texto que en la Cons­titución de 1940. V. Disposición Transitoria Cuarta que auto­riza la excepción a este artículo.

Artículo 29.—Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades y ga­rantías que prevean la Ley Fundamental y las leyes, será puesto en libertad, a petición suya o de cual­quier otra persona, sin necesidad de poder ni de di­rección letrada, mediante un sumarísimo procedimien­to de habeas corpus ante los tribunales ordinarios de justicia.

El tribunal no podrá declinar su jurisdicción, ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución, que será preferente a cualquier otro asunto.

Es absolutamente obligatoria la presentación ante el tribunal que haya expedido el habeas corpus de to­da persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la re­tenga, sin que pueda alegarse obediencia debida.

Serán nulas, y así lo declarará de oficio la autori­dad judicial, cuantas disposiciones impida no retarden la presentación de la persona privada de libertad, así como las que produzcan cualquier dilación en el pro­cedimiento de habeas corpus.

Cuando el detenido opreso no fuere presentado ante el tribunal que conozca del habeas corpus, éste decretará la detención del infractor, el que será juzgado de acuerdo con lo que disponga la Ley.

Los jueces o magistrados que se negaren a admitir lo solicitud de mandamiento de habeas corpus o no cumplieren las demás disposiciones de este artículo, serán separados de sus respectivos cargos por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Consagra este art. la institución del habeas corpus es idéntico texto que en la Const. de 1940.

Por Ley del gobierno Provisional Revolucionario, de 30 de Enero de 1959 (G.O. de 2 de Feb.) fue suspendido el derecho de habeas corpus durante noventa días. V. Disposición Transitoria Adicional Segunda.

Artículo 30.—Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las leyes sobre inmigración y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal.

A nadie se obligará a mudar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial en los casos y con los requisitos que la Ley señale.

Ningún cubano podrá ser expatriado ni se le prohibirá la entrada en el territorio de la República.

V. Ley nº. 2 de  9 de Enero de 1959 modificada por la nº. 18 de 20 del mismo mes y año

Artículo 31.—La República de Cuba brinda y reconoce el derecho de asilo a los perseguidos políticos, siempre que los acogidos a él respeten la soberanía y las leyes nacionales.

El Estado no autorizará la extradición de reos de delitos  políticos  ni intentará extraditar a los cubanos reos de esos delitos que se refugien en territorio extranjero.

Cuando procediere, conforme a la Ley Fundamental y a la Ley, la expulsión de un extranjero del territorio nacional, ésta no se verificará si se tratare de asilado político, hacia el territorio del Estado que pueda reclamarlo.

Reproducen este art. y los que le siguen el mismo texto que tienen sus correlativos en la Const. de 1940.

Artículo 32.—Es inviolable el secreto de la corres­pondencia y demás documentos privados, y ni aqué­lla ni éstos podrán ser ocupados ni examinados sino a virtud de Auto fundado de juez competente y por los funcionarios o agentes oficiales. En todo caso, se guardará secreto respecto de los extremos ajenos al asunto que motivare la ocupación o examen. En los mismos términos se declara inviolable el secreto de 1a comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.

Artículo 33.—Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento de  palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión disponibles

Sólo podrá ser recogida la edición de libros, folletos, discos, películas, periódicos o publicaciones de cual­quier índole, cuando atenten contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública, previa resolución fundada de autoridad judicial competente y sin perjuicio de las responsabilidades que se deduzcan del hecho delictuoso cometido.

En los casos a que se refiere este Artículo no se po­drá ocupar ni impedir el uso y disfrute de los locales, equipos o instrumentos que utilice el órgano de publicidad de que se trate, salvo por responsabilidad civil.

Artículo 34.—El domicilio es inviolable y, en su consecuencia, nadie podrá entrar de noche en el ajeno sin consentimiento de su morador, a no ser para socorrer a víctimas de delito o desastre; ni de día, sino en los casos y en la forma determinados por la Ley.

En caso de suspensión de esta garantía será requi­sito indispensable para penetrar en el domicilio de una persona, que lo haga la propia autoridad competente, mediante orden o resolución escrita de la que se dejará copia auténtica al morador, a su familia o al vecino más próximo, según proceda. Cuando la autoridad  delegue en alguno de sus agentes, se procederá del mismo modo.

Artículo 35.—Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público.

La Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto.

Artículo 36.—Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades y a que le sean atendidas y resueltas en término no mayor de cuarenta y cinco días comunicándosele lo resuelto.

Transcurrido el plazo de la Ley, o en su defecto, el indicado anteriormente, el interesado podrá recurrir en la forma que la Ley autorice, como si su petición hubiese sido denegada.

Artículo 37.—Los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitación que la indispensable para asegurar el orden público.

Es  ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno re­presentativo democrático de la República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional.

Artículo 38.—Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano participar en la vida política de la nación.

V. Disposición Transitoria 5º a la Sec. 1º del Título IV.

Artículo 39.—Solamente los ciudadanos cubanos po­drán desempeñar funciones públicas que tengan aparejada jurisdicción.

Artículo 40.—Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Ley Fundamental garantiza, se­rán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran.

Es legítima la resistencia adecuada para la protec­ción de los derechos individuales garantizados ante­riormente.

La acción para perseguir las infracciones de este tí­tulo es pública, sin caución ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia.

La enumeración de los derechos garantizados en este Título, no excluye los demás que esta Ley Fun­damental establezca ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

AL TITULO CUARTO
Sección Primera

PRIMERA: La Ley establecerá las sanciones corres­pondientes a las violaciones del artículo 20 de esta Ley Fundamental.

Mientras no se promulgue nueva legislación al respecto, todo acto que viole el derecho consagrado en este artículo y en sus concordantes, estará regido por las disposiciones legales vigentes en la fecha de su promulgación.

SEGUNDA: Continúan en vigor como Disposiciones Transitorias de este Título, las promulgadas en relación con igual Título de la Constitución de 1940, con los ordinales primera y segunda.

TERCERA: En los casos de expropiaciones forzosas que se realizaren para llevar a efecto la Reforma Agraria y el consiguiente reparto de tierras, no será imprescindible que el pago previo de las indemnizacio­nes sea en efectivo. La Ley podrá establecer otros medios de pago, siempre que reúnan las garantías necesarias.

CUARTA: En los casos de los miembros de las fuerzas armadas, de los cuerpos represivos de la Tiranía derrocada el día 31 de Diciembre de 1958, de los grupos auxiliares organizados por ésta, de los grupos armados privadamente organizados para defenderla y de los confidentes, por delitos cometidos en pro de la instauración o defensa de dicha Tiranía, los autores podrán ser sancionados en virtud de leyes posteriores al delito.

Podrán ser igualmente sancionados en virtud de leyes posteriores: el Tirano, sus colaboradores, las personas naturales o jurídicas responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la Hacienda Pública y los que se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público.

QUINTA: No obstante lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley Fundamental, podrán promulgarse leyes que limiten o prohíban la participación en la vida política de la Nación a aquellos ciudadanos que como consecuencia de su actuación pública y de su participación en los procesos electorales de la Tirana, hayan coadyuvado al mantenimiento de la misma.

Es de gran importancia la Disposición Transitoria 3ª que autoriza el pago de indemnización por expropiación forzosa por medios distintos al metálico para viabilizar la Reforma Agraria.

SECCION SEGUNDA

De las Garantías Fundamentales

Artículo 41.—Las garantías de los derechos recono­cidos en los artículos 26, 27, 28, 29, 30 (párrafos primero y segundo); 32, 33, 36 y 37 (párrafo primero) de esta Ley Fundamental, podrán suspenderse, en todo o en parte del territorio nacional, por un período no mayor de cuarenta y cinco días naturales, cuando lo exija la seguridad del Estado, o en caso de guerra o invasión del territorio nacional alteración del orden u otros que perturben hondamente la tranquilidad pública.

La suspensión de las garantías fundamentales sólo podrá dictarse, mediante una ley especial, acordada por el Consejo de Ministros, o mediante decreto del Poder Ejecutivo; pero en este último caso, en el mismo decreto de suspensión, se dispondrá dar cuenta al Consejo de Ministros, para que en un término no mayor de cuarenta y ocho horas ratifique o no la sus­pensión, en votación nominal y por mayoría de votos. En el caso de que el Consejo de Ministros así reunido votase en contra de la suspensión, las garantías que­darán automáticamente restablecidas.

En este art. se sustituye “Congreso” por “Consejo de Ministros”.

Artículo 42.—E1 territorio en que fueren suspendidas las garantías a que se refiere el artículo anterior, se regirá por la Ley de Orden Público; pero ni en
dicha Ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de más garantías que las mencionadas. Tampoco podrá hacerse declaración de nuevos delitos ni
imponerse otras penas que las establecidas por la Ley al disponerse la suspensión.

Los detenidos por los motivos que hayan determinado la suspensión deberán ser recluidos en lugares espe­ciales destinados a los procesados o penados por de políticos o sociales.

Queda prohibido al Poder Ejecutivo la detención de persona alguna por más de diez días sin hacer entrega de ella a la autoridad judicial.

TITULO QUINTO
De la Familia y la Cultura

SECCION PRIMERA

 Familia

Artículo 43.—La familia, la maternidad y el matrimonio tienen la protección del Estado.

Sólo es válido el matrimonio autorizado por funcionarios con capacidad legal para realizarlo. El matri­monio judicial es gratuito y será mantenido por la Ley.

El matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad absoluta de derechos para ambos cónyuges; de acuerdo con este principio se organizará su régimen económico.

La mujer casada disfruta de la plenitud de la capa­cidad civil, sin que necesite de licencia o autorización marital para regir sus bienes, ejercer libremente el comercio, la industria, profesión, oficio o arte, y dis­poner del producto de su trabajo.

El matrimonio puede disolverse por acuerdo de los cónyuges o a petición de cualquiera de los dos por las causas y en la forma establecidas en la Ley.

Los tribunales determinarán los casos en que por razón de equidad, la unión entre personas con capa­cidad legal para contraer matrimonio será equiparada, por su estabilidad y singularidad, al matrimonio civil.

Las pensiones por alimentos a favor de la mujer y de los hijos gozarán de preferencia respecto a cual­quier obligación y no podrá oponerse a esa preferen­cia la condición de inembargable de ningún bien, sueldo, pensión o ingreso económico, de cualquier clase que sea.

Salvo que la mujer tuviere medios justificados de subsistencia, o fuere declarada culpable, se fijará en su beneficio una pensión proporcionada a la posición económica del marido y teniendo en cuenta, a la vez, las necesidades de la vida social. Esta pensión será pagada y garantizada por el marido divorciado y sub­sistirá hasta que su ex cónyuge contrajere nuevo ma­trimonio, sin perjuicio de la pensión que se fijará a cada hijo, la cual deberá ser también garantizada.

La Ley impondrá adecuadas sanciones a los que-en caso de divorcio, de separación o cualquiera otra circunstancia, traten de burlar o eludir esa respon­sabilidad.

ARTÍCULO 44.–Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos, y éstos a respetar y asistir a sus padres. La Ley asegurará el cumplimiento de estos deberes con garantías y sancio­nes adecuadas.

Los hijos nacidos fuera del matrimonio de persona que al tiempo de la concepción estuviere en aptitud de contraerlo, tienen los mismos derechos y deberes que se señalan en el párrafo anterior, salvo lo que la Ley prescribe en cuanto a la herencia. A este efecto tendrán iguales derechos los habidos fuera del matrimonio por persona casada cuando ésta lo reconociere o cuando recayere sentencia declarando la filiación. La Ley regulará la investigación de la paternidad.

Queda abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación. No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción de aquéllos, ni en ningún atestado, partida de bautismo o certificación referente a la filiación.

Artículo 45.—El régimen fiscal, los seguros y la asistencia social se aplicarán de acuerdo con las normas de protección a la familia, establecidas en esta Ley Fundamental.

La niñez y la juventud estarán protegidas contra la explotación y el abandono moral y material. El Estado, la Provincia y el Municipio organizarán instituciones adecuadas al efecto.

Artículo 46.—Dentro de las restricciones señaladas en esta Ley Fundamental, el cubano tendrá libertad de testar sobre la mitad de la herencia.

SECCIÓN SEGUNDA
Cultura

Artículo 47.—La cultura, en todas sus manifesta­ciones, constituye un interés primordial del Estado. Son libres la investigación científica, la expresión ar­tística y la publicación de sus resultados, así como la enseñanza, sin perjuicio, en cuanto a ésta de la inspección y reglamentación que al Estado corresponda y que la Ley establezca.

Todos los arts. de esta Sección son idénticos a los de la Const. de 1940.

Artículo 48.—La instrucción primaria es obligatoria para el menor en edad escolar, y su dispensación lo será para el Estado, sin perjuicio de la cooperación en­comendada a la iniciativa municipal.

Tanto esta enseñanza como la pre-primaria y las vocacionales, serán gratuitas cuando las imparta el Estado, la Provincia o el Municipio. Asimismo lo será el material docente necesario.

Será gratuita la segunda enseñanza elemental y toda enseñanza superior que impartan el Estado o los Mu­nicipios con exclusión de los estudios pre-universitarios especializados y los universitarios.

En los Institutos creados o que se crearen en lo sucesivo, con categoría de pre-universitarios, la Ley podrá mantener o establecer el pago de una matrícula módica de cooperación, que se destinará a las aten­ciones de cada establecimiento.

En cuanto le sea posible, la República ofrecerá becas para el disfrute de las enseñanzas oficiales no gra­tuitas a los jóvenes que, habiendo acreditado vocación y aptitud sobresalientes se vieren impedidos, por insu­ficiencia de recursos, de hacer tales estudios por su cuenta.

Artículo 49.—E1 Estado mantendrá un sistema de escuelas para adultos, dedicadas particularmente a la eliminación y prevención del analfabetismo; escuelas rurales predominante prácticas, organizadas con vista de los intereses de las pequeñas comunidades agríco­las, marítimas o de cualquier clase, y escuelas de artes y oficios y de técnica agrícola, industrial y co­mercial, orientadas de modo que respondan a las necesidades de la economía nacional. Todas estas enseñanzas serán gratuitas, y a su sostenimiento cola­borarán  las Provincias y los Municipios en la medida de sus posibilidades.

Artículo 50.—El Estado sostendrá las escuelas normales indispensables para la preparación técnica de los maestros encargados de la enseñanza primaria en las escuelas públicas. Ningún otro centro podrá expedir títulos de maestros primarios, con excepción de las Escuelas de Pedagogía de las Universidades.

Lo anteriormente dispuesto no excluye el derecho de las escuelas creadas por la Ley para la expedición de títulos docentes en relación con las materias especiales objeto de sus enseñanzas.

Estos títulos docentes de capacidad especial darán derecho a ocupar con toda preferencia las plazas va­cantes o que se creen en las respectivas escuelas especializadas.

Para la enseñanza de la economía doméstica, corte y costura e industria para la mujer, deberá de poseerse el título de maestra de economía, artes, ciencias domesticas e industrias, expedido por la Escuela del Hogar.

Artículo 51.—La enseñanza pública se constituirá en forma orgánica, de modo que  exista una adecuada articulación y continuidad entre todos sus grados, in­cluyendo el superior. El sistema oficial proveerá al estímulo y desarrollo vocacionales, atendiendo a la multiplicidad de las profesiones y teniendo en cuenta las necesidades culturales y prácticas de la nación.

Toda enseñanza, pública o privada, estará inspirada en un espíritu de cubanidad y de solidaridad humana, tendiendo a formar en la conciencia de los educandos el amor a la patria, a sus instituciones democráticas y a todos los que por una y otras lucharon.

Artículo 52.—Toda enseñanza pública será dotada en los presupuestos del Estado, la Provincia o el Mu­nicipio, y se hallará bajo la dirección técnica y admi­nistrativa del Ministerio de Educación, salvo aquellas enseñanzas que por su índole especial dependan de otros ministerios.

El Presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al ordinario de ningún otro Ministerio, salvo en caso de emergencia declarada por la Ley.

El sueldo mensual del maestro de instrucción pública no deberá ser, en ningún caso, inferior a la milloné­sima parte del presupuesto de gastos de la nación.

El personal docente oficial tiene los derechos y de­beres de los funcionarios públicos.

La designación, ascensos, traslados y separación de los maestros y profesores públicos, inspectores, técni­cos y demás funcionarios escolares, se regulará de modo que en ello no influyan consideraciones ajenas a las estrictamente técnicas, sin perjuicio de la vigilancia sobre las condiciones morales que deban con­currir en tales funcionarios.

Todos los cargos de dirección y supervisión de la enseñanza primaria oficial serán desempeñados por técnicos graduados de la Facultad universitaria correspondiente.

Artículo 53.—La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse.

El Estado contribuirá a crear el patrimonio universitario y al sostenimiento de dicha Universidad, consignando a este último fin, en sus presupuestos nacionales, la cantidad que fije la Ley.

Véase Disposición Transitoria a esta Sec. 2º del Título V.

Artículo 54—Podrán crearse universidades oficiales o privadas y cualesquiera otras instituciones y centros de altos estudios. La Ley determinará las condiciones de que hayan de regularlos.

 Véase la importante Disposición Transitoria al Título Quin­to, Sección 2º que incluso extiende la ayuda económica del Estado a las Universidades de Oriente y Las Villas.

Artículo 55.—La enseñanza oficial será laica. Los centros de enseñanza privada estarán sujetos a la reglamentación e inspección del Estado; pero en todo conservarán el derecho de impartir, separadamente de la instrucción técnica, la educación religiosa que deseen.

Artículo 56.—En todos los centros docentes, públicos o privados, la enseñanza de la Literatura, la Historia y la Geografía cubana, y de la Cívica y de la Ley Fundamental, deberá ser impartida por maestros cubanos por nacimiento y mediante textos de autores que tengan esa misma condición.

Artículo 57.—Para ejercer la docencia se requiere acreditar la capacidad en la forma que la Ley disponga.

La Ley determinará qué profesiones, artes u oficios, no docentes requieren títulos para su ejercicio, y la forma en que deben obtenerse. El Estado asegurará la preferencia en la provisión de los servicios públicos a los ciudadanos preparados oficialmente para la respectiva especialidad.

Artículo 58.—El Estado regulará por medio de la Ley la conservación del tesoro cultural de la nación, su riqueza artística e histórica, así como también protegerá especialmente los monumentos nacionales y lugares notables por su belleza natural o por su reco­nocido valor artístico o histórico.

Artículo 59.—Se creará un Consejo Nacional de Educación y Cultura que, presidido por el Ministro de Educación, estará encargado de fomentar, orientar técnicamente o inspeccionar las actividades educativas, científicas y artísticas de la nación.

Su opinión será oída por el Consejo de Ministros en todo proyecto de ley que se relacione con materias de su competencia.

Los cargos del Consejo Nacional de Educación y Cultura serán honoríficos y gratuitos.

Este art. citaba el Congreso en vez del Consejo de Mi­nistros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

AL TITULO QUINTO
Sección Segunda

PRIMERA: Todos los bienes muebles e inmuebles que le fueron asignados a la Universidad de La Ha­bana cuando le fue concedida la autonomía por decreto número 2059 de fecha 6 de octubre de 1933, publicado en la Gaceta Oficial del día 9 siguiente, los demás bienes y derechos que por legado, donación, herencia o por cualquier otro título de adquisición le correspondan y los que para ser utilizados en sus actividades docentes le sean asignados por el Consejo de Ministros a los fines que prevé el Artículo 53 de esta Ley Fundamental, formarán su patrimonio como persona jurídica y se inscribirán en los correspondientes registros, libres de todo pago por concepto de derechos.

Mientras el patrimonio universitario no rinda recursos anuales para la dotación suficiente de la Universidad de La Habana, la cantidad con que el
Estado contribuirá al sostenimiento de la misma, de acuerdo con el Artículo 53 de esta Ley Fundamental, será el dos y un cuarto por ciento de la suma total
de gastos incluidos en dichos presupuestos, con excepción de las cantidades destinadas al pago de la deuda exterior.

Esta cantidad será distribuida proporcionalmente entre las distintas Facultades de la Universidad de La Habana, tomando como base el número de alumnos que aspiran a los títulos que otorgue cada Facultad y las necesidades de sus respectivas enseñanzas.

Lo dispuesto en esto en esta Transitoria se aplicará también en forma proporcional a las Universidades de Oriente y de Las Villas, de acuerdo a sus necesidades, para las cuales el Consejo de Ministros, por medio de una Ley, podrá contribuir a su patrimonio, y a ese fin asignarles bienes que sean utilizados en sus actividades docentes.

SEGUNDA: El Consejo de Ministros procederá a votar la Ley de la Reforma General de la Enseñanza.

Mientras tanto no podrá proveerse ninguna cátedra de enseñanza oficial sin los debidos títulos y certificados de capacidad específica.

TITULO SEXTO

Del Trabajo y de la Propiedad

SECCIÓN PRIMERA
Trabajo

Artículo 60.—El  trabajo es un derecho inalienable del individuo. El Estado empleará los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurará a todo trabajador manual o intelectual, las condiciones económicas necesarias a una existencia digna.

Este art. y los que le siguen hasta el 86 inclusive, tienen el mismo texto que los correlativos de la Const. de 1940, salvo el art. 80.

Artículo 61.—Todo trabajador manual o intelectual de empresas públicas o privadas, del Estado, la Provincia o el Municipio, tendrá garantizado un salario o sueldo mínimo, que se determinará atendiendo a las condiciones de cada región y a las necesidades nor­males del trabajador en el orden material, moral y cultural y considerándolo como jefe de familia.

La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo, de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola.

En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, será obligatorio que quede racionalmente asegurado el salario mínimo por jornada de trabajo.

El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las responsabilidades por responsabilidades por pensiones alimenticias en la forma que establezca la Ley. Son también inem­bargables los instrumentos de labor de los trabajadores.

Artículo 62.—A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponderá siempre igual salario, cualesquiera sean las personas que lo realicen.

Artículo 63.—No se podrá hacer en el sueldo o sal­ario de los trabajadores manuales o intelectuales ningún descuento que no esté autorizado por la Ley.

Los créditos a favor de los trabajadores por ha­beres y jornales devengados en el último año, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros.

Artículo 64.—Queda totalmente prohibido el pago en vales, fichas, mercancías o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda de curso legal. Su contravención será sancionada por la Ley.

Los jornaleros percibirán su salario en plazo no mayor de una semana.

Artículo 65.—Se establecen los seguros sociales como derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores, con el concurso equitativo del Estado, los patronos y los propios trabajadores, a fin de proteger ­a éstos de manera eficaz contra la invalidez, la vejez, el desempleo y demás contingencias del trabajo, en la forma que la Ley determine. Se establece asimismo el derecho de jubilación por antigüedad y el de pensión por causa de muerte.

La administración y el gobierno de las instituciones a que se refiere el párrafo primero de este Artículo, estarán a cargo de organismos paritarios, elegidos por

patronos y obreros con la intervención de un representante del Estado, en la forma que determine la Ley, salvo el caso de que se creara por el Estado el Banco ­de Seguros Sociales.

Se declara igualmente obligatorio el seguro por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a expensas exclusivamente de los patronos y bajo la fiscalización del Estado.

Los fondos o reservas de los seguros sociales no podrán ser objeto de transferencia, ni se podrá disponer de los mismos para fines distintos de los que deter­minaron su creación.

Artículo 66.—La jornada máxima de trabajo no podrá exceder de ocho horas al día. Este máximo podrá ser reducido hasta seis horas diarias para los mayores de catorce años y menores de dieciocho.

La labor máxima semanal será de cuarenta y cuatro horas, equivalentes a cuarenta y ocho en el salario, exceptuándose las industrias que, por su naturaleza, tienen que realizar su producción ininterrumpidamente dentro de cierta época del año, hasta que la Ley determine sobre el régimen definitivo de esta excepción.

Queda prohibido el trabajo y el aprendizaje a los menores de catorce años.

Artículo 67.—Se establece para todos los trabajadores manuales e intelectuales el derecho al descanso retribuido de un mes por cada once de trabajo dentro de cada año natural.  Aquellos que, por la índole de su trabajo u otra circunstancia no hayan laborado los once meses, tienen derecho al descanso retribuido de duración proporcional al tiempo trabajado.

Cuando por ser fiesta o duelo nacional los obreros vaquen en su trabajo, los patronos deberán abonarles los salarios correspondientes.

Sólo habrá cuatro días de fiestas y duelos nacionales en que sea obligatorio el cierre de los establecimientos industriales o comerciales, o de los espectáculos públicos en su caso. Los demás serán de fiesta o duelo oficial y se celebrarán sin que se suspendan las activi­dades de la nación.

Artículo 68—No podrá establecerse diferencia entre casadas y solteras a los efectos del trabajo.

La Ley regulará la protección a la maternidad obrera, extendiéndola  a las empleadas.

La mujer grávida no podrá ser separada de su empleo, ni se le exigirá efectuar, dentro de los tres meses anteriores al alumbramiento, trabajos que requieran esfuerzos físicos considerables.

Durante las seis semanas que precedan inmediatamente al parto y las seis semanas que le sigan, gozará de descanso forzoso, retribuido igual que su tra­bajo, conservando el empleo y todos los derechos ane­xos al mismo y correspondientes a su contrato de trabajo. En el período de lactancia se le concederán dos descansos extraordinarios al día de media hora cada uno, para alimentar a su hijo.

Artículo 69.—Se reconoce el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, para los fines exclusivos de su actividad económico-social.

La autoridad competente tendrá un término de treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un sindicato obrero o patronal. La inscripción determinará la personalidad jurídica del sindicato obrero o patronal. La Ley regulará lo concerniente al reconocimiento del sindicato por los patronos y por los obreros, respectivamente.

No podrán disolverse definitivamente los sindicatos sin que recaiga sentencia firme de los tribunales de justicia.

Las directivas de estas asociaciones estarán integradas exclusivamente por cubanos por nacimiento.

Artículo 70.—Se establece la colegiación oficial obli­gatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. La Ley determinará la forma de constitución y funcionamiento en tales entidades de un organismo superior de carácter nacional, y de los organismos locales que fueren necesarios, de modo que estén regidas con plena autoridad por la mayoría de sus colegiados.

La Ley regulará también la colegiación obligatoria de las demás profesiones reconocidas oficialmente por el Estado.

Artículo 71.—Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, conforme a la regulación que la Ley establezca para el ejercicio de ambos derechos.

Artículo 72.—La Ley regulará el sistema de contratos colectivos de trabajo, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para patronos y obreros.

Serán nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo u otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del obrero en esta Ley Fundamental o en la Ley.

Artículo 73.—E1 cubano por nacimiento tendrá en trabajo una participación preponderante, tanto en el importe total de los sueldos y salarios, como en las distintas categorías de trabajo, en la forma que determine la Ley.

También se extenderá protección al cubano naturalizado con familia nacida en el territorio nacional, con preferencia sobre el naturalizado que no se halle en esas condiciones y sobre los extranjeros.

En el desempeño de los puestos técnicos indispensables, se exceptuará de lo preceptuado en los párrafos anteriores al extranjero, previas las formalidades de la ley y siempre con la condición de facilitar a los nativos el aprendizaje del trabajo técnico de que se trate.

Véase Disposición Transitoria a la Sección Primera de este Título VI.

Artículo 74—El ministerio del Trabajo cuidará, co­mo parte esencial entre otras, de su política social permanente, de que en la distribución de oportunidades de trabajo en la industria y en el comercio, no prevalezcan prácticas discriminatorias de ninguna clase. En las remociones de personal y en la creación de nuevas plazas, así como en las nuevas fábricas, industrias o comercios que se establecieren, será obligatorio dis­tribuir las oportunidades de trabajo sin distingos de raza o color, siempre que se satisfagan los requisitos de idoneidad. La Ley establecerá que toda otra prác­tica será punible y perseguible de oficio o a instancia de parte afectada.

Artículo 75.—La formación de empresas coopera­tivas, ya sean comerciales, agrícolas, industriales, de consumo o de cualquier otra índole, será auspiciada, por la Ley; pero ésta regulará la definición, constitu­ción y funcionamiento de tales empresas de modo que no sirvan para eludir o adulterar las disposiciones que para el régimen del trabajo establece esta Ley Fun­damental.

Artículo 76.—La Ley regulará la inmigración aten­diendo al régimen económico nacional y a las necesidades sociales. Queda prohibida la importación de braceros contratados, así como toda inmigración que tienda a envilecer las condiciones del trabajo.

Artículo 77.—Ninguna empresa, podrá despedir a un trabajador sin previo expediente y con las demás formalidades que establezca la Ley, la cual determinará las causas justas de despido.

Artículo 78.—E1 patrono será responsable del cumplimiento de las leyes sociales, aun cuando contrate el trabajo por intermediario.

En todas las industrias y clases de trabajo en que se requieran conocimientos técnicos, será obligatorio el aprendizaje en la forma que establezca la Ley.

Artículo 79.—El Estado fomentará la creación de viviendas baratas para obreros.

La Ley determinará las empresas que, por emplear obreros fuera de los centros de población, estarán obligadas a proporcionar a los trabajadores habitaciones adecuadas, escuelas, enfermerías y demás servicios y atenciones propicias al bienestar físico y moral del trabajador y su familia.

Asimismo la Ley reglamentará las condiciones que deben reunir los talleres, fábricas y locales de trabajo de todas clases.

Artículo 80.—Se establecerá la asistencia social bajo la dirección del Ministerio de Bienestar Social, organizándolo por medio de la legislación pertinente, y proveyendo a las reservas necesarias con los fondos que la misma determine.

Se establecen las carreras hospitalaria, sanitaria, forense y las demás que fueren necesarias para orga­nizar en forma adecuada los servicios oficiales correspondientes.

Las instituciones de beneficencia del Estado, la Provincia y el Municipio prestarán sus servicios con carácter gratuito sólo a los pobres.

Por este Art. se crea el Ministerio de Bienestar Social, que será objeto de su correspondiente Ley Orgánica la que com­prenderá todas las instituciones de Asistencia Social y Centros de Beneficencia.

Véase Disposición Transitoria Tercera a esta Sección.

Artículo 81.-Se reconoce el mutualismo como prin­cipio y práctica sociales.

La Ley regulará su funcionamiento de manera que disfruten de sus beneficios las personas de recursos modestos, y sirva, a la vez, de justa y adecuada pro­tección al profesional.

Artículo 82.—Solamente podrán ejercer las profe­siones que requieren título oficial, salvo lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de esta Ley Funda­mental, los cubanos por nacimiento y los naturalizados que hubieren obtenido esta condición con cinco años o más de anterioridad a la fecha en que solicitaren la autorización para ejercer. El Consejo de Ministros podrá sin embargo, por Ley Extraordinaria, acordar la suspensión temporal de este precepto cuando, por razones de utilidad pública resultase necesaria o con­veniente la cooperación de profesionales o técnicos ex­tranjeros en el desarrollo de iniciativas públicas o pri­vadas de interés nacional. La Ley que así lo acordare fijará el alcance y término de la autorización.

En el cumplimiento de este precepto, así como en los casos en que por alguna ley o reglamento se re­gule el ejercicio de cualquiera nueva profesión, arte u oficio, se respetarán los derechos al trabajo adqui­ridos por las personas que hasta ese momento hubieran ejercicio la profesión, arte u oficio de que se trate, y se observarán los principios de reciprocidad inter­nacional.

Artículo 83.—La Ley regulará la forma en que podrá realizarse el traslado de fábricas y talleres a los efectos de evitar que se envilezcan las condiciones del trabajo.

Artículo 84.—Los problemas que se deriven de las relaciones entre el capital y el trabajo se someterán a comisiones de conciliación, integradas por represen­taciones paritarias de patronos y obreros. La Ley señalará el funcionario judicial que presidirá dichas comisiones y el tribunal nacional ante el cual sus resoluciones serán recurribles.

Artículo 85.—A fin de asegurar el cumplimiento de la legislación social, el Estado proveerá a la vigilancia e inspección de las empresas.

Artículo 86.—La enumeración de los derechos y beneficios a  que esta Sección se refiere, no excluye otros que se deriven del principio de la justicia social, y serán aplicables por igual a todos los factores concu­rrentes al proceso de la producción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A LA SECCION PRIMERA DEL TITULO VI

PRIMERA: La participación preponderante del cubano por nacimiento en el trabajo, establecida por la Ley Fundamental, no podrá ser inferior a la garantizada por la Ley de 8 de noviembre de 1933.

SEGUNDA: Los derechos adquiridos por los trabajadores cubanos por nacimiento, con anterioridad a la promulgación de esta Ley Fundamental, al am­paro de las leyes de nacionalización del trabajo promulgadas con fecha 8 de noviembre de 1933, son irrevocables.

TERCERA: A los efectos del cumplimiento del Artículo 80 de esta Ley Fundamental, se convierte la beneficencia pública existente al promulgarse esta Ley Fundamental, en el servicio social previsto en dicho artículo.

La Ley Fundamental suprime la Transitoria Cuarta a la Sección primera de este Título que se refiere a lo que dispone el art. 75 sobre fundación de Cooperativas Agrícolas en cada Término Municipal de la República. Sin duda el Plan Conjunto Reforma Agraria hace innecesarias las disposiciones al respecto.

SECCIÓN SEGUNDA
Propiedad

Artículo 87.—El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pú­blica o interés social establezca la Ley.

Salvo en dos arts., el texto de esta Sección es idéntico al de la Const. de 1940.

Artículo 88.—El subsuelo pertenece al Estado, que podrá hacer concesiones para su explotación conforme a lo que establezca la Ley. La propiedad minera con­cedida y no explotada dentro del término que fije la Ley, será declarada nula y reintegrada al Estado.

Las tierras, los bosques y las concesiones para explotación del subsuelo, utilización de aguas, medios de transporte y toda otra empresa de servicio público, habrán de ser explotados de manera que propenda al bienestar social.

Artículo 89.—El Estado tendrá el derecho de tanteo en toda adjudicación o venta forzosa de propiedades inmuebles y de valores representativos de propiedades inmobiliarias.

Artículo 90.—Se proscribe el latifundio y a los efectos de su desaparición, la Ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación a que la tierra se dedique y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades.

La Ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revestir el cubano.

Artículo 91.—El padre de familia que habite, cultive y explote directamente una finca rústica de su propiedad, siempre que el valor de ésta no exceda de ocho mil pesos, podrá declararla con carácter irrevocable como propiedad familiar, en cuanto fuere imprescindible para su vivienda y subsistencia, y quedará exenta de impuestos y será inembargable e inalienable, salvo por responsabilidades anteriores a esta Ley Fundamental. Las mejoras que excedan de la suma anteriormente mencionada abonarán los impuestos correspondientes en la forma que establezca la Ley. A los efectos de que pueda explotarse dicha propiedad, su dueño podrá gravar o dar en garantía siembras, plantaciones, frutos y productos de la misma.

Este art. ha experimentado una variante de suma impor­tante en el orden económico, ya que su concordante de la Const. De 1940 establecía la base de dos mil pesos para el Patrimonio Familiar inembargable, la Ley Fundamental eleva dicha cantidad a ocho mil pesos como tope máximo del valor  de la finca. En consecuencia la modificación también afecta a la Ley nº 18 de 4 de Junio de 1943 reglamentada por el Decreto nº 507 de 9 de Marzo de 1944.

Artículo 92. —Todo autor o inventor disfrutará de la propiedad exclusiva de su obra o invención, con las limitaciones que señale la Ley en cuanto a tiempo y
forma.

Las concesiones de marcas industriales y comerciales y demás reconocimientos de crédito mercantil con indicaciones de procedencia cubana, serán nulos si se usaren, en cualquier forma, para amparar o cubrir artículos manufacturados fuera del territorio nacional

Artículo 93.—No se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos y otros de naturaleza análoga y en tal virtud queda prohibido su establecimiento. El Consejo de Ministros aprobará una Ley regulando la liquidación de los existentes.

Quedan exceptuados de lo prescrito en el párrafo anterior, los censos o gravámenes establecidos o que se establezcan a beneficio del Estado, la Provincia el Municipio, o a favor de instituciones públicas de toda clase o de instituciones privadas de beneficencia.

Artículo  94.—Es obligación del Estado hacer cada diez años, por lo menos, un Censo de Población, que refleje todas las actividades económicas y sociales del país, así como publicar regularmente un Anuario Es­tadístico.

Artículo  95.—Se declaran imprescriptibles los bienes de las instituciones de beneficencia.

Artículo  96.—Se declaran de utilidad pública y por lo tanto en condiciones de ser expropiadas por el Estado, la Provincia o el Municipio, aquellas porciones de terreno que donadas por personas de la antigua nobleza española para la fundación de una villa o población, y empleadas efectivamente para este fin adquiriendo el carácter de Ayuntamiento, fueron pos­teriormente ocupadas o inscriptas por los herederos o causahabientes del donante.

Los vecinos de dicha villa o ciudad que posean edificios u ocupen solares en la parte urbanizada, podrán obtener de la entidad expropiadora que se les transmita el dominio y posesión de los solares o parcelas que ocupen, mediante el pago del precio proporcional que corresponda

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A LA SECCION SEGUNDA DEL TITULO VI

Sección Segunda

PRIMERA: El Consejo de Ministros acordará las leyes y disposiciones necesarias para la formación del Catastro Nacional y para terminar la medición exacta del territorio nacional para la realización de los estudios topográficos.

SEGUNDA: El Estado repartirá las tierras de su propiedad que no necesite para sus propios fines en forma equitativa y proporcional, atendiendo a la condición de padre o cabeza de familia, y dando preferencia a quien la venga laborando directamente por cualquier título. En ningún caso el Estado podrá dar a una sola familia tierras que tengan un valor superior a $8,000.00.

TITULO SÉPTIMO

Del Sufragio y de los Oficios Públicos

SECCION PRIMERA

Sufragio

 Artículo  97.—Se establece para todos los ciudadanos­ cubanos, como derecho, deber y función, el sufra­gio universal, igualitario y secreto.

Esta función será obligatoria, y todo el que, salvo impedimento admitido por la ley, dejare de votar en una elección o referendo, será objeto de las sanciones que la ley le imponga y carecerá de capacidad para ocupar magistratura o cargo público alguno durante dos años, a partir de la fecha de la infracción.

Véase Disposición Única a esta Sección Primera del Título VII por la que se declara inaplicable el art. 97 a los que se encuentran afectados por la Transitoria Quinta al Título IV, de la Ley Fundamental.

Artículo 98.—Por medio del referendo el pueblo expresa su opinión sobre las cuestiones que se le someta.

En toda elección o referendo decidirá la mayoría los votos válidamente emitidos, salvo las excepciones establecidas en esta Ley Fundamental. El resultado se hará público de modo oficial, tan pronto como lo co­nozca el organismo competente.

El voto se contará única y exclusivamente a la persona a cuyo favor se haya depositado, sin que pueda acumulársele a otro candidato. Además, en los casos de representación proporcional, se contará el sufragio emitido a favor del candidato para determinar el factor de partido.

Artículo 99.—Son electores todos los cubanos, de uno u otro sexo, mayores de veinte años, con excepción de los siguientes:

  1. Los asilados.
  2. Los incapacitados mentalmente, previa declaración judicial de su incapacidad.
  3. Los individuos pertenecientes a las fuerzas armadas o de policía, que estén en servicio activo.

Artículo 100.—E1 Código Electoral establecerá el carnet de identidad, con la fotografía del elector, su firma y huellas digitales, y los demás requisitos ne­cesarios para la mejor identificación.

Artículo 101.—Es punible toda forma de coacción para obligar a un ciudadano a afiliarse, votar o manifestar su voluntad en cualquier operación electoral.

Se castigará esta infracción y se aplicará el duplo de la pena, además de imponerse la de inhabilitación permanente para el desempeño de cargos públicos, cuando la coacción la ejecute, por sí o por personas intermedia, una autoridad o su agente, funcionario o empleado.

Artículo 102.—Es libre la organización de partidos y asociaciones políticas. No podrán, sin embargo, formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase.

Para la constitución de nuevos partidos políticos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente, un número de adhesiones igual o mayor al dos por ciento del censo electoral correspondiente, según se traten de partidos nacionales, provinciales o municipales. El partido que en una elección general no obtenga el número de votos que represente dicho tanto por ciento, desaparecerá como tal y se procederá de oficio a tacharlo del Registro de Partidos.  Sólo podrán presentar candidatura los partidos políticos que, teniendo un número de afiliados no menor que el fijado en este artículo, se hayan organizado o reorganizado, según los casos, antes de la elección. Los partidos políticos se reorganizarán en un solo día, seis meses antes de cada elección presidencial o de gobernadores y de alcaldes o concejales, o para delegados de una Convención Constituyente. El Tribunal Superior Electoral tachará, de oficio, del Registro de Partidos, los que en tal oportunidad no se reorganizaren.

Las asambleas de los partidos conservarán todas sus facultades y no podrán disolverse sino mediante reorganización legal. En todo caso, serán los únicos organismos encargados de acordar postulaciones, sin que en ningún caso pueda delegarse esta facultad.

Artículo 103.—La Ley establecerá reglas y procedimientos que garanticen la intervención de las minorías en la formación del censo de electores, en la  organización y reorganización de las asociaciones partidos políticos y en las demás operaciones electorales, y les asegurará representación en los organismos electorales del Estado, la Provincia y el Municipio.

Artículo 104.—Son nulas todas aquellas disposiciones  modificativas de la legislación electoral que sean dictadas después de haberse convocado a una elección o referendo, o antes de que tomen posesión o se conozca el resultado definitivo del referendo.

Se exceptúan de esta prohibición aquellas modificaciones que fueren pedidas expresamente por  el Tribunal Superior Electoral y se acordaren por las dos terceras partes del Consejo de Ministros.

Desde la convocatoria a elecciones hasta la toma de posesión de los electos, el Tribunal Superior Electoral tendrá jurisdicción sobre las fuerzas armadas y sobre los cuerpos de policía, al solo objeto de garantizar ­la pureza de la función electoral.

DISPOSICION TRANSITORIA

AL TITULO SEPTIMO
Sección Primera

UNICA: No será de aplicación el Artículo 97 de esta Ley Fundamental a las personas a que se contrae la Disposición Transitoria Quinta del Título Cuarto de esta Ley Fundamental.

SECCION SEGUNDA

Oficios Públicos

Artículo 105.—Son funcionarios, empleados y obreros públicos los que, previa demostración de capacidad y cumplimiento de los demás requisitos y formalidades establecidas por la ley, sean designados por auto­ridad competente para el desempeño de funciones o servicios públicos y perciban o no, sueldo o jornal con cargos a los presupuestos del Estado, la Provincia o el Municipio, o de entidades autónomas.

Véase Disposición Transitoria Primera a este artículo.

-Los arts. De esta Sección hasta el 117 inclusive tienen idéntico texto que en la Const. de 1940.

Artículo 106.—Los funcionarios, empleados y obreros públicos civiles de todos los poderes del Estado, los de la Provincia, del Municipio y de las entidades o corporaciones autónomas, son servidores exclusivamente de los intereses generales de la República y su inamovilidad se garantiza por esta Ley Fundamental, con excepción de los que desempeñen cargos políticos y de confianza.

V. Disposición Transitoria 2º a este artículo.

Artículo 107.—Son cargos políticos y de confianza:

  1. Los Ministros y Subsecretarios de Despacho; los Embajadores, Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios y los Directores Generales, éstos en los casos en que la Ley no los declare técnicos.
  2. Todo el personal adscrito a la oficina particular inmediata de los Ministros y Subsecretarios de despacho.
  3. Los Secretarios Particulares de los funcionarios.
  4. Los Secretarios de las Administraciones Provin­ciales y Municipales, los Jefes de Departamento de es­tos organismos, y el personal adscrito a la oficina par­ticular inmediata de los Gobernadores y Alcaldes.
  5. Los funcionarios, empleados y obreros públicos civiles nombrados con carácter temporal con cargo a consignaciones ocasionales, cuya duración no alcance al año fiscal.

Artículo 108.—El ingreso y el ascenso en los cargos públicos no exceptuados en el artículo anterior, sólo podrán obtenerse después que los aspirantes hayan cum­plido los requisitos, y sufrido, en concurso de méritos, las pruebas de idoneidad y de capacidad, que la ley establecerá salvo en aquellos casos que, por la natu­raleza de las funciones de que se trate, sean declarados exentos por la Ley.

Artículo 109.—No se podrán imponer sanciones administrativas a los funcionarios, empleados y obrero públicos sin previa formación de expediente, instrui­do con audiencia del interesado y con los recursos que establezca la ley. El procedimiento deberá ser siempre sumario.

Artículo 110.—E1 funcionario, empleado u obrero público que sustituya al que haya sido removido de  cargo se considerará sustituto provisional mientras no sea resuelta definitivamente la situación del sustituido, y sólo podrá invocar, en su caso, los derechos que le correspondan en el cargo de que proceda.

Artículo 111.—Las excedencias forzosas sólo podrán decretarse por refundición o supresión de plazas, respetando la antigüedad de quienes las desempeñen. Los excedentes tendrán derecho preferente a ocupar, por orden de antigüedad, cargos de iguales o análogas  funciones que se establecieren o vacaren en la misma categoría, o en la inmediata inferior.

Artículo 112.—Nadie podrá desempeñar simultá­neamente más de un cargo retribuido, directa o indirectamente, del Estado, la Provincia, el Municipio o la entidades o corporaciones autónomas, con excepción de los casos que señala esta Ley Fundamental.

Las pensiones o jubilaciones del Estado, la Provincia y ­el Municipio son supletorias de las necesidades de sus beneficiarios. Los que tengan bienes de fortuna propios, sólo podrán percibir la parte de la pensión o jubilación que sea necesaria para que, sumada a los ingresos propios, no exceda del máximum de pensión que la ley fijará. Igual criterio se aplicará para la percepción de más de una pensión.

Nadie podrá percibir efectivamente, por concepto alguno, pensión, jubilación o retiro de más de $4,800.00 al año, y la escala por que se abonen será unificada y extensiva a todos los pensionados o jubilados.

Las personas que hoy disfrutan pensiones, retiros o jubilaciones mayores de $4,800.00 anuales, no recibirán efectivamente mayor cantidad anual.

Como homenaje de la República a sus libertadores, quedan  exceptuados de lo dispuesto en los párrafos los miembros del Ejército Libertador de Cuba, sus viudas e hijos con derecho a pensión.

Este art. regulador del tope de pensiones por jubilación o pensión contiene una importante variante. La Constitución fijaba el máximum de dos mil cuatrocientos pesos al año, o sea doscientos pesos mensuales. Pero la Ley Fundamental de la Revolución es más generosa puesto que, sin duda para atenuar la penuria de los ex Senadores y los ex Represen­tantes, autoriza el máximum de cuatro mil ochocientos pesos anuales como pensión o jubilación a percibir. Así de ese modo se convalida la onerosa e impopular Ley del Seguro del Congreso, que cuesta a la nación más de tres millones al año.

Artículo 113.—Será obligación del Estado el pago mensual de las jubilaciones y pensiones por servicios prestados al Estado, la Provincia y el Municipio, en la proporción que permita la situación del Tesoro Públi­co y que en ningún caso será menor del cincuenta por ciento de la cuantía básica legal.

Las cantidades para jubilaciones y pensiones se consignarán cada año en el presupuesto general de la nación.

Ninguna pensión o jubilación será menor de la can­tidad que como jornal mínimo se halle vigente a vir­tud de lo establecido en el artículo sesenta y uno de esta Ley Fundamental.

Las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados del Estado, la Provincia y el Municipio, comprendidas en la Ley General de Pensiones que rija, se pagarán en la misma oportunidad que sus haberes a los funcionarios y empleados en activo ser­vicio, quedando el Estado, la Provincia y el Municipio obligados, en su caso, a arbitrar los recursos necesarios para atender a esta obligación.

El pago de las pensiones a veteranos de la Guerra de Independencia y a sus familiares, se considerará preferente a toda otra obligación del Estado.

Artículo 114.—E1 ingreso en la carrera notarial y el cuerpo de Registradores de la Propiedad será por oposición regulada por la Ley.

Artículo 115—La acumulación y manejo de los fondos de los retiros sociales podrán ser independientes en la forma que determine la ley, pero el Consejo de  ministros dictará una Ley estableciendo las normas de carácter general por las que se regirán todas las ju­bilaciones y pensiones existentes, o que se creen en el futuro, en lo que se refiere a beneficios, contribuciones, requisitos mínimos y garantías.

Artículo 116.—Para resolver las cuestiones relativas a los servicios públicos, se crea un organismo de carácter autónomo, que se denominará Tribunal de Oficios Públicos y que estará integrado por siete miembros designados en la siguiente forma:

Uno, por el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia y que deberá reunir las mismas condiciones requeridas para ser Magistrado de dicho Tribunal.

Uno, designado por el Presidente de la República; previo acuerdo del Consejo de Ministros, y que deberá tener reconocida experiencia en cuestiones administrativas.

Uno, designado por el Consejo de Ministros que deberá poseer título académico expedido por entidad oficial.

Uno, designado por el Consejo Universitario, previa alterna elevada al efecto por la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual deberá ser graduado.

Uno, por los empleados del Estado.

Uno, por los empleados de la Provincia; y

Uno, por los del Municipio. Los tres últimos miembros deberán tener conocida experiencia en las ramas respectivas.

La resolución que dicte el Tribunal de Oficios Pú­blicos causará estado y será de inmediato cumplimiento sin perjuicio ­de los recursos que la ley establezca.

Artículo 117.—La ley establecerá las sanciones correspondientes a quienes infrinjan los preceptos contenidos en esta Sección.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A LA SECCION SEGUNDA DEL TITULO SEPTIMO

Sección Segunda

PRIMERA: El Consejo de Ministros aprobará  y el Gobierno pondrá en vigor las leyes necesarias para la implantación de la Carrera Administrativa ajustándolas a las normas contenidas en los artículos correspondientes a la Sección de Oficios Públicos y en estas Disposiciones Transitorias, y a las demás que se estimen convenientes siempre que no modifiquen, ­restrinjan o adulteren las establecidas en esta Ley Fundamental.

SEGUNDA: La inamovilidad que garantiza esta Ley Fundamental entrará en vigor previo el cumplimiento de los requisitos exigidos y condiciones que se establezcan en la Ley que dicte el Consejo de Ministros, las cuales comprenderán a todos los funcionarios, empleados y obreros civiles del Estado, la Provincia y el Municipio, con la sola excepción de aquellos funcionarios, empleados u obreros que acrediten llevar más de veinte años en servicios en la Administra Pública.

TERCERA: La inamovilidad reconocida por la legislación vigente se entiende suspendida en la forma y por el término señalados en la Reforma Constitucional fecha 13 de enero de 1959, promulgada y publicada en la Gaceta Oficial de 14 del propio mes y año.

CUARTA: Se reconoce el derecho que asiste a los miembros del disuelto Ejército Nacional y de la Policía Nacional, que estando en servicio activo el día cuatro de septiembre de mil novecientos treinta y tres, no continuaron en las filas, al disfrute de una pensión de retiro, que se concederá a ellos y a los herederos septiembre de mil novecientos treinta y tres, no continuaron en las filas, al disfrute de una pensión de retiro, que se concederá a ellos y a los herederos cuyo derecho reconozca la Ley, en la forma y cuantía que ésta determine y que no podrá ser nunca inferior en su ascendencia a la actualmente establecida. Se
reconoce también este derecho a los que, habiendo estado disfrutando del retiro, lo hubieran perdido, siempre que ello no fuere por resolución de los Tribunales de Justicia. La Ley regulará esta disposición.

TITULO OCTAVO
De los Órganos del Estado

Artículo 118.—El Estado ejerce sus funciones por medio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los organismos reconocidos en la Ley Fundamental o que conforme a la misma se establezca por la Ley.

Las provincias y los municipios, además de ejercer sus funciones propias, coadyuvan a la realización de los fines del Estado.

TITULO NOVENO

Del Poder Legislativo

SECCION PRIMERA

Artículo 119.—El Poder Legislativo se ejerce por el Consejo de Ministros.

Este precepto sustituye al Congreso con el Consejo de Ministros atribuyendo a este potestad legislativa, lo que se reitera en los arts. que siguen, cuya numeración se interrum­pe respecto a la  Constitución de 1940.

SECCION SEGUNDA

De las Atribuciones del Consejo de Ministros

Artículo 120.—Son atribuciones propias del Consejo de Ministros las siguientes:

  1. Aprobar los nombramientos que haga el Presi­dente de la República de los Jefes de Misión Diplomática permanente y de los demás funcionarios cuyo nombramiento requiera su aprobación según la Ley.
  2. Autorizar a los cubanos para servir militarmente a un país extranjero o para aceptar de otro Gobierno empleos u honores que lleven aparejadas autoridad o jurisdicción propia.
  3. Aprobar los tratados que negociare el Presidente de la República con otras naciones.
  4. Las demás facultades que emanen de esta Ley Fundamental.

Este art. reproduce los incisos d), g), h) y j) del art. 122 de la Constitución de 1940. Las facultades que enuncia el precepto han sido transferidas a los incisos f) y g) del art. 152 de la Ley Fundamental con exclusión de los incisos e), f)
e i) del art. 122 referidos a la aprobación de los nombramientos de Magistrados del Tribunal de Cuentas, nombramiento de Comisiones investigadoras y aprobación de tratados.

SECCION TERCERA

De las Atribuciones no delegables del Consejo Ministros como Órgano Legislativo

Artículo 121.—Son facultades no delegables del Consejo de Ministros como Órgano Legislativo:

a)Formar los Códigos y las leyes de carácter general; determinar el régimen de las elecciones, dictar las disposiciones relativas a la administración general, la provincial y la municipal, y acordar las demás leyes y resoluciones 2que estimare conveniente sobre cuales quiera otros asuntos de interés público o que sean necesarios para la efectividad de esta Ley Fundamental

b)Establecer las contribuciones e impuestos de ca­rácter nacional que sean necesarios para las atencio­nes del Estado.

c)Discutir y aprobar los presupuestos de gastos, inversiones e ingresos del Estado.

d)Resolver sobre los informes anuales que el Tri­bunal de Cuentas presente acerca de la liquidación de los presupuestos, el estado de la deuda pública y la moneda nacional.

e)Acordar empréstitos y autorizar, asimismo, la prestación de garantía estatal para operaciones de crédito.

f) Acordar lo pertinente sobre la acuñación de la moneda, determinando su patrón, ley, valor y denominación y resolver lo que estime necesario sobre la emisión de signos fiduciarios y sobre el régimen bancario y financiero.

g) Regular el sistema de pesas y medidas.

h) Dictar disposiciones para el régimen y fomento del comercio interior y exterior, de la agricultura y la industria, seguros del trabajo y vejez, maternidad y des

i) Regular los servicios de comunicaciones, a­tendiendo al régimen de los ferrocarriles, caminos, canales y puertos y al tránsito por vía terrestre, aérea y marítima, creando los que exija la conveniencia pública.

j) Fijar las reglas y procedimientos para obtener naturalización y regular el régimen de los extranjeros.

k) Conceder amnistías de acuerdo con esta Ley Fun­damental.

Las amnistías para delitos comunes sólo podrán ser acordadas por el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Ministros y ratificadas por el mismo número de votos en tres sesiones consecutivas de dicho Consejo.

Las amnistías de delitos políticos requieren igual votación extraordinaria, si en relación con los mismos se hubiere cometido homicidio o asesinato.

No podrán concederse amnistías de delitos dolosos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus cargos, ni de delitos electorales y contra los derechos individuales que garantiza esta Ley Fundamental.

l) Fijar el cuerpo de las fuerzas armadas y acordar su organización.

m) Declarar la guerra y aprobar los tratados de paz que el Presidente de la República haya negociado.

n) Acordar todas las leyes que dispone esta Ley Fundamental y las que desenvuelvan los principios contenidos en sus normas.

El texto de este art. reproduce casi íntegramente el 134 de la Const. El inc. c), incluye las “inversiones” como operación que el Consejo de Ministros habrá de aprobar. También quedan suprimidos en la Ley Fundamental, respecto al art. 134 aquellas facultades referidas al propio Consejo de Ministros, entre ellas la que afecta a interpelaciones parlamentarias.

SECCION CUARTA

De la Iniciativa y Formación de las Leyes de su Sanción y Promulgación

Artículo 122.—La iniciativa de las leyes compete:

a) A los miembros del Consejo de Ministros.

b) Al Presidente de la República.

c) Al Tribunal Supremo en materia relativa a la administración de justicia.

d) Al Tribunal Superior Electoral, en materia de su competencia y jurisdicción.

e) Al Tribunal de Cuentas en asuntos de su competencia y jurisdicción.

f) A los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa 10,000 ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de elect

Toda iniciativa legislativa se formulará como proposición de ley y será elevada al Consejo de Ministros.

Es concordante este art. del 135 de la Constitución de 1940, con estas variantes: en el inciso a) se sustituye “Senadores y Representantes” por “miembros del Consejo de Ministros”; en el inciso b) “Gobierno” por “Presidente de la República”; y en su párrafo final “Cuerpos Colegisladores” por “Consejo de Ministros”.

Artículo 123.—Las leyes se clasificarán en ordinarias y extraordinarias.

Son leyes extraordinarias las que se indican como tales en la Ley Fundamental, las orgánicas y cualesquiera otras a las que el Consejo de Ministro dé este carácter. Son leyes ordinarias todos las demás.

Las leyes extraordinarias necesitan para su aprobación los votos favorables de la mitad más uno de los componentes del Consejo de Ministros. Las leyes ordinarias sólo requerirán los votos favorables de la mayoría absoluta de los presentes en la sesión en que se aprueben.

Reproduce este art. el 136 de la Const. de 1940,  con la variante de sustituir “Congreso o Cuerpo Colegislador” “Consejo de Ministros”.

Artículo 124.—El Presidente de la República dentro de los diez días siguientes a la aprobación de un proyecto de ley por el Consejo de Ministros sancionará y promulgará la ley o la devolverá con las objeciones que considere oportunas a dicho Consejo de Ministros. Recibido el proyecto por el Consejo de Ministros. Recibido el proyecto por el Consejo de Ministros, este lo discutirá nuevamente y si las dos terceras partes del número total de sus miembros votasen en favor del proyecto éste será Ley.

En todos estos casos las votaciones serán nominales.

Si dentro del término a que se refiere el párrafo primero de este artículo el Presidente no devolviese el proyecto de ley, se tendrá por sancionado y será Ley.

Toda Ley será promulgada dentro de los diez días siguientes al de su sanción.

En lo esencial y atribuyendo la actuación al Consejo de Ministros en vez de al Congreso, reproduce este art. el 137 de la Const. Del que queden suprimidos los párrafos 2º , 4º, 5º, 6º y 7º.

TITULO DECIMO

Del Poder Ejecutivo

SECCION PRIMERA

Del Ejercicio del Poder Ejecutivo

Artículo 125.—El Presidente de la República es el Jefe del Estado y representa a la Nación. El Poder Eje­cutivo se ejerce por el Presidente de la República de acuerdo con lo establecido en esta Ley Fundamental.

Reproduce este art. el párrafo 19 del art. 138 de la Const. de 1940, pero introduciendo en el precepto dos variantes de suma importancia.  Es una,  la exclusión del Consejo de  Ministros  del ejercicio  del Poder Ejecutivo. Esto no tiene explicación  posible, ya que aunque el Consejo tiene atribuida potestad legislativa no por ello los Ministros en Consejo e individualmente como tales Ministros dejan de ejercer funciones ejecutivas en la órbita de su propia jurisdicción incluso cuando asisten en su actuación al Presidente.

Otra omisión inexplicable es la del párrafo 2º  del art. 138 de la Const, que obliga al Presidente de la República como, poder director, moderador y de solidaridad nacional, funciones éstas de alto sentido político, que debieran haberse incluido en el texto de la Ley para que con Revolución y sin ella la ciudadanía vea en el Presidente de la República el exponente de la unidad de la nación.

SECCION SEGUNDA
Del Presidente de la República, sus Atribuciones
y Deberes

Artículo 126.—Para ser Presidente de la Repúbli­ca se requiere:

  1. Ser cubano por nacimiento, pero si esta condi­ción resultare de lo dispuesto en el inciso d) del ar­tículo doce de esta Ley Fundamental será necesario haber servido en Cuba, en sus guerras de Independencia, diez años por lo menos.
  2. Haber cumplido treinta años de edad.
  3. Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.
  4. No haber pertenecido en servicio activo a las fuerzas armadas de la República durante los seis me­ses inmediatamente anteriores a la fecha de su designación como candidato presidencial.

Es concordante este art. del 139 de la Const. habiéndosele introducido estas dos variantes: reducción a 30 años de la edad para ser Presidente que era 35, y también se reduce a se meses el plazo de un año para aspirar a Presidente después de servir en las Fuerzas Armadas activamente.

Artículo 127—El que haya ocupado una vez el cargo de Presidente  no podrá desempeñarlo nuevamente hasta ocho años después de haber cesado en el mismo.

Reproduce este art. el párrafo tercero del art. 140 de la Const. de 1940, quedando suprimidos los dos anteriores referidos a la elección, por sufragio, del Presidente de la República.

Artículo 128.— El Presidente de la República jurará ante el pueblo, al tomar posesión de su cargo, desempeñarlo fielmente cumpliendo y haciendo cumplir la Ley Fundamental y las leyes.

Concuerda este art. con el 141 de la Const. de 1940, dispo­niendo el juramento ante el pueblo en vez de ante el T. S.

Artículo 129.—Corresponde al Presidente de la República:

a) Sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar; dictar, cuando no lo hubiere hecho el Consejo de Ministros, los reglamentos para la mejor ejecución de las mismas, y expedir los derechos y las órdenes que para este fin y para cuanto incumba al gobierno y administración del Estado, fuere conveniente, sin contravenir, en ningún caso, lo establecido en las leyes.

b) Recomendar o iniciar la adaptación de las leyes y resoluciones que considere necesarias o útiles.

c) Presentar al Consejo de Ministros, sesenta días antes de la fecha en que debe comenzar a regir, el proyecto de presupuesto anual.

d) Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar Tratados con las otras naciones, debiendo someterlos a la aprobación del Consejo de Ministros, sin cuyo requisito no tendrán validez ni obligarán a la República.

e) Nombrar, con la aprobación del Consejo de Ministros, al Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma que dispone la Ley Fundamental, así como a los Jefes de misiones diplomáticas.

f) Nombrar, para el desempeño de los demás cargos instituidos por la Ley, a los funcionarios correspondientes cuya designación no esté atribuida a autoridades.

g) Suspender el ejercicio de los derechos que se enumeran en el artículo 41 de esta Ley Fundamental, en los casos y en la forma que en la misma se esta establece.

h) Conceder indultos con arreglo a lo que prescriban la Ley Fundamental y la Ley, excepto cuando se trate de delitos electorales dolosos. Para indultar a los funcionarios y empleados públicos sancionados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, será necesario que éstos hubiesen cumplido por lo menos la tercera parte de la sanción que le fuera impuesta por los Tribunales.

i) Recibir a los representantes diplomáticos y admitir a los agentes consulares de las otras naciones.

j) Disponer de las fuerzas armadas de la República, como jefe supremo de las mismas.

k) Proveer a la defensa del territorio nacional y a la conservación del orden interior, dando cuenta al Consejo de Ministros.

l) Cumplir y hacer cumplir cuantas reglas, órdenes y disposiciones acuerde y dicte el Tribunal Superior Electoral.

m) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno; sustituirlos en las oportunidades que proceda de acuerdo con esta Ley Fundamental y suscribir en su caso los acuerdos del Consejo de Ministros.

n) Ejercer las demás atribuciones que les confieran expresamente la Ley Fundamental y la Ley.

Reproduce este art. en lo que se refiere a facultades específicas del Presidente de la República las que enuncia el art. 142 de la Constitución, con muy ligeras variantes, entre ellas una muy importante de orden político que figuraba en el párrafo inicial del precepto, como es que el Presidente ejerce tales facultades asistido del Consejo de Ministros. En la Ley Fundamental se excluye tal existencia.

Artículo 130.—Todos los decretos, órdenes y reso­luciones del Presidente de la República habrán de ser refrendados por el Ministro correspondiente, sin cuyo requisito carecerán de fuerza obligatoria. No será necesario este refrendo en los casos de nombramiento de Ministros del Gobierno.

Reproduce este art. el 143 de la Constitución de 1940.

Artículo 131.—E1 Presidente no podrá salir del territorio de la República sin autorización del Consejo de Ministros.

Reproduce este art. el 144 de la Const. de 1940, con la variante de que es el Consejo de Ministros y no el Congreso, el que deberá conceder la autorización para la salida del Presidente.

Artículo 132.—El Presidente será responsable ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de carácter común que cometiere durante el ejercicio de su cargo, pero no podrá ser procesado sin previa autorización del Consejo de Ministros, acordada por el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En este caso, el Tribunal resolverá si procede suspenderlo en sus funciones hasta que recaiga sentencia.

Asimismo el Presidente será responsable ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia por los delitos contra la seguridad exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, o de infracción de los preceptos constitucionales.

La exigencia de responsabilidad criminal del Presidente de la República la atribuye este precepto, en todos los caso, al Pleno del Tribunal Supremo. En el art. 145 de la Constitución se establecía lo mismo que en el primer párrafo del 132 de la Ley Fundamental, pero los delitos comprendidos en el párrafo 29 los atribuye la Const. de 1940 en su art. 122 al Senado constituido en Tribunal con el Tribunal Supremo, previa acusación de la Cámara de Representantes.

Artículo 133.—E1 Presidente recibirá del Estado una dotación que podrá ser alterada en todo tiempo; pero esta alteración no surtirá efecto sino en los períodos presidenciales siguientes a aquel en que se acordare.

Reitera este art. el 146 de la Const. de 1940.

Artículo 134.—En caso de ausencia, incapacidad o muerte del Presidente de la República, le sustituirá temporal o definitivamente, según el caso, la persona que designe el Consejo de Ministros por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros.

En la Const. de 1940 el art. 148 atribuye la sustitución al Vicepresidente de la República, cargo ahora inexistente.

TITULO ONCENO
Del Consejo de Ministros

Artículo 135.—Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Presidente de la República estará asistido de un Consejo de Ministros, integrado por el número de miembros que determine la Ley. Uno de estos Ministros tendrá la categoría de Primer Ministro por designación del Presidente de la República y podrá desempeñar el cargo con o sin cartera.

Reproduce este art. el texto del 151 de la Const. de 1940.

Artículo  136.—Para ser Ministro se requiere:

a) Ser cubano por nacimiento;

b) Haber cumplido veinticinco años de edad;

c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos;

d) No tener negocios con el Estado, la Provincia o el Municipio.

En relación al inc. b), la Ley Fundamental reduce a 25 años los 30 que exige el 152 de la Const. de 1940.

Artículo 137.—Cada Ministro podrá tener uno o más Subsecretarios que los sustituirán en los casos de ausencia o falta temporal.

Este art. reproduce el 153 de la Const. de 1940.

Artículo 138.—El Consejo de Ministros será presidido por el Presidente de la República. Cuando el Presidente no asista a las sesiones del Consejo, lo presidirá el Primer Ministro.

 En este art. que es equivalente al 154 de la Const. de 1940, ha sido suprimido que el Primer Ministro representará la política general del Gobierno. ­

Artículo 139.—El Consejo de Ministros tendrá un Secretario encargado de levantar las actas del Con­sejo, certificar sus acuerdos y atender al despacho de los asuntos de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros.

Este art. es el 135 de la Const. de 1940.

ARTICULO 140.—Los Ministros tendrán a su cargo el despacho de sus respectivos ministerios y delibe­rarán y resolverán sobre todas las cuestiones de interés general que no estén atribuidas a otras dependencias o autoridades y ejercerán las facultades que les correspondan con arreglo a la Ley Fundamental y la Ley.

Este art. es el 156 de la Const. de 1940 con la variante alu­siva a la Ley Fundamental.

Artículo 141.—Los acuerdos del Consejo de Ministros se tomarán por mayoría de votos en sesiones a las que concurran la mitad más uno de los Ministros, con excepción de aquellos casos en que esta Ley Fun­damental requiera una votación distinta.

Este art. es equivalente al 157 de la Const. habiéndosele agregado un último concepto alusivo ala posibilidad de que haya acuerdos del Consejo que exijan votación distinta, como por ejemplo en el caso del art. 138 de la Ley Fundamental.

Artículo 142.—Los Ministros de Gobierno serán personalmente responsables de los actos que refrenden y solidariamente de los que juntos acuerden o autoricen.

Este art. reproduce el texto del 158 de la Const. de 1940.

Artículo 143.—El Primer Ministro y los Ministros del Gobierno son criminalmente responsables ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, de los delitos, comunes que cometieren.

De este art. que es equivalente al 159 de la Const. de 1940 ha sido suprimido el último concepto referido a que la responsabilidad dimana de los delitos que cometan los Ministros en el ejercicio de sus cargos. La Ley Fundamental amplia la órbita a todos los delitos comunes que puedan cometer incluso como ciudadanos particulares.

Artículo144.—Todos los Ministerios funcionarán como organismos técnicos, siguiendo la orientación política del Gobierno.

Es concordante este art. del 160 de la Const. de 1940; y si bien este sólo considera Ministerios técnicos los de Educación, Salubridad, Agricultura y Obras Públicas, la Ley Fundamental establece que todos serán organismos técnicos de acuerdo con la orientación política del Gobierno.

Artículo145—El Primer Ministro y los Ministros del Gobierno jurarán o prometerán ante el Presidente de la República cumplir fielmente los deberes inherentes a sus cargos, así como observar y hacer cumplir la Ley Fundamental y las demás leyes de la República.

Este art. es el equivalente al 161 de la Const. de 1940. 

Artículo 146.—Corresponderá al Primer Ministro despachar con el Presidente de la República los asuntos de política general del Gobierno y acompañado de los Ministros los asuntos de los respectivos departamentos.

Reproduce este art. el texto del 162 de la Const. de 1940.

Artículo 147.—E1 Primer Ministro y los Ministros

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Fundamental, las leyes, Decretos-leyes, decretos, reglamentos y demás resoluciones y disposiciones;

b) Redactar proyectos de ley, reglamentos, decretos y cualesquiera otras resoluciones y presentarlos a la consolidación del Gobierno.

c) Refrendar, conjuntamente con el Primer Ministro, las leyes y demás documentos autorizados con la firma del Presidente de la República, salvo los decretos de nombramientos o separación de Ministros.

De este art. que es el equivalente al 163 de la Const. se ha suprimido el inciso d) relativo a la concurrencia de los Ministros al Congreso.

Este art. es idéntico al 163 de la Const. de 1940.

TITULO DUODECINIO
Del Poder Judicial

SECCION PRIMERA

Disposiciones Generales

Artículo 148.–La Justicia se administra en nombre del pueblo y su dispensación será gratuita en todo el territorio nacional.

Los Jueces y Fiscales son independientes en el ejer­cicio de sus funciones y no deben obediencia más que a la Ley.

Sólo podrá administrarse justicia por quienes perte­nezcan permanentemente al Poder Judicial. Ningún miembro de este Poder podrá ejercer otra profesión.

Los Registros del Estado Civil estarán a cargo de miembros del Poder Judicial.

Este art. es idéntico al 170 de la Const. de 1940.

Artículo 149.—El Poder Judicial se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y los demás Tribunales y Jueces que la Ley establezca. Ella regulará la organización de los tribunales, sus facultades, el modo de ejercerlas y las condiciones que habrán de concurrir en los funciona­rios que los integren.

Es idéntico el texto de este art. al del 171 de la Const. de 1940.

SECCION SEGUNDA
Del Tribunal Supremo de Justicia

Artículo 150.—El Tribunal Supremo de Justicia se compondrá de las Salas que la Ley determine.

Una de estas Salas constituirá el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Cuando conozca de asuntos constitucionales será presidida necesariamente por el Presidente del Tribunal Supremo y no podrá estar integrada por menos de quince Magistrados.

Este art. reproduce el 172 de la Const. de 1940 con la variante de que no establece el número de Magistrados que deberá integrar el T. de G. C. y S. cuando trate de asuntos Sociales.

Artículo 151.—Para ser Presidente o Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, se requiere:

a) Ser cubano por nacimiento;

b) Haber cumplido treinta años de edad;

c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no haber sido condenado a pena aflictiva por delito común.

d) Reunir, además, alguna de las circunstancias siguientes: haber ejercido en Cuba durante cinco años, por lo menos, la profesión de abogado; o haber desempeñado, por igual tiempo, funciones judiciales o fiscales o explicado, durante el mismo número de años, una Cátedra de Derecho en establecimiento oficial de enseñanza.

A los efectos del párrafo anterior, podrán sumarse los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales o fiscales.

Es concordante este art. del 173 de la Const. de 1940, pero en su texto se ha reducido de cuarenta a treinta años la edad y de diez a cinco el tiempo de ejercicio de la Abogacía para poder ser designado Magistrado del T. S.

Artículo 152.—E1 Tribunal Supremo de Justicia ten­drá además de las otras atribuciones que esta Ley Fundamental y la Ley le señalen, las siguientes:

  1. Conocer de los recursos de casación;
  2. Dirimir las cuestiones de competencia entre los tribunales que le sean inmediatamente inferiores o no tengan superior común y las que se susciten ente las autoridades judiciales y las de otros órdenes del Estado, la Provincia y el Municipio;
  3. Conocer de los juicios en que litiguen entre sí Estado, la Provincia y el Municipio;
  4. Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes, disposiciones y otros actos de cualquier organismo, autoridad o funcionario;
  5. Decidir, en última instancia, sobre la suspensión o destitución de los gobernantes locales y provinciales conforme a lo dispuesto por esta Ley Fundamental y la Ley.
  6. Juzgar al Presidente de la República cuando fuere acusado de delito contra la seguridad exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, o de infracción de los preceptos constitucionales.
  7. Juzgar a los Ministros del Gobierno cuando fueren acusados de delitos contra la seguridad exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, o de infracción de los preceptos constitucionales, así como de cualquier otro delito carácter político que la Ley determine.

Es concordante este art. del 174 de la Const. de 1940 y a su texto le han sido adicionados los incisos f) y g) los que figuran como incisos a) y b) del art. 122 de aquella, enumerativo de las facultades propias del Senado. Con arreglo a la
Ley Fundamental es de la exclusiva competencia del T. S. el enjuiciamiento del Presidente de la República y de los Ministros.

Artículo 153.—Se instituye la carrera judicial. El ingreso en la misma se hará mediante ejercicios de oposición exceptuándose los magistrados del Tribunal Supremo.

Reproduce este art. el texto del art. 175 de la Const. de 1940.

Artículo 154.—Para los nombramientos de Magis­trados de Audiencia se observarán tres turnos: el primero, en concepto de ascenso, por rigurosa antigüedad en la categoría inferior; el segundo, mediante concurso entre los que ocupen la categoría inmediata inferior; y el tercero, mediante ejercicios —teóricos y prácticos— de oposición, a los que podrán concurrir, tanto funcionarios judiciales y fiscales como abogados, no mayores de sesenta años. Los abogados en ejercicio deberán reunir los demás requisitos exigidos para poder ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo.

Es concordante este art. del 176 de la Const. de 1940.

Artículo 155.—Los nombramientos de Jueces se harán en dos turnos: uno por rigurosa antigüedad en la categoría inferior y otro por concurso, en el que podrán tomar parte funcionarios de la misma y de la interior categoría. En el primer turno a que se refieren este Artículo y el anterior, la vacante será provista por traslado si hubiere funcionario de igual categoría que así lo solicitare, reservándose el ingreso o el ascenso para las plazas que en definitiva queden disponibles en las categoría.

Este art. reproduce el 177 de la Const. de 1940.

Artículo 156.—La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo determinará, clasificará y publicará los méritos que hayan de ser reconocidos a los funcionarios judiciales de cada categoría para el turno de ascenso.

Reproduce este art. el 173 de la Const. de 1940.

Artículo 157.—En los casos de concurso, los traslados y ascensos se otorgarán forzosamente al funcionario solicitante de la propia categoría o de la inmediata inferior, que mayor puntuación hubiese obtenido. El Tribunal Supremo establecerá la pauta de­ puntuación por categorías, rectificándola semestralmente en consideración exclusiva a la capacidad, actuación, mérito y producción jurídica de cada funcionario.

Es concordante este art. del 179 de la Const. de 1940.

Artículo 158.—Los Magistrados del Tribunal Supremo serán nombrados por el Presidente de la República de una terna propuesta por un colegio electoral de nueve miembros. Estos serán designados; cuatro por el pleno del Tribunal Supremo de su propio seno; tres por el Presidente de la República y dos por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Los cinco últimos deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Supremo y los designados por la Facultad de Derecho no podrán pertenecer ­a la misma.

El colegio se forma para cada designación, y sus componentes que no sean magistrados no podrán volver a formar parte del mismo, sino transcurri­dos cuatro años.

El Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de Sala serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta del pleno del Tribunal. Estos nombramientos y los de Magistrados del Tribunal Supremo deberán recibir la aprobación del Consejo de Ministros.

El tema a que se refiere el párrafo primero de este Artículo comprenderá por lo menos, si lo hubiere, a un funcionario judicial en activo servicio que haya desempeñado esas funciones durante diez años como mínimo.

Este art. es equivalente del 180 de la Const. de 1940, con la variante en el párrafo tercero de que la aprobación del nombramiento deberá hacerla el Consejo de Ministros.

Artículo 159.—Los nombramientos, ascensos, trasla­dos, permutas, suspensiones, correcciones, jubilaciones, licencias y supresiones de plazas, se harán por una Sala de Gobierno especial, integrada por el Presiden­te del Tribunal Supremo y por seis miembros del mismo, elegidos anualmente entre los Presidentes de Sala y Magistrados de dicho Tribunal.

No se puede formar parte de esta Sala de Gobierno dos años sucesivos.

Todas las plazas de nueva creación serán cubiertas conforme a las disposiciones de esta Ley Fundamental.

La facultad reglamentaria, en cuanto afecte al orden interno de los Tribunales, se ejercerá por Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Reproduce este art. el 181 de la Const. de 1940.

DISPOSICION TRANSITORIA

A LA SECCION SEGUNDA DEL TITULO
DUODÉCIMO

UNICA: Las personas designadas al amparo y durante el término de suspensión de la inamovilidad judicial y la del Ministerio Fiscal de fecha 10 de enero de 1959, acordada por el Consejo de Ministros, y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha13 de enero del presente año, podrán continuar en el desempeño de sus cargos aunque no reúnan los requisitos de edad mínima y de tiempo mínimo de ejercicio profesional que requiere esta Ley Fundamental.

SECCION TERCERA

Del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales

Artículo 160.—E1 Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

  1. Los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Ley Fundamental o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.
  2. Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.
  3. Los recursos de habeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.
  4. La validez del procedimiento y de las reformas constitucionales.
  5. Las cuestiones jurídico-políticas y las de legislación social que la Ley Fundamental y la ley sometan a su consideración.
  6. Los recursos contra los abusos de poder.

Este art. es idéntico al 182 de la Const. de 1940.

Artículo 161.— Pueden acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales sin necesidad de prestar fianza:

a) El Presidente de la República, los miembros del Consejo de Ministros, del Tribunal de Cuentas, y los comisionados provinciales y municipales.

b) Los Jueces y tribunales.

c) El ministerio fiscal.

d) Las Universidades.

e) Los organismos autónomos autorizados por la Ley Fundamental o por la ley.

f) Toda persona individual o colectiva que haya sido afectada por un acto o disposición que considere inconstitucional.

Las personas no comprendidas en algunos de los incisos anteriores, pueden acudir también al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, siempre que presten la, fianza que la ley señale.

La ley establecerá el modo de funcionar el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales y el procedimiento para sustanciar los recursos que ante el mismo se interpongan.

Este art. que reproduce el 183 de la Const. de 1940, contiene la variante que excluye a Senadores, Representantes, Alcaldes, Concejales y Gobernadores.

SECCION CUARTA
Del Tribunal Superior Electoral

Artículo 162.—El Tribunal Superior Electoral estará formado por tres magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y dos de la Audiencia de La Habana, nombrados por un período de cuatro años y por los plenos de sus respectivos tribunales.

La presidencia del Tribunal Superior Electoral corresponde al más antiguo de los tres magistrados Tribunal Supremo. Cada uno de los miembros del Tribunal tendrá dos suplentes, nombrados por el organismo de donde procedan.

Reproduce este art. el 184 de la Const. de 1940.

Artículo 163.—Además de las atribuciones que las leyes electorales le confieren, el Tribunal Superior Electoral queda investido de plenas facultades para garantizar la pureza del sufragio, fiscalizar e intervenir cuando lo considere necesario en todos los censos, elecciones y demás actos electorales, en la formación y organización de nuevos partidos, reorgani­zación de los existentes, nominación de candidatos y proclamación de los electos.

Le corresponde también:

a) Resolver las reclamaciones electorales que la ley someta a su jurisdicción y competencia;

b) Dictar las instrucciones generales y especiales necesarias para el cumplimiento de la legislación electoral.

c) Resolver, en grado de apelación, los recursos sobre la validez o nulidez de una elección y la proclamación ­de candidatos.

d) Dictar instrucciones y disposiciones, de cumpli­miento obligatorio, a las Fuerzas Armadas y de Policía, para el mantenimiento del orden y de la libertad electoral durante el período de confección del Censo, el de organización y reorganización de los partidos y el comprendido entre la convocatoria a elecciones y la terminación de los escrutinios.

En caso de grave alteración del orden público, o cuando el Tribunal estime que no existen suficientes garantías, podrá acordar la suspensión o la nulidad de todos los actos y operaciones electorales en el territorio afectado, aunque no estén suspendidas las ga­rantías fundamentales.

Reproduce este art. el 185 de la Const. de 1940.

Artículo 164.— La Ley organizará los Tribunales Electorales. Para formarlos, podrá utilizar a funcio­narios de la carrera judicial.

El conocimiento de las reclamaciones electorales queda reservado a la jurisdicción electoral. Sin embargo, la Ley determinará los asuntos en que por excepción, podrá recurrirse de las resoluciones del Tri­bunal Superior Electoral, en vía de apelación, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.

Este art. es concordante del 186 de la Const. de 1940.

Artículo 165.—Se crea la carrera administrativa de los empleados y funcionarios electorales, subordinados a la jurisdicción máxima del Tribunal Superior Electoral; y se declaran inamovibles los empleados per­manentes de las juntas electorales.

La retribución fijada a estos funcionarios y emplea­dos permanentes por el Código Electoral, no podrá ser alterada, sino en las condiciones y circunstancias esta­blecidas para los funcionarios y empleados judiciales. La ley no podrá asignar distintas retribuciones a cargos de igual grado, categoría y funciones.

Reproduce este art. el 187 de la Const. de 1940.

SECCION QUINTA

Del Ministerio Fiscal

Artículo 166.—El Ministerio Fiscal representa al pueblo ante la Administración de Justicia y tiene como finalidad primordial vigilar el cumplimento de la Ley Fundamental y de la Ley. Los funcionarios del Ministerio Fiscal serán inamovibles e independientes en sus funciones, con excepción del Fiscal del Tribunal Supremo que será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Reproduce este art. el 188 de la Const. de 1940 salvo la alusión a la Ley Fundamental. V. Disposición Transitoria a esta Sección.

Artículo 167.—El ingreso en la carrera fiscal se hará mediante ejercicio de oposición y al ascenso habrá de realizarse en la forma que para los jueces establece esta Ley Fundamental. Los nombramientos, incluyendo, los de las plazas de nueva creación, ascensos, traslados, suspensiones, correcciones, licencias, separación y jubilación de los funcionarios del Ministerio Fiscal y la aceptación de sus permutas y renuncias, se harán de acuerdo con lo que determine la Ley.

  1. Disposición Transitoria a esta Sección.

Artículo 168.—El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia reunirá las condiciones exigidas para ser Magistrado del Tribunal Supremo; los Tenientes  Fiscales  del propio Tribunal y los Fiscales de los demás Tribunales, deberán ser cubanos por nacimiento, haber cumplido veinticinco años de edad y hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos. Los demás funcionarios del Ministerio Fiscal reunirán las condiciones que la Ley señala.

Reproduce este art. el 190 de la Const. de 1940.

Artículo 169.—Cuando el Gobierno litigue o deba personarse en algún procedimiento, lo hará por medio de abogados del Estado, los cuales formarán un Cuerpo cuya organización y funciones regula la Ley.

Equivale este art. al 191 de la Const. de 1940. El Cuerpo de Abogados del Estado no ha sido creado.

DISPOSICION TRANSITORIA

A LA SECCION QUINTA DEL TITULO DUODECIMO

UNICA: Lo dispuesto en los Artículos 166 y 167 de esta Ley Fundamental no será de aplicación durante el período de suspensión del derecho de inamovilidad judicial y del Ministerio Fiscal a que se contraen las anteriores Disposiciones Transitorias, salvo lo que dispusiere la Ley.

SECCION SEXTA

Del Consejo Superior de Defensa Social
y de los Tribunales para Menores

Artículo 170.—Habrá un Consejo Superior de De­fensa Social que estará encargado de la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que impliquen la privación o la limitación de la libertad individual, así como de la organización, dirección y administración de todos los establecimientos o instituciones que se requieran para la más eficaz prevención y represión de la criminalidad.

Este organismo, que gozará de autonomía para el ejercicio de sus funciones técnicas y administrativas, tendrá también a su cargo la concesión y revocación de la libertad condicional, de acuerdo con la Ley.

Reproduce este art. el 192 de la Const. de 1940.

Artículo 171.—Se crean los Tribunales para menores de edad.

La Ley regulará su organización y funcionamiento.

Este artículo tiene el mismo texto que el 193 de la Constitución de 1940. Los Tribunales de Menores no han sido creados sino constitucionalmente, pues la ley que deberá regularlos no fue promulgada a pesar de su gran necesidad.

SECCION SÉPTIMA
De la Inconstitucionalidad

Artículo 172.—La declaración de inconstitucionalidad podrá pedirse:

a) Por los interesados en los juicios, causas o negocios de que conozcan la jurisdicción ordinaria y las especiales.

b) Por veinticinco ciudadanos que justifiquen su condición de tales.

c) Por la persona a quien afecte la disposición que se estime i

Los Jueces y Tribunales están obligados a resolver los conflictos entre las leyes vigentes y la Ley Fundamental ajustándose al principio de que ésta prevalezca siempre sobre aquellas.

Cuando un Juez o Tribunal considere inaplicable cualquier  ley, decreto-ley, decreto o disposición porque que estime que viola la Ley Fundamental, suspenderá el procedimiento y elevará el asunto al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales a fin de que declare o niegue la constitucionalidad del precepto en cuestión y devuelva el asunto al remitente para que continúe el procedimiento, dictando las medidas de seguridad que sean pertinentes.

En los expedientes administrativos podrá plantearse el recurso de inconstitucionalidad al acudirse a la vía contencioso-administrativo. Si las leyes no franquearen esta vía, podrá interponerse el recurso de directamente contra la resolución administrativa.

Los  recursos de inconstitucionalidad, en los casos enumerados en los artículos ciento cincuenta y dos, incisos a), b), c), d) y e); ciento sesenta y ciento sesenta y cuatro de esta Ley Fundamental, se interpondrán directamente ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.

En todo curso de inconstitucionalidad los Tribunales resolverán siempre el fondo de la reclamación. Si el recurso adoleciere de algún defecto de forma, concederán un plazo al recurrente para que lo subsane.

No podrá aplicarse, en ningún caso ni forma, una ley, decreto-ley, decreto, reglamento, orden, disposición o medida que haya sido declarada inconstitucional, bajo pena de inhabilitación para el desempeño de cargo público.

La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de un precepto legal o de una medida o acuerdo gubernativo, obligará al organismo, autoridad o funcionario que haya dictado la disposición anulada, a derogarla inmediatamente.

En todo caso la disposición legislativa o reglamen­taria  o medida gubernativa declarada inconstitucional, se considerará nula, y sin valor ni efecto desde el día de la publicación de la sentencia en los estrados del Tribunal.

Con las variantes en la alusión a preceptos de la Ley Fundamental que enuncia el párrafo octavo del texto de este artículo el mismo reproduce literalmente el 194 de la Constitución de 1940.

Artículo 173.—El Tribunal Supremo y el de Garantías Constitucionales y Sociales están obligados a publicar sin demora sus sentencias en el periódico oficial que corresponda.

En el presupuesto del Poder Judicial se consignará anualmente un crédito para el pago de estas atenciones.

Este art, reproduce el 195 de la Constitución y jamás fue sido cumplido. 

SECCION OCTAVA
De la Jurisdicción e Inamovilidad

Artículo 174.—Los Tribunales ordinarios conocerán de todos los juicios, causas o negocios, sea cual fuere la jurisdicción a que correspondan con la sola excepción de los originados por delitos militares o por hechos ocurridos en el servicio de las armas, los cuales quedarán sometidos a la jurisdicción militar.

Cuando estos delitos se cometan conjuntamente por militares y por personas no aforadas o cuando una de estas últimas sea víctima del delito, serán de la competencia de la jurisdicción ordinaria.

Reproduce este art. el 196 de la Const. de 1940. Véase Transitoria Única a esta Sección Octava.

Artículo 175.—En ningún caso podrán crearse tri­bunales, comisiones u organismos a los que se conceda competencia especial para conocer de hechos, juicios, causas, expedientes, cuestiones o negocios de las jurisdicciones atribuidas a los tribunales ordinarios.

Equivale este art. al 197 de la Const. de 1940.

Artículo 176.—Los tribunales de las fuerzas de mar y tierra se regirán por una ley orgánica especial y conocerán únicamente de los delitos y faltas estrictamente militares cometidos por sus miembros. En caso de guerra o grave alteración del orden público la jurisdicción militar conocerá de todos los delitos y faltas cometidos por  militares en el territorio donde exista realmente el estado de guerra, de acuerdo con la Ley.

Reproduce este art. el 198 de la Const. de 1940.

Artículo 177.—La responsabilidad civil y criminal en que incurran los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Equivale este art. al 199 de la Const. de 1940.

Artículo 178.—Los funcionarios judiciales y del ministerio fiscal,  abogados de oficio, así como sus auxi­liares y subalternos, son inamovibles. En su virtud, no podrán ser suspendidos ni separados sino por razón de delito u otra causa grave debidamente acreditada y siempre con audiencia del inculpado. Estos funcio­narios podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones en cualquier estado del expediente.

Cuando en causa criminal un juez, magistrado, fis­cal o abogado de oficio fuere procesado, será suspen­dido inmediatamente en el ejercicio de sus funciones.

No podrá acordarse el traslado de jueces, magistrados, fiscales o abogados de oficio, a no ser mediante expediente de corrección disciplinaria o por los motivos de conveniencia pública que establezca la Ley. No obstante, los funcionarios del Ministerio Fiscal podrán, ser trasladados en casos de vacantes, si lo solicitaren.

Reproduce este art. el 200 de la Const. de 1940. Véase Acuer­do del Consejo de Ministros de 10 de Enero de 1959 (G.O. Ext. nº 4 de 13 siguiente).

Artículo 179. —Los cargos de Secretarios y Auxiliares de la administración de justicia se cubrirán por turnos alternativos de trasladados y ascensos por antigüedad y méritos, determinados estos últimos, por concurso-oposición, en la forma que fije la Ley y de acuerdo con el escalafón que confeccionará y publicará la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia.

Equivale este art. al 201 de la, Const. de 1940.

Artículo 180. — La Ley establecerá las causales de corrección, traslado y separación, así como la tramitación de los expedientes respectivos.

Equivale este art. al 202 de la Const. de 1940.

Artículo 181.—El cumplimiento de las resoluciones  judiciales es ineludible. La Ley establecerá las garantías necesarias para hacer efectivas estas resoluciones, si a ello resistiesen autoridades, funcionarios, empleados del Estado, de la Provincia o del Municipio, o miembros de las Fuerzas Armadas.

Equivale este art. al .203 de la Const. de 1940.

Artículo 182.—Las sentencias que dicten los Jueces Correccionales, en los casos de delitos, serán apelables ante el Tribunal que la Ley determine, regulando éste su procedimiento.

Reproduce este art. el 204 de la Const. y es de esperar que el Gobierno Revolucionario otorgue efectividad al precepto, lo que es tan necesario como lo era la supresión de los Tribunales de Urgencia ya extinguidos por la Ley no 1 de 5 de Enero de 1959.

Artículo 183.—El Gobierno no tiene potestad para declarar lesiva una resolución firme de los tribunales. En el caso de que no pueda cumplirla indemnizará al perjudicado en la forma correspondiente, siempre que proceda, solicitando del Consejo de Ministros los créditos si no los tuviere.

Equivale este art. al 205 de la Const. de 1940.

Artículo 184.—La retribución de los funcionarios y empleados de la administración de justicia, del Ministerio Fiscal y de los funcionarios y empleados perma­nentes de los organismos electorales, no podrá ser al­terada sino por una votación de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Ministros, y en períodos no menores de cinco años.

No podrán asignarse distintas retribuciones a cargos de igual grado, categoría  funciones.

La  retribución que se asigne a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los demás funcionarios del Poder Judicial, deberá ser, en todo caso, adecuada a la importancia y trascendencia de sus funciones.

Reproduce este art. 206 de la Const. de 1940.

Artículo 185.—Ningún miembro del Poder Judicial podrá ser Ministro del Gobierno ni desempeñar función alguna adscripta a los Poderes Legislativo o Ejecutivo, excepto cuando se trate de formar parte de comisiones designadas por el Consejo de Ministros para la reforma de las leyes. Tampoco podrán figurar como candidato a ningún cargo electivo.

Reproduce este art. el 206 de la Const. de 1940.

Artículo 186.—La responsabilidad penal y los motivos de separación en que pueda incurrir el Presidente, Presidentes de Sala, y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se declararán ajustándose al siguiente procedimiento:

El Consejo de Ministros será el competente para conocer de las denuncias contra dichos funcionarios. Recibida una denuncia, el Consejo nombrará una comisión para que la estudie, y ésta elevará su dictamen al Consejo. Si por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, emitido en votación secreta, el Consejo considera fundada la denuncia, se abrirá el juicio correspondiente ante un Tribunal, que se denominará Gran Jurado, compuesto por trece miembros designados en la forma que sigue:

El Presidente del Tribunal Supremo remitirá al Consejo de Ministros la relación completa de los miembros de dicho organismo, que no se encuentren afectados por la acusación.

El Rector de la Universidad de La Habana enviará al Consejo de Ministros la relación completa de los profesores titulares de su Facultad de Derecho.

El Presidente de la República suministrará al Consejo de Ministros una relación de cincuenta abogados que reúnan las condiciones requeridas para ser magistrados del Tribunal Supremo, designados libremente por él.

Recibidas estas listas por el Consejo de Ministros, esté procederá a determinar los componentes del Gran Jurado mediante insaculación.

Cinco del Tribunal Supremo de Justicia. No habiéndolos, o no alcanzando su número, se completará por el mismo procedimiento de una lista formada con el Presidente y los Magistrados de la Audiencia de La Habana, remitida al Consejo de Ministros por el Presidente de dicha Audiencia.

Cinco miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana; y tres miembros de la lista de cincuenta abogados.

Este Tribunal será presidido por el funcionario judicial de mayor categoría, y en su defecto, por el de mayor antigüedad de los que concurran a integrarlo.

El Consejo de Ministros, una vez nombrado el Gran Jurado, le dará traslado de la denuncia para la tramitación oportuna. Dictado el fallo, el Gran Jurado se disolverá.

Este art. ha experimentado  fundamental variante respecto a su equivalente el 208 de la Const., ya que el Consejo de Ministros sustituye en todas las actuaciones de Gran Jurado al Senado y a la Cámara de Representantes, alterándose también la forma de integración del Tribunal.

DISPOSICION TRANSITORIA

A LA SECCION OCTAVA DEL TITULO DUODECIMO

UNICA: Los miembros del Poder Judicial podrán prestar servicios en comisión en los Tribunales de Jurisdicción Penal Militar, a solicitud del Auditor General del Ejército Revolucionario.

TITULO DECIMOTERCERO
Del Régimen Municipal

SECCION PRIMERA
Disposiciones Generales

Artículo187.—El Municipio es la sociedad local organizada políticamente por autorización del Poder Legislativo en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, sobre una base de capacidad económica para satisfacer los gastos del gobierno propio, y con personalidad jurídica a todos los efectos legales.

La Ley determinará el territorio, el nombre de cada Municipio y el lugar de residencia de su gobierno.

Reproduce este art, el 209 de la Const. de 1940.

Artículo 188. —Los Municipios podrán asociarse para fines intermunicipales por acuerdo de sus respectivos gobiernos. También podrán incorporarse unos municipios a otros, o dividirse para constituir otros nuevos, o alterar sus límites, por iniciativa popular y con aprobación del Consejo de Ministros, oído el parecer de sus gobiernos respectivos.

Para acordar la segregación de parte de un Término Municipal y agregarle a otro u otros colindantes, será preciso que lo solicite, por lo menor, un diez por ciento de los vecinos de la porción de territorio que se trate de segregar y que, en una elección de referendo, el sesenta por ciento de los electores de dicha parte se muestre conforme con la segregación.

Si el resultado del referendo fuese favorable a la solicitud presentada, se elevará el asunto al Consejo de Ministros para su resolución definitiva.

Al señalarse las nuevas demarcaciones de territorio, y practicarse la división de bienes, se respetará el derecho de propiedad privada del Municipio cedente sobre los bienes que haya adquirido o construido en la porción que  le segrega, sin perjuicio de reconocerle al Municipio que la recibe la parte proporcional que el corresponda por lo que hubiere aportado para la adquisición o construcción de dichos bienes.

Siempre que se trate de la constitución de un nuevo Municipio, corresponderá al Tribunal de Cuentas informar la capacidad económica del mismo para el mantenimiento del gobierno propio.

Con la variante de que el Consejo de Ministros decidirá sobre agregación o segregación de Municipios, este art. reproduce el 210 de la Const. de 1940.

Artículo 189. — El Gobierno Municipal es una entidad con poderes para satisfacer las necesidades colectivas peculiares de la Sociedad local y es, además, un organismo auxiliar del Poder Central ejercido por el Estado a través de todo el territorio nacional.

Reproduce este art. al 211 de la Const. de 1940.

Artículo 190.—El Municipio es autónomo. El Go­bierno Municipal queda investido de todos los pode­res necesarios para resolver libremente los asuntos de la sociedad local.

Las facultades de las cuales no resulte investido el Gobierno Municipal por esta Ley Fundamental, quedan reservadas al Gobierno Nacional.

El Estado podrá suplir la gestión municipal, cuando ésta sea insuficiente, en caso de epidemia, grave alteración del orden público u otros motivos de interés general, en la forma que determine la Ley.

Reproduce este art. el 212 de la Const. de 1940.

Artículo 191.—Corresponde especialmente al Gobierno Municipal:

  1. Suministrar todos los servicios públicos locales; comprar, construir y operar empresas de servicios públicos, o prestar dichos servicios mediante concesión o contrato, con todas las garantías que establezca la Ley; y adquirir, por expropiación o por compra, para los propósitos indicados, las propiedades necesarias. También podrán operar empresas de carácter económico.
  2. Llevar a cabo mejoras públicas locales y adquirir por compra, de acuerdo con sus dueños o mediante expropiación las propiedades directamente necesarias para la obra proyectada y las que conviniere para resarcirse del costo de la misma.
  3. Crear y administrar escuelas, museos y bibliotecas públicas, campos para educación física y campos recreativos sin perjuicio de lo que la Ley establezca sobre educación; y adoptar y ejecutar, dentro de los límites del municipio, reglas sanitarias y de vigilancia local, y otras disposiciones similares que no se opongan a la Ley, así como propender al establecimiento de cooperativas de producción y de consumo y exposiciones y jardines botánicos y zoológicos, todo con carácter de servicio público.
  4. Nombrar los empleados municipales con arreglo a lo que establezcan esta Ley Fundamental y la Ley.
  5. Formar sus presupuestos de gastos e ingresos y establecer los impuestos necesarios para cubrirlos siempre que éstos sean compatibles con el sistema tributario del Estado.

Los Municipios no podrán reducir ni suprimir ingresos de carácter permanente sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo el caso en que la reducción o supresión corresponda a la reducción o supresión de gastos permanentes equivalentes.

Los créditos que figuren en los presupuestos para gastos serán divididos en dozavas partes y no se pagará ninguna atención del mes corriente si no han sido liquidadas todas las del anterior.

  1. Acordar empréstitos, votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses y amortización.

Ningún Municipio podrá contraer obligaciones de esta clase sin previo informe favorable del Tribunal de Cuentas.

En el caso de que se acordaren nuevos impuestos para el pago de las obligaciones a que se refiere el  párrafo anterior se requerirá, además, la votación conforme en una elección de referendo, de la mitad más uno de los votos emitidos por los electores del término municipal, sin que la votación pueda ser inferior al treinta por ciento de los mismos.

g) Contraer obligaciones económicas de pago aplazado para costear obras públicas, con el deber de consignar en los sucesivos presupuestos anuales los créditos necesarios para satisfacerlas, y siempre que su pago no absorba la capacidad económica del Municipio para prestar los otros servicios que tiene a su cargo. No podrá ningún Municipio contraer obligaciones de esta clase sin previo informe favorable del Tribunal de Cuentas.

h) La enumeración de estas facultades, así como cualquiera otra que se haga en la Ley, no implica una limitación o restricción de las facultades generales concedidas por la Ley Fundamental al Municipio sino la expresión de una parte de las mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ciento noventa de esta Ley Fundamental.

El comercio, las comunicaciones y el tránsito intermunicipales no podrán ser gravados por el Municipio.  Queda prohibido el agio o la competencia desleal que pudiera resultar de medidas adoptadas por los Municipios. Los impuestos municipales sobre artículos de primera necesidad se ajustarán a las bases que establezca la Ley.

Reproduce este art. lo que dispone el 213 de la Constitución de 1940.

Artículo 192.—E1 gobierno de cada municipio está obligado a satisfacer las siguientes necesidades mínimas locales:

  1. El pago puntual de sueldos y jornales a los funcionarios y empleados municipales, de acuerdo con el nivel de vida de la localidad.
  2. El sostenimiento de un albergue y casa de asistencia social, un taller de trabajo y una granja agrícola.‑
  3. El mantenimiento de la vigilancia pública y de un servicio de extinción de incendios.
  4. El funcionamiento, por lo menos en la cabecera, de una escuela, una biblioteca, un centro de cultura popular y una casa de socorros médicos.

Equivale este art. al 214 de la Const. de 1940.

Artículo 193.—En cada Municipio existirá una Comisión de urbanismo que tendrá la obligación de trazar el plan de ensanche y embellecimiento de la ciudad y vigilar su ejecución, teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras del tránsito público, de la higiene, del ornato y del bienestar común.

Dicha Comisión atenderá a todo lo concerniente a la vivienda del trabajador y propondrá planes de fabricación de casas para obreros campesinos, las cuales podrán ser adquiridas a largo plazo con el importe de un módico alquiler que restituya al Municipio el capital invertido. Los Municipios procederán a ejecutar el plan que aprobaren consignando obligatoriamente en sus presupuestos, las cantidades necesarias a tal fin, de sus ingresos ordinarios, sin que puedan ser éstas inferiores al costo de una casa en cada ejercicio económico o acudiendo a los medios que les brinda la Ley Fundamental para llevar a cabo obras de esta naturaleza, en el caso de que sus ingresos ordinarios no fuesen suficientes para ello.

Existirá asimismo una Comisión de caminos vecinales que tendrá la obligación de trazar, construir y conservar aquellos que, según un plan y régimen, previamente, favorezcan la explotación, el trans­porte y la distribución de los productos.

Es equivalente este art. al 215 de la Const. de 1940.

Artículo 194.—La Ley determinará la urbanización de los caseríos o poblados contiguos a los bateyes de los ingenios azucareros o cualquier otra explotación agrícola o industrial de análoga naturaleza.

Reproduce este art. el 216 de la Constitución de 1940.

SECCION SEGUNDA

Garantías de la Autonomía Municipal

Artículo 195.—Como garantía de la autonomía mu­nicipal, queda establecido lo siguiente:

a) Los acuerdos y las resoluciones de los gobernantes locales o de cualquier otra autoridad municipal no podrán ser suspendidas por el Presidente de la República, los gobernantes provinciales o por ninguna autoridad gubernativa. Solamente podrán serlo por el acuerdo del Consejo de Ministros previa audiencia je de los gobernantes municipales que hubieren dictado la resolución o acuerdo.

También los referidos acuerdos o resoluciones podrán ser impugnados por las autoridades gubernativas cuando éstas los estimen ilegales, ante los Tribunales de Justicia, que declararán mediante el procedimiento sumario que establezca la Ley, si las autoridades municipales los han tomado o no, dentro de la esfera de su competencia, de acuerdo con las facultades concedidas a los mismos por la Ley Fundamental.

b) Ninguna Ley podrá recabar para el Estado, las Provincias u otros organismos o instituciones, toda o parte de las cantidades que recauden los municipios por concepto de contribuciones, impuestos y demás medios de obtención de los ingresos municipales.

c) Ninguna Ley podrá declarar de carácter nacional un impuesto o tributo municipal que constituya una de las fuentes de ingreso del Municipio, sin garantizarle al mismo tiempo ingresos equivalentes a los nacionalizados.

d) Ninguna Ley podrá obligar a los municipios a ejercer funciones recaudadoras de impuestos de carácter nacional o provincial, a menos que los organismos interesados en el cobro nombren los auxiliares necesarios para esa gestión.

e) El Municipio no estará obligado a pagar ningún servicio que no esté administrado por él mismo, salvo que otra cosa hubiere convenido expresamente con el Estado, los particulares u otros Municipios.

f) Los gobernantes municipales podrán por sí interponer ante el pleno del Tribunal Supremo, recurso de abuso de poder contra toda resolución del Go­bierno Nacional o Provincial que, a su juicio, atente contra la autonomía municipal establecida enesta Ley Fundamental

En este art. ha sido introducida una variante importante en relación a su concordante el 217 de la Const, de 1940. ya establece que el Consejo de Ministros podrá suspender los acuerdos y resoluciones de los gobernantes locales, previa audiencia de éstos. Y en su inciso f) refunde el art. 215 de la Const. 1940.

Artículo 196.— Como garantía de los habitantes del Término Municipal respecto a sus gobernantes locales, se dispone lo siguiente:

a) En caso de que las resoluciones o acuerdos de las autoridades u organismos municipales lesionen algún interés privado o social, el perjudicado o cualquier habitante del municipio que considere que el acuerdo o resolución lesiona un interés público, podrá solicitar su nulidad y la reparación del daño ante los Tribunales de Justicia, mediante un procedimiento sumario establecido por la Ley.

El Municipio responderá subsidiariamente y tendrá el derecho de repetir, cuando fuere condenado al pago, contra el funcionario culpable de haber ocasionado el daño en los términos que disponga la Ley.

b) Se exigirá el referendo en la contratación de empréstitos, emisiones de bonos y otras emisiones de movilización del crédito municipal que, por su cuantía, obliguen al Municipio que las realiza a la creación de nuevos impuestos para responder al pago de las amortizaciones o pagos de dichas contrataciones.

c) Se considerará resuelto negativamente lo que se solicite de las autoridades y organismos municipales cuando la petición o reclamación no fuere resuelta favorablemente dentro del término fijado por la Ley.

Esta regulará todo lo relativo a la impugnación de tales denegaciones tácitas y la responsabilidad de los culpables de la demora.

La Ley, fijará sanciones por la demora injustificada en la tramitación de las peticiones formuladas por los habitantes del Término Municipal a las autoridades y organismos municipales.

Este art. reproduce casi literalmente el 219 de la Const. de 1940, si bien suprime el texto de los incisos c) y d) de éste, referidos al ejercicio del derecho de iniciativa y a la posible revocación del mandato político a petición de un número determinado de electores del Municipio.

Artículo 197.—La responsabilidad penal en que incurran los miembros del Gobierno del Municipio y demás autoridades municipales será exigible ante los Tribunales de Justicia, bien de oficio, a instancia del Fiscal, o por acción privada. Esta será popular y podrá ejercitarse sin constituir fianza, por no menos de veinticinco vecinos del Término Municipal, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda por acusación falsa o calumniosa.

Este art. reproduce el 220, quedando suprimido el 221 referido a la responsabilidad solidaria por la adopción de acuerdos municipales.

SECCION TERCERA

Gobierno Municipal

Artículo 198.—Los Términos Municipales estarán regidos en la forma y mediante los órganos que acordare el Consejo de Ministros.

En este art. que es equivalente al 222 de la Const. se sus­tituye la disposición de la Ley por la decisión que adopte el Consejo de Ministros y se suprime el texto de los arts. 223 a 230 y el 232.

Artículo 199.—En  los presupuestos municipales se consignarán para atención de los barrios rurales las cantidades correspondientes de acuerdo con la siguiente escala gradual:

En los barrios rurales que contribuyan de

$100 a $1,000 ……………………………  el 35%

En los barrios rurales que contribuyan de

$1,001 a 5,000 ………………… ……  el 30%

En los barrios rurales que contribuyan de

$5,001 a $10,000 ……. …………… el 25%

En los barrios rurales que contribuyan de

$10,001 en adelante …………………………..  el 20%

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

AL TITULO DECIMOTERCERO
    Sección Primera

UNICA: El Consejo de Ministros, por medio de una Ley, podrá declarar la nulidad de las concesiones para la prestación de servicios públicos que hayan otorgado los Municipios a partir del 10 de marzo de 1952 y hasta el 31 de diciembre de 1958.

Sección Tercera

UNICA: Continuarán en vigor las disposiciones legales reguladoras del Gobierno Municipal en tanto no se opongan a los acuerdos que el Consejo de Ministros adoptare en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 198.

TITULO DECIMOCUARTO

SECCION UNICA
Del Régimen Provincial

Artículo 200.—La Provincia comprenderá los Municipios situados dentro de su territorio. Cada provincia estará regida en la forma y mediante los órganos que acordare el Consejo de Ministros.

Artículo 201.—Las disposiciones sobre hacienda pública contenidas en el Título correspondiente de esta Ley Fundamental, serán aplicables a la provincia en cuanto sean compatibles con el régimen de la misma.

Sustituyen este art. y el siguiente los arts. 233 a 250 de la Const. de 1940.

DISPOSICION TRANSITORIA

AL TITULO DECIMOCUARTO
Sección Única

UNICA: Continuarán en vigor las disposiciones legales reguladoras del Gobierno Provincial en tanto no se opongan a los acuerdos que el Consejo de Ministros adoptare en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 200.

TITULO DECIMOQUINTO
Hacienda Nacional

SECCION PRIMERA

De los Bienes y Finanzas del Estado

Artículo 202.—Pertenecen al Estado, además de los bienes de dominio público y de los suyos propios,  todos los existentes en el territorio de la República, que no correspondan a las provincias o a los municipios, ni sean, individual o colectivamente, de propiedad particular.

Equivale este art. al 251 de la Const. de 1940.

Artículo 203.—Los bienes propios o patrimoniales del Estado sólo podrán enajenarse o gravarse con las siguientes condiciones:

a) Que el Consejo de Ministros lo acuerde en Ley extraordinaria, por razón de necesidad o conveniencia social; y siempre por las dos terceras partes del número total de sus miembros.

b) Que la venta se realice mediante subasta pública. Si se trata de arrendamiento se procederá según disponga la

c) Que se destine el producto a crear trabajo, aten­der servicios o satisfacer necesidades públicas.

Podrá, sin embargo, acordarse la enajenación o gravamen en Ley ordinaria y realizarse sin el requisito de subasta pública cuando se haga para desarrollar  un plan económico nacional aprobado en Ley extraordinaria, o cuando el bien propio o patrimonial se traspase a una universidad oficial para ser utilizado por ella en sus actividades docentes.

Este art. reproduce el 252 de la Const. de 1940, sustituyendo el Consejo por el Consejo de Ministros.

Artículo 204.—E1 Estado no concertará empréstitos sino en virtud de una Ley aprobada por las dos terceras partes del número total de los miembros del Consejo de Ministros.

Este art. reproduce el 253 de la Const. de 1940, con la va­riante indicada en cuanto a facultad del Consejo de Ministros.

Artículo 205.—E1 Estado garantiza la deuda pública, y en general, toda operación que implique responsabilidad económica para el Tesoro Nacional, siempre que se hubiere contraído de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Fundamental y en la Ley.

Este art. reproduce el 254 de la Const. de 1940.

SECCION SEGUNDA
Del Presupuesto

Artículo 206.—Todos los ingresos, gastos e inversiones del Estado, con excepción de los que se mencionan más adelante, serán previstos y fijados en presupuestos anuales y sólo regirán durante el año para el cual hayan sido aprobados.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los fondos, cajas especiales o patrimonios privados de los organismos autorizados por la Ley Fundamental o por la Ley, y que estén dedicados a seguros sociales, obras públicas, fomento de la agricultura y regulación de la actividad industrial, agropecuaria, comercial o profesional y en general al fomento de la riqueza nacional. Estos fondos o sus impuestos serán entregados al organismo autónomo y administrado por éste, de acuerdo con la Ley que los haya creado, sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Los gastos del Poder Judicial, los del Tribunal de Cuentas y los de intereses y amortización de empréstitos, tendrán el carácter de permanentes y se incluirán necesariamente en los presupuestos.

Este art. reproduce el 255 de la Const. suprimiendo cuanto se refiere al Presupuesto del Poder Legislativo e incluyendo el concepto “inversiones” del Estado.

Artículo 207.—A los efectos de la protección de los intereses comunes y nacionales, dentro de cualquier rama de la producción, así como de las profesiones, la Ley podrá establecer asociaciones obligatorias de productores determinando la forma de constitución y funcionamiento de los organismos nacionales y de los regionales que fueran necesarios, en forma tal que en todos los momentos estén regidos por la mayoría de sus asociados con autoridad plena, concediéndoseles asimismo el derecho de subvenir a las necesidades de su acción organizada, mediante las cuotas que por misterio de la propia ley se impongan.

Los presupuestos de estos organismos o cooperativas serán fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Reproduce este art. el 256 de la Const. de 1940.

Artículo 208.—El Consejo de Ministros no podrá incluir en las leyes de presupuestos, disposiciones que introduzcan reformas legislativas o administrativas de otro orden; ni asignará a ninguno de los servicios que deben votarse en el presupuesto anual, cantidad mayor de la indicada en el proyecto del gobierno. Podrá, por medio de leyes, crear nuevos servicios o ampliar los existentes.

 Con la sustitución del Congreso por el Consejo de Ministros reproduce este art. el 257 de la Const. de 1940.

Artículo 209.—El estudio y formación de los presupuestos anuales del Estado corresponde al Poder Ejecutivo; su aprobación o modificación, al Consejo de Ministros como organismo legislativo, dentro de los límites establecidos en esta Ley Fundamental.

En caso de necesidad perentoria, el Consejo de Mi­nistros, por medio de        una ley, podrá acordar un pre­supuesto extraordinario.

El Poder Ejecutivo presentará ante el Consejo de Ministros el proyecto de presupuesto anual, sesenta días antes de la fecha en que deba comenzar a regir. El Presidente de la República y especialmente el Ministro de Hacienda, incurrirán en la responsabilidad que la Ley determina si el presupuesto llega al Consejo de Ministros después de la fecha antes fijada.

Si el presupuesto general no fuese votado antes del primer día del año económico en que deba regir, se entenderá prorrogado, por trimestres, conjuntamente con la Ley de Bases, el que haya venido rigiendo. En este caso, el Poder Ejecutivo no podrá hacer más modificaciones que las derivadas de gastos ya pagados, o de servicios o gastos no necesarios en el nuevo ejercicio fiscal.

Las atenciones de los presupuestos aprobados serán cubiertas necesariamente por los ingresos previstos en los mismos, sin que en ningún caso puedan cubrirse con ingresos extraordinarios, a no ser que lo autorice así una Ley de ese carácter.

El presupuesto de gastos, ingresos e inversiones, será ejecutivo con la sola aprobación del Consejo de Ministros, que lo hará publicar inmediatamente.

Este art. que es equivalente al 258 de la Const. de 1940, sustituye el Congreso por el Consejo de Ministros e incorpora a su texto el concepto “inversiones”.

Artículo 210.—Los presupuestos contendrán en la parte de egresos epígrafes en que se haga constar:

  1. El montante absoluto de las responsabilidades legítimas del Estado, liquidadas y no pagadas, correspondientes a presupuestos anteriores.
  2. La proporción de ese montante que se satisfará con los ingresos correspondientes al nuevo presupuesto.

La Ley de Bases establecerá en cuanto a los incisos anteriores, necesariamente, las reglas relativas a la forma en que habrá de prorratearse entre los acreedores con créditos liquidados, la cantidad o cantidades que se fije para pagos durante la vigencia del presupuesto.

Reproduce este art. literalmente el 259 de la Const. de 1940.

Artículo 211.—Los créditos consignados en el estado de gastos del presupuesto fijarán las cantidades máximas destinadas a cada servicio, que no podrán ser aumentadas ni transferidas por el Poder Ejecutivo sin autorización previa del Consejo de Ministros.

El Poder Ejecutivo podrá, sin embargo, conceder bajo su responsabilidad y cuando el Consejo de Ministros no esté reunido, créditos o suplementos de créditos en los siguientes casos:

a) Guerra o peligro inminente de ella.

b) Grave alteración del orden público.

c) Calamidades públicas.

La tramitación de estos créditos se determinará por la Ley.

En forma tan literal y mecánica se ha efectuado el trasplante del texto de la Constitución de 1940 a la Ley Fun­damental de la Revolución que no fue advertido el absurdo de que el Ejecutivo, cuando no esté reunido el Consejo de Ministros, pueda otorgar créditos extraordinarios. Ese supuesto creemos no podrá darse jamás, ya que significaría el ejercicio de un poder personal absolutamente incompatible con un régimen democrático nacido de una revolución. Por rara coincidencia el art. 211 de la Ley Fundamental reproduce casi literalmente el art. 233 de los Estatutos de 1952.

Artículo 212.—El Poder Ejecutivo tiene la obligación de rendir anualmente las cuentas del Estado. A ese fin, el Ministro de Hacienda liquidará el presupuesto anual dentro de los tres meses siguientes a su expiración y, previa aprobación por el Consejo de Ministros, enviará su informe con los datos y combates necesarios, al Tribunal de Cuentas. Este dictaminará sobre el informe dentro de los tres meses siguientes y en ese plazo, y sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará al Consejo de Ministros y al Poder Ejecutivo las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se haya incurrido. El Consejo de Ministros será, en definitiva, el que apruebe o rechace las cuentas.

Los créditos presupuestados para gastos imprevistos de la administración sólo podrán ser invertidos, en su ­caso, previo acuerdo del Consejo de Ministros.

El Poder Ejecutivo remitirá al Consejo de Ministros mensualmente los balances correspondientes a los ingresos y gastos del Estado.

Con la variante del órgano legislativo el art. reproduce el texto del 261 de la Const. de 1940.

Artículo 213.—E1 Poder Ejecutivo impedirá la duplicidad de servicios y la multiplicidad de agencias oficiales o semioficiales dotadas total o parcialmente por el Estado para la realización de sus fines.

Este art. equivale al 262 de la Const. de 1940.

Artículo 214.—Nadie estará obligado al pago de impuesto, tasa o contribución alguna que no haya sido establecido expresamente por la Ley o por los Municipios, en la forma dispuesta por esta Ley Fundamental y cuyo importe no vaya a formar parte de los ingresos del presupuesto del Estado, la Provincia o el Municipio, salvo que se disponga otra cosa en la Ley Fundamental o en la Ley.

No se considerarán comprendidas en la disposición anterior las contribuciones o cuotas impuestas por la Ley con carácter obligatorio a las personas o entidades integrantes de una industria, comercio o profesión, en favor de sus organismos reconocidos por la Ley.

Este art. equivale al 263 de la Const. de 1940.

Artículo 215.—E1 Estado, sin perjuicio de los demás medios a su alcance, regulará el fomento de la riqueza nacional mediante la ejecución de obras públicas pagaderas, en todo o en parte, por los directamente beneficiados. La Ley determinará la forma y procedimiento adecuados para que el Estado, la Provincia o el Municipio, por iniciativa propia o acogiendo la privada, promuevan la ejecución de tales obras, otorguen las concesiones pertinentes, autoricen la fijación, el repartimiento y la cobranza de impuestos para esos fines.

Reproduce este art. el 264 de la Const. de 1940.

Artículo 216.—La liquidación de cada crédito proveniente de fondos del Estado para la ejecución de cualquier obra o servicio público, será publicada íntegramente en la Gaceta Oficial de la República, tan pronto haya obtenido la superior aprobación del Ministerio correspondiente.

El acta de recepción, ya sea parcial, total, provisional o definitiva, de toda obra pública ejecutada total o parcialmente con fondos provenientes del Estado, será publicada en la Gaceta Oficial de la República, tan pronto haya obtenido la superior aprobación del Ministerio correspondiente.

Tanto la liquidación de los créditos provenientes de los fondos del Estado, como las recepciones definitivas de obras ejecutadas por contrata o administración, sufragadas parcial o totalmente con fondos provenientes del Estado, serán sometidas a la aprobación superior dentro de los sesenta días naturales después de terminadas las obras, sin perjuicio de las liquidaciones y recepciones parciales que se consideren procedentes por la Administración durante el proceso de ejecución de las obras.

Este art. reproduce el 265 de la Const. de 1940.

SECCION TERCERA

Del Tribunal de Cuentas

Artículo 217.—E1 Tribunal de Cuentas es el organismo fiscalizador de los ingresos, gastos e inversiones del Estado, la Provincia y el Municipio, y de las organizaciones autónomas nacidas al amparo de la Ley que reciban sus ingresos, directa o indirectamente, a través del Estado. El Tribunal de Cuentas sólo depende de la Ley, y sus conflictos con otros organismos se someterán a la resolución del Tribunal Supremo de Justicia.

Este art. es equivalente al 266 de la Const. de 1940.

Artículo 218.—E1 Tribunal de Cuentas estará compuesto por siete miembros, cuatro de los cuales serán abogados y tres contadores públicos o profesores mercantiles. También podrá ser designado aun sin ser abogado o contador cualquier persona que esté comprendida en el inciso d) del artículo siguiente. Los abogados deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser miembro del Tribunal Supremo. Los contadores públicos o profesores mercantiles deberán ser mayores de treinta años, cubanos por nacimiento y tener no menos de cinco años en el ejercicio de su profesión.

El pleno del Tribunal Supremo designará dos de los abogados que serán el Presidente y el Secretario el Tribunal.

El Presidente de la República designará un miembro abogado y uno contador público o profesor mercantil.

El Consejo Universitario designará un miembro contador público o profesor mercantil.

Los miembros del Tribunal de Cuentas desempeñarán sus cargos por un período de ocho años y sólo podrán ser separados dentro de este período por el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales del Tribunal Supremo de Justicia de la República, previo expediente y resolución razonada.

Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán formar parte de ningún otro organismo oficial o autó­nomo que dependa, directa o indirectamente, del Estado, la Provincia o el Municipio, ni podrán ejercer profesión, industria o comercio.

Este art. reproduce el 267 de la Const. de 1940.

Artículo 219.—Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere:

a) Ser cubano por nacimiento.

b) Haber cumplido treinta años de edad.

c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no tener antecedentes penales.

d) Ser abogado con cinco años de ejercicio; haber sido Ministro, o Secretario, o Subsecretario de Hacienda, Interventor General de la República, Tesorero o Jefe de Contabilidad del Ministerio de Hacienda; Catedrático de Economía, Hacienda, Intervención y Fiscalización o de Contabilidad en establecimiento oficial de enseñanza; o poseer título de Contador Público p Profesor Mercantil con cinco años de ejercicio.

Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán tener interés, directo o indirecto, en ninguna empresa agrícola, industrial, comercial o financiera conectada con el Estado, la Provincia o el Municipio.

Reproduce este art. el 268 de la Const. de 1940.

Artículo 220.—El Tribunal de Cuentas nomb­rará interventores, funcionarios, empleados y auxiliares, mediante prueba acreditativa de capacidad.

Este art. reproduce el 269 de la Const. de 1940.

Artículo 221.—Son atribuciones del Tribunal de Cuentas:

a) Velar por la aplicación de los Presupuestos del Estado, la Provincia y el Municipio y el Municipio y de los organismos autónomos que reciban sus ingresos directa o indirectamente a través del Estado, examinando y fiscalizando la contabilidad de todos ellos.

b) Conocer de las órdenes de adelanto del Estado para aprobar la situación de fondos con vista del presupuesto, de manera que se cumplan las disposiciones de la Ley de Bases y que se tramiten sin pre­ferencias ni pretericiones.

c) Inspeccionar en general los gastos y desembolsos del Estado, la Provincia y el Municipio tanto para la realización de obras, como para suministros y pago de personal y las subastas hechas con ese fin. A este efecto podrá incoar expedientes para comprobar si los pagos realizados corresponden efectivamente al servicio realizado por las instituciones oficiales bajo su supervisión, debiendo comprobar por medio de los expedientes correspondientes para fijar el costo promedio por unidad de obra y el valor promedio de los suministros que el Estado deba percibir de acuerdo con el mercado. Asimismo podrá tramitar todas las denuncias que se formulen con este motivo y rendir un informe anual al Presidente de la República en relación con las forma en que se han realizado los gastos de las instituciones bajo su fiscalización, para que éste lo envíe con sus respectivas observaciones al Consejo de Ministros.

d) Pedir informe a todos los organismos y dependencias sujetas a su fiscalización y nombrar delegado especial para practicar las correspondientes investigaciones cuando los datos no sean suministrados, o cuando éstos se estimen deficientes.

El Tribunal estará obligado a rendir información detalla al Poder Ejecutivo y al Consejo de Ministros cuando sea requerido al efecto, sobre todos los extremos concernientes a su actuación.

e) Rendir anualmente un informe con respecto al estado y administración del tesoro público, la moneda nacional, deuda pública y el presupuesto y su liquidación.

f) Rendir declaración bajo juramento o promesa a todo ciudadano designado para desempeñar una función pública, antes de tomar posesión y al cesar en el cargo, acerca de los bienes de fortuna que posea, y realizando al efecto las investigaciones que estime procedentes.

La Ley regulará y determinará la oportunidad y forma de ejercer esta función.

g) Dar cuenta a los tribunales del tanto de culpa que resulte de la inspección y fiscalización que realice en relación con las facultades que le han sido concedidas por los incisos anteriores, y dictar las instrucciones oportunas en los casos de infracciones en que no hubiere responsabilidad penal, para el mejor cumplimiento de las leyes de contabilidad por todos organismos sujetos a su fiscalización.

h) Publicar sus informes para general conocimiento.

i) Cumplir los demás deberes que le señalan la Ley y los Reglamentos.

Reproduce este art. literalmente el 270 de la Const. de 1940.

DISPOSICION TRANSITORIA

AL TITULO DECIMOQUINTO
Sección Tercera

UNICA: Los miembros del Tribunal de Cuentas designados durante el término de suspensión de la inamovilidad de los mismos, acordada por el Consejo de Ministros y promulgada en la Gaceta Oficial de fecha 13 de enero de 1959, podrán continuar  en el ­desempeño de sus cargos aunque no reúnan los requisitos de edad mínima y de tiempo mínimo de ejercicio profesional que requiere esta Ley Fundamental

SECCION CUARTA
De la Economía Nacional

Artículo 222.—El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo para asegurar a cada individuo una existencia decorosa.

Será función primordial del Estado fomentar la agricultura e industria nacionales, procurando su diversificación como fuentes de riqueza pública y beneficio colectivo.

Es este art. equivalente al 271 de la Const. de 1940.

Artículo 223.—E1 dominio y posesión de bienes inmuebles y la explotación de empresas o negocios agrícolas, industriales, comerciales, bancarios y de cual­ otra índole por extranjeros radicados en Cuba, o que en Cuba realicen sus operaciones aunque radiquen fuera de ella, están sujetos de un modo obligatorio a las mismas condiciones que establezca la Ley para las nacionales, las cuales deberán responder, en todo caso, al interés económico-social de la Nación.

Es este art. equivalente al 272 de la Const. de 1940.

Artículo  224.—El incremento del valor de las tierras y de la propiedad inmueble, que se produzca sin esfuerzo del trabajo o del capital privado y únicamente por causa de la acción del Estado, la Provincia o el Municipio, cederá en beneficio de éstos la parte proporcional que determine la Ley.

Reproduce este art. el 273 de la Const. de 1940.

Artículo 225.—Serán nulas las estipulaciones de los contratos de arrendamiento, colonato o aparcería de fincas rústicas que impongan la renuncia de derechos reconocidos  por la Ley Fundamental o en la Ley, y también cualesquiera otros pactos que esta o los Tribunales declaren abusivos.

Al regular dichos contratos se establecerán las normas adecuadas para tutelar las rentas que serán flexibles, con máximos y mínimos según el destino, productividad, ubicación y demás circunstancias del bien arrendado; para fijar el mínimo de duración de los propios contratos según dichos elementos, y para garantizar al arrendatario, colono o aparcero, una compensación razonable por el valor de las mejoras y bien­hechurías que entrega en buen estado y que haya realizado a sus expensas con el consentimiento expreso o tácito del dueño, o por haberlas requerido la explo­tación del inmueble dado su destino.

El arrendatario no tendrá derecho a dicha compen­sación si el contrato termina anticipadamente por su culpa, ni tampoco cuando rehúse la prórroga que se le ofrezca bajo las mismas condiciones vigentes al ocu­rrir el vencimiento del contrato.

También regulará la Ley los contratos de refacción agrícola y de molienda de cañas, así como la entrega de otros frutos por quien los produzca, otorgando al agricultor la debida protección.

Reproduce íntegramente este art. el 274 de la Const. de 1940.

Artículo 226.—La Ley regulará la siembra y molienda de la caña por administración, reduciéndolas al límite mínimo impuesto por la necesidad económico- social de mantener la industria azucarera sobre la base de la división de los dos grandes factores que concurren a su desarrollo: industriales o productores de azúcar y agricultores o colonos, productores de caña.

Es equivalente este art. al 275 de la Const. de 1940.

Artículo  227.—Serán nulas y carecerán de efecto las leyes y disposiciones creadoras de monopolios privados, o que regulen el comercio, la industria y la agricultura en forma tal que produzca ese resultado.

La Ley cuidará especialmente de que no sean monopolizadas en interés particular las actividades comerciales en los centros de trabajos agrícolas e industriales.

 Reproduce este art. el 276 de la Const. de 1940.

Artículo 228.—Los servicios públicos, nacionales o locales, se considerarán de interés social. Por consi­guiente, tanto el Estado como la Provincia y el Municipio, en sus casos respectivos, tendrán el derecho de supervisarlos, dictando al efecto las medidas necesarias.

Reproduce este art. el 277 de la Const. de 1940.

Artículo 229.—No se gravará con impuesto de con­sumo la materia prima nacional que, sea o no producto del agro, se destine a la manufactura o exportación.

Tampoco se establecerá impuesto de consumo sobre los productos de la industria nacional, si no pueden gravarse en igual forma los mismos productos, sus similares o sustitutos importados del extranjero.

Este art. reproduce el 278 de la Const. de 1940.

Artículo 230.—El Estado mantendrá la independencia de las instituciones privadas de previsión y cooperación social que se sostienen normalmente sin el auxilio de los fondos públicos, y contribuirá al desenvolvimiento de las mismas mediante la legislación adecuada.

Este art. es equivalente al 279 de la Const. de 1940.

Artículo 231.—La moneda y la banca estarán sometidas a la regulación y fiscalización del Estado.

El Estado mantendrá organizado por medio de entidades autónomas un sistema bancario para el mejor desarrollo de su economía, así como el Banco Nacional, que lo será de Emisión y Redescuento. El Estado podrá exigir que el capital del Banco Nacional sea suscrito por los bancos existentes en el territorio nacional. Los que cumplan estos requisitos estarán representados en el Consejo de Dirección.

TITULO DECIMOSEXTO
De la Reforma de la Ley Fundamental

Artículo  232.—Esta Ley Fundamental podrá reformase por el Consejo de Ministros, en votación nominal, con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes, ratificada por igual votación en tres sesiones sucesivas, y con la aprobación del Presidente de la República.

Este art. reproduce no el 285 de la Const. de 1940 sino el 257 de los Estatutos que se promulgaron con ocasión del Golpe de Estado del 10 de Marzo de 1952, la intervención popular en la reforma de la Constitución es un postulado indeclinable con o sin Revolución.

Artículo 233.—La reforma de la Ley Fundamental podrá ser específica, parcial o íntegra.

Equivale este art. al 286 de la Const. de 1940, con supresión de lo relativo a la celebración de referéndum o constitución de Asamblea plebiscitaria para acordar la reforma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ADICIONALES

PRIMERA: Todas las disposiciones legales y reglamentarias penales, civiles y administrativas, promulgadas por el Alto Mando del Ejército Rebelde durante el desarrollo de la lucha armada contra la tiranía derrocada el día 31 de diciembre de 1958, continuarán en vigor en todo el territorio de la Nación hasta que se instaure el Gobierno de elección popular, salvo modificación o derogación posteriores.

SEGUNDA: Para su más amplio conocimiento se dispone la publicación en la Gaceta Oficial de la República de todas las disposiciones legales y reglamentarias promulgadas en el territorio libre por el Alto Mando del Ejército Rebelde durante el desarrollo de la lucha armada.

TERCERA: Se suspende por un término de noventa (90) días a partir de la promulgación de esta Ley Fundamental, la aplicación de sus artículos 27, 29, 174 y 175 respecto a aquellas personas sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Revolucionarios regu­lados por el régimen penal del Alto Mando del Ejército Rebelde, así como a los miembros de las fuerzas armadas de los grupos represivos de la tiranía derro­cada el día 31 de diciembre de 1958, de los grupos auxiliares organizados por ésta, de los grupos armados privadamente, organizados para defender dicha tiranía, así como de los confidentes. Tampoco serán de aplicación dichos preceptos constitucionales a aquellas personas sujetas a investigación y detenidas por autoridades militares, a quienes se les impute la comisión de delitos cometidos en pro de la instauración y defensa de la tiranía y contra la economía nacional o la  Hacienda Pública.

CUARTA: Por igual término se suspende la aplicación del ­inciso d) del Artículo 152 y el Inciso a) del artículo 160 de esta Ley Fundamental, en los casos en que las cuestiones de constitucionalidad e inconsti­tucionalidad fueren promovidas por las personas a que se contrae la Disposición Transitoria anterior, o mediante acción pública e interés de aquellas.

QUINTA: Se suspenden íntegramente durante un término de 30 días hábiles posteriores a la promulgación de esta Ley Fundamental, las Disposiciones contenidas en el Título Duodécimo sobre inamovilidad del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal, Abogados de Oficio, así como Auxiliares y Subalternos y de los funcionarios y empleados electorales.

La remoción de los funcionarios que desempeñan la Cuarta y Quinta Categorías del Poder Judicial y de los Auxiliares y Subalternos del Tribunal Supremo, la realizará la Sala de Gobierno Especial del mismo, conjuntamente con el Presidente de la República procediendo a designar libremente los sustitutos correspondientes.

La organización en las demás categorías se confieren a la Sala de Gobierno Especial del Tribunal Sup­remo, lo que en el plazo señalado, podrá remover libremente a todos los funcionarios del Poder Judicial de la Re­pública, desde la Sexta a la última categoría, pero las designaciones para cubrir las vacantes las realizará de acuerdo y por los turnos señalados en esta Ley Fundamental.

La Sala de Gobierno Especial del Tribunal Supremo podrá remover y designar libremente durante el citado plazo, a los Auxiliares y Subalternos de las Audiencias y Juzgados de la República.

Al Tribunal Superior Electoral corresponderá remover y designar libremente, durante el propio plazo a los funcionarios y empleados electorales.

A partir de la promulgación de esta Ley Fundamental y hasta que esté terminada la reorganización del Poder Judicial y de los Organismos Electorales, que se regula en la presente Disposición Transitoria, no podrá promoverse, tramitarse ni concederse jubilación judicial alguna, salvo autorización expresa del Poder Ejecutivo.

Esta Ley Fundamental comenzará a regir a partir de su publicación en la GACETA OFICIAL de la República.

Por Tanto: Mando que se cumpla y ejecute la presente Ley en todas sus partes.

Dada en el Palacio de la Presidencia, en La Habana, el 7 de febrero de 1959.

MANUEL URRUTIA LLEO.

José Miró Vardona,

Primer Ministro.

Roberto Agramonte Pichardo,

Ministro de Estado.

Ángel Fernández Rodríguez,

Ministro de Justicia.

Luis Orlando Rodríguez Rodríguez,

Ministro de Gobernación.

Rufo  López  Fresquet,   

Ministro de Hacienda

Manuel Ray Rivero,

Ministro de Obras Públicas.

Humberto Sorí Marín,

Ministro de Agricultura.

Raúl Cepero Bonilla,

Ministro de Comercio,

Manuel Fernández García,

Ministro del Trabajo.

Armando Hart Dávalos,

Ministro de Educación.

Julio Martínez Páez,

Ministro de Salubridad.

 Elena Mederos Cabañas,

Ministro de Bienestar Social.

Enrique Oltuski Ozacki,

Ministro de Comunicaciones.

Julio Camacho Aguilera,

Ministro Encargado de la Corporación Nacional de Transportes.

 Augusto R. Martínez Sánchez,

Ministro de Defensa Nacional.

Faustino Pérez Hernández,

 Ministro de Recuperación de Bienes Malversados.

 Osvaldo Dorticós Torrado,

 Ministro Encargado de la Ponencia y  Estudios de las Leyes Revolucionarias.

 Regino Boti León,

Ministro Encargado del Consejo Nacional de Economía.

 Luis M. Buch Rodríguez,

Secretario de la Presidencia y del Consejo de Ministros.

Constitución de 1940

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA

1 DE JULIO DE 1940

Promulgada en la Escalinata del Capitolio Nacional por el Presidente de la Convención Constituyente de 1940, doctor Carlos Márquez Sterling.

Nosotros, los delegados del pueblo de Cuba, reunidos en Convención Constituyente, a fin de dotarlo de una nueva Ley fundamental que consolide su organización como Estado independiente y soberano, apto para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general, acordamos; invocando el favor de Dios, la siguiente Constitución:
TITULO I

De la nación, su territorio y forma de gobierno

Artículo 1.0 Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.

Art. 2.0 La soberanía reside en el pueblo y de este emanan todos los poderes públicos.

Art. 3.0 El territorio de la República esta integrado por la Isla de Cuba, la Isla de Pinos y las demás islas y cayos adyacentes que con ellas estuvieron bajo la soberanía de España hasta la ratificación del Tratado de París, de diez de diciembre de mil ochocientos noventa y ocho. La República no concertar ni ratifica pactos o tratados que en forma alguna limiten o menoscaben la soberanía nacional o la integridad del territorio.

Art. 4.0 El territorio de la República se divide en provincias y éstas en términos municipales. Las actuales provincias se denominan: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente.

Art. 5.0 La bandera de la República es la de Narciso López, que se izó en la fortaleza del Morro de La Habana el día veinte de mayo de mil novecientos dos, al transmitirse los Poderes públicos al pueblo de Cuba. El escudo nacional es el que como tal está establecido por la Ley. La República no reconocer ni consagra con carácter nacional otra bandera, himno o escudo que aquellos a que este artículo se refiere. En los edificios, fortalezas y dependencias públicas y en los actos oficiales no se izará más bandera que la nacional, salvo las extranjeras en los casos y en la forma permitidos por el Protocolo y por los usos internacionales, los tratados y las Leyes. Por excepción podrá enarbolarse en la ciudad de Bayamo, declarada monumento nacional, la bandera de Carlos Manuel de Céspedes. El himno nacional es el de Bayamo, compuesto por Pedro Figueredo, y será el único que se ejecute en todas las dependencias del Gobierno, cuarteles y actos oficiales. Los himnos extranjeros podrán ejecutarse en los casos expresados anteriormente en relación con las banderas extranjeras. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo, en las fortalezas y cuarteles se podrán izar banderas pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Asimismo las sociedades, organizaciones o centros de cualquier clase podrán izar sus banderas o insignias en sus edificios, pero siempre el pabellón nacional ocupará lugar preferente.

Art. 6.0 El idioma oficial de la República es el español.

Art. 7,0 Cuba condena la guerra de agresión; aspira a vivir en paz con los demás Estados y a mantener con ellos relaciones y vínculos de cultura y de comercio. El Estado cubano hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propendan a la solidaridad humana, al respeto de la soberanía de los pueblos, a la reciprocidad entre los Estados y a la paz y la civilización universales.
TITULO II

De la nacionalidad

Art. 8.0 La ciudadanía comporta deberes y derechos, cuyo ejercicio adecuado será regulado por la Ley.

Art. 9.0 Todo cubano está obligado:
a) A servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la Ley.
b) A contribuir a los gastos públicos en la forma y cuantía que la Ley disponga.
c) A cumplir la Constitución y las Leyes de la República y observar conducta cívica, inculcándola a los propios hijos y a cuantos estén bajo su abrigo, promoviendo en ellos la más pura conciencia nacional.

Art. 10. El ciudadano tiene derecho:

a) A residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuáles sean su raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas.
b) A votar según disponga la Ley en las elecciones y referendos que se convoquen en la República.
c) A recibir los beneficios de la asistencia social y de la cooperación pública, acreditando previamente en el primer caso su condición de pobre.
d) A desempeñar funciones y cargos públicos.
e) A la preferencia que en el trabajo dispongan la Constitución y la Ley.

Art. 11. La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

Art. 12. Son cubanos por nacimiento:
a) Todos los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de los extranjeros que se encuentren al servicio de su Gobierno.
b) Los nacidos en territorio extranjero, de padre o madre cubanos, por el solo hecho de avecindarse aquellos en Cuba.
c) Los que habiendo nacido fuera del territorio de la República de padre o madre natural de Cuba que hubiesen perdido esta nacionalidad, reclamen la ciudadanía cubana en la forma y con sujeción a las condiciones que señale la Ley.
d) Los extranjeros que por un año o más hubiesen prestado servicios en el Ejército Libertador permaneciendo en éste hasta la terminación de la Guerra de Independencia, siempre que acrediten esta condición con documento fehaciente expedido por el Archivo Nacional.

Art. 13. Son cubanos por naturalización:

a) Los extranjeros que después de cinco años de residencia continua en el territorio de la República y no menos de uno después de haber declarado su intención de adquirir la nacionalidad cubana, obtengan la carta de ciudadanía con arreglo a la Ley, siempre que conozca el idioma español.
b) El extranjero que contraiga matrimonio con cubana, y la extranjera que lo contraiga con cubano, cuando tuvieren prole de esa unión o llevaren dos años de residencia continua en el país después de la celebración del matrimonio, y siempre que hicieren previa renuncia de su nacionalidad de origen.

Art. 14. Las cartas de ciudadanía y los certificados de nacionalidad cubana estarán exentas de tributación.

Art. 15. Pierden la ciudadanía cubana:
a) Los que adquieran una ciudadanía extranjera.
b) Los que sin permiso del Senado entren al servicio militar de otra nación, o al desempeño de funciones que lleven aparejada autoridad o jurisdicción propia.
c) Los cubanos por naturalización que residan tres años consecutivos en el país de su nacimiento, a no ser que expresen cada tres años, ante la autoridad consular correspondiente, su voluntad de conservar la ciudadanía cubana. La Ley podrá determinar delitos y causas de indignidad que produzcan la pérdida de la ciudadanía por naturalización, mediante sentencia firme de los Tribunales competentes.
d) Los naturalizados que aceptaren una doble ciudadanía. La pérdida de la ciudadanía por los motivos consignados en los incisos a) y c) de este artículo no se hará efectiva sino por sentencia firme dictada en juicio contradictorio ante Tribunal de Justicia, según disponga la Ley.

Art. 16. Ni el matrimonio ni su disolución afectaran a la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos. La cubana casada con extranjero conservará la nacionalidad cubana. La extranjera que se case con cubano y el extranjero que se case con cubana conservarán su nacionalidad de origen, o adquirirán la cubana, previa opción regula-da por la Constitución, la Ley o los tratados internacionales.

Art. 17. La ciudadanía cubana podrá recobrarse en la forma que prescriba la Ley.

Art. 18. Ningún cubano por naturalización podrá desempeñar, a nombre de Cuba, funciones oficiales en su país de origen.

TITULO III

De la extranjería

Art. 19. Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equipararán a los cubanos:
a) En cuanto a la protección de su persona y bienes.
b) En cuanto al goce de los derechos reconocidos en esta Constitución, con excepción de los que se otorgan exclusivamente a los nacionales. El Gobierno, sin embargo, tiene la potestad de obligar a un extranjero a salir del territorio nacional en los cases y forma señalados en la Ley. Cuando se trate de extranjeros con familia cubana constituida en Cuba, deberá medio fallo judicial para expulsión, conforme a lo que prescriben las Leyes en la materia. La Ley regulará la organización de las asociaciones de extranjeros, sin permitir discriminación contra los derechos de los cubanos que formen parte de ellas.
c) En la obligación de acatar el régimen económico social de la República.
d) En la obligación de observar la Constitución y la Ley.
e) En la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y cuantía que la Ley disponga.
f) En la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los Tribunales de Justicia y autoridades de la República.
g) En cuanto al disfrute de los derechos civiles, bajo las condiciones y con las limitaciones que la Ley prescriba.
TÍTULO IV

Derechos fundamentales

SECCIÓN PRIMERA
De los derechos individuales

Art. 20. Todos los cubanos son iguales ante la Ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Se declara ilegal y punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, color o clase, y cualquiera otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá las sanciones en que incurran los infractores de este precepto.

Art. 21. Las Leyes penales tendrán efecto retroactivo cuando sean favorables al delincuente. Se excluye de este beneficio, en los casos en que haya mediado robo, a los funcionarios o empleados públicos que delincan en el ejercicio de su cargo y a los responsables de delitos electorales y contra les derechos individuales que garantiza esta Constitución. A los que incurriesen en estos delitos se les aplicarán las penas y calificaciones de la Ley vigente al momento delinquir.

Art. 22. Las demás Leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo que la propia Ley lo determine por razones de orden publique, de utilidad social o de necesidad nacional, señaladas expresamente en la Ley con el voto conforme de las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cuerpo colegislador. Si fuera impugnado el fundamento de la retroactividad en vía de inconstitucionalidad, corresponderá al Tribunal de Garantías Constitucionales v Sociales decidir sobre el mismo, sin que pueda dejar de hacerlo por razón de forma y otro motivo cualquiera. En todo caso, la propia Ley establecerá el grado, modo y forma en que se indemnizarán los daños, si los hubiere, que la retroactividad infiriese a los derechos adquiridos legítimamente al amparo de una legislación anterior. La Ley acordada al amparo de este artículo no será válida si produce efectos contrarios a lo dispuesto en el artículo 24 de esta Constitución.

Art. 23. Las obligaciones de carácter civil que nazcan de los contratos o de otros actos u omisiones que las produzcan no podrán ser anuladas ni alteradas por el Poder Legislativo ni por el Ejecutivo, y por consiguiente, las Leyes no podrán tener efecto retroactivo respecto a dichas obligaciones. El ejercicio de las acciones que de éstas se deriven podrá ser suspendido, en caso grave de crisis nacional, por el tiempo que fuere razonablemente necesario, mediante los mismos requisitos y sujeto a la impugnabilidad a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior.

Art. 24. Se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo fijada judicialmente. La falta de cumplimiento de estos requisitos determinará el derecho del expropiado a ser amparado por los Tribunales de Justicia, y en su caso reintegrado en su propiedad. La certeza de la causa de utilidad pública o interés social y la necesidad de la expropiación correspondiente decidirían a los Tribunales de Justicia en caso de impugnación.

Art. 25. No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera.

Art. 26. La Ley Procesal Penal establecerá las garantías necesarias para que todo delito resulte probado independientemente del testimonio del acusado, del cónyuge y también de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se considerará inocente a todo acusado hasta que se dicte condena contra él. En todos los casos las autoridades y sus agentes levantarán acta de la detención, que firmará el detenido, a quien se le comunicará la autoridad que la ordenó, el motivo que la produce y el lugar adonde va a ser conducido, dejándose testimonio en el acta de todos estos particulares. Son públicos los registros de detenidos y presos. Todo hecho contra la integridad personal, la seguridad o la honra de un detenido será imputable a sus aprehensores o guardianes, salvo que se demuestre lo contrario. El subordinado podrá rehusar el cumplimiento de las órdenes que infrinjan esta garantía. El custodio que hiciere uso de las armas contra un detenido o preso que intentare fugarse será necesariamente inculpado y responsable, según las Leyes, del delito que hubiere cometido. Los detenidos o presos políticos o sociales se recluirán en departamentos separados del de los delincuentes comunes y no serán sometidos a trabajo alguno, ni a la reglamentación del penal para los presos comunes. Ningún detenido o preso será incomunicado. Solamente la jurisdicción ordinaria conocerá de las infracciones de este precepto, cualesquiera que sean el lugar, circunstancias y personas que en la detención intervengan.

Art. 27. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al de su detención. Toda detención se dejará sin efecto, o se elevan a prisión, por auto judicial fundado, dentro de las setenta y dos horas de haberse puesto el detenido a la disposición del juez competente. Dentro del mismo plazo se notificará al interesado el auto que se dictare. La prisión preventiva se guardará en lugares distintos y completamente separados de los destinados a la extinción de las penas, sin que puedan ser sometidos los que así guarden prisión a trabajo alguno, ni a la reglamentación del penal para los que extingan condenas.

Art. 28. Nadie será procesado ni condenado sino por juez o Tribunal competentes en virtud de Leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establezcan. No se dictará sentencia contra el procesado rebelde ni será nadie condenado en causa criminal sin ser oído. Tampoco se le obligará a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Toda declaración obtenida con infracción de este precepto será nula, y los responsables incurrirán en las penas que fije la Ley.

Art. 29. Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevean la Constitución y las Leyes, será puesto en libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, sin necesidad de poder ni de dirección letrada, mediante un sumarísimo procedimiento de habeas corpus ante los Tribunales ordinarios de Justicia. El Tribunal Supremo no podrá declinar su jurisdicción ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su res’» lución, que será preferente a cualquier otro asunto. Es absolutamente obligatoria la presentación ante el Tribunal que haya expedido el habeas corpus de toda persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la retenga, sin que pueda alegarse obediencia debida. Serán nulas, y así lo declarará de oficio la autoridad judicial, cuantas disposiciones impidan o retarden la presentación de la persona privada de libertad, así como las que produzcan cualquier dilación en el procedimiento de habeas corpus. Cuando el detenido o preso no fuere presentado ante el Tribunal que conozca de habeas corpus, éste decretará la detención del infractor, el que será juzgado de acuerdo con lo que disponga la Ley. Los jueces o magistrados que se negaren a admitir la solicitud de mandamiento de habeas corpus, o no cumplieren las demás disposiciones de este artículo, serán separados de sus respectivos cargos por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Art. 30. Toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las Leyes sobre inmigración y las atribuciones de la autoridad en caso de responsabilidad criminal. A nadie se obligará a mudar de domicilio o residencia sino por mandato de autoridad judicial y en los casos y con los requisitos que la Ley señale. Ningún cubano podrá ser expatriado ni se le prohibirá la entrada en el territorio de la República.

Art. 31. La República de Cuba brinda y reconoce el derecho de asilo a los perseguidos políticos, siempre que los acogidos a él respeten la soberanía y las Leyes nacionales. El Estado no autorizará la extradición de reos de delitos políticos ni intentará extraditar a los cubanos reos de esos delitos que se refugiaren en territorio extranjero. Cuando lo precediere conforme a la Constitución y la Ley la expulsión de un extranjero del territorio nacional, esta no se verificará si se tratare de asilado político hacia el territorio del Estado que pueda reclamarlo.

Art. 32. Es inviolable el secreto de la correspondencia y demás documentos privados, y ni aquélla ni éstos podrán ser ocupados ni examinados sino a virtud de auto fundado de juez competente y por los funcionarios o agentes oficiales. En todo caso, se guardará secreto respecto de los extremos ajenos al asunto que motivare la ocupación o examen. En los mismos términos se declara inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.

Art. 33. Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio gráfico u oral de expresión, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión disponibles. Sólo podrá ser recogida la edición de libros, folletos, discos, películas, periódicos o publicaciones de cualquier índole cuando atente contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública, previa resolución fundada de autoridad judicial competente y sin perjuicio de las responsabilidades que se deduzcan del hecho delictuoso cometido. En los casos a que se refiere este artículo no se podrá ocupar ni impedir el uso y disfrute de los locales, equipos o instrumentos que utilice el órgano de publicidad de que se trate, salvo por responsabilidad civil.

Art. 34. El domicilio es inviolable y, en su consecuencia, nadie podrá entrar de noche en el ajeno sin el consentimiento de su morador, a no ser para socorrer a víctimas de delito o desastre; ni de día, sino en los casos y en la forma determinados por la Ley. En caso de suspensión de esta garantía será requisito indispensable para penetrar en el domicilio de una persona que lo haga la propia autoridad competente, mediante orden o resolución escrita, de la que se dejará copia auténtica al morador, a su familia o al vecino más próximo, según proceda. Cuando la autoridad delegue en alguno de sus agentes se procederá del mismo modo.

Art. 35. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. La Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto.

Art. 36. Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades y a que le sean atendidas y resueltas en término no mayor de cuarenta y cinco días, comunicándoselo lo resuelto. Transcurrido el plazo de la Ley, o, en su defecto, el indicado anteriormente, el interesado podrá recurrir, en la forma que la Ley autorice, como sí su petición hubiese sido denegada.

Art. 37- Los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitación que la indispensable para asegurar el orden público. Es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional.

Art. 38. Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano participar en la vida política de la nación.

Art. 39. Solamente los ciudadanos cubanos podrán desempeñar funciones públicas que tengan aparejada jurisdicción.

Art. 40. Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza serán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran. Es legítima la resistencia adecuada por la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. La acción para perseguir las infracciones de este Título es pública, sin caución ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia. La enumeración de los derechos garantizados en este Título no excluye los demás que esta Constitución establezca, ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
SECCION SEGUNDA

De las garantías constitucionales

Art. 41. Las garantías constitucionales de los derechos reconocidos en los artículos veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta (párrafos primero y segundo), treinta y dos, treinta y tres, treinta y seis y treinta y siete (párrafo primero) de esta Constitución, podrán suspenderse, en todo o en parte del territorio nacional, por un período no mayor de cuarenta y cinco días naturales, cuando lo exija la seguridad del Estado, o en caso de guerra o invasión del territorio nacional, grave alteración del orden u otros que perturben hondamente la tranquilidad pública. La suspensión de las garantías constitucionales sólo podrá dictarse mediante una Ley especial acordada por el Congreso, o mediante Decreto del Poder Ejecutivo; pero en este último caso en el mismo Decreto de suspensión se convocará al Congreso para que, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas y reunido en un solo Cuerpo, ratifique o no la suspensión, en votación nominal y por mayoría de votos. En el caso de que el Congreso así reunido votase en contra de la suspensión, las garantías quedarán automáticamente restablecidas.

Art. 42. El territorio en que fueron suspendidas las garantías a que se refiere el articulo anterior se regirá por la Ley de Orden Público dictada con anterioridad; pero ni en dicha Ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de más garantías que las mencionadas. Tampoco podrá hacerse declaración de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las establecidas por la Ley al disponerse la suspensión. Los detenidos por los motivos que hayan determinado la suspensión deberán ser recluidos en lugares especiales destinados a los procesados o penados por delitos políticos o sociales. Queda prohibida al Poder Ejecutivo la detención de persona alguna por más de diez días sin hacer entrega de ella a la autoridad judicial.
TITULO V

De la familia y la cultura

SECCION PRIMERA
Familia

Art. 43. La familia, la maternidad y el matrimonio tienen la protección del Estado. Sólo es válido el matrimonio autorizado por funcionarios con capacidad legal para realizarlo. El matrimonio judicial es gratuito y será mantenido por la Ley. El matrimonio es el fundamento legal de la familia y descansa en la igualdad absoluta de derechos para ambos cónyuges; de acuerdo con este principio se organizará un régimen económico. La mujer casada disfruta de la plenitud de la capacidad civil, sin que necesite de licencia o autorización marital para regir sus bienes, ejercer libremente el comercio, la industria, profesión, oficio o arte, y disponer del producto de su trabajo. El matrimonio puede disolverse por acuerdo de los cónyuges o a petición de cualquiera de los dos, por las causas y en la forma establecida en la Ley. Los Tribunales determinarán los casos en que por razón de equidad la unión entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio será equiparada, por su estabilidad y singularidad, al matrimonio civil. Las pensiones por alimentos a favor de la mujer y de los hijos gozarán de preferencia respecto a cualquier obligación, y no podrá oponerse a esa preferencia la condición de inembargable de ningún bien, sueldo, pensión o ingreso económico de cualquier clase que sea. Salvo que la mujer tuviera medios justificados de subsistencia, o fuere declarada culpable, se fijará en su beneficio una pensión proporcionada a la posición económica del marido y teniendo en cuenta a la vez las necesidades de la vida social. Esta pensión será pagada y garantizada por el marido divorciado y subsistirá hasta que su ex cónyuge contrajere nuevo matrimonio, sin perjuicio de la pensión que se fijará a cada hijo, la cual deberá ser también garantizada. La Ley impondrá adecuadas sanciones a los que en caso de divorcio, de separación o cualquiera otra circunstancia, traten de burlar o eludir esa responsabilidad.

Art. 44. Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos, y éstos a respetar y asistir a sus padres. La Ley asegurará el cumplimiento de estos deberes con garantías y sanciones adecuadas. Los hijos nacidos fuera del matrimonio de personas que al tiempo de la concepción estuvieren en actitud de contraerlo, tienen los mismos derechos y deberes que se señalan en el párrafo anterior, salvo lo que la Ley prescribe en cuanto a la herencia. A este electo tendrán iguales derechos los habidos fuera del matrimonio por persona casada cuando ata los reconociere o cuando recayere sentencia declarando la filiación. La Ley regulará la investigación de la paternidad. Queda abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación. No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción de aquellos, ni en ningún atestado, partida de bautismo o certificado referente a la filiación.

Art. 45. El régimen fiscal, los seguros y la asistencia social se aplicarán dé acuerdo con las normas de protección a la familia establecida en esta Constitución. La niñez y la juventud estarán protegidas contra la explotación y el abandono moral y material. El Estado, la Provincia y el Municipio organizarán instituciones adecuadas al efecto.

Art. 46. Dentro de las restricciones señaladas en esta Constitución el cubano tendrá libertad de testar sobre la mitad de la herencia.
SECCION SEGUNDA

Cultura

Art. 47. La cultura, en todas sus manifestaciones, constituye un interés primordial del Estado. Son libres la investigación científica, la expresión artística y la publicación de sus resultados, así como la enseñanza, sin perjuicio, en cuanto a ésta, de la inspección y reglamentación que al Estado corresponda y que la ley establezca,

Art. 48. La instrucción primaria es obligatoria para el menor en edad escolar, y su dispensación lo será para el Estado, sin perjuicio de la cooperación encomendada a la iniciativa municipal. Tanto esta enseñanza como la prerrimaría y las vocacionales serán gratuitas cuando las impartan el Estado, la Provincia o el Municipio. Asimismo lo será el material docente necesario. Será gratuita la segunda enseñanza elemental y toda enseñanza superior que impartan el Estado o los Municipios, con exclusión de los estudios preuniversitarios especializados y los universitarios. En los Institutos creados o que se crearen en lo sucesivo categoría de preuniversitarios, la Ley podrá mantener o establecerá el pago de una matrícula módica de cooperación, que se destinará a las atenciones de cada establecimiento. En cuanto le sea posible, la República ofrecerá becas para el disfrute de las enseñanzas oficiales no gratuitas a los jóvenes que, habiendo acreditado vocación y aptitud sobresalientes, se vieren impedidos, por insuficiencia de recursos, de hacer tales estudios por su cuenta.

Art. 49. El Estado mantendrá un sistema de escuelas para adultos, dedicadas particularmente a la eliminación y prevención del analfabetismo; escuelas rurales predominantemente prácticas, organizadas con vista de los intereses de las pequeñas comunidades agrícolas, marítimas o de cualquier clase, y escuelas de artes y oficios y de técnica agrícola industrial y comercial, orientadas de modo que respondan a las necesidades de la economía nacional. Todas estas enseñanzas serán gratuitas, y a su sostenimiento colaborarán las Provincias y los Municipios en la medida de sus posibilidades.

Art. 50. El Estado sostendrá las escuelas normales indispensables para la preparación técnica de los maestros encargados de la enseñanza primaria en las escuelas públicas. Ningún otro centro podrá expedir títulos de maestros primarios, con excepción de las Escuelas de Pedagogía de las Universidades. Lo anteriormente dispuesto no excluye el derecho de las escuelas creadas por la Ley para la expedición de títulos docentes en relación con las materias especiales objeto de sus enseñanzas. Estos títulos docentes de capacidad especial darán derecho a ocupar con toda preferencia las plazas vacantes o que se hacen en las respectivas escuelas y especialidades. Para la enseñanza de la economía doméstica, corte y costura e industria para la mujer, deberá de poseerse el título de maestra de economía, artes, ciencias domésticas e industriales, expedido por la Escuela del Hogar.

Art. 51. La enseñanza pública se constituirá en forma orgánica, de modo que exista una adecuada articulación y continuidad entre todos sus grados, incluyendo el superior. El sistema oficial proveerá al estímulo y desarrollo vocacionales, atendiendo a la multiplicidad de las profesiones y teniendo en cuenta las necesidades culturales y prácticas de la nación. Toda enseñanza, pública o privada, estará inspirada en un espíritu de cubanidad y de solidaridad humana, tendiendo a formar en la conciencia de los educandos el amor a la patria, a sus instituciones democráticas y a todos los que por una y otras lucharon.

Art. 52. Toda enseñanza pública será dotada en los presupuestos del Estado, la Provincia o el Municipio, y se hallará bajo la dirección técnica y administrativa del Ministerio de Educación, salvo que una enseñanzas que por su índole especial dependan de otros Ministerios. El Presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al ordinario de ninguno otro Ministerio, salvo caso de emergencia declarada por la Ley. El sueldo mensual del maestro de instrucción primaria no deberá ser, en ningún caso, inferior a la millonésima parte del presupuesto total de la Nación. El personal docente oficial tiene los derechos y deberes de los funcionarios públicos. La designación, ascensos, traslados y separación de los maestros y profesores públicos, inspectores, técnicos y demás funcionarios escolares se regulará de modo que en ello no influyan consideraciones ajenas a las estrictamente técnicas, sin perjuicio de la vigilancia sobre las condiciones morales que deban concurrir en tales funcionarios. Todos los cargos de dirección y supervisión de la enseñanza primaria oficial serán desempeñados por técnicos graduados de la Facultad universitaria correspondiente.

Art. 53. La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse. El Estado contribuirá a creará el patrimonio universitario y al sostenimiento de dicha Universidad consignando a este último fin, en sus presupuestos nacionales, la cantidad que fije la Ley.

Art. 54. Podrán crearse Universidades oficiales o privadas y cualesquiera otras instituciones y centros de altos estudios. La Ley determinará las condiciones que hayan de regularlos.

Art. 55. La enseñanza oficial será laica. Los centros de enseñanza privada estarán sujetos a la reglamentación e inspección del Estado; pero en todo caso conservarán el derecho de impartir, separadamente de la instrucción técnica, la educación religiosa que deseen.

Art. 56. En todos los centros docentes, públicos o privados, la enseñanza de la Literatura, la Historia y la Geografía cubanas, y de la Cívica y de la Constitución, deberán ser impartidas por maestros cubanos por nacimiento y mediante textos de autores que tengan esa misma condición.

Art. 57. Para ejercer la docencia se requiere acreditar la capacidad en la forma que la Ley disponga. La Ley determinará qué profesiones, artes u oficios no docentes requieren títulos para su ejercicio, y la forma en que deben obtenerse. El Estado asegurará la preferencia en la provincia de los servicios públicos a los ciudadanos preparados oficialmente para la respectiva especialidad.

Art. 58. El Estado regulará por medio de la Ley la conservación del tesoro cultural de la Nación, su riqueza artística e histórica, así como también protegerá especialmente los monumentos nacionales y lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.

Art. 59. Se creará un Consejo Nacional de Educación y Cultura que, presidido por el Ministro de Educación, estará encargado de fomentar, orientar técnicamente o inspeccionar las actividades educativas, científicas y artísticas de la Nación. Su opinión será oída por el Congreso en todo proyecto de ley que se relacione con materias de su competencia. Los cargos del Consejo Nacional de Educación y Cultura serán honoríficos y gratuitos.
TITULO VI

Del trabajo y de la propiedad

SECCION PRIMERA

Trabajo

Art. 60. El trabajo es un derecho inalienable del individuo. El Estado empleará los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurará a todo trabajador, manual o intelectual, las condiciones económicas necesarias a una existencia digna.

Art. 61. Todo trabajador manual o intelectual de empresas públicas o privadas, del Estado, la Provincia o el Municipio, tendrá garantizado un salario o sueldo mínimo, que se determinará atendiendo a las condiciones de cada región y a las necesidades normales del trabajador en el orden material, moral y cultural y considerándolo como jefe de familia. La Ley establecerá la manera de regulará periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo, de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial comercial o agrícola. En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, será obligatorio que quede racionalmente asegurado el salario mínimo por jornada de trabajo. El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las responsabilidades por pensiones alimenticias en la forma que establezca la Ley. Son también inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores.

Art. 62. A trabajos igual en idénticas condiciones, corresponderá siempre igual salario, cualesquiera que sean las personas que lo realicen.

Art. 63. No se podrá hacer en el sueldo o salario de los trabajadores manuales e intelectuales ningún descuento que no esté autorizado por la Ley. Los créditos a favor de los trabajadores por haberes y jornales devengados en el último año, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros.

Art. 64. Queda totalmente prohibido el pago en vales, fichas, mercancías o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda de curso legal. Su contravención será sancionada por la Ley. Los jornaleros percibirán su salario en plazo no mayor de una semana.

Art. 65. Se establecen los seguros sociales como derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores, con el concurso equitativo del Estado, los patronos y los propios trabajadores, a fin de proteger a éstos de manera eficaz contra la invalidez, la vejez, el desempleo y demás contingencias del trabajo, en la forma que la Ley determine. Se establece asimismo el derecho de jubilación por antigüedad y el de pensión por causa de muerte. La administración y el gobierno de las instituciones a que se refiere el párrafo primero de este artículo estarán a cargo de organismos paritarios, elegidos por patronos y obreros con la intervención de un representante del Estado, en la forma que determine la Ley, salvo el caso de que se creara por el Estado el Banco de Seguros Sociales. Se declara igualmente obligatorio el seguro por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a expensas exclusivamente de los patronos y bajo la fiscalización del Estado. Los fondos o reservas de los seguros sociales no podrán ser objeto de transferencia, ni se podrá disponer de los mismos para fines distintos de los que determinaron su creación.

Art. 66. La jornada máxima de trabajo no podrá exceder de ocho horas al día. Este máximo podrá ser reducido hasta seis horas diarias para los mayores de catorce años y menores de dieciocho. La labor máxima semanal será de cuarenta y cuatro horas, equivalentes a cuarenta y ocho en el salario, exceptuándose las industrias que, por su naturaleza, tienen que realizar su producción ininterrumpidamente dentro de cierta época del año, hasta que la Ley determine sobre el régimen definitivo de esta excepción. Queda prohibido el trabajo y el aprendizaje a los menores de catorce años.

Art. 67. Se establece para todos los trabajadores manuales e intelectuales el derecho al descanso retribuido de un mes por cada once de trabajo dentro de cada año natural. Aquellos que, por la índole de su trabajo u otra circunstancia, no hayan laborado los once meses, tienen derecho al descanso retribuido de duración proporcional al tiempo trabajado. Cuando por ser fiesta o duelo nacional los obreros vaquen en su trabajo, los patronos deberán abonarles los salarios correspondientes. Sólo habrá cuatro días de fiestas y duelos nacionales en que sea obligatorio el cierre de los establecimientos industriales o comerciales o de los espectáculos públicos, en su caso. Los demás serán de fiesta o duelo oficial y se celebrarán sin que se suspendan las actividades económicas de la Nación.

Art. 68. No podrá establecerse diferencia entre casadas y solteras a los efectos del trabajo. La Ley regulará la protección a la maternidad obrera, extendiéndola a las empleadas. La mujer grávida no podrá ser separada de su empleo, ni se le exigirá efectuar, dentro de los tres meses anteriores al alumbramiento, trabajos que requieran esfuerzos físicos considerables. Durante las seis semanas que precedan inmediatamente al parto, y las seis que le sigan, gozará de descanso forzoso, retribuido igual que su trabajo, conservando el empleo y todos los derechos anexos al mismo y correspondientes a su contrato de trabajo. En el período de lactancia se le concederán dos descansos extraordinarios al día, de media hora cada uno, para alimentar a su hijo.

Art. 69. Se reconoce el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, para los fines exclusivos de su actividad económico social. La autoridad competente tendrá un término de treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un sindicato obrero o patronal. La inscripción determinará la personalidad jurídica del sindicato obrero patronal. La Ley regulará lo concerniente al reconocimiento del sindicato por los patronos y por los obreros, respectivamente. No podrán disolverse definitivamente los sindicatos sin que recaiga sentencia firme de los Tribunales de justicia. Las directivas de estas asociaciones estarán integradas exclusivamente por cubanos por nacimiento.

Art. 70. Se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. La Ley determinará la forma de constitución y funcionamiento en tales entidades de un organismo superior de carácter nacional, y de los organismos locales que fueren necesarios, de modo que estén regidas con plena autoridad por la mayoría de sus colegiados. La Ley regulará también la colegiación obligatoria de las demás profesiones reconocidas oficialmente por el Estado.

Art. 71. Se reconoce el desecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, conforme a la regulación que la Ley establezca para el ejercicio de ambos derechos.

Art. 72. La Ley regulará el sistema de contratos colectivos de trabajo, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para patronos y obreros. Serán nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo u otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del obrero en esta Constitución o en la Ley.

Art. 73. El cubano por nacimiento tendrá en el trabajo una participación preponderante, tanto en el importe total de los sueldos y salarios como en las distintas categorías de trabajo, en la forma que determine la Ley. También se extenderá la protección al cubano naturalizado con familia nacida en el territorio nacional, con preferencia sobre el naturalizado que no se halle en esas condiciones y sobre los extranjeros. En el desempeño de los puestos técnicos indispensables se exceptuará de lo preceptuado en los párrafos anteriores al extranjero, previas las formalidades de la Ley y siempre con la condición de facilitar a los nativos el aprendizaje del trabajo técnico de que se trate.

Art. 74. El Ministerio del Trabajo cuidará, como parte esencial, entre otras, de su política social permanente, de que en la distribución de oportunidades de trabajo en la industria y en el comercio no prevalezcan prácticas discriminatorias de ninguna clase. En las remociones de personal y en la creación de nuevas plazas, así como en las nuevas fábricas, industrias o comercios que se establecieren, será obligatorio distribuir las oportunidades de trabajo sin distingos de raza o color, siempre que se satisfagan los requisitos de idoneidad. La Ley establecerá que toda otra práctica será punible y perseguible de oficio o a instancia de parte afectada.

Art. 75. La formación de empresas cooperativas, ya sean comerciales, agrícolas, industriales, de consumo o de cualquier otra índole, será auspiciada por la Ley; pero ésta regulará la definición, constitución y funcionamiento de tales empresas de modo que no sirvan para eludir o adulterar las disposiciones que para el régimen del trabajo establece esta Constitución,

Art. 76. La Ley regulará la inmigración atendiendo al régimen económico nacional y a las necesidades sociales. Queda prohibida la importación de braceros contratados, así como toda inmigración que tienda a envilecer las condiciones del trabajo.

Art. 77. Ninguna empresa podrá despedir a un trabajador sin previo expediente y con las demás formalidades que establezca la Ley, la cual determinará las causas justas de despido.

Art. 78. El patrono será responsable del cumplimiento de las leyes sociales, aun cuando contrate el trabajo por intermediario. En todas las industrias y clases de trabajo en que se requieran conocimientos técnicos, será obligatorio el aprendizaje en la forma que establezca la Ley.

Art. 79. El Estado fomentará la creación de viviendas baratas para obreros. La Ley determinará las empresas que, por emplear obreros fuera de los centros de población, estarán obligadas a proporcionar a los trabajadores habitaciones adecuadas, escuelas, enfermerías y demás servicios y atenciones propicias al bienestar físico y moral del trabajador y su familia. Asimismo la Ley reglamentará las condiciones que deban reunir los talleres, fábricas y locales de trabajo de tudas clases.

Art. 80. Se establecerá la asistencia social bajo la dirección del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social, organizándolo por medio de la legislación pertinente, y procuyendo a las reservas necesarias con los fondos que la misma determine. Se establecen las carreras hospitalarias, sanitarias, forense y las demás que fueren necesarias para organizar en forma adecuada los servicios oficiales correspondientes. Las instituciones de beneficencia del Estado, la Provincia y el Municipio prestarán sus servicios con carácter gratuito sólo a los pobres.

Art. 81. Se reconoce el mutualismo como principio y práctica sociales. La Ley regulará su funcionamiento de manera que disfruten de sus beneficios las personas de recursos modestos, y sirva, a la vez, de justa y adecuada protección al profesional.

Art. 82. Solamente podrán ejercer las profesiones que requieren título oficial, salvo lo dispuesto en el artículo 57 de esta Constitución los cubanos por nacimiento y los naturalizados que hubieren obtenido esta condición con cinco años o más de anterioridad a la fecha en que solicitaren la autorización para ejercer. El Congreso podrá, sin embargo, por Ley extraordinaria, acordar la suspensión temporal de este precepto cuando, por razones de utilidad pública, resultase necesaria o conveniente la cooperación de profesionales o técnicos extranjeros en el desarrollo de iniciativas públicas o privadas de interés nacional. La Ley que así lo acordare fijará el alcance y término de la autorización. En el cumplimiento de este precepto así como en los casos en que por alguna Ley a Reglamento se regule el ejercicio de cualquiera nueva profesión, arte u oficio, se respetarán los derechos al trabajo adquiridos por las personas que hasta ese momento hubieren ejercido la profesión, arte u oficio de que se trate, y se observarán los principios de reciprocidad internacional.

Art. 83. La Ley regulará la forma en que podrá realizarse el traslado de fábricas y talleres a los efectos de evitar que se envilezcan las condiciones del trabajo.

Art. 84. Los problemas que se deriven de las relaciones entre el capital y el trabajo se someterán a comisiones de conciliación, integradas por representaciones paritarias de patronos y obreros. La Ley señalará el funcionario judicial que presidirá dichas comisiones y el Tribunal nacional ante el cual sus resoluciones serán recurribles.

Art. 85. A fin de asegurar el cumplimiento de la legislación social, el Estado proveerá a la vigilancia e inspección de las empresas.

Art. 86. La enumeración de los derechos y beneficios a que esta Sección se refiere no excluye otros que se deriven del principio de la justicia social, y serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de la producción.
SECCION SEGUNDA

Propiedad

Art. 87. El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la Ley

Art. 88. El subsuelo pertenece al Estado, que podrá hacer concesiones para su explotación, conforme a lo que establezca la Ley. La propiedad minera concedida y no explotada dentro del término que fije la Ley será declarada nula y reintegrada al Estado. La tierra, los bosques y las concesiones para explotación del subsuelo, utilización de aguas, medios de transporte y toda otra empresa de servicios públicos, habrán de ser explotados de manera que propendan al bienestar social.

Art. 89. El Estado tendrá el derecho de tanteo en toda adjudicación o venta forzosa de propiedades inmuebles y de valores representativos de propiedades inmobiliarias.

Art. 90. Se proscribe el latifundio, y a los efectos de su desaparición, la Ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación a que la tierra se dedique y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades. La Ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano.

Art. 91. El padre de familia que habite, cultive y explote directamente una finca rústica de su propiedad, siempre que el valor de ésta no exceda de dos mil pesos, podrá declararla con carácter irrevocable como propiedad familiar; en cuanto fuera imprescindible para su vivienda y subsistencia, y quedará exenta de impuestos y será inembargable e inalienable salvo por responsabilidades anteriores a esta Constitución. Las mejoras que excedan de la suma anteriormente mencionada abonarán los impuestos correspondient9s en la forma que establezca la Ley. A los efectos de que pueda explotarse dicha propiedad, su dueño podrá gravar o dar en garantía siembras, plantaciones, frutos y productos de las mismas.

Art. 92. Todo autor o inventor disfrutará de la propiedad exclusiva de su obra o invención, con las limitaciones que señale la Ley en cuanto a tiempo y forma. Las concesiones de marcas industriales y comerciales y demás reconocimientos de crédito mercantil con sindicaciones de procedencia cubana, serán nulas si se usaren, en cualquier forma, para amparar o cubrir artículos manufacturados fuera del territorio nacional.

Art. 93. No se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos y otros de naturaleza análoga, y en tal virtud queda prohibido su establecimiento. El Congreso, en termino de tres legislaturas, aprobará una Ley regulando la liquidación de los existentes Quedan exceptuados de lo prescrito en el párrafo anterior los censos o gravámenes establecidos o que se establezcan a beneficio del Estado, la Provincia o el Municipio, o a favor de instituciones públicas de toda clase o de instituciones privadas de beneficencia.

Art. 94. Es obligación del Estado hacer cada diez años por lo menos un Censo de población que refleje todas las actividades económicas y sociales del país, así como publicar regularmente un Anuario Estadístico.

Art. 95. Se declaran imprescriptibles los bienes de las instituciones de beneficencia.

Art. 96. Se declaran de utilidad pública, y por lo tanto en condiciones de ser expropiadas por el Estado, la Provincia o el Municipio, aquellas porciones de terreno que, donadas por personas de la antigua nobleza española para la fundación de una villa o población, y empleadas efectivamente para este fin, adquiriendo el carácter de Ayuntamiento, fueron posteriormente ocupadas o inscritas por los herederos o causahabientes del donante. Los vecinos de dicha villa o ciudad que posean edificios u ocupen solares en la parte urbanizada podrá obtener de la entidad expropiadora que se les transmita el dominio y posesión de los solares o parcelas que ocupen, mediante el pago del precio proporcional que corresponda.

TITULO VII

Del sufragio y de los oficios públicos

SECCION PRIMERA

Sufragio

Art. 97. Se establece para todos los ciudadanos cubanos como derecho, deber y función el sufragio universal, igualitario y secreto. Esta función será obligatoria, y todo el que, salvo impedimento admitido por la Ley, dejare de votar en una elección o referendo será objeto de las sanciones que la Ley le imponga y carecerá de capacidad para ocupar magistratura o cargo público alguno durante dos años, a partir de la fecha de la infracción.

Art. 98. Por medio del referendo el pueblo expresa su opinión sobre las cuestiones que se le sometan. En toda elección o referendo decidirá la mayoría 1 de los votos válidamente emitidos, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. El resultado se hará público de modo oficial tan pronto como lo conozca el organismo competente. El voto se contará única y exclusivamente a la persona a cuyo favor se haya depositado, sin que pueda acumulársele a otro candidato. Además, en los casos de representación proporcional se contará el sufragio emitido a favor del candidato para determinar el factor de partido.

Art. 99. Son electores todos los cubanos de uno u otro sexo, mayores de veinte años, con excepción de los siguientes:
a) Los asilados.
b) Los incapacitados mentalmente, previa decisión judicial de su incapacidad.
c) Los inhabilitados judicialmente por causa de delito.
d) Los individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o de Policía que estén en servicio activo.

Art. 100. El Código electoral establecerá el carné de identidad, con la fotografía del elector, su firma y huellas digitales y los demás requisitos necesarios para la mejor identificación.

Art. 101 – Es punible toda forma de coacción para obligar a un ciudadano a afiliarse, votar o manifestar su voluntad en cualquier operación electoral. Se castigará esta infracción y se aplicará el doble de la pena, además de imponerse la inhabilitación permanente para el desempeño de cargos públicos, cuando la coacción la ejecute por sí o por persona intermedia una autoridad o su agente, funcionario o empleado.

Art. 102. Es libre la organización de partidos y asociaciones políticas. No podrán, sin embargo, formarse agrupaciones políticas de raza, sexo o clase. Redactado -así por la Ley número 14, de 18 de diciembre di 1946 Anteriormente aparecía donde está la llamada, la palabra “absoluta”; lo demás es igual a la redacción original. Véase dicha ley a continuación en esta Constitución de 1940. Para la constitución de nuevos partidos políticos es indispensable presentar, junto con la solicitud correspondiente, un número de adhesiones igual o mayor al dos por ciento del Censo electoral correspondiente, según se trate de partidos nacionales, provinciales o municipales. El partido que en una elección general o especial no obtenga un número de votos que represente dicho tanto por ciento desaparecerá como tal y se procederá de oficio a tacharlo del Registro de Partidos. Sólo podrán presentar candidatura los partidos políticos que, teniendo un numero de afiliados no menor que el fijado en este artículo, se hayan organizado o reorganizado, según los casos, antes de la elección. Los partidos políticos se reorganizarán en un solo día, seis meses antes de cada elección presidencial o de gobernadores y de alcaldes o concejales o para delegados a una Convención Constituyente. El Tribunal Superior Electoral tachará, de oficio, del Registro de Partidos los que en tal oportunidad no se reorganizaren. Las asambleas de los partidos conservarán todas sus facultades y no podrán disolverse sino mediante reorganización legal. En todo caso serán los únicos organismos encargados de acordar postulaciones, sin que en ningún caso pueda delegarse esta facultad.

Art. 103. La Ley establecerá reglas y procedimientos que garanticen la intervención de las minorías en la formación del Censo de electores, en la organización o reorganización de las asociaciones y partidos políticos y en las demás operaciones electorales, y les asegurará representación en los organismos electivos del Estado, la Provincia y el Municipio.

Art. 104. Son nulas todas aquellas disposiciones modificativas de la legislación electoral que sean dictados después de haberse convocado una elección o referendo o antes de que tomen posesión los que resulten electos o se conozca el resultado definitivo del referendo. Se exceptúan de esta prohibición aquellas modificaciones que fueren pedidas expresamente por el Tribunal Superior Electoral y se acordaren por las dos terceras partes del Congreso. Desde la convocatoria a elección hasta la toma de posesión de los electos, el Tribunal Superior Electoral tendrá jurisdicción sobre las Fuerzas Armadas y sobre los Cuerpos de Policía, al solo objeto de garantizar la pureza de la función electoral.

SECCION SEGUNDA

Oficios públicos

Art. 105. Son funcionarios, empleados y obreros públicos los que, previa demostración de capacidad y cumplimiento de los demás requisitos y formalidades establecidos por la Ley, sean designados por autoridad competente para el desempeño de funciones o servicios públicos y perciban o no sueldo o jornal con cargo a los presupuestos del Estado, la Provincia o el Municipio o de entidades autónomas.

Art. 106. Los funcionarios, empleados y obreros públicos civiles de todos los poderes del Estado, los de la Provincia, del Municipio y de las entidades o corporaciones autónomas, son servidores exclusivamente de los intereses generales de la República y su inamovilidad se garantiza por esta Constitución, con excepción de los que desempeñen cargos políticos y de confianza.

Art. 107. Son cargos políticos y de confianza:
a) Los Ministros y Subsecretarios de Despacho, los Embajadores, Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios y los Directores generales, éstos en los casos en que la Ley no los declare técnicos.
b) Todo el personal adscrito a la oficina particular inmediata de los Ministros y Subsecretarios de Despacho.
c) Los Secretarios particulares de los funcionarios.
d) Los Secretarios de las Administraciones provinciales y municipales, los Jefes de Departamento de estos organismos y el personal adscrito a la oficina particular inmediata de los Gobernadores y Alcaldes.
e) Los funcionarios, empleados y obreros públicos civiles nombrados con carácter temporal, con cargo a consignaciones ocasionales, cuya duración no alcance al año fiscal.

Art. 108. El ingreso y el ascenso en los cargos públicos no exceptuados en el artículo anterior sólo podrán obtenerse después que los aspirantes hayan cumplido los requisitos y sufrido, en concurso de méritos, las pruebas de idoneidad y de capacidad que la Ley establecerá, salvo en aquellos casos que, por la naturaleza de las funciones de que se trate, sean declarados exentos por la Ley.

Art. 109. No se podrán imponer sanciones administrativas a los funcionarios, empleados y obreros públicos sin previa formación de expediente, instruido con audiencia del interesado y con los recursos que establezca la Ley. El procedimiento deberá ser siempre sumario.

Art. 110. El funcionario, empleado u obrero público que sustituya al que haya sido removido de su cargo se considerará sustituto provisional mientras no sea resuelta definitivamente la situación del sustituido, y sólo podrá invocar, en su caso, los derechos que le correspondan en el cargo de que proceda.

Art. 111. Las excedencias forzosas sólo podrán decretarse por refundición o supresión de plazas, respetando la antigüedad de quienes las desempeñen. Los excedentes tendrán derecho preferente a ocupar, por orden de antigüedad, cargos de iguales o análogas funciones que se establecieran o vacaren en la misma categoría o en la inmediata inferior.

Art. 112. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un cargo retribuido, directa o indirectamente, del Estado, la Provincia, el Municipio o las entidades o corporaciones autónomas, con excepción de los casos que señala esta Constitución. Las pensiones o jubilaciones del Estado, la Provincia y el Municipio son supletorias de las necesidades de sus beneficiarios. Los que tengan bienes de fortuna propios sólo podrán percibir la parte de la pensión o jubilación que sea necesaria para que, sumada a los ingresos propios, no exceda del máximo de pensión que la Ley fijará. Igual criterio se aplicará para la percepción de más de una pensión. Nadie podrá percibir efectivamente, por concepto alguno, pensión, jubilación o retiro de más de dos mil cuatrocientos pesos al año, y la escala porque se abonen será unificada y extensiva a todos los pensionados o jubilados. Las personas que hoy disfrutan pensiones, retiros o jubilaciones mayores de dos mil cuatrocientos pesos anuales no recibirán efectivamente mayor cantidad anual. Como homenaje de la República a sus libertadores quedan exceptuados de lo dispuesto en los párrafos anteriores los miembros del Ejército Libertador de Cuba, sus viudas e hijos con derecho a pensión.

Art. 113. Será obligación del Estado el pago mensual de las jubilaciones y pensiones por servicios prestados al Estado, la Provincia y el Municipio en la proporción que permita la situación del Tesoro Público, y que en ningún caso será menor del cincuenta por ciento de la cuantía básica legal. Las cantidades para jubilaciones y pensiones se consignarán cada año en el presupuesto general de la nación. Ninguna pensión o jubilación será menor de la cantidad que como jornal mínimo se halle vigente a virtud de lo establecido en el artículo sesenta y uno de esta Constitución. Las jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados del Estado, la Provincia y el Municipio comprendidas en la Ley general de pensiones que rija, se pagarán en la misma oportunidad que sus haberes a los funcionarios y empleados en activo servicio, quedando el Estado, la Provincia y el Municipio obligados, en su caso, a arbitrar los recuraos necesarios para atender a esta obligación. El pago de las pensiones a veteranos de la Guerra de Independencia y a sus familiares se considerará preferente a toda otra obligación del Estado.

Art. 114. El ingreso en la carrera notarial y en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad será, en lo sucesivo, por oposición regulada por la Ley.

Art. 115. La acumulación y manejo de los fondos de los retiros sociales podrán ser independientes en la forma que determine la Ley; pero dentro de las cuatro legislaturas siguientes a la promulgación de esta Constitución el Congreso dictará una ley estableciendo las normas de carácter general por la que se regirán todas las jubilaciones y pensiones existentes, o que se creen en el futuro, en lo que se refiere a beneficios, contribuciones, requisitos mínimos y garantías.

Art. 116. Para resolver las cuestiones relativas a los servicios públicos se crea un organismo de carácter autónomo, que se denominará Tribunal de Oficios Públicos y que estará integrado por siete miembros, designados en la siguiente forma:
Uno, por el pleno del Tribunal Supremo de Justicia y que deberá reunir las mismas condiciones requeridas para ser Magistrado de dicho Tribunal.
Uno, designado por el Congreso, que deberá poseer título académico expedido por entidad oficial.
Uno, designado por el Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Ministros, y que deberá tener reconocida experiencia en cuestiones administrativas.
Uno, designado por el Consejo universitario, previa la terna elevada al efecto por la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual deberá ser graduado.
Uno, por los empleados del Estado.
Uno, por los empleados de la Provincia; y
Uno, por los del Municipio. Los tres últimos miembros deberán tener conocida experiencia en las ramas respectivas.
La resolución que dicte el Tribunal de Oficios Públicos causará estado y será de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de los recursos que la Ley establezca.

Art. 117. La Ley establecerá las sanciones correspondientes a quienes infrinjan los preceptos contenidos en esta Sección.
TITULO VIII

De los órganos del Estado

Art. 118. El Estado ejerce sus funciones por medio de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial y los organismos reconocidos en la Constitución o que conforme a la misma se establezcan por la Ley. Las Provincias y los Municipios, además de ejercer sus funciones propias coadyuvan a la realización de los fines del Estado.
TITULO IX

Del Poder Legislativo

SECCION PRIMERA

De los Cuerpos colegisladores

Art. 119. El Poder Legislativo se ejerce por dos Cuerpos, denominados, respectivamente, Cámara de Representantes y Senado, que juntos reciben el nombre de Congreso.

SECCION SEGUNDA

Del Senado, su composición y atribuciones

Art. 120. El Senado se compone de nueve Senadores por provincia, elegidos en cada una para un período de cuatro años, por sufragio universal, igual, directo, secreto, en un solo día y en la forma que prescriba la Ley.

Art. 121. Para ser Senador se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento.
b) Haber cumplido treinta años de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.
d) No haber pertenecido en servicio activo a las Fuerzas Armadas de la República durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de su designación como candidato.

Art. 122. Son atribuciones propias del Senado:
a) Juzgar, constituido en Tribunal, al Presidente de la República cuando fuere acusado por la Cámara de Representantes de delito contra la seguridad exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativos o Judicial o de infracción de los preceptos constitucionales. Para actuar con esta atribución será indispensable que la acusación formulada por la Cámara de Representantes haya sido acordada por las dos terceras partes de sus miembros. Integrarán el Tribunal, a los efectos de este artículo, los miembros del Senado y todos los del Tribunal Supremo, presididos por quien ostente en ese instante el cargo de Presidente de este Tribunal.
b) Juzgar, constituido en Tribunal, a los Ministros de Gobierno cuando fueren acusados por la Cámara de Representantes de delito contra la seguridad exterior del Estado, el libre funcionamiento de los Poderes Legislativos o Judicial o de infracción de los preceptos constitucionales, así como de cualquier otro delirio de carácter político que la Ley determine.
c) Juzgar, constituido en Tribunal, a los Gobernadores de las provincias cuando fueren acusados por el Consejo provincial o por el Presidente de la República mediante acuerdos del Consejo de Ministros, de cualquiera de los delitos expresados en el inciso anterior. En todos los casos en que el Senado se constituya en Tribunal será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. No podrá imponer a los acusados otra sanción que la pena de destitución o las de destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, sin perjuicio de que los Tribunales ordinarios les impongan cualquier otra en que hubieren incurrido.
d) Aprobar los nombramientos que haga el Presidente de la República, asistido del Consejo de Ministros, de los jefes de Misión Diplomática permanente y de los demás funcionarios cuyo nombramiento requiera su aprobación según la Ley.
e) Aprobar los nombramientos de miembros del Tribunal de Cuentas del Estado.
f) Nombrar comisiones de investigación. Estas tendrán el número de miembros que acuerde el Senado, el derecho de citar tanto a los particulares como a los funcionarios y autoridades para que concurran a informar ante ellas y el de solicitar los datos y documentos que estimen necesarios para los fines de la investigación – Los Tribunales de Justicia, autoridades administrativas y particulares están en el deber de suministrar a las comisiones de investigación todos los datos y documentos que solicitaren. Para acordar estas comisiones se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Senado si la investigación ha de producirse sobre actividades del Gobierno. En otro caso bastará el voto conforme de la mitad más uno.
g) Autorizar a los cubanos para servir militarmente a un país extranjero o para aceptar de otro Gobierno empleo y honores que lleven aparejadas autoridad o jurisdicción propia.
h) Aprobar los Tratados que negociare el Presidente de la República con otras naciones.
i) Solicitar la comparecencia de los Ministros de Gobierno para responder de las interpelaciones de que hayan sido objeto, de acuerdo con la Constitución.
j) Las demás facultades que manen de esta Constitución.

SECCION TERCERA

De la Cámara de Representantes, su composición y atribuciones

Art. 123. La Cámara de Representantes se compondrá de un Representante por cada treinta y cinco mil habitantes o fracción mayor de diecisiete mil quinientos. Los Representantes serán elegidos por provincias, por un período de cuatro años, por sufragio universal, igual, directo y secreto, en un solo día y en la forma que prescriba la Ley. Esta determinará la base numérica de proporcionalidad en cada provincia, de acuerdo con el último Censo nacional oficial de población. La Cámara de Representantes se renovará por mitad cada dos años.

Art. 124. Para ser Representante se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento o por naturalización, y en este último caso con diez años de residencia continuada en la República, contados desde la fecha de la naturalización.
b) Haber cumplido veintiún años de edad.
c) Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
d) No haber pertenecido en servicio activo a las Fuerzas Armadas de la República durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de su designación como candidato.

Art. 125. Corresponde a la Cámara de Representantes:
a) Acusar ante el Senado al Presidente de la República y a los Ministros del Gobierno en los casos determinados en los incisos a) y b) del artículo ciento veintidós, cuando las dos terceras partes del número total de Representantes acordaren en sesión secreta la acusación.
b) La prioridad en la discusión y aprobación de los Presupuestos generales de la Nación.
c) Todas las demás facultades que le sean otorgadas por esta Constitución.
SECCION CUARTA

Disposiciones comunes a los Cuerpos colegisladores

Art. 126. Los cargos de Senador y de Representante son incompatibles con cualquier otro retribuido con cargo al Estado, la Provincia o el Municipio o a organismos mantenidos total o parcialmente con fondos públicos, exceptuándose el de Ministro de Gobierno y el de Catedrático de establecimiento oficial obtenido con anterioridad a la elección. El nombramiento de Ministro de Gobierno puede recaer en miembros del Poder Legislativo, pero en ningún caso podrán ostentar ambos cargos más de la mitad de los componentes del Consejo de Ministros. Los Senadores y Representantes recibirán del Estado una dotación que será igual para ambos cargos. La cuantía de esta dotación podrá ser alterada en todo tiempo, pero la alteración no surtirá efecto hasta que sean renovados los Cuerpos colegisladores.

Art. 127. Los Senadores y Representantes serán inviolables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo. Los Senadores y Representantes sólo podrán ser detenidos o procesados con autorización del Cuerpo a que pertenezcan. Si el Senado o la Cámara de Representantes no resolvieren sobre la autorización solicitada dentro de los cuarenta días consecutivos de legislatura abierta y después de recibido el suplicatorio del Juez o Tribunal, se entenderá concedida la autorización para instruir el proceso y sujetar al mismo al Senador o Representante. No se proseguirá la causa si el Cuerpo a que el legislador pertenezca niega la autorización para continuar el procedimiento. En caso de ser hallado infragante en la comisión de un delito podrá ser detenido un legislador sin la autorización del Cuerpo a que pertenezca. En este caso, y en el de ser detenido o procesado cuando estuviese cerrado el Congreso, se dará cuenta inmediatamente al Presidente del Cuerpo respectivo para la resolución que corresponda, debiendo ése convocar inmediatamente a sesión extraordinaria al Cuerpo colegislador de que se trate para que resuelva exclusivamente sobre la autorización solicitada por el Juez o Tribunal. Si no se denegase dentro de las veinte sesiones ordinarias celebradas a partir de esta notificación se entenderá concedida la autorización. Todo acuerdo accediendo o negando la solicitud de autorización para procesar o detener a un miembro del Congreso tendrá que ser precedido de la lectura de los antecedentes que hayan de fundamentar la resolución que se adopte por el Cuerpo colegislador respectivo.

Art. 128. El Senado y la Cámara de Representantes abrirán y cerrarán sus sesiones en un mismo día, residirán en una misma población y no podrán trasladarse a otro lugar ni suspender sus sesiones por más de tres días sino por acuerdo de ambas. No podrá abrirse una legislatura ni celebrar sesiones sin la presencia de la mitad más uno de la totalidad de los miembros de cada Cuerpo. La comprobación del quórum se hará mediante el pase de lista. La inmunidad parlamentaria no comprende ni protege los hechos que se relacionen con la veracidad y legitimidad de las actas o con las formalidades prescritas para la aprobación de las Leyes. Las Leyes en todo caso deberán ser sometidas previamente a una votación nominal sobre su totalidad. Ningún proyecto de Ley podrá ser votado en un Cuerpo colegislador sin el informe previo y razonado de una comisión de ese Cuerpo, por lo menos.

Art. 129. Cada Cuerpo legislativo resolverá sobre la validez de la elección de sus respectivos miembros y sobre las renuncias que presentaren. Ningún Senador o Representante podrá ser expulsado del Cuerpo a que pertenezca sino en virtud de causa previamente determinada y por acuerdo de las dos terceras panes, por lo menos, del número total de sus miembros. Cada Cuerpo legislativo formará su Reglamento y elegirá su Presidente, Vicepresidentes y Secretarios de entre sus miembros. El Presidente del Senado sólo presidirá las sesiones cuando falte el Vicepresidente de la República.

Art. 130. Ningún Senador o Representante podrá tener en arrendamiento, directa o indirectamente, bienes del Estado ni obtener de éste contratas ni concesiones de ninguna clase. Tampoco podrá poseer cargo de consultor legal o director, ni cargo alguno que lleve aparejada jurisdicción, en empresa que sea extranjera o cuyos negocios estén vinculados de algún modo a entidad que tenga esa condición.

Art. 131. Las relaciones entre el Senado y la Cámara de Representantes, no previstas en esta Constitución se regirán por la Ley de Relaciones entre ambos Cuerpos colegisladores. Contra cualquier acuerdo que viole dicha Ley se dará el recurso de inconstitucionalidad.

SECCION QUINTA

Del Congreso y sus atribuciones

Art. 132. El Congreso se reunirá, por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, dos veces al año. No funcionará menos de sesenta días hábiles en cada una de las legislaturas, ni más de ciento cuarenta días sumadas las dos. Una legislatura empezará el tercer lunes de septiembre y la otra el tercer lunes de mano. El Senado y la Cámara de Representantes se reunirán en sesiones extraordinarias en los casos y en la forma que determinen sus Reglamentos o establezcan la Constitución o la Ley y cuando el Presidente de la República les convoque, con arreglo a esta Constitución. En dichos casos sólo tratarán del asunto o asuntos que motivan su reunión.

Art. 133. El Senado y la Cámara de Representantes se reunirán en un solo Cuerpo para:
a) Proclamar al Presidente y Vicepresidente de la República con vista de la certificación del escrutinio respectivo remitida por el Tribunal Superior Electoral. Si de esta certificación resultare empate entre dos o más candidatos, el Congreso procederá a la selección del Presidente entre los candidatos que hayan obtenido empate en la elección general. Si en el Congreso resultase también empate se repetirá la votación, y si el resultado de ésta fuese el mismo voto del Presidente decidirá. El procedimiento establecido en los párrafos anteriores será aplicable al Vicepresidente de la República.
b) En los demás casos que establezca la Ley de relaciones entre los dos Cuerpos colegisladores. Cuando el Senado y la Cámara de Representantes se reúnan formando un solo Cuerpo, lo presidirá el Presidente del Senado en su condición de Presidente del Congreso; y en su defecto, el de la Cámara de Representantes, como Vicepresidente del propio Congreso.

Art. 134. Son facultades no delegables del Congreso:
a) Formar los Códigos y las Leyes de carácter general, determinar el régimen de las elecciones, dictar las disposiciones relativas a la administración general, la provincial y la municipal y acordar las demás Leyes y resoluciones que estimaren convenientes sobre cualesquiera otros asuntos de interés público o que sean necesarios para la efectividad de esta Constitución.
b) Establecer las contribuciones e impuestos de carácter nacional que sean necesarios para las atenciones del Estado.
c) Discutir y aprobar los Presupuestos de gastos e ingresos del Estado.
d) Resolver sobre los informes anuales que el Tribunal de Cuentas presente acerca de la liquidación de los Presupuestos, el estado de la Deuda pública y la moneda nacional.
e) Acordar empréstitos, pero con la obligación de votar al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de intereses y amortización.
f) Acordar lo pertinente sobre la acuñación de la moneda, determinando su patrón, ley, valor y denominación y resolver lo que estime necesario sobre la emisión de signos fiduciarios y sobre el régimen bancario y financiero.
g) Regular el sistema de pesas y medidas.
h) Dictar disposiciones para el régimen y fomento del comercio interior y exterior, de la agricultura y la industria, seguros del trabajo y vejez, maternidad y desempleo.
i) Regular los servicios de comunicaciones, atendiendo al régimen de los ferrocarriles, caminos, canales y puertos y al tránsito por vía terrestre, aérea y marítima, creando los que exija la conveniencia publica.
j) Fijar las reglas y procedimientos para obtener la naturalización y regular el régimen de los extranjeros.
k) Conceder amnistías de acuerdo con esta Constitución. Las amnistías para delitos comunes sólo podrán ser acordadas por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de cada uno de los Cuerpos colegisladores y ratificadas por el mismo número de votos en la
l) siguiente legislatura. Las amnistías de delitos políticos requieren igual votación extraordinaria si en relación con los mismos se hubiese cometido homicidio o asesinato.
m) Fijar el cupo de las Fuerzas Armadas y acordar su organización.
n) Otorgar o retirar su confianza al Consejo de Ministros o a cualquiera de sus integrantes en la forma y oportunidad que determina esta Constitución.
o) Citar al Consejo de Ministros o a cualquiera de sus miembros para que respondan a las interpelaciones que se les hayan formulado. La citación deberá hacerse por cada Cuerpo colegislador, previa notificación al Presidente de la República y al Primer Ministro, con diez días de antelación, expresando el asunto sobre el cual versará la interpelación. El Ministro citado podrá hacerse acompañar, cuando haya de responder a una interpelación o informar sobre un proyecto de Ley, de los asesores que designe, pero estos asesores se limitarán a rendir los informes técnicos que indique el Ministro interpelado o informante.
p) Declarar la guerra y aprobar los tratados de paz que el Presidente de la República haya negociado
q) Acordar todas las Leyes que dispone esta Constitución y las que desenvuelvan los principios contenidos en sus normas.
SECCION SEXTA

De la iniciativa y formación de las Leyes. De su sanción y promulgación

Art. 135. La iniciativa de las Leyes compete:
a) A los Senadores y Representantes, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de cada Cuerpo.
b) Al Gobierno.
c) Al Tribunal Supremo, en materia relativa a la administración de justicia.
d) Al Tribunal Superior Electoral, en materia de su competencia.
e) Al Tribunal de Cuentas, en asuntos de su competencia y jurisdicción.
f) A los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores. Toda iniciativa legislativa se formulará como proposición de Ley y será elevada a uno de los Cuerpos colegisladores.

Art. 136. Las Leyes se clasifican en ordinarias y extraordinarias. Son Leyes extraordinarias las que se indican como tales en la Constitución, las orgánicas y cualesquiera otras a las que el Congreso dé este carácter. Son leyes ordinarias todas las demás. Las Leyes extraordinarias necesitan para su aprobación los votos favorables de la mitad más uno de los componentes de cada Cuerpo legislador. Las Leyes ordinarias sólo requerirán los votos favorables de la mayoría absoluta de los presentes en la sesión en que se aprueben.

Art. 137. El proyecto de Ley que obtenga la aprobación de ambos Cuerpos colegisladores se presentará necesariamente al Presidente de la República por el del Cuerpo que le impartió la aprobación final, dentro de los diez días siguientes a dicha aprobación. El presidente de la República, dentro de los diez días de haber recibido el proyecto, y previo acuerdo del Consejo de Ministros, sancionará y promulgará la Ley, o la devolverá, con las objeciones que considere oportunas, al Cuerpo Colegislador de que procediere. Recibido el proyecto por dicho Cuerpo asentará íntegramente en acta las objeciones y procederá a una nueva discusión del proyecto. Si después de esta discusión dos terceras partes del número total de los miembros del Cuerpo colegislador votasen en favor del proyecto de Ley, se pasará, con las objeciones del Presidente, al otro Cuerpo, que también lo discutirá, y si por igual mayoría lo aprobase, será Ley. En todos estos casos las votaciones serán nominales. Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la remisión del proyecto de Ley al Presidente éste no lo devolviere, se tendrá por sancionado y será Ley. Si dentro de los últimos diez días de una legislatura se presentare un proyecto de Ley al Presidente de la República y éste se propusiere utilizar todo el término que al efecto de la sanción se le concede en el párrafo anterior, comunicará su propósito, en término de cuarenta y ocho horas, al Congreso, a fin de que permanezca reunido, si lo quisiere, hasta el vencimiento del expresado término. De no hacerlo así el Presidente, se tendrá por sancionado el proyecto y será Ley. Ningún proyecto de Ley desechado totalmente por alguno de los Cuerpos colegisladores podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura. El proyecto de Ley aprobado por uno de los Cuerpos colegisladores será discutido y resuelto preferentemente por el otro. Este precepto no es de aplicación a las Leyes extraordinarias. Toda Ley será promulgada dentro de los diez días siguientes al de su sanción.
TITULO X

Del Poder Ejecutivo

SECCION PRIMERA

Del ejercicio del Poder Ejecutivo

Art. 138. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y representa a la Nación. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República con el Consejo de Ministros de acuerdo con lo establecido en esta Constitución. El Presidente de la República actúa como poder director, moderador y de solidaridad nacional.

SECCION SEGUNDA

Del Presidente de la República, sus atribuciones y deberes

Art. 139. Para ser Presidente de la República se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento; pero si esta condición resultare de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 12 de esta Constitución, será necesario haber servido con las armas a Cuba, en sus guerras de independencia, diez años por lo menos.
b) Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.
d) No haber pertenecido en servicio activo a las Fuerzas Armadas de la República durante el año inmediatamente anterior a la fecha de su designación como candidato presidencial.

Art. 140. El Presidente de la República será elegido por sufragio universal, igual, directo y secreto, en un solo día, para un período de cuatro años, conforme al procedimiento que establezca la Ley. El cómputo de la votación se hará por provincias. Al candidato que mayor número de sufragios obtenga en cada una de ellas se le contará un número de votos provinciales igual al total de senadores y representantes que, conforme a la Ley, corresponda elegir al electorado de la Provincia respectiva y se considerará electo el que mayor número de votos provinciales acumule en toda la República. El que haya ocupado una vez el cargo no podrá desempeñarlo nuevamente hasta ocho años después de haber cesado en el mismo.

Art. 141. El Presidente de la República jurará o prometerá ante el Tribunal Supremo de Justicia, al tomar posesión de su cargo, desempeñarlo fielmente, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes.

Art. 142. Corresponde al Presidente de la República, asistido del Consejo de Ministros:
a) Sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar; dictar, cuando no lo hubiere hecho el Congreso, los reglamentos para la mejor ejecución de las mismas, y expedir los Decretos y las Ordenes que para este fin y para cuanto incumba al gobierno y administración del Estado fuere conveniente, sin contravenir en ningún caso lo establecido en las leyes.
b) Convocar a sesiones extraordinarias al Congreso o solamente al Senado, en los casos que señale esta Constitución o cuando fuere necesario.
c) Suspender las sesiones del Congreso cuando no se hubiere logrado acuerdo al efecto entre los Cuerpos colegisladores.
d) Presentar al Congreso, al principio de cada legislatura y siempre que fuere oportuno, un mensaje sobre los actos de administración, demostrativo del estado general de la República; y recomendar o Iniciar la adopción de las leyes y resoluciones que considere necesarias o útiles.
e) Presentar a la Cámara de Representantes, sesenta días antes de la fecha en que debe comenzar a regir, el proyecto de presupuesto anual.
f) Facilitar al Congreso los informes que éste solicitase, directamente o por medio de interpelaciones, al Gobierno, sobre toda clase de asuntos que no están reservadas.
g) Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las otras naciones, debiendo someterlos a la aprobación del Senado, sin cuyo requisito no tendrá validez ni obligarán a la República.
h) Nombrar, con la aprobación del Senado, al Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en la forma que dispone esta Constitución, así como a 105 jefes de misiones diplomáticas.
i) Nombrar, para el desempeño de los demás cargos instituidos por la Ley, a los funcionarios correspondientes cuya designación no esté atribuida a otras autoridades,
j) Suspender el ejercicio de los derechos que se enumeren en el artículo 41 de esta Constitución, en los casos y en la forma que en la misma se establece.
k) Conceder indultos con arreglo a lo que prescriban la Constitución y la Ley, excepto cuando se trate de delitos electorales dolosos. Para indultar a los funcionarios y empleados públicos sancionados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, será necesario que éstos hubiesen cumplido por lo menos la tercera parte de la sanción que le fuera impuesta por los Tribunales.
l) Recibir a los Representantes diplomáticos y admitir a los agentes consulares de las otras naciones.
m) Disponer de las Fuerzas Armadas de la República, como Jefe supremo de las mismas.
n) Proveer a la defensa del territorio nacional y a la conservación del orden interior, dando cuenta al Congreso. Siempre que hubiere peligro de invasión, o cuando alguna rebelión amenazare gravemente la seguridad pública, no estando reunido el Congreso, el Presidente lo convocará sin demora para la resolución que proceda.
o) Cumplir y hacer cumplir cuantas reglas, órdenes y disposiciones acuerde y dicte el Tribunal Superior Electoral.
p) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno, dando cuenta al Congreso; sustituirlos en las oportunidades que proceda de acuerdo con esta Constitución y suscribir en su caso los acuerdos del Consejo.
q) Ejercer las demás atribuciones que les confieran expresamente la Constitución y la Ley.

Art. 143. Todos los Decretos, Órdenes y Resoluciones del Presidente de la República habrán de ser referidos al ministro correspondiente, sin cuyo requisito carecerán de fuerza obligatoria. No será necesario este refrendo en los casos de nombramiento de Ministros de Gobierno.

Art. 144. El Presidente no podrá salir del territorio de la República sin autorización del Congreso.

Art. 145. El Presidente será responsable ante el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de carácter común que cometiere durante el ejercicio de su cargo, pero no podrá ser procesado sin previa autorización del Senado, acordada por el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En este caso el Tribunal resolverá si procede suspenderlo en sus funciones hasta que recaiga sentencia.

Art. 146. El Presidente recibirá del Estado una dotación que podrá ser alterada en todo tiempo, pero esta alteración no surtirá efecto sino en los períodos presidenciales siguientes a aquel en que se acordare.

TITULO XI

Del Vicepresidente de la República

Art. 147. Habrá un Vicepresidente de la República que será elegido en la misma forma y por igual período de tiempo que el Presidente y conjuntamente con éste. Para ser Vicepresidente se requieren las mismas condiciones que prescribe esta Constitución para ser Presidente.

Art. 148. El Vicepresidente de la República sustituirá al Presidente en los casos de ausencia, incapacidad o muerte. Si la vacante fuese definitiva, durará la sustitución hasta la terminación del período presidencial. En caso de ausencia, incapacidad o muerte de ambos, le sustituirá por el resto del período el Presidente del Congreso.

Art. 149. En cualquier caso que faltaren los sustitutos presidenciales que establece esta Constitución ocupará interinamente la Presidencia de la República el Magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, el cual convocará a elecciones nacionales dentro de un plazo no mayor de noventa días. Cuando la vacante hubiera ocurrido dentro del último año del período presidencial, el Magistrado sustituto ocupará el cargo hasta finalizar el período. La persona que ocupare la Presidencia en cualquiera de las sustituciones a que se refieren los artículos anteriores no podrá ser candidato presidencial para la próxima elección.

Art. 150. El Vicepresidente de la República ejerce la presidencia del Senado y sólo tendrá voto en los casos de empate. El Vicepresidente recibirá del Estado una dotación que podrá ser alterada en todo tiempo, pero la alteración no surtirá efecto sino en el período presidencial siguiente a aquel en que se acordare.

TITULO XII

Del Consejo de Ministros

Art. 151. Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Presidente de la República estará asistido de un Consejo de Ministros, integrado por el número de miembros que determine la Ley, Uno de estos Ministros tendrá la categoría de Primer Ministro por designación del Presidente de la República, y podrá desempeñar el cargo con o sin cartera.

Art. 152. Para ser Ministro se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento.
b) Haber cumplido treinta años de edad.
c) hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.
d) No tener negocios con el Estado, la Provincia o el Municipio.

Art. 153. Cada Ministro tendrá uno o más Subsecretarios que lo sustituirán en los casos de ausencia o falta temporal.

Art. 154. El Consejo de Ministros será presidido por el Presidente de la República. Cuando el Presidente no asista a las sesiones del Consejo, lo presidirá el Primer Ministro. El Primer Ministro representará la política general del Gobierno y a éste ante el Congreso.

Art. 155. El Consejo de Ministros tendrá su Secretario, encargado de levantar las actas del Consejo, certificar sus acuerdos y atender al despacho de los asuntos de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros.

Art. 156. Los Ministros tendrán a su cargo el despacho de sus respectivos Ministerios y deliberarán y resolverán sobre todas las cuestiones de interés general que no estén atribuidas a otras dependencias o autoridades y ejercerán las facultades que les correspondan con arreglo a la Constitución y la Ley.

Art. 157. Los acuerdos del Consejo de Ministros se tomarán por mayoría de votos en sesiones a las que concurra la mitad más uno de los Ministros.

Art. 158. Los Ministros de Gobierno serán personalmente responsables de los actos que refrenden y solidariamente de los que juntos acuerden o autoricen.

Art. 159. El Primer Ministro y los Ministros de Gobierno son criminalmente responsables ante el Tribunal Supremo de Justicia de los delitos comunes que cometieren en el ejercicio de sus cargos.

Art. 160. Los Ministerios de Educación, de Salubridad y Asistencia Social, de Agricultura y de Obras Públicas actuarán exclusivamente como organismos técnicos.

Art. 161. El Primer Ministro y los Ministros de Gobierno jurarán o prometerán ante el Presidente de la República cumplir fielmente los deberes inherentes a sus cargos, así coma observar y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

Art. 162. Corresponderá al Primer Ministro despachar con el Presidente de la República los asuntos de la política general del Gobierno, y, acompañado de los Ministros, los asuntos de los respectivos Departamentos.

Art. 163. Son atribuciones de los Ministros:
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, Decretos-leyes, Decretos, Reglamentos y demás resoluciones y disposiciones.
b) Redactar proyectos de Ley, Reglamentos, Decretos y cualesquiera otras resoluciones y presentarlos a la consideración del Gobierno.
c) Refrendar, conjuntamente con el Primer Ministro, las leyes y demás documentos autorizados con la firma del Presidente de la República, salvo los decretos de nombramientos o separación de Ministros.
d) Concurrir al Congreso por su propia iniciativa o a instancia de cualesquiera de sus Cuerpos, informar ante ellos, contestar las interpelaciones, deliberar en su seno y producir, individual o colectivamente, cuestiones de confianza. El Ministro, si fuere congresista, sólo tendrá derecho a votar en el Cuerpo a que pertenezca.

TITULO XIII

De las relaciones entre el Congreso y el Gobierno

Art. 164. El Primer Ministro y el Consejo de Ministros son responsables de sus actos de gobierno ante la Cámara y el Senado. Estos podrán otorgar o retirar su confianza al Primer Ministro, a un Ministro o al Consejo en Pleno, en la forma que se especifica en esta Constitución.

Art. 165. Cada Cuerpo colegislador podrá determinar la remoción total o parcial del Gobierno planteando la cuestión de confianza, la que se presentará por medio de una moción motivada por escrito y con la firma de la tercera parte, por lo menos, de sus miembros. Esta moción se comunicará inmediatamente a los componentes del Cuerpo respectivo y se discutirá y votará ocho días naturales después de su presentación. Sí no se resuelve dentro de los quince días siguientes a dicha presentación, se considerará rechazada. Para probar válidamente estas mociones se necesitará una mayoría de votos favorables de la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes o del Senado, respectivamente, obtenida siempre en votación nominal. El hecho de que recaiga votación contraria en un proyecto de ley presentado por el Gobierno o por un Ministro, o que se reconsidere un proyecto de ley devuelto por el Presidente de la República, no obligará en forma alguna al Primer Ministro o a los Ministros a renunciar sus cargos. Si se suscitare simultáneamente una cuestión de confianza en ambos Cuerpos colegisladores, tendrá prioridad la que se plantee en la Cámara de Representantes.

Art. 166. Habrá crisis totales y parciales. Se considerará total la que se plantee al Primer Ministro o la que se refiera a más de tres Ministros. Las demás se considerarán parciales.

Art. 167. La facultad de negar la confianza a todo el Gobierno, al Primer Ministro o cualquiera de los que formen parte del Consejo sólo podrá ejercitarse transcurridos seis meses, por lo menos, del nombramiento por primera vez del Consejo de Gobierno o de la producción posterior de una crisis total por aprobación de una moción de no-confianza por el Cuerpo colegislador respectivo, según las reglas establecidas en esta Constitución. Los Ministros que hayan sido nombrados por haber sido removidos sus antecesores en una crisis parcial, sólo podrán ser sometidos a un voto de no-confianza seis meses después de su designación, salvo que se trate de una crisis total. Cuando cualquiera de los Cuerpos colegisladores hubiese resuelto favorablemente una moción de no-confianza, no podrá plantearla nuevamente hasta transcurrido un año, en que dicha facultad corresponderá al otro Cuerpo colegislador, el que en todo caso no podrá ejercitarla sino después que hayan transcurrido por lo menos seis meses del nombramiento del Gobierno o Ministros a quien se refiera dicha cuestión. Dos crisis parciales equivaldrán a una crisis total, a los efectos de la restricción de los seis meses a que este articulo se refiere. En ningún caso se podrán plantear cuestiones de confianza dentro de los seis meses últimos de cada período presidencial. El Consejo de Ministros podrá plantear por sí mismo la cuestión de confianza en cuanto a la totalidad de sus componentes, o respecto de alguno de los Ministros. En este caso se discutirá y resolverá inmediatamente. El hecho de haberse resuelto con anterioridad una moción de confianza planteada por el Gobierno no impide ni restringe al Congreso ejercitar libremente su derecho a plantear mociones de confianza.

Art. 168. En cualquier caso en que se niegue la confianza al Gobierno o a alguno de sus miembros deberá el Gobierno en pleno, o aquellos de sus componentes a quienes afecte la negación de confianza, dimitir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al acuerdo parlamentario, y si no lo hicieren se considerarán removidos y el Presidente de la República así lo declarará. El Ministro saliente continuará interinamente en el cargo después de su dimisión hasta la entrega al sucesor.

Art. 169. La negativa de confianza a todo el Consejo de Ministros o a alguno de sus miembros sólo significa la inconformidad del Cuerpo colegislador que hubiere promovido la cuestión, con la política del Ministro o del Gobierno en conjunto. La denegación de confianza lleva implícito que en el Gabinete que se forme o se rehaga inmediatamente después de la crisis no podrán ser nombrados para las mismas carreras los Ministros cuya política haya sido objeto de dicha denegación.

TITULO XIV

Del Poder Judicial

SECCION PRIMERA

Disposiciones generales

Art. 170. La justicia se administra en nombre del pueblo y su dispensación será gratuita en todo el territorio nacional. Los Jueces y Fiscales son independientes en el ejercicio de sus funciones y no deben obediencia más que a la Ley. Sólo podrá administrarse justicia por quienes pertenezcan permanentemente al Poder Judicial. Ningún miembro de este Poder podrá ejercer otra profesión. Los registros del Estado Civil estarán a cargo de miembros del Poder Judicial.

Art. 171. El Poder Judicial se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y los demás Tribunales y Jueces que la Ley, establece. Esta regulará la organización de los Tribunales, sus facultades, el modo de ejercerlas y las condiciones que habrán de concurrir en los funcionarios que los integren.

SECCION SEGUNDA

Del Tribunal Supremo de Justicia

Art. 172. El Tribunal Supremo de Justicia se compondrá de las Salas que la Ley determine. Una de estas Salas constituirá el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Cuando conozca de asuntos constitucionales será presidida necesariamente por el Presidente del Tribunal Supremo y no podrá estar integrada por menos de quince Magistrados. Cuando se trate de asuntos sociales no podrá constituirse por menos de nueve Magistrados.

Art. 173. Para ser Presidente o Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento.
b) Haber cumplido cuarenta años de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no haber sido condenado a pena aflictiva por delito común.
d) Reunir además alguna de las circunstancias siguientes:
e) Haber ejercitado en Cuba durante diez años, por lo menos, la profesión de abogado o haber desempeñado, por igual tiempo, funciones judiciales o fiscales o explicado, durante el mismo número de años, una cátedra de Derecho en establecimiento oficial de enseñanza. A los efectos del párrafo anterior podrán sumarse los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales o fiscales.

Art. 174. El Tribunal Supremo de Justicia tendrá, además de las otras atribuciones que esta Constitución y la Ley le señalen, las siguientes:
a) Conocer de los recursos de casación.
b) Dirigir las cuestiones de competencia entre los tribunales que le sean inmediatamente inferiores o no tengan superior común y las que se susciten entre las autoridades judiciales y las de otros órdenes del Estado, la Provincia y el Municipio.
c) Decidir, en última instancia, sobre la suspensión o destitución de los gobernantes locales y provinciales, conforme a lo dispuesto por esta Constitución y la Ley.
d) Decidir sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decretos-leyes, Decretos, Reglamentos, acuerdos, órdenes, disposiciones y otros actos de cualquier organismo, autoridad o funcionario.
e) Conocer de los juicios en que litiguen entre sí el Estado, la Provincia y el Municipio.

Art. 175. Se instituye la carrera judicial. El ingreso en la misma se hará mediante ejercicios de oposición, exceptuándose los Magistrados del Tribunal Supremo.

Art. 176. Para los nombramientos de los Magistrados de Audiencia se observarán tres turnos: el primero, en concepto de ascenso, por rigurosa antigüedad en la categoría inferior; el segundo, mediante concurso entre los que ocupen la categoría inmediata inferior, y el tercero, mediante ejercicios teóricos y prácticos de oposición, a los que podrán concurrir tanto funcionarios judiciales y fiscales como abogados, no mayores de sesenta años. Los abogados en ejercicio deberán reunir los demás requisitos exigidos para poder ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo.

Art. 177. Los nombramientos de Jueces se harán en dos turnos: uno por rigurosa antigüedad en la categoría inferior y otro por concurso, en el que podrán tomar parte funcionarios de la misma y de la inferior categoría. En el primer turno a que se refiere este artículo y el anterior, la vacante será provista por traslado si hubiere funcionario de igual categoría que así lo solicite, reservándose el ingreso o el ascenso para las plazas que en definitiva queden disponibles en la categoría.

Art. 178. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo determinará, clasificará y publicará los méritos que hayan de ser reconocidos a los funcionarios judiciales de cada categoría para el turno de ascenso.

Art. 179. En los casos de concurso, los traslados y ascensos se otorgarán forzosamente al funcionario solicitante, de la propia categoría o de la inmediata inferior, que mayor puntuación hubiere obtenido. E Tribunal Supremo establecerá la pauta de puntuación por categorías, rectificándola semestralmente en consideración exclusiva a la capacidad, actuación, mérito y producción jurídica de cada funcionaros.

Art. 180. Los Magistrados del Tribunal Supremo serán nombrados por el Presidente de la República de una terna propuesta por un colegio electoral de nueve miembros. Estos serán designados: cuatro por el pleno del Tribunal Supremo, de su propio seno; tres por el Presidente de la República, y dos por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Los cinco últimos deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Supremo, y los designados por la Facultad de Derecho no podrán pertenecer a la misma. El colegio se forma para cada designación, y sus componentes que no sean Magistrados no podrán volver a formar parte del mismo sino transcurridos cuatro años. El Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de Sala serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta del pleno del Tribunal. Estos nombramientos y los de Magistrados del Tribunal Supremo deberán recibir la aprobación del Senado. La terna a que se refiere el párrafo primero de este artículo comprenderá por lo menos, si lo hubiere a un funcionario judicial en activo servicio que haya desempeñado esas funciones durante diez años como mínimo.

Art. 181. Los nombramientos, ascensos, traslados, permutas, suspensiones, correcciones, jubilaciones, licencia y supresiones de plazas se harán por una Sala de Gobierno especial integrada por el Presidente del Tribunal Supremo y por seis miembros del mismo, elegidos anualmente entre los Presidentes de Sala y Magistrados de dicho Tribunal. No se puede formar parte de esta Sala de Gobierno dos años sucesivos. Todas las plazas de nueva creación serán cubiertas conforme a las disposiciones de esta Constitución. La facultad reglamentaria, en cuanto afecte al orden interno de los Tribunales, se ejercerá por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SECCION TERCERA

Del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales

Art. 182. El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:
a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.
b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decretos-leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.
c) Los recursos de habeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.
d) La validez del procedimiento y de la reforma constitucional.
e) Las cuestiones jurídico políticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.
f) Los recursos contra los abusos de poder.

Art. 183. Pueden acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales sin necesidad de prestar fianza:
a) El Presidente de la República, el Presidente y cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno, del Senado, de la Cámara de Representantes y del Tribunal de Cuentas, los Gobernadores, Alcaldes y Concejales.
b) Los Jueces y Tribunales.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las Universidades.
e) Los organismos autónomos autorizados por la Constitución o la Ley.
f) Toda persona individual o colectiva que haya sido afectada por un acto o disposición que considere inconstitucional. Las personas no comprendidas en alguno de los incisos anteriores pueden acudir también al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, siempre que presten la fianza que la Ley señale. La Ley establecerá el modo de funcionar el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales y el procedimiento para sustanciar los recursos que ante el mismo se interpongan.

SECCION CUARTA

Del Tribunal Superior Electoral

Art. 184. El Tribunal Superior Electoral estará formado por tres Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y dos de la Audiencia de La Habana, nombrados por un periodo de cuatro años y por los plenos de sus respectivos tribunales. La presidencia del Tribunal Superior Electoral corresponde al más antiguo de los tres Magistrados del Tribunal Supremo. Cada uno de los miembros del Tribunal tendrá dos suplentes, nombrados por el organismo de donde procedan.

Art. 185. Además de las atribución es que las Leyes electorales le confieran, el Tribunal Superior Electoral queda investido de plenas facultades para garantizar la pureza del sufragio, fiscalizar e intervenir cuando lo considere necesario en todos los censos, elecciones y demás actos electorales, en la formación y organización de nuevos partidos, reorganización de los existentes, nominación de candidatos y proclamación de los electos.
Le corresponde también:
a) Resolver las reclamaciones electorales que la Ley someta a su jurisdicción y competencia.
b) Dictar las instrucciones generales y especiales necesarias para el cumplimiento de la legislación electoral.
c) Resolver, en grado de apelación, los recursos sobre la validez o nulidad de una elección y la proclamación de candidatos.
d) Dictar instrucciones y disposiciones, de cumplimiento obligatorio, a las Fuerzas Armadas y de Policía para el mantenimiento del orden y de la libertad electoral durante el período de confección del censo, el de organización y reorganización de los partidos y el comprendido entre la convocatoria a elecciones y la terminación de los escrutinios. En caso de grave alteración del orden público, o cuando el Tribunal estime que no existen suficientes garantías, podrá acordar la suspensión o la nulidad de todos los actos y operaciones electorales en el territorio afectado, aunque no estén suspendidas las garantías constitucionales.

Art. 186. La Ley organizará los Tribunales Electorales. Para formarlos podrá utilizar a funcionarios de la carrera judicial. El conocimiento de las reclamaciones electorales queda reservado a la jurisdicción electoral. Sin embargo, la Ley determinará los asuntos en que, por excepción, podrá recurrirse de las resoluciones del Tribunal Superior Electoral, en vía de apelación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.

Art. 187. Se crea la carrera administrativa de los empleados y funcionarios electorales, subordinados a la jurisdicción máxima del Tribunal Superior Electoral, y se declaran inamovibles los empleados permanentes de las Juntas electorales. La retribución fijada a estos funcionarios y empleados permanentes por el Código Electoral, no Podrá ser alterada sino en las condiciones y circunstancias establecidas para los funcionarios y empleados judiciales. La Ley no podrá asignar distintas retribuciones a cargos de igual grado, categoría y funciones.

SECCION QUINTA

Del Ministerio Fiscal

Art. 188. El Ministerio Fiscal representa al pueblo ante la administración de justicia y tiene como finalidad primordial vigilar el cumplimiento de la Constitución y de la Ley. Los funcionarios del Ministerio Fiscal serán inamovibles e independientes en sus funciones, con excepción del Fiscal del Tribunal Supremo, que será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Art. 189. El ingreso en la carrera fiscal se hará mediante ejercicio de oposición y el ascenso habrá de realizarse en la forma que para los Jueces establece esta Constitución. Les nombramientos, incluyendo los de las plazas de nueva creación, ascensos, traslados, suspensiones, correcciones, licencias, separaciones y jubilaciones de los funcionarios del Ministerio Fiscal y la aceptación de sus permutas y renuncias se harán de acuerdo con lo que determine la Ley.

Art. 190. El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia reunirá las condiciones exigidas para ser Magistrado del Tribunal Supremo; los Tenientes Fiscales del propio Tribunal y los Fiscales de los demás tribunales deberán ser cubanos por nacimiento, haber cumplido treinta años de edad y hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos. Les demás funcionarios del Ministerio Fiscal reunirán las condiciones que la Ley señale.

Art. 191. Cuando el Gobierno litigue o deba personarse en algún procedimiento lo hará por medio de abogados del Estado, los cuales formarán un cuerpo cuya organización y funciones regulará la Ley.

SECCION SEXTA

Del Consejo Superior de Defensa Social y de los Tribunales para Menores

Art. 192. Habrá un Consejo Superior de Defensa Social que estará encargado de la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que impliquen la privación o la limitación de la libertad individual, así como de la organización, dirección y administración de todos los establecimientos o instituciones que se requieran para la más eficaz prevención y represión de la criminalidad. Este organismo, que gozará de autonomía para el ejercicio de sus funciones técnicas y administrativas, tendrá también a su cargo la concesión y revocación de la libertad condicional, de acuerdo con la Ley.

Art. 193. Se crean los Tribunales para menores de edad. La Ley regulará su organización y funcionamiento.

SECCION SEPTIMA

De la inconstitucionalidad

Art. 194. La declaración de inconstitucionalidad podrá pedirse:
a) Por los interesados en los juicios, causas o negocios de que conozca la jurisdicción ordinaria y las especiales.
b) Por veinticinco ciudadanos que justifiquen su condición de tales.
c) Por la persona a quien afecte la disposición que se estime inconstitucional. Los Jueces y Tribunales están obligados a resolver los conflictos entre las Leyes vigentes y la Constitución, ajustándose al principio de que ésta prevalezca siempre sobre aquéllas. Cuando un Juez o Tribunal considere inaplicable cualquier Ley, Decreto-ley, Decreto o disposición porque estime que viola la Constitución, suspenderá el procedimiento y elevará el asunto al Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales a fin de que declare o niegue la constitucionalidad del precepto en cuestión y devuelva el asunto al remitente para que continúe el procedimiento, dictando las medidas de seguridad que sean pertinentes. En los expedientes administrativos podrá plantearse el recurso de inconstitucionalidad al acudirse a la vía contencioso administrativa. Si las Leyes no franquearen esta vía podrá interponerse el recurso de inconstitucionalidad directamente contra la resolución administrativa. Los recursos de inconstitucionalidad, en los casos enumerados en los artículos ciento treinta y uno, ciento setenta y cuatro, ciento ochenta y dos y ciento ochenta y seis de esta Constitución, se interpondrán directamente ante el Tribunal de Garantías Constitucionales v Sociales. En todo recurso de inconstitucionalidad los Tribunales resolverán siempre el fondo de la reclamación. Si el recurso adoleciere de algún defecto de forma concederán un plazo al recurrente para que lo subsane. No podrá aplicarse en ningún caso ni forma una Ley, Decreto-Ley, Decreto, Reglamento, Orden, disposición o medida que haya sido declarada inconstitucional, bajo pena de inhabilitación para el desempeño de cargo público. La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de un precepto legal o de una medida o acuerdo gubernativo, obligará al organismo, autoridad o funcionario que haya dictado la disposición anulada, a derogaría inmediatamente. En todo caso la disposición legislativa o reglamentaria u medida gubernativa declarada inconstitucional se considerará nula y sin valor ni efecto desde el día de la publicación de la sentencia en los estrados del Tribunal.

Art. 195. El Tribunal Supremo y el de Garantías Constitucionales y Sociales están obligados a publicar sin demora sus sentencias en el periódico oficial que corresponda. En el presupuesto del Poder Judicial se consignará anualmente un crédito para el pago de estas atenciones.

SECCION OCTAVA

De la jurisdicción e inamovilidad

Art. 196. Los Tribunales ordinarios conocerán de todos los juicios, causas o negocios, sea cual fuere la jurisdicción a que correspondan, con la sola excepción de los originados por delitos militares o por hechos ocurridos en el servicio de las armas, los cuales quedarán sometidos a la jurisdicción militar. Cuando estos delitos se cometan conjuntamente por militares y por personas no aforadas, o cuando una de estas últimas sea víctima del delito, serán de la competencia de la jurisdicción ordinaria.

Art. 197. En ningún caso podrán crearse tribunales, comisiones y organismos a los que se conceda competencia especial para conocer de hechos, juicios, causas, expedientes, cuestiones o negocios de las jurisdicciones atribuidas a los tribunales ordinarios.

Art. 198. Los Tribunales de las Fuerzas de Mar y Tierra se regirán por una Ley orgánica especial y conocerán únicamente de los delitos y faltas estrictamente militares cometidos por sus miembros. En caso de guerra o grave alteración del orden público la jurisdicción militar conocerá de todos los delitos y faltas cometidos por militares en el territorio donde exista realmente el estado de guerra, de acuerdo con la Ley.

Art. 199. La responsabilidad civil y criminal en que incurran los Jueces, Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 200. Los funcionarios judiciales y del Ministerio Fiscal, abogados de oficio, así como sus auxiliares y subalternos, son inamovibles. En su virtud, no podrán ser suspendidos ni separados sino por razón de delito u otra causa grave debidamente acreditada, y siempre con audiencia del inculpado. Estos funcionarios podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones en cualquier estado del expediente. Cuando en causa criminal un Juez, Magistrado, Fiscal o abogado de oficio fuere procesado será suspendido inmediatamente en el ejercicio de sus funciones. No podrá acordarse el traslado de Jueces, Magistrados, Fiscales o abogados de oficio, a no ser mediante expediente de corrección disciplinaria o por los motivos de conveniencia pública que establezca la Ley. No obstante, los funcionarios del Ministerio Fiscal podrán ser trasladados, en caso de vacantes, si lo solicitaren.

Art. 201. Los cargos de Secretarios auxiliares de la Administración de Justicia se cubrirán en turnos alternativos de traslados y ascensos por antigüedad y méritos, determinados estos últimos, por concurso oposición, en la forma que fije la Ley y de acuerdo con el escalafón que confeccionará y publicará la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 202. La Ley establecerá las causales de Corrección, traslado y separación, así como la tramitación de los expedientes respectivos.

Art. 203. El cumplimiento de las resoluciones judiciales es ineludible. La Ley establecerá las garantías necesarias para hacer efectivas estas resoluciones si a ellos resistiesen autoridades, funcionarios, empleados del Estado, de la Provincia o del Municipio o miembros de las Fuerzas Armadas.

Art. 204. Las sentencias que dicten los Jueces Correccionales en los casos de delito serán apelables ante el Tribunal que la Ley determine, regulando éste su procedimiento.

Art. 205. El Gobierno no tiene potestad para declarar lesiva una resolución firme de los Tribunales. En el caso de que no pueda cumplirla indemnizará al perjudicado en la forma correspondiente siempre que proceda, solicitando del Congreso los créditos necesarios si no los tuviere.

Art. 206. La retribución de los funcionarios y empleados de la Administración de Justicia, del Ministerio Fiscal y de los funcionarios y empleados permanentes de los organismos electorales no podrá ser alterada sino por una votación de las dos terceras partes de cada uno de los Cuerpos colegisladores y en períodos no menores de cinco años. No podrán asignarse distintas retribuciones a cargos de igual grado, categoría y funciones. La retribución que se asigne a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los demás funcionarios del Poder Judicial deberá ser en todo caso adecuada a la importancia y trascendencia de sus funciones.

Art. 207. Ningún miembro del Poder Judicial Podrá ser Ministro de Gobierno ni desempeñar función alguna adscrita a los Poderes Legislativo o Ejecutivo, excepto cuando se trate de formar parte de Comisiones designadas por el Senado o la Cámara de Representantes para la reforma de Leyes. Tampoco podrán figurar como candidatos a ningún cargo electivo.

Art. 208. La responsabilidad penal y los motivos de separación en que puedan incurrir el Presidente, Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se declararán ajustándose al siguiente procedimiento:
El Senado de la República será el competente para conocer de las denuncias contra dichos funcionarios. Recibida una denuncia al Senado nombrará una Comisión para que la estudie; ésta elevará su dictamen al Senado. Si por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, emitido en votación secreta, el Senado considera fundada la denuncia se abrirá el juicio correspondiente ante un Tribunal, que se denominará Gran Jurado, compuesto por quince miembros, designados en la forma que sigue: El Presidente del Tribunal Supremo remitirá al Presidente del Senado la relación completa de los miembros de dicho organismo que no se encuentren afectados por la acusación.
El Presidente del Senado la relación de los miembros que la integran. En Rector de la Universidad de La Habana enviará al Presidente del Senado la relación completa de los profesores titulares de su Facultad de Derecho. El Presidente de la República remitirá al Presidente del Senado una relación de cincuenta abogados que reúnan las condiciones requeridas para ser Magistrados del Tribunal Supremo, designados libremente por él. Recibidas estas listas por el Presidente del Senado éste, en sesión pública de dicho Cuerpo, procederá a determinarlos componentes del Gran Jurado mediante insaculación: Seis del Tribunal Supremo de Justicia. No habiéndolos, o no alcanzando su número, se completará por el mismo procedimiento de una lista formada con el Presidente y los Magistrados de la Audiencia de La Habana remitida al Presidente del Senado por el Presidente de dicha Audiencia. Tres miembros de la Cámara de Representantes. Tres miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana; y Tres miembros de la lista de cincuenta abogados. Este Tribunal será presidido por el funcionario judicial de mayor categoría y en su defecto por el de mayor ambigüedad de los que concurran a integrarlo. El Senado, una vez nombrado el Gran Jurado, le dará traslado de la denuncia para la tramitación oportuna. Dictado el fallo, el Gran Jurado se disolverá.

TITULO XV

El régimen municipal

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales

Art. 209. El Municipio es la sociedad local organizada políticamente por autorización del Poder Legislativo en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, sobre una base de capacidad económica para satisfacer los gastos del gobierno propio, y con personalidad jurídica a todos los efectos legales. La Ley determinará el territorio, el nombre de cada Municipio y el lugar de residencia de su gobierno.

Art. 210. Los Municipios podrán asociarse para fines intermunicipales por acuerdo de sus respectivos Ayuntamientos o Comisiones. También podrán incorporarse unos Municipios a otros o dividirse para constituir otros nuevos, o alterar sus límites, por iniciativa popular y con aprobación del Congreso, oído el parecer de los Ayuntamientos o Comisiones respectivos. Para acordar la segregación de parte de un término municipal y agregaría a otro u otros colindantes será preciso que lo solicite, por lo menos, un diez por ciento de los vecinos de la porción de territorio que se trate de segregar, y que, en una elección de referendo, el sesenta por ciento de los electores de dicha parte se muestre conforme con la segregación. Si el resultado del referendo fuese favorable a la solicitud presentada se elevará el asunto al Congreso para su resolución definitiva. Al señalarse las nuevas demarcaciones de territorios y practicarse la división de bienes se respetará el derecho de propiedad privada del Municipio cedente sobre los bienes que haya adquirido o construido en la porción que se le segrega, sin perjuicio de reconocerle al Municipio que la recibe la parte proporcional que le corresponda por lo que hubiere aportado para la adquisición o construcción de dichos bienes. Siempre que se trate de la constitución de un nuevo Municipio, corresponderá al Tribunal de Cuentas informar sobre la capacidad económica del mismo para el mantenimiento del gobierno propio.

Art. 211. El gobierno municipal es una entidad con poderes para satisfacer las necesidades colectivas peculiares de la sociedad local, y es además un organismo auxiliar del Poder Central, ejercido por el Estado a través de todo el territorio nacional.

Art. 212. El Municipio es autónomo. El gobierno municipal queda investido de todos los poderes necesarios para resolver libremente los asuntos de la sociedad local. Las facultades de las cuales no resulta investido el gobierno municipal por esta Constitución quedan reservadas al Gobierno nacional. El Estado podrá suplir la gestión municipal cuando ésta sea insuficiente en caso de epidemia, grave alteración del orden público y otros motivos de interés general, en la forma que determine la Ley.

Art. 213 Corresponde especialmente al gobierno municipal:
a) Suministrar todos los servicios públicos locales; comprar, construir y operar empresas de servicios públicos o prestar dichos servicios mediante concesión o contrato, con todas las garantías que establezca la Ley y adquirir, por expropiación o por compra, para los propósitos indicados, las propiedades necesarias. También podrán operar empresas de carácter económico.
b) Llevar a cabo mejoras públicas locales y adquirir por compra, de acuerdo con sus dueños o mediante expropiación, las propiedades directamente necesarias para la obra proyectada y las que conviniere para resarcirse del costo de la misma.
c) Crear y administrar escuelas, museos y bibliotecas públicas, campos para educación física y campos recreativos, sin perjuicio de lo que la Ley establezca sobre educación, y adoptar y ejecutar, dentro de los límites del Municipio, reglas sanitarias y de vigilancia local y otras disposiciones similares que no se opongan a la Ley, así como propender al establecimiento de cooperativas de producción y de consumo y exposiciones y jardines botánicos y zoológicos, todo con carácter de servicio público.
d) Nombrar los empleados municipales con arreglo a lo que establezcan esta Constitución y la Ley.
e) Formar los presupuestos de gastos e ingresos y establecer los impuestos necesarios para cubrirlos, siempre que éstos sean compatibles con el sistema tributario del Estado. Los Municipios no podrán reducir ni suprimir ingresos de carácter permanente sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo en caso en que la reducción o supresión corresponda a la reducción o supresión de gastos permanentes equivalentes. Los créditos que figuren en los presupuestos para gastos serán divididos en dozavas partes y no se pagará ninguna atención del mes corriente si no han sido liquidadas todas las del anterior.
f) Acordar empréstitos, votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de esos intereses y amortización. Ningún Municipio podrá contraer obligaciones de esta clase sin previo informe favorable del Tribunal de Cuentas. En el caso de que se acordaren nuevos impuestos para el pago de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior se requerirá además la votación conforme en una elección de referendo de la mitad más uno de los votos emitidos por los electores del término municipal, sin que la votación pueda ser inferior al treinta por ciento de los mismos.
g) Contraer obligaciones económicas de pago aplazado para costear obras públicas, con el deber de consignar en los sucesivos presupuestos anuales los créditos necesarios para satisfacerlas, y siempre que su pago no absorba la capacidad económica del Municipio para prestar los otros servicios que tiene a su cargo. No podrá ningún municipio contraer obligaciones de esta clase sin previo informe favorable del Tribunal de Cuentas y la votación conforme también de las dos terceras partes de los miembros que compongan el Ayuntamiento o la Comisión.
h) La enumeración de estas facultades, así como cualquiera otra que se haga en la Ley, no implica una limitación o restricción de las facultades generales concedidas por la Constitución al Municipio, sino la expresión de una parte de las mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doscientos doce de esta Constitución. El comercio, las comunicaciones y el tránsito intermunicipales no podrán ser gravados por el Municipio. Queda prohibido el agio o la competencia desleal que pudiera resultar de medidas adoptadas por los Municipios. Los impuestos municipales sobre artículos de primera necesidad se ajustarán a las bases que establezca la Ley.

Art. 214. El gobierno de cada Municipio está obligado a satisfacer las siguientes necesidades mínimas locales:
a) El pago puntual de sueldos y jornales a los funcionarios y empleados municipales, de acuerdo con el nivel de vida de la localidad.
b) El sostenimiento de un albergue y casa de asistencia social, un taller de trabajo y una granja agrícola.
c) El mantenimiento de la vigilancia pública y de un servicio de extinción de incendios.
d) El funcionamiento, por lo menos en la cabecera, de una escuela, una biblioteca, un centro de cultura popular y una casa de socorros médicos.

Art. 215. En cada Municipio existirá una Comisión de urbanismo, que tendrá la obligación de trazar el plan de enseñanza y embellecimiento a la vivienda del trabajador y propondrá planes teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras del tránsito público, de la higiene, del ornato y del bienestar común. Dicha Comisión atenderá a todo lo concerniente a la vivienda del trabajador y propondrá planes de fabricación de casas para obreros y campesinos, las cuales podrán ser adquiridas a largo plazo con el importe de un médico alquiler que restituya al Municipio de capital invertido. Los Municipios procederán .a ejecutar el plan que aprobaren, consignando obligatoriamente en sus presupuestos las cantidades necesarias a tal fin de sus ingresos ordinarios, sin que puedan ser éstas inferiores al costo de una casa en cada ejercicio económico, o acudiendo a los medios que les brinda la Constitución para llevar a cabo obras de esta naturaleza, en el caso de que sus ingresos ordinarios no fuesen suficientes para ello. Existirá asimismo una Comisión de caminos vecinales, que tendrá la obligación de trazar, construir y conservar aquellos que, según un plan y régimen, previamente acordados, favorezcan la explotación, el transporte y la distribución de los productos.

Art. 216. La Ley determinará la urbanización de los caseríos o poblados contiguos a los bateyes de los ingenios azucareros o cualquier otra explotación agrícola o industrial de análoga naturaleza.

SECCIÓN SEGUNDA

Garantías de la autonomía municipal

Art. 227. Como garantía de la autonomía municipal queda establecido lo siguiente;
a) Ningún gobernante local podrá ser suspendido ni destituido por el Presidente de la República, por el Gobernador de la provincia ni por ninguna otra autoridad gubernativa. Sólo los Tribunales de Justicia podrán acordar la suspensión o separación de sus cargos de los gobernantes locales, mediante procedimiento sumario instruido conforme a la Ley, sin perjuicio de lo que ésta disponga sobre la revocación del mandato político. Tampoco podrán ser intervenidos en ninguna de las funciones propias de su cargo por otros funcionarios o autoridades, salvo las facultades concedidas por la Constitución al Tribunal de Cuentas.
b) Los acuerdos del Ayuntamiento o de la comisión, o las resoluciones del alcalde o de cualquiera otra autoridad municipal no podrán ser suspendidos por el Presidente de la República, el Gobernador de la Provincia ni otra autoridad gubernativa. Los referidos acuerdos o resoluciones sólo podrán ser impugnados por las autoridades gubernativas, cuando éstas lo estimen ilegales, ante los Tribunales de Justicia, que serán los únicos competentes para declarar, mediante el procedimiento sumario que establezca la Ley, si el organismo o las autoridades municipales los han tomado o no, dentro de la esfera de su competencia, de acuerdo con las facultades concedidas a los mismos por la Constitución.
c) Ninguna Ley podrá recabar para el Estado, las Provincias u otros organismos o instituciones toda o parte de las cantidades que recauden los Municipios por concepto de contribuciones, impuestos y demás medios de obtención de los ingresos municipales.
d) Ninguna Ley podrá declarar de carácter nacional un impuesto o tributo municipal que constituya una de las fuentes de ingreso del Municipio, sin garantizarle al mismo tiempo ingresos equivalentes a los nacionalizados.
e) Ninguna Ley podrá obligar a los Municipios a ejercer funciones recaudadoras de impuestos de carácter nacional o provincial a menos que los organismos interesados en el cobro nombren los auxiliares para esa gestión.

f) El Municipio no estará obligado a pagar ningún servicio que no esté administrado por él mismo, salvo que otra cosa hubiere convenido expresamente con el Estado, los particulares u otros Municipios.

Art. 218. El alcalde o cualquiera otra autoridad representativa del gobierno local podrá, por sí o cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento o de la Comisión, interponer ante el pleno del Tribunal Supremo recurso de abuso de poder contra toda resolución del Gobierno Nacional o Provincial que, a su juicio, atente contra el régimen de autonomía municipal establecido por la Constitución, aunque la resolución haya sido dictada en uso de facultades discrecionales.

Art. 219. Como garantía de los habitantes del término municipal respecto a sus gobernantes locales, se dispone lo siguiente:
a) En caso de que las resoluciones o acuerdos de las autoridades u organismos municipales lesionen algún interés privado o social, el perjudicado o cualquier habitante del Municipio que considere que el acuerdo o resolución lesiona un interés público, podrá solicitar su nulidad y la reparación del daño ante los Tribunales de Justicia, mediante un procedimiento sumario establecido por la ley. El Municipio responderá subsidiariamente y tendrá el derecho de repetir, cuando fuere condenado al pago, contra el funcionario culpable de haber ocasionado el daño en los términos que disponga la ley.
b) Se exigirá el referendo en la contratación de empréstitos, emisiones de bonos y otras operaciones de movilización del crédito municipal que por su cuantía obliguen al Municipio que las realiza a la creación de nuevos impuestos para responder al pago de las amortizaciones o pagos de dichas contrataciones.
c) Se concederá el derecho de iniciativa a un tanto por ciento que fijará la ley del Cuerpo electoral del Municipio para proponer acuerdos al Ayuntamiento o la Comisión. Si éstos rechazaren la iniciativa o no
d) resolvieren sobre ella, deberán someterla a la consulta popular mediante referendo en la forma que la ley determine.
e) La revocación del mandato político podrá solicitarse contra los gobernantes locales por un tanto por ciento de los electores del Municipio, en la forma que la Ley determine.
f) Se considerará resuelto negativamente lo que se solicite de las autoridades y organismos municipales cuando la petición o reclamación no fuere resuelta favorablemente dentro del término fijado por la ley. Esta regulará todo lo relativo a la impugnación de tales denegaciones t citas y la responsabilidad de los culpables de la demora. La Ley fijará sanciones por la demora injustificada en la tramitación de las peticiones formuladas por los habitantes del término municipal a las autoridades y organismos municipales.

Art. 220. La responsabilidad penal en que incurran los alcaldes, los miembros del Ayuntamiento o de la Comisión y demás autoridades municipales será exigible ante los Tribunales de Justicia, bien de oficio, a instancia del Fiscal, o por acción privada. Esta será popular y podrá ejercitarse sin constituir fianza, por no menos de veinticinco vecinos del término municipal, sin perjuicio de las responsabilidades que proceda por
acusación falsa o calumniosa.

Art. 221. De los acuerdos municipales serán responsables los que votaren a favor de ellos y los que no habiendo asistido a la sesión en que se tornaron, sin estar en uso de licencia, oficial entonces, dejaren transcurrir las dos sesiones siguientes sin salvar su voto. Estas salvedades no afectarán en ningún caso a la eficacia de los acuerdos definitivamente adoptados.

SECCION TERCERA

Gobierno municipal

Art. 222. Los términos municipales estarán regidos en la forma que establezca la ley, la cual reconocerá el derecho de los Municipios a darse su propia Carta municipal de acuerdo con esta Constitución. La organización municipal será democrática y responderá en forma sencilla y eficaz al carácter esencialmente administrativo del gobierno local.

Art. 223. Los Municipios podrán adoptar su propia Carta municipal de acuerdo con el siguiente procedimiento que regulará la ley. El Ayuntamiento o la Comisión, a petición de un diez por ciento de los electores del Municipio y con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, consultará al Cuerpo electoral del Municipio, por medio de los organismos electorales correspondientes, si desea elegir una Comisión de quince miembros para redactar una Carta municipal. Los nombres de los candidatos para formar parte de la Comisión figurarán en las correspondientes boletas, y si la mayoría de los electores votasen favorablemente la pregunta formulada, los quince candidatos que hayan recibido la mayor votación, de acuerdo con el sistema de representación proporcional, serán los electos para integrar la Comisión. Esta redactará la Carta municipal y someterá a la aprobación de los electores del Municipio, no antes de los treinta días de haberla’ terminado y repartido, ni después del año de elegida la Comisión. El Municipio adoptará uno de estos sistemas de gobierno: el de Comisión o el de Ayuntamiento y gerente, y el de alcalde y Ayuntamiento.

Art. 224. En el sistema de gobierno por Comisión el número de comisionados, incluyendo entre ellos al alcalde como presidente, será de cinco en los Municipios que tengan veinte mil habitantes, de siete en los que tengan de veinte mil a den mil y de nueve en los mayores de cien mil habitantes. Todos los comisionados serán elegidos directamente por el pueblo por un período de cuatro años. Cada comisionado será jefe de un departamento de la organización municipal, del cual será responsable, y estará encargado de cumplir y hacer cumplir, en cuanto a su departamento, los acuerdos adoptados por la Comisión. La ley fijará los requisitos que deban exigirse al comisionado según el departamento de que se trate. Conjuntamente, los comisionados integrarán el Cuerpo deliberativo del Municipio.

Art. 225. En el sistema de Ayuntamiento y gerente habrá además un alcalde que presidirá el Ayuntamiento y será el representante del pueblo en todos los actos oficiales o de carácter social. El gerente social será un técnico o persona de reconocida capacidad en asuntos municipales y actuará como jefe de Administración municipal, con facultades para nombrar y remover los funcionarios y empleados del Municipio con observancia de lo establecido en esta Constitución. El cargo se proveerá por el Ayuntamiento, por término de seis años, mediante concurso oposición, ante un tribunal compuesto de los siguientes miembros: un profesor de gobierno municipal; un profesor de Derecho administrativo; un contador público, y dos representantes del Municipio. El profesor de Derecho administrativo y el gobierno municipal serán nombrados por una Facultad universitaria de Ciencias Sociales; el contador público, por la Escuela de Comercio de la provincia a que pertenezca el Municipio, y los representantes del Municipio por el Ayuntamiento del término de que se trate. Una vez nombrado el gerente por el Ayuntamiento, a propuesta del Tribunal calificador, no podrá ser destituido sino por sentencia de la autoridad judicial competente, o por la voluntad popular, siempre de acuerdo con las causas y las formalidades que la ley establezca. El Ayuntamiento estará integrado, en esta forma de gobierno, por seis concejales, cuando la población del Municipio no exceda a veinte mil habitantes; por catorce, cuando sea superior a veinte mil y no exceda de cien mil, y por veintiocho cuando sea superior a cien mil habitantes, todos elegidos directamente por el pueblo por un período de cuatro años.

Art. 226. En el sistema de alcalde y Ayuntamiento presidido por el alcalde, tanto éste como los concejales serán elegidos directamente por el pueblo por un período de cuatro años. La ley determinará la composición que haya de tener el Ayuntamiento y fijará las reglas según las cuales los partidos politices deberán siempre postular para debido organismo representantes de los diversos intereses y actividades de la localidad.

Art. 227. El alcalde, el gerente y los comisionados recibirán del Tesoro municipal una dotación que podrá ser alterada en todo tiempo, pero no surtirá efecto sino después que se verifique una nueva elección de alcalde, del Ayuntamiento o de la Comisión. El aumento en la dotación del alcalde estará subordinado al momento efectivo en las recaudaciones municipales durante los dos últimos años precedentes a la fecha en que deba hacerse efectivo. El cargo de concejal podrá ser retribuido cuando las condiciones económicas del Municipio lo permitan y los servicios públicos estén debidamente dotados y atendidos.

Art. 228. Si faltare temporal o definitivamente el alcalde en cualquiera de los tres sistemas anteriormente señalados, le sustituirá el concejal o comisionado que a ese efecto habrá sido elegido en la primera sesión celebrada por el Ayuntamiento o la Comisión. Si la falta fuese del gerente, el Ayuntamiento pro cederá a cubrir la vacante en la misma forma dispuesta para la provisión del cargo.

Art. 229. Para ser alcalde municipal, gerente, comisionado o concejal se requiere ser ciudadano cubano, tener veintiún años de edad y reunir los demás requisitos que señale la ley. En cuanto al alcalde, se requerirá, además, no haber pertenecido al servicio activo de las Fuerzas Armadas de la República durante los dos años inmediatos anteriores a la fecha de su designación como candidato. La vecindad o residencia en el Municipio no será exigible en cuanto al gerente.

Art. 230. La ley podrá crear el Distrito Metropolitano de La Habana, federando con la ciudad capital los municipios que la circundan, en el número que la propia ley determine. Los Municipios federados tendrán representación directa en el Municipio del Distrito Metropolitano, conservando su organización democrática y popular.

Art. 231. En los presupuestos municipales se consignarán para atención de los barrios rurales las cantidades correspondientes, de acuerdo con la siguiente escala gradual:
En los barrios rurales que contribuyan de 0,100 a 1,000 $ el 35 %
En los barrios rurales que contribuyan de 1,000 a 5,000 $ el 30 %
En los barrios rurales que contribuyan de 5,001 a 10,000 $ el 25 %
En los barrios rurales que contribuyan de 10,001 $ en adelante el 20 %

Art. 232. Las elecciones municipales se celebrarán en fecha distinta a las elecciones generales.

TITULO XVI

SECCION ÚNICA

Del régimen provincial

Art. 233. La Provincia comprenderá los Municipios situados dentro de su territorio. Cada Provincia estará regida por un gobernador y un Consejo Provincial. El gobernador ostentará la representación de la provincia. El Consejo provincial es el órgano de orientación y coordinación de los intereses de la Provincia.

Art. 234. Las provincias podrán refundirse o dividirse para formar otras nuevas, o modificar sus límites, mediante acuerdo de los respectivos Consejos provinciales y la aprobación del Congreso.

Art. 235. El gobernador será elegido por un periodo de cuatro años, por sufragio directo y secreto, en la forma que determine la ley. Para ser gobernador se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento o naturalización, y en este último caso con diez años de residencia en la República, contados desde la fecha de la naturalización.
b) Haber cumplido veinte cinco años de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.
d) No haber pertenecido al servicio activo de las Fuerzas Armadas de la República durante los dos años inmediatos anteriores a la fecha de su designación como candidato.

Art. 236. El gobernador recibirá del Tesoro provincial una dotación que podrá ser alterada en todo tiempo, pero que no surtirá efecto sino después que se verifique nueva elección de gobernador. El aumento en la dotación del gobernador estará subordinado al aumento efectivo de los ingresos provinciales durante los dos últimos años precedentes a la fecha en que deba hacerse efectivo.

Art. 237. Por si faltare temporal o definitivamente el gobernador, lo sustituirá en el cargo el alcalde de más edad.

Art. 238. Corresponde al gobernador de la Provincia:
a) Cumplir y hacer cumplir, en los extremos que le conciernan, las leyes, Decretos y Reglamentos de la nación.
b) Publicar los acuerdos del Consejo provincial que tengan fuerza obligatoria, ejecutándolos y haciéndolos ejecutar, determinando las penalidades Correspondientes a las infracciones cuando no hayan sido fijadas por el Consejo.
c) Expedir órdenes y dictar además las instrucciones y Reglamentos para la mejor ejecución de los acuerdos del Consejo cuando éste no lo hubiere hecho.

Art. 239. Formarán el Consejo provincial los alcaldes municipales de la Provincia. Los alcaldes podrán concurrir a las sesiones del Consejo asistidos de peritos en cada uno de los servicios fundamentales de la comunidad, tales como administración, salubridad y asistencia social, educación y obras públicas, los cuales tendrán el carácter de consultores técnicos del Consejo y podrán ser oídos por éste, pero no tendrán voto. El cargo de asesor técnico será honorífico y gratuito.

Art. 240. El gobernador tendrá su sede en la capital de la provincia, pero las sesiones del Consejo provincial podrán celebrarse indistintamente en la cabecera de cualquier término municipal de la misma, previo acuerdo del Consejo.

Art. 241. Los Consejos provinciales se reunirán, por lo menos, una vez cada dos meses, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias – que podrán celebrarse cuando las convoque el gobernador por sí o a instancia de tres o más miembros del Consejo provincial.

Art. 242. Corresponde al Consejo provincial:
a) Formar su presupuesto ordinario de ingresos y gastos y determinar la cuota que en proporción igual con relación con los ingresos- deberá aportar obligatoriamente cada Municipio para sufragar los gastos de la provincia.
b) Prestar servicios públicos y ejecutar obras de interés provincial, especialmente en los ramos de salubridad y asistencia social, educación y comunicaciones, sin contravenir las leyes del Estado.
c) Acordar empréstitos para realizar obras públicas o planes provinciales de carácter social o económico, y votar a la vez los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses y amortizaciones. No podrá acordarse ningún empréstito sin el informe previo favorable del Tribunal de Cuentas y el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Consejo provincial. En el caso en que se acordaren nuevos impuestos para el pago de la obligación a que se refiere el párrafo anterior, será necesario además la votación conforme, en una elección de referendo, de la mitad más uno de los votos emitidos por los electores de la provincia, sin que la votación pueda ser inferior al treinta por ciento de los mismos. de Nombrar y remover los empleados provinciales con arreglo a esta Constitución y a la ley.

Art. 243. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se tomará como base para calcular los ingresos la cifra promedio de los ingresos efectivos del quinquenio anterior.

Art. 244. Cuando las obras acordadas por el Consejo no sean de carácter provincial, sino en interés de los Municipios, éstos deberán recibir en beneficios una consignación mínima proporcional a sus cuotas contributivas.

Art. 245. Ningún miembro del Consejo provincial podrá ser suspendido ni destituido por autoridad gubernativa. Tampoco podrán ser suspendidos ni anulados por dicha autoridad los acuerdos y decisiones del Consejo, los que podrán ser impugnados ante los Tribunales de Justicia, mediante procedimiento sumario especial que la ley regulará, por las autoridades gubernativas municipales o nacionales, por cualquier vecino que resulte perjudicado por el acuerdo o resolución, o estime que éstos lesionan un interés público. Los acuerdos de los Consejos provinciales serán tomados en sesiones públicas. Sólo las Audiencias están facultadas para suspender o separar a los consejeros provinciales a causa de delito en sumario instruido conforme a la ley, o por sentencia firme que lleve aparejada inhabilitación. En caso de suspensión o separación de un Consejo provincial, la sanción se extenderá a sus funciones como alcalde municipal.

Art. 246. El gobernador, previo acuerdo del Consejo provincial, podrá interponer ante el pleno del Tribunal Supremo de Justicia, en la forma que la ley determine, recurso de abuso de poder contra las resoluciones del Gobierno nacional que, a su juicio, atenten contra el régimen de autonomía provincial establecido por la Constitución, aunque la resolución haya sido dictada en uso de facultades discrecionales.

Art. 247. El Consejo provincial y el gobernador deben acatamiento al Tribunal de Cuentas del Estado en materia de contabilidad, quedando obligados a suministrarle todos los datos e informes que éste solicite, especialmente los relativos a la formación y liquidación de los presupuestos. El gobernador designará, en la oportunidad que le indique el Tribunal de Cuentas, un perito conocedor de la Hacienda provincial para que asista al Tribunal en el examen de la contabilidad de la provincia.

Art. 248. Las disposiciones sobre Hacienda Pública contenidas en el título correspondiente de esta Constitución, serán aplicables a la provincia, en cuanto sean compatibles con el régimen de la misma.

Art. 249. Los consejeros provinciales y el gobernador serán responsables ante los Tribunales de Justicia, en la forma que la ley prescriba, de los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. El cargo de consejero provincial es honorífico, gratuito y obligatorio.

Art. 250. La ley organizará el principio de gobierno y de administración provincial que se establecen en esta Constitución, de modo que responda al carácter administrativo del gobierno provincial.

TITULO XVII

Hacienda Nacional

SECCION PRIMERA

De los bienes y finanzas del Estado

Art. 251. Pertenecen al Estado, además de los bienes de dominio público y de los suyos propios, todos los existentes en el territorio de la República que no correspondan a las provincias o a los Municipios ni sean, individual o colectivamente, de propiedad particular.

Art. 252. Los bienes propios o patrimoniales del Estado sólo podrán enajenarse o gravarse con las siguientes condiciones:
a) Que el Congreso lo acuerde en ley extraordinaria, por razón de necesidad o conveniencia social, y siempre por las dos terceras partes de cada Cuerpo colegislador.
b) Que la venta se realice mediante subasta pública. Si se trata de arrendamiento se procederá según disponga la ley.
c) Que se designe el producto a crear trabajo, atender servicios o a satisfacer necesidades públicas. Podrá, sin embargo, acordarse la enajenación o gravamen en ley ordinaria y realizarse sin el requisito de subasta pública, cuando se haga para desarrollar un plan económico nacional aprobado en ley extraordinaria.

Art. 253. El Estado no concertará empréstitos sino en virtud de una ley aprobada por las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cuerpo colegislador, y en que se voten al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de intereses y amortización.

Art. 254. El Estado garantiza la Deuda pública y en general toda operación que implique responsabilidad económica para el Tesoro nacional, siempre que se hubiere contraído de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la ley.

SECCION SEGUNDA

Del presupuesto

Art. 255. Todos los ingresos y gastos del Estado, con excepción de los que se mencionan más adelante, serán previstos y fijados en presupuestos anuales y sólo regirán durante el año para el cual hayan sido aprobados. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los fondos, cajas especiales o patrimonios privados de los organismos autorizados por la Constitución o por la ley, y que estén dedicados a seguros sociales, obras públicas, fomento de la agricultura y regulación de la actividad industrial, agropecuaria, comercial o profesional, y en general al fomento de la riqueza nacional. Estos fondos o sus impuestos serán entregados al organismo autónomo y administrados por éste, de acuerdo con la ley que los haya creado, sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Los gastos de los Poderes legislativo y judicial, los del Tribunal de Cuentas y los de intereses y amortización de empréstitos, y los ingresos con que hayan de cobrarse, tendrán el carácter de permanentes y se incluirán en el presupuesto fijo que regirá mientras no sea reformado por leyes extraordinarias.

Art. 256. A los efectos de la protección de los intereses comunes y nacionales, dentro de cualquier rama de producción, así como de las profesiones, la ley podrá establecer asociaciones obligatorias de productores, determinando la forma de constitución y funcionamiento de los organismos nacionales y los regionales que fueran necesarios, en forma tal que en todos los momentos estén regidos por la mayoría de sus asociados con autoridad plena, concediéndoles asimismo el derecho de subvenir a las necesidades de su acción organizada mediante las cuotas que por ministerio de la propia ley se impongan. Los presupuestos de estos organismos o cooperativas serán fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Art. 257. El Congreso no podrá incluir en las leyes de presupuesto disposiciones que introduzcan reformas legislativas o administrativas de otro orden, ni podrá reducir o suprimir ingresos de carácter permanente sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo el caso en que reducción o supresión corresponda a la reducción de gastos permanentes de igual cuantía; ni asignar a ninguno de los servicios que deban dotarse en el presupuesto anual cantidad mayor de la indicada en el proyecto del Gobierno. Podrá por medio de las leyes crear nuevos servicios o ampliar los existentes. Toda ley que origine gastos fuera del presupuesto, o que represente en el porvenir erogaciones de esa clase, deberá establecer, bajo pena de nulidad, el medio de cubrirlos en cualquiera de estas formas:
a) Creación de nuevos ingresos.
b) Supresión de erogaciones anteriores.
c) Comprobación cuenta de superávit sobrante por el Tribunal de Cuentas.

Art. 258. El estudio y formación de los presupuestos anuales del Estado corresponde al Poder Ejecutivo; su aprobación o modificación, al Congreso, dentro de los límites establecidos en la Constitución. En caso de necesidad perentoria, el Congreso por medio de una ley podrá acordar un presupuesto extraordinario. El Poder Ejecutivo presentará al Congreso a través de la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto anual sesenta días Antes de la fecha en que deba comenzar a regir. El Presidente de la República, y especialmente el Ministro de Hacienda, incurrirán en la responsabilidad que la Ley determine si el presupuesto llega al Congreso Después de la fecha antes fijada. La Cámara de Representantes deberá enviar con su acuerdo el proyecto de presupuesto al Senado treinta días antes de La fecha en que deba comenzar a regir. Si el presupuesto general no fuera votado antes del primer día del año económico en que deba regir, se entenderá prorrogado por trimestres, conjuntamente con la Ley de Bases, el que haya venido rigiendo. En este caso el Poder Ejecutivo no podrá hacer más modificaciones que las derivadas de gastos ya pagados, o de servicios o gastos no necesarios, en el nuevo servicio fiscal. Las atenciones del presupuesto ordinario serán cubiertas necesariamente con ingresos de este tipo previstos en el mismo, sin que en ningún caso puedan cubrirse con ingresos extraordinarios, a no ser que lo autorice así una Ley de este carácter. El presupuesto ordinario será ejecutivo, con la sola aprobación del Congreso, que lo hará publicar inmediatamente.

Art. 259. Los presupuestos contendrán en la parte de egresos epígrafes en que se haga constar:
a) El montante absoluto de las responsabilidades legítimas del Estado, liquidadas y no pagadas, correspondiente a presupuestos anteriores.
b) La proporción de ese montante, que se satisfará con los ingresos ordinarios correspondientes al nuevo presupuesto. La Ley de Bases establecerá, en cuanto a los incisos anteriores, necesariamente, las reglas relativas a la forma en que habrá de prorratearse entre los acreedores con créditos liquidados, la cantidad o cantidades que se fije para pagos durante la vigencia del presupuesto.

Art. 260. Los créditos consignados en el estado de gobierno del presupuesto fijarán las cantidades máximas destinadas a cada servicio, que no podrán ser aumentadas ni transferidas por el Poder Ejecutivo sin autorización previa del Congreso. El Poder Ejecutivo podrá, sin embargo, conceder bajo su responsabilidad, y cuando el Congreso no esté reunido, créditos o suplementos de créditos en los siguientes casos:
a) Guerra o peligro inminente de ella.
b) Grave alteración del orden público.
c) Calamidades públicas. La tramitación de estos créditos se determinará por la Ley.

Art. 261. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de rendir anualmente las cuentas del Estado. A ese fin, el Ministro de Hacienda liquidará el presupuesto anual dentro de los tres meses siguientes a su expiración, y, previa aprobación por el Consejo de Ministros, enviará su informe, con los datos y comprobantes necesarios, al Tribunal de Cuentas. Este dictaminará sobre el informe dentro de los tres meses siguientes, y en este plazo, y sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará al Congreso y al Poder Ejecutivo las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se haya incurrido. El Congreso será, en definitiva, el que apruebe o rechace las cuentas. Los créditos presupuestados para gastos imprevistos de la Administración sólo podrán ser invertidos, en su caso, previo acuerdo del Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso mensualmente los balances correspondientes a los ingresos y gastos del Estado.

Art. 262. El Poder Ejecutivo impedirá la duplicidad de servicios y la multiplicidad de agencias oficiales o semioficiales dotadas total o parcialmente por el Estado para la realización de sus fines.

Art. 263. Nadie estará obligado al pago de impuesto, tasa o contribución alguna que no haya sido establecido expresamente por la Ley o por los Municipios, en la forma dispuesta por esta Constitución y cuyo importe no vaya a formar parte de los ingresos del presupuesto del Estado, la Provincia o el Municipio, salvo que disponga otra cosa en la Constitución o en la Ley. No se considerarán comprendidas en la disposición anterior las contribuciones o cuotas impuestas por la Ley con carácter obligatorio a las personas o entidades integrantes de una industria, comercio o profesión, en favor de sus organismos reconocidos por la Ley.

Art. 264. El Estado, sin perjuicio de los demás medios a su alcance, regulará el fomento de la riqueza nacional mediante la ejecución de obras públicas pagaderas, en todo o en parte, por los directamente beneficiados. La Ley determinará la forma y el procedimiento adecuados para que el Estado, la Provincia o el Municipio, por iniciativa propia o acogiendo la privada, promuevan la ejecución de tales obras, otorguen las concesiones pertinentes, autoricen la fijación, el repartimiento y la cobranza de impuestos para esos fines.

Art. 265. La liquidación de cada crédito proveniente de fondos del Estado para la ejecución de cualquier obra o servicio público, será publicada íntegramente en la Gaceta Oficial de la República, tan pronto haya obtenido la superior aprobación del Ministerio correspondiente. El acta de recepción, ya sea parcial, total, provisional o definitiva, de toda obra pública ejecutada total o parcialmente con fondos provenientes del Estado, será publicada en la Gaceta Oficial de la República, tan pronto haya obtenido la aprobación superior del Ministerio correspondiente. Tanto la liquidación de los créditos provenientes de los fondos del Estado, como las recepciones definitivas de las obras ejecutadas por contrata o administración, sufragadas parcial o totalmente con fondos provenientes del Estado, serán sometidas a la aprobación superior dentro de los sesenta días naturales después de terminadas las obras, sin perjuicio de las liquidaciones y recepciones parciales que se consideren procedentes por la administración durante el proceso de ejecución de las obras.

SECCION TERCERA

Del Tribunal de Cuentas

Art. 266. El Tribunal dé Cuentas es el organismo fiscalizador de los ingresos y gastos del Estado, la Provincia y el Municipio, y de las organizaciones autónomas nacidas al amparo de la Ley que reciban sus ingresos, directa o indirectamente, a través del Estado. El Tribunal de Cuentas sólo depende de la Ley, y sus conflictos con otros organismos se someterán a la resolución del Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 267. El Tribunal de Cuentas estará compuesto por siete miembros, cuatro de los cuales serán abogados y tres contadores públicos o profesores mercantiles. También podrá ser designado, aun sin ser abogado o contador, cualquier persona que esté comprendida en el inciso d) del artículo siguiente. Los abogados deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser miembro del Tribunal Supremo. Los contadores públicos o profesores mercantiles deberán ser mayores de treinta y cinco años, cubanos por nacimiento y tener no menos de diez anos en el ejercicio de su profesión. El pleno del Tribunal Supremo designará dos de los abogados, que serán el Presidente y el Secretario del Tribunal. El Presidente de la República designará un miembro abogado y uno contador público o profesor mercantil. El Senado designará un miembro abogado y uno contador público o profesor mercantil. El Consejo Universitario designará un miembro contador público o profesor mercantil. Los miembros del Tribunal de Cuentas desempeñarán sus cargos por un período de ocho años y sólo podrán ser separados dentro de este período por el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales del Tribunal Supremo de Justicia de la República, previo expediente y resolución razonada. Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán formar parte de ningún otro organismo oficial o autónomo que dependa, directa o indirectamente, del Estado, la Provincia o el Municipio, ni podrán ejercer profesión, industria o comercio.

Art. 268. Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere:
a) Ser cubano por nacimiento.
b) Haber cumplido treinta y cinco años de edad.
c) Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y no tener antecedentes penales
d) Ser abogado con diez años de ejercicio; haber sido Ministro, o Secretario, o Subsecretario de Hacienda; Interventor General de la República, Tesorero o Jefe de Contabilidad del Ministerio de Hacienda; Catedrático de Economía, Hacienda, Intervención y Fiscalización o de Contabilidad en establecimiento oficial de enseñanza; o poseer título de contador público o profesor mercantil con diez años de ejercicio. Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán tener interés material, directo o indirecto, en ninguna empresa agrícola, industrial, comercial o financiera conectada con el Estado, la Provincia o el Municipio.

Art. 269. El Tribunal de Cuentas nombrará interventores, funcionarios, empleados y auxiliares, mediante pruebas acreditativas de capacidad.

Art. 270. Son atribuciones del Tribunal de Cuentas:
a) Velar por la aplicación de los presupuestos del Estado, la Provincia y el Municipio de los organismos autónomos que reciban sus ingresos directa o indirectamente a través del Estado, examinando y fiscalizando la contabilidad de todos ellos.
b) Conocer de las órdenes de adelanto del Estado para aprobar la situación de fondos con vista del presupuesto, de manera que se cumplan las disposiciones de la Ley de Bases y que se tramiten sin preferencia ni pretericiones.
c) Inspeccionar en general los gastos y desembolsos del Estado, la Provincia y el Municipio tanto para la realización de obras, como para suministros y pago de personal y las subastas hechas con ese fin. A este efecto podrá incorporar expedientes para comprobar si los pagos realizados corresponden efectivamente al servicio realizado por las instituciones oficiales bajo su supervisión, debiendo comprobar por medio de los expedientes correspondientes para lijar el costo promedio por unidad de obra y el valor promedio de los suministros que el Estado debe percibir de acuerdo con el mercado. Asimismo podrá tramitar todas las denuncias que se formulen con este motivo y rendir un informe anual al Presidente de la República en relación con la forma en que se han realizado los gastos de las instituciones bajo su fiscalización, para que éste lo envíe con sus respectivas observaciones al Congreso.
d) Pedir informes a todos los organismos y dependencias sujetos a su fiscalización y nombrar delegado especial para practicar las correspondientes investigaciones cuando los datos no sean suministrados, o cuando éstos se estimen deficientes. El Tribunal estará obligado a rendir información detallada al Poder Ejecutivo y al Congreso, cuando sea requerido al efecto, sobre todos los extremos concernientes a su actuación.
e) Rendir anualmente un informe con respecto al estado y administración del tesoro público, la moneda nacional, la Deuda pública y el presupuesto y su liquidación.
f) Recibir declaración bajo juramento o promesa a todo ciudadano designado para desempeñar una función pública, antes de tomar posesión y al cesar en el cargo, acerca de los bienes de fortuna que posea, y realizando al efecto las investigaciones que estime procedentes. La Ley regulará y determinará la oportunidad y forma de ejercer esta función.

g) Dar cuenta a los Tribunales del tanto de culpa que resulte de la inspección y fiscalización que realice en relación con las facultades que le han sido concedidas por los incisos anteriores, y dictar las instrucciones oportunas en los casos de infracciones en que no hubiere responsabilidad penal, para el mejor cumplimiento de las leyes de contabilidad por todos los organismos sujetos a su fiscalización.
h) Publicar sus informes para general conocimiento.
i) Cumplir los demás deberes que le señalan la Ley y los Reglamentos.

SECCION CUARTA

De la economía nacional

Art. 271. El Estado orientará la economía nacional en beneficio del pueblo para asegurar a cada individuo una existencia decorosa. Será función primordial del Estado fomentar la agricultora e industria nacionales, procurando su diversificación como fuentes de riqueza pública y beneficio colectivo.

Art. 272. El dominio y posesión de bienes inmuebles y la explotación de empresas o negocios agrícolas, industriales, comerciales, bancarios y de cualquier otra índole por extranjeros radicados en Cuba, o que en Cuba realicen sus operaciones aunque radiquen fuera de ella, están sujetos de un modo obligatorio a las mismas condiciones que establezca la Ley para los nacionales, las cuales deberán responder en todo caso, al interés económico-social de la Nación.

Art. 273. El incremento del valor de las tierras y de la propiedad inmueble, que se produzca sin esfuerzo del trabajo o del capital privado y únicamente por causa de la acción del Estado, la Provincia o el Municipio, cederá en beneficio de éstos la parte proporcional que determine la Ley.

Art. 274. Serán nulas las estipulaciones de los contratos de arrendamiento, colonato o aparcería de fincas rústicas que impongan la renuncia de derechos reconocidos en la Constitución o en la Ley, y también cualesquiera otros pactos que ésta o los Tribunales declaren abusivos. Al regular dichos contratos se establecerán las normas adecuadas para tutelar las rentas, que serán flexibles, con máximo y mínimo según el destino, productividad, ubicación y demás circunstancias del bien arrendado; para fijar el mínimo de duración de los propios contratos según dichos elementos, y para garantizar al arrendatario, colono o aparcero, una compensación razonable por el valor de las mejoras y bien hechuras que entregue en buen estado y que haya realizado a sus expensas con el consentimiento expreso o t cito del dueño, o por haberlas requerido la explotación del inmueble dado su destino. El arrendatario no tendrá derecho a dicha compensación si el contrato termina anticipadamente por su culpa, ni tampoco cuando rehusé la prórroga que se le ofrezca bajo las mismas condiciones vigentes al ocurrir el vencimiento del contrato. También regulará la Ley los contratos de refracción agrícola y de molienda de cañas, así como la entrega de otros frutos por quien los produzca, otorgando al agricultor la debida protección.

Art. 275. La Ley regulará la siembra y molienda de la caña por administración, reduciéndolas al limite mínimo impuesto por la necesidad económico social de mantener la industria azucarera sobre la base de la división de los dos grandes factores que concurren a su desarrollo: industriales o productores de azúcar y agricultores o colonos, productores de caña.

Art. 276. Serán nulas y carecerán de efecto las leyes y disposiciones creadoras de monopolios privados, o que regulen el comercio, la industria y la agricultura en forma tal que produzcan ese resultado. La Ley cuidará especialmente de que no sean monopolizadas en interés particular las actividades comerciales en los centros de trabajos agrícolas e industriales.

Art. 277. Los servicios públicos, nacionales o locales, se considerarán de interés social. Por consiguiente, tanto el Estado como la Provincia y el Municipio, en sus casos respectivos, tendrán el derecho de supervisarlos, dictando al efecto las medidas necesarias.

Art. 278. No se gravará con impuesto de consumo la materia prima nacional que, sea o no-producto del agro, se destine a la manufactura o exportación. Tampoco se establecerá impuesto de consumo sobre los productos de la industria nacional, si no pueden gravarse en igual forma los mismos productos, sus similares o sustitutos importados del extranjero.

Art. 279. El Estado mantendrá la independencia de las instituciones privadas de previsión y cooperación social que se sostienen normalmente sin el auxilio de los fondos públicos, y contribuirá al desenvolvimiento de las mismas mediante la legislación adecuada.

Art. 280. La moneda y la Banca estarán sometidas a la regulación y fiscalización del Estado. El Estado organizará, por medio de entidades autónomas, un sistema bancario para el mejor desarrollo de su economía y fundará el Banco Nacional de Cuba, que lo será de Emisión y Redescuento. Al establecer dicho Banco, el Estado podrá exigir que su capital sea suscrito por los Bancos existentes en el territorio nacional. Los que cumplan estos requisitos estarán representados en el Consejo de Dirección.

TITULO XVIII

Del estado de emergencia

Art. 281. El Congreso, mediante Ley extraordinaria, podrá, a solicitud del Consejo de Ministros, declarar el estado de emergencia nacional y autorizar al propio Consejo de Ministros para ejercer facultades excepcionales en cualquier caso en que se hallen en peligro o sean atacados la seguridad exterior o el orden interior del Estada con motivo de guerra, catástrofe, epidemia, grave trastorno económico u otra causa de análoga índole. En cada caso la Ley extraordinaria determinará la materia concreta a que habrán de aplicarse las facultades excepcionales, así como el período durante el cual regirán, el que no excederá nunca de cuarenta y cinco días.

Art. 282. Durante el estado de emergencia nacional podrá el Consejo de Ministros ejercitar las funciones que el Congreso expresamente delegue en él. Asimismo podrá variar los procedimientos criminales. En todo caso, las disposiciones legislativas adoptadas por el Consejo de Ministros deberán ser ratificadas por el Congreso para que sigan surtiendo efecto después de extinguido el estado de emergencia nacional. Las actuaciones judiciales que modifiquen el régimen normal podrán ser revisadas, al cesar el estado de emergencia, a instancia de parte interesada. En este caso se abrirá el juicio de nuevo si ya se hubiere dictado sentencia condenatoria, la que se considerará como mero auto de procesamiento del encausado.

Art. 283. La Ley en que se declare el estado de emergencia nacional contendrá necesariamente la convocatoria a sesión extraordinaria del Congreso para d día en que venza el período de emergencia. Mientras esto ocurra, una Comisión permanente del Congreso deberá estar reunida para vigilar el uso de las facultades excepcionales concedidas al Consejo de Ministros y podrá convocar al Congreso, aun antes de vencer dicho término, para dar por extinguido el estado de emergencia. La Comisión permanente será elegida de su seno y estará compuesta de veinticuatro miembros, que procedan por partes iguales de ambos Cuerpos colegisladores, debiendo en su composición hallase representados asimismo todos los partidos políticos. La Comisión estará presidida por el Presidente del Congreso y funcionará cuando éste estuviere en receso y durante el estado de emergencia nacional. La Comisión permanente tendrá competencia:
a) Para vigilar el uso de las atribuciones excepcionales que se le otorguen al Consejo de Ministros en los casos de emergencia.
b) Sobre inviolabilidad de los Senadores y Representantes.
c) Sobre los demás asuntos que le atribuya la Ley de Relaciones entre los Cuerpos colegisladores.

Art. 284. El Consejo de Ministros deberá rendir cuenta del uso de las facultades excepcionales ante la Comisión personalmente del Congreso, en cualquier momento que ésta así lo acuerde, y ante el Congreso al expirar el estado de emergencia nacional. Una Ley extraordinaria regulará el estado de emergencia nacional.

TITULO XIX

De la reforma de la Constitución

Art. 285. La Constitución sólo podrá reformarse:
a) Por iniciativa del pueblo mediante presentación al Congreso de la correspondiente proposición, suscrita, ante los organismos electorales, por no menos de cien mil electores que sepan leer y escribir y de acuerdo con lo que la Ley establezca. Hecho lo anterior, el Congreso se reunirá en un solo Cuerpo, y dentro de los treinta días subsiguientes votará sin discusión la Ley procedente para convocar a elecciones de Delegados o a un referendo.
b) Por iniciativa del Congreso, mediante la proposición correspondiente, suscrita por no menos de la cuarta parte de los miembros del Cuerpo colegislador a que pertenezcan los proponentes.

Art. 286. La reforma de la Constitución será específica, parcial o integral. En el caso de reforma específica o parcial, propuesta por iniciativa popular, se someterá a un referendo en la primera elección que se celebre, siempre que el precepto nuevo que se trate de incorporar, o el ya existente que se pretenda revisar, sea susceptible de proponerse de modo que el pueblo pueda aprobarlo o rechazarlo, contestando “sí” o “no”. En el caso de renovación específica o parcial por iniciativa del Congreso, será necesaria su aprobación con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de miembros de ambos cuerpos colegisladores reunidos conjuntamente, y dicha reforma no regirá si no es ratificada en igual forma dentro de las dos legislaturas ordinarias siguientes. En el caso de que la reforma sea integral o se contraiga a la soberanía nacional o a los artículos veintidós, veintitrés, veinticuatro y ochenta y siete de esta Constitución, o a la forma de Gobierno, después de cumplirse los requisitos anteriormente señalados, según que la iniciativa proceda del pueblo o del Congreso, se convocará a elecciones para Delegados a una Asamblea plebiscitaria, que tendrá lugar seis meses después de acordada, la que se limitará exclusivamente a aprobar o rechazar las reformas propuestas. Esta Asamblea cumplirá sus deberes con entera independencia del Congreso, dentro de los treinta días subsiguientes a su constitución definitiva. Los Delegados a dicha Convención serán elegidos por provincias, en la proporción de uno por cada cincuenta mil habitantes o fracción mayor de veinticinco mil, y en la forma que establezca la Ley, sin que ningún congresista pueda ser electo para el cargo de Delegado. En el caso de que se trate de realizar alguna reelección prohibida constitucionalmente o la continuación en su cargo de algún funcionario por más tiempo de aquel que fue elegido, la proposición de reforma habrá de será probada por las tres cuartas partes del número total del Congreso, reunido en un solo Cuerpo y ratificada en un referendo por el voto favorable de las dos terceras partes del número total de electores de cada provincia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

AL TITULO II
Primera. Los extranjeros comprendidos en los incisos uno, dos, cuatro y cinco del articulo sexto de la Constitución de mil novecientos uno conservarán los derechos allí reconocidos, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.
Segunda. El Registro de Españoles, abierto en la Secretaría de Estado a virtud de lo dispuesto en la Constitución de mil novecientos uno y en las posteriores, quedará definitivamente cerrado al once de abril de mil novecientos cincuenta y será remitido al Archivo Nacional. Las certificaciones del Registro de Españoles dadas hasta esa fecha de clausura serán válidas en cualquier tiempo. Después del once de abril de mil novecientos cincuenta se generalizará para todos los extranjeros el procedimiento establecido en esta Constitución.

AL TITULO III
Única. Dentro de las tres legislaturas siguientes a su promulgación de esta Constitución, la Ley deberá establecerlas sanciones correspondientes a las violaciones del artículo veinte de esta Constitución. Mientras no esté vigente esa legislación todo acto que viole el derecho consagrado en ese artículo y en sus concordantes se considerará previsto y penado en el artículo doscientos dieciocho del Código de Defensa Social.

AL TITULO IV
Primera. Cuando se trate de Leyes que surtan efectos sobre obligaciones de carácter civil los artículos veintidós y veintitrés sólo se observarán respecto de las que se promulguen después de regir esta Constitución.

Segunda. Respecto de las obligaciones civiles que fueron objeto de los Decretos-leyes 412, 423 y 594, de 1934, modificados por la Ley de 3 de septiembre de 1937, cualquiera que sea actualmente su estado legal o contractual y disfruten o no de la moratoria, y también respecto de las posteriores al 14 de agosto de 1934 y anteriores al 4 de septiembre de 1937, pero tan sólo cuando estas últimas se refieran al pago de cantidades procedentes o derivadas del precio aplazado de colonias de cañas, ingenios de fabricar azúcar o acciones’ representativas del dominio de bienes de una u otra clase, o así se deduzca del conjunto de los contratos, pacto o acuerdos entre acreedor y deudor, sean cuales fueren la naturaleza y forma de las garantías, el cumplimiento de dichas obligaciones se regirá por las siguientes reglas:

Primera, Los capitales que no excedan de mil pesos deberán quedar amortizados el treinta de junio de mil novecientos sesenta. Los capitales comprendidos entre mil y cincuenta mil pesos deberán quedar amortizados el treinta de junio de mil novecientos sesenta y cinco, y en igual día de mil novecientos sesenta si es mayor de ‘cincuenta mil pesos. De estar la obligación representada por bonos, cédula, obligaciones o pagarés se considerará capital a todos los efectos de esta transitoria el importe total de los valores nominales representados por los que estaban en circulación en catorce de agosto de mil novecientos treinta y cuatro o el tres de septiembre de mil novecientos treinta y siete, según la obligación de que se trate, y se les imputarán los pagos de amortización por el orden de sus respectivos vencimientos anuales, según el contrato originario o a prorrata si tuvieren el mismo vencimiento. Las amortizaciones serán exigibles por anualidades, a pagar la primera en treinta de junio de mil novecientos cuarenta y dos, pero de no haber decursado en esa fecha el plazo convenido por las partes, dicha primera anualidad será pagadera el día treinta de junio que siga al vencimiento del aludido plazo. En todos los casos el capital adeudado deberá distribuirse entre las correspondientes anualidades de amortización, en forma progresiva, a fin de que conjuntamente con los intereses integre pagos anuales aproximadamente iguales al combinarse los exigibles por ambos conceptos, y de manera que el acreedor quede totalmente satisfecho al vencer el plazo determinado por la cuantía de la deuda, según antes se establece. Los capitales correspondientes ascensos quedan exceptuados de las disposiciones de esta regla.

Segunda. Serán inexigibles todos los intereses atrasados que se adeuden al entrar en vigor esta transitoria, así como las sumas debidas por comisiones, costas, multas u otras penalidades y sus similares, aunque aquellos o éstas aparezcan capitalizados; pero a partir de su vigencia, las obligaciones de que se trata devengarán intereses según la cuantía del capital, pagaderos como determinen los Decretos-leyes 412 y 594 de 1934 y conforme al tipo que resulte para cada una de las aplicaciones de la siguiente escala: Cuando el capital debido no exceda de quince mil pesos, La obligación devengará intereses al tres por ciento anual; si excede de quince mil pesos, pero no de cincuenta mil pesos, la obligación de que se trate los devengará al dos y medio por ciento anual; cuando exceda de cincuenta mil pesos, sin rebasar de doscientos mil pesos, los devengará al dos por ciento; de ser superior a doscientos mil pesos y no exceder de cuatrocientos mil pesos, al uno y tres cuartos por ciento; de pasar de cuatrocientos mil pesos, pero no de seiscientos mil pesos, al uno y medio por ciento; cuando sea superior a seiscientos mil pesos, sin exceder a ochocientos mil pesos, al uno y coarto por ciento; y, finalmente, cuando el capital exceda de ochocientos mil pesos, la obligación de que se trate devengará intereses al uno por ciento anual. Lo dispuesto en la presente regla se aplicará a las obligaciones de que trata el párrafo inicial de esta transitoria, devenguen no interesa, sean éstos convenidos o legales y cualquiera que sea, en su caso, el tipo pactado. En todo préstamo acumulativo se considerará capital la cantidad que efectivamente hubiere recibido el deudor al otorgarse el título de la obligación y se le considerará reducido en la cuantía de los pagos hechos una vez que de los mismos se deduzca el importe de los intereses acumulados en cada uno. Este capital así reducido será amortizado en los plazos que señala la regla primera, o de una sola vez, en cualquier momento, a voluntad del deudor. Todos los intereses que figuren acumulados en los préstamos hipotecarios serán desglosados, y nulos e inexigible, para que así el interés sólo recaiga y sea exigible sobre la parte del principal no pagado. Esta disposición será aplicable también a los capitales de censos y demás cargas perpetuas señalados en los Decretos de Moratoria 412, 423 y 594 de 1934, modificados por la Ley de tres de septiembre de mil novecientos treinta y siete.

Tercera. Las obligaciones a que se refiere el párrafo inicial de esta transitoria, en cuanto afecten a personas naturales o jurídicas dueñas de ingenios de fabricar azúcar como deudoras o fiadoras, estarán sujetas también a lo establecido en las reglas primera y segunda, siempre que tales obligaciones respondan a adeudos específicamente contraídos con garantía directa o indirecta de ingenios para fabricación de azúcar o con colonias de cañas o procedan de suministros, refacción, rentas o servidos debidos por dichos ingenios; pero el monto de los pagos anuales que se les podrá exigir imputables, primero a los intereses y después a la amortización de los capitales, estará limitado según las bases siguientes:
a) Cuando la libra de azúcar centrífuga de guarapo en almacén del puerto se cotice a menos de 1,40 centavos por libra cubana como promedio durante la zafra por cuenta de la anualidad a vencer en treinta de junio siguiente, no se les podrá exigir ningún pago, y las sumas que correspondan a amortización e intereses, por dicha anualidad se cubrirán con los pagos que en lo adelante resulten exigibles.
b) Si el precio promedio del azúcar rebasa el indicado límite deberán destinar a tales pagos, sean los correspondientes a la anualidad en curso o los que hayan quedado insolutos conforme a la base anterior, el tres por ciento del valor bruto de los azúcares crudos que hayan elaborado dentro de la zafra en que ello ocurra, mientras aquél no exceda de 1,50 centavos por libra, pues de 1,50 centavos a 2 centavos se aumentará en cuatro centésimas de uno por ciento por cada centésima de centavo que aumente el precio promedio de la libra de azúcar.
c) Las cantidades aplicadas a intereses, o en su caso a capitales, se prorratearán entre los distintas acreedores, si fuere necesario, de acuerdo con las cantidades que respectivamente tengan derecho a percibir según la presente transitoria.
d) Cuando en cualquier zafra el precio promedio oficial llegue a dos centavos por libra o más se aplicará el cinco por ciento del valor del azúcar producido en esa zafra correspondiente al ingenio, o sea con exclusión de los necesarios para pagar el precio de las cañas molidas, como una amortización extraordinaria para el año de que se trate, y un diez por ciento adicional en lugar del cinco por ciento cuando el precio exceda de 2,50 centavos, sin que tales amortizaciones extraordinarias eliminen la obligación de las amortizaciones exigibles que debe efectuar el deudor.
e) Al vencer el plazo determinado por la regla primera el acreedor tendrá derecho a reclamar todo lo que se le adeude por capital e intereses exigibles según esta transitoria.

Cuarta. Respecto de las obligaciones procedentes o derivadas del precio aplazado de solares comprados a plazos antes del quince de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, cualquiera que sea el capital debido, la amortización se efectuará en treinta años, como excepción a lo dispuesto sobre esos extremos en las reglas primera y segunda, que en lo demás les serán aplicables, y en ningún caso se pagará interés. Esta regla sólo se aplicará a solares cuyo precio aplazado no pase de tres mil pesos. En el caso de ejecución de un solar vendido a plazos por falta de pago del precio, se tasará dentro del procedimiento judicial el valor de las edificaciones construidas en él por el comprador o sus causahabientes, deduciéndose de la suma fijada el valor que racionalmente corresponda al uso y disfrute de dichas edificaciones. La cantidad neta que resulte de la tasación así practicada se abonará al deudor por el rematador o el acreedor, según sea el caso, en concepto de indemnización, antes de que se le trasmita el dominio de los bienes. La excepción a que se refiere el párrafo segundo de esta regla no regirá en cuanto a las obligaciones a que la misma se refiere, siempre que el solar así adquirido esté enclavado en centros de población no menores de veinte mil habitantes.

Quinta. Como complemento de lo que establecen las cuatro reglas anteriores se aplicarán las disposiciones de los Decretos-leyes 412 y 594 de 1934, según quedaron modificados por la Ley de Coordinación Azucarera de tres de septiembre de mil novecientos treinta y siete, pero sin alterar lo establecido en dichas reglas y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de diez de julio de mil novecientos treinta y nueve.

Sexta. Con relación a las obligaciones morato riadas por el Decreto-ley 423, de 1934, según quedó modificado por Ley de tres de septiembre de 1937, y también en cuanto a las deudas por precio aplazado de colonias de cañas, posteriores al catorce de agosto de mil novecientos treinta y cuatro y anteriores al cuatro de septiembre de 1937, se observará lo dispuesto por dichos textos legales en lugar de aplicar las precedentes reglas; pero la moratoria que los mismos establecen se entenderá prorrogada hasta el treinta de junio de mil novecientos sesenta en los propios términos que actualmente rigen. Igual tratamiento se aplicará a las hipotecas de fincas rústicas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar comprendidas en el párrafo inicial de esta disposición transitoria, en cuanto el tres de septiembre de 1937 resultase acreedora por razón de las mismas, la persona natural o jurídica dueña, arrendataria o usufructuaria del ingenio de fabricar azúcar, al cual estén vinculadas la colonia o colonias fomentadas en la finca de que se trate, pero se observará además respecto de tales créditos hipotecarios lo dispuesto en la precedente regla segunda.

Séptima. Cuando se trate de créditos pignoraticios comprendidos en esta transitoria y el acreedor prendario hubiese reservado para sí o limitado al dueño de las acciones el derecho a votar por las pignoradas, se observarán estas normas:
a) El acreedor no podrá votar por dichas acciones en forma que produzca, directa o indirectamente, en perjuicio de la compañía o del dueño de las acciones, la pérdida o disminución de cualquiera de los beneficios que esta transitoria les concede, ni compeler a los dueños de las mismas a votar de manera que se produzcan esos resultados.
b) El accionista podrá votar en la forma dispuesta por los estatutos de la compañía para celebrar contratos de venta, arrendamiento o cualesquiera otras operaciones relativas a los bienes de la misma, así como para tomar dinero a préstamo con garantía real de los propios bienes, siempre que queden asegurados los derechos del acreedor prendario, según quedan regulados en esta transitoria, y a ese fin no será necesario que el dueño de las acciones pignoradas exhiba materialmente las acciones en la junta o juntas donde se adopten esos acuerdos, siempre que acredite su carácter de tal y la cantidad de acciones poseídas con los libros de la compañía o mediante los documentos que presente.

Octava. Lo dispuesto en las reglas anteriores no se aplicará respecto a aquellas obligaciones que a virtud de procedimiento judicial o extrajudicial, encaminando a hacerlas efectivas o exigir su cumplimiento, hayan producido con anterioridad a la fecha de la promulgación de esta transitoria la adjudicación de la totalidad de los bienes gravados a favor del acreedor o de un tercero, salvo en el caso de que por sentencia firme de los Tribunales ordinarios se haya declarado o se declare la nulidad de la adjudicación. De haber producido tan sólo la adjudicación de parte de los bienes, se observará esta regla con relación a los adjudicados, y las demás, respecto a la parte de la obligación legalmente exigibles todavía, la cual se considerará dividida, a los efectos de esta transitoria, en tantas obligaciones cuantos sean los deudores hipotecarios o los bienes individualmente gravados. Cuando se trate de créditos hipotecarios sobre fincas urbanas comprendidos en el Título tercero del Decreto-ley número 412, de catorce de agosto de 1934, y entre acreedor y deudor hayan mediado convenios posteriores a la promulgación del mismo, tales obligaciones quedarán excluidas de esta transitoria, siempre que exista constancia por escrito y el deudor continúe disfrutando íntegramente de los beneficios que se le otorgaron mediante dichos convenios. Se aplicará a los pagos que proceda hacerse con arreglo a esta disposición cualquier cantidad que se hubiere pagado en exceso de la que correspondiera abonarse de acuerdo con los Decretos – leyes 412 y 594, de 1934, siempre que el deudor no hubiese recibido ningún beneficio en compensación a dicho pago con exceso.

Novena. Las obligaciones aseguradas con prenda con anterioridad al cuatro de septiembre de mil novecientos treinta y siete, únicamente podrán hacerse efectivas sobre los bienes específicamente gravados en el contrato, extinguiéndose, en su consecuencia, la acción personal contra los deudores o sus fiadores.

Décima. No obstante lo dispuesto en el párrafo inicial de esta disposición transitoria respecto de las deudas contraídas por el concepto de precio aplazado de ingenios o colonias de caña comprados entre el quince de agosto de mil novecientos treinta y cuatro y el tres de septiembre de mil novecientos treinta y siete, el plazo para la amortización se rebajará en una cuarta parte, sin que la rebaja pueda exceder de cinco años; pero en todo lo demás se aplicarán también a dichas deudas las anteriores reglas.

Decimoprimero. En los casos en que cualquier acreedor se hiciere cargo de un ingenio de fabricar azúcar para hacerse pago de cualquier crédito de los comprendidos en esta moratoria, o de cualquiera otra deuda, será requisito indispensable para ello que previamente se obligue a continuar operándolo en cada zafra azucarera, de haber realizado el mismo las dos anteriores a la fecha del remate. El Poder Ejecutivo adoptará las medidas procedentes para asegurar el cumplimiento de esa obligación.
Decimosegunda. Se aplicará también lo dispuesto en esta disposición transitoria a las obligaciones contraídas antes del catorce de agosto de mil novecientos treinta y cuatro como deudoras por personas naturales o jurídicas que a la promulgación de la misma resulten a su vez acreedoras por razón de créditos sometidos a las anteriores reglas, siempre que las comprenda el título IV del Decreto-ley número 412, de 1934, que garanticen el cumplimiento de tales obligaciones gravando a la seguridad de los mismos créditos hipotecarios de los sujetos a la liquidación según dichas reglas, por lo menos con un monto igual a la suma necesaria para que la garantía así prestada cubra cuanto les sea exigible por capital e intereses, de acuerdo con esta propia disposición transitoria y en virtud de la presente regla.

Decimotercera. Quedan excluidos de los beneficios de estas moratorias:
a) Las obligaciones exceptuadas en el artículo cincuenta y nueve del Decreto-ley número 412, de catorce de agosto de mil novecientos treinta y cuatro.
b) Las hipotecas constituidas para garantizar depósitos, afianzados administrativos o judiciales, albaceazgos y usufructos.
c) Las obligaciones del Estado, la Provincia y el Municipio como deudores.
d) Las contraídas por los aseguradores o los patronos en virtud de pensiones o indemnizaciones provenientes de la Ley de Accidentes del Trabajo.
e) Las obligaciones contraídas por las empresas de servicios públicos que tengan por funciones de su instituto suministros de energía eléctrica, gas, agua o servicios telefónicos, aunque como organizaciones subsidiarias anexas o dependientes de ellas tengan derechos dominicos sobre ingenios de fabricar azúcar o colonias de cañas. Lo dispuesto en el inciso e) de esta regla, respecto a compañías de servicios públicos, no será de aplicación a las empresas que tengan un capital inferior a cien mil pesos y no sea a su vez dependiente, anexa o subsidiaria de otras empresas. Esta disposición transitoria de la Constitución, mientras esté en observancia la Ley Constitucional de once de junio de mil novecientos treinta y cinco, formará también parte de la misma; su aplicación no estará sujeta a las restricciones o limitaciones establecidas o que se establezcan respecto a la retroactividad de las Leyes y a su eficacia para anular o modificar las obligaciones civiles nacidas de los contratos, actos u omisiones que las produzcan; regirá desde su promulgación, lo que se hará dándosele lectura por el señor Presidente de la Convención Constituyente, y a los efectos de su publicación se remitirá certificación de ella a la Gaceta Oficial de la República.

AL TITULO V

Sección segunda

Primera. Todos los bienes muebles e inmuebles que le fueron asignados a la Universidad de La Habana cuando le fue concedida la autonomía por el Decreto número dos mil cincuenta y nueve, de seis de octubre de mil novecientos treinta y tres, publicado en la Gaceta Oficial del día nueve siguiente, así como los demás bienes y derechos que por legado, donación, herencia o por cualquier otro título de adquisición le correspondan, formarán su patrimonio como persona jurídica y se inscribirán en los correspondientes Registros, libres de todo pago por concepto de derechos. Mientras el patrimonio universitario no rinda recursos anuales para la dotación suficiente de la Universidad de La Habana, la cantidad con que el Estado contribuirá al sostenimiento de la misma, de acuerdo con el artículo cincuenta y tres de esta Constitución, será el dos y un cuarto por ciento de la suma total de gastos incluidos en dichos presupuestos, con excepción de las cantidades destinadas al pago de la Deuda exterior. Esta cantidad será distribuida proporcionalmente entre las distintas Facultades de la Universidad, tomando como base el número de alumnos que aspiran a los títulos que otorgue cada Facultad y las necesidades de sus respectivas enseñanzas.

Segunda. El Estado deberá construir, dentro de los tres años siguientes a la promulgación de esta Constitución, un Hospital Nacional con capacidad para mil enfermos. A la expiración de dicho término entrará en pleno vigor el primer párrafo de la primera disposición transitoria de este título de la Constitución. Durante esos tres años los directores de los hospitales comprendidos en el articulo VII del Decreto número dos mil cincuenta y nueve, de seis de octubre de mil novecientos treinta y tres, publicado en la Gaceta Oficial del día nueve siguiente, serán nombrados por el Presidente de la República y se escogerán de una terna que elevará el Consejo Universitario, a propuesta del Claustro de la Escuela de Medicina. Cuando esos hospitales pasen íntegramente a la Universidad de La Habana, al igual que durante los tres años mencionados en el párrafo anterior, su consignación presupuestal no podrá ser inferior a la que rige en la actualidad y quedará fijada en el presupuesto del Ministerio de Salubridad y Asistencia Social.

Tercera. El Congreso, en un término no mayor de tres legislaturas, procederá a votar la Ley de la reforma general de la enseñanza. Los beneficiarios de cátedras oficiales actualmente ocupadas sin que se haya acreditado la capacidad docente conforme a la Ley en vigor, deberán hacerlo dentro de tres años, salvo lo que disponga la Ley a que se contrae el párrafo anterior de esta disposición transitoria. Mientras tanto, no podrá proveerse ninguna cátedra de enseñanza oficial sin los debidos títulos y certificados de capacidad específica.

AL TITULO VI

Sección primera

Primera. La participación preponderante del cubano por nacimiento en el trabajo, establecida por la Constitución, no podrá ser inferior a la garantizada por la Ley de ocho de noviembre de mil novecientos treinta y tres.

Segunda. Los derechos adquiridos por los trabajadores cubanos por nacimiento con anterioridad a la promulgación de esta Constitución, al amparo de las Leyes de nacionalización ‘del trabajo, promulgadas con fecha ocho de noviembre de mil novecientos treinta y tres, son irrevocables.

Tercera. El Gobierno de la República procederá a reglamentar, en un plano no menor de un año, la forma de expulsión de todos los extranjeros que hubiesen entrado en el territorio nacional con infracción de las Leyes actuales de inmigración y de trabajo.

Cuarta. A los efectos del cumplimiento del artículo ochenta de esta Constitución, se convierte la beneficencia pública existente al promulgarse esta Constitución en el servicio social previsto en dicho artículo.

Quinta. A los efectos del artículo setenta y cinco de esta Constitución, en cada término de la República se fundará por el gobierno municipal una cooperativa de reparto de tierras y casas denominada “José Martí”, con el fin de adquirir tierras laborales y construir casas baratas para campesinos, obreros y empleados pobres que carezcan de ellas en propiedad. Estas cooperativas estarán bajo la fiscalización del Gobierno de la República y serán regidas y administradas por sus cooperadores con representación del Municipio, la Provincia y el Estado y bajo la presidencia del representante de este último, pero sin que estas representaciones puedan por sí solas decidir ninguna votación. Los fondos de estas cooperativas estarán constituidos principalmente por la cantidad con que contribuyan el Estado, la Provincia, el Municipio y las pequeñas cuotas de los cooperadores fijada por la Ley; por el reembolso del capital invertido en aperos de labranza, semillas, casas y lotes adjudicados; por los demás aportes que la cooperativa acuerde y por las donaciones que se le hagan. Podrán ser cooperadores los campesinos, obreros y empleados cubanos que llenen los requisitos de la Ley. Las tierras laborables adquiridas serán cedidas por medio de sorteos a los cooperadores campesinos, en lotes no mayores de tres caballerías en las provincias de Las Villas, Camagüey y Oriente; de dos en las de Pinar del Río y Matanzas, y de una en La Habana. La cesión se hará mediante el pago del importe de las semillas, aperos de labranza y lotes a su precio de costo, sin interés, en un plazo no mayor de veinticinco años, cesando de abonar su cuota cooperativa tan pronto cancele su deuda y adquiera su título de propiedad. Las casas serán cedidas a los obreros y empleados de las ciudades en igual forma y condiciones que los lotes a los campesinos. El término de funcionamiento de estas cooperativas será de veinticinco años, pero si la práctica demostrare que conviene a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar su estructura, suprimirlas parcial o totalmente o prorrogar el término; y en el caso de cese definitivo de la cooperativa, sus pertenencias serán reintegradas proporcionalmente a los organismos que las proporcionaron. El Congreso, a la mayor brevedad, votará la Ley complementaría que regula la fundación y funcionamiento de estas cooperativas.

Sección segunda

Primera. El Congreso, en el término de tres legislaturas a partir de la promulgación de esta Constitución, procederá a acordar las Leyes y disposiciones necesarias para la formación del Catastro Nacional, a la medición exacta del territorio nacional y a la realización de los estudios topográficos complementarios.

Segunda. El Estado repartirá las tierras de su propiedad que no necesite para sus propios fines, en forma equitativa y proporcional, atendiendo a la condición de padre o cabeza de familia y dando preferencia a quien la venga laborando directamente por cualquier título. En ningún caso el Estado podrá dar a una sola familia tierras que tengan un valor superior a dos mil pesos o una extensión mayor de dos caballerías.

Tercera. Quedan en suspenso durante dos años, a partir de la publicación de esta Constitución, los juicios de desahucios, en cualquier estado en que se encuentre el procedimiento, promovidos contra los poseedores de fincas rústicas en concepto de precaristas, en las cuales vivan no menos de veinticinco familias. Igualmente se suspenderán por ese término de dos años los juicios de desahucios, en el estado en que se encuentren, interpuestos contra los ocupantes de fincas rústicas que las disfruten por contratos de arrendamiento o aparcería, siempre que la finca no exceda de una extensión superficial de cinco caballerías y la demanda se hubiese interpuesto antes de la promulgación de esta Constitución. Durante dicho plazo de dos años el Congreso dictará la Ley reguladora de los contratos de arrendamiento y aparcería.

AL TÍTULO VII

Sección primera

Única. Lo dispuesto en el artículo noventa y siete de esta Constitución regirá a partir de la primera elección general que se celebre después de la promulgación de la misma.

Sección segunda

Primera. Dentro de las tres legislaturas que sigan inmediatamente a la promulgación de esta Constitución, se aprobarán y pondrán en vigor las Leyes necesarias para la implantación de la carrera administrativa, ajustándolas a las normas contenidas en los artículos correspondientes a la Sección de Oficios Públicos y en estas disposiciones transitorias, y a las demás que se estimen convenientes, siempre que no modifiquen, restrinjan o adulteren las establecidas en la Constitución.

Segunda. La inamovilidad reconocida por la legislación vigente se respetará hasta tanto el Congreso apruebe y el Gobierno sancione y promulgue la legislación complementaria reguladora de la carrera administrativa. La inamovilidad que garantiza esta Constitución entrará en vigor previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en la Ley que dicte el Congreso, los cuales comprenderán a todos los funcionarios, empleados y obreros civiles del Estado, la Provincia y el Municipio, con la sola excepción de aquellos funcionarios, empleados y obreros que acrediten llevar más de veinte años de servicios en la Administración pública.

Tercera. La inamovilidad que garantiza la anterior disposición transitoria comprende también a los funcionarios empleados y obreros civiles de las entidades o corporaciones autónomas.

Cuarta. Se reconoce el derecho que asiste a los miembros del disuelto Ejército nacional, de la Marina de guerra nacional y de la Policía nacional que estando en servicio activo el día cuatro de septiembre de mil novecientos treinta y tres no continuaron en las del disfrute de una pensión de retiro, que se la Ley en la forma y cuantía que ésta determinación concederá a ellos y a sus herederos cuyo derecho no podrá ser nunca inferior en su ascendencia a la actualmente establecida. Se reconoce también este derecho a los que habiendo estado disfrutando del retiro lo hubieren perdido, siempre que ello no fuere por resolución de los Tribunales de Justicia. La Ley regulará esta disposición.

AL TITULO IX

Sección segunda

Única. La vacante que se hubiere producido en la representación senatorial de cualquier provincia, elegida en las elecciones generales del diez de enero de mil novecientos treinta y seis, será cubierta, sin suplente, en la primera elección que se celebre, y corresponderá al partido o partidos coligados, en su caso, que obtuviere la mayoría de votos, de acuerdo con las disposiciones que rijan en dicha elección.

Sección cuarta
Primera. Quedarán comprendidas en la excepción que establece el artículo ciento veintiséis de esta Constitución aquellas personas que, electas para un cargo de Senador o de Representante a la Cámara, hubiesen concurrido a la convocatoria para cubrir una cátedra en establecimiento oficial con anterioridad a la promulgación de esta Constitución y obtuvieren el cargo de catedrático con posterioridad a su elección.

Segunda. El párrafo segundo del artículo ciento treinta comenzará a regir a los seis años de promulgada esta Constitución.

Sección quinta
Única. El Congreso de la República queda autorizado para votar, dentro de dos legislaturas, sin los requisitos señalados en el inciso k) del articulo ciento treinta y cuatro de esta Constitución, una Ley de amnistía que comprenda los delitos electorales cometidos con motivo de las elecciones efectuadas el quince de noviembre de mil novecientos treinta y nueve. Queda asimismo autorizado el Congreso para votar, dentro del mismo término y con igual Carácter de excepción, una Ley de amnistía que comprenda los delitos de carácter doloso cometidos antes de reunirse la Convención Constituyente de mil novecientos cuarenta, por funcionarios y empleados públicos con ocasión del ejercicio de sus cargos y siempre que no fuesen reincidentes. El Congreso de la República votará en su primera legislatura, después de aprobada esta Constitución, una Ley de amnistía que redima totalmente a los veteranos de la Independencia mayores de sesenta años y a sus correos que están cumpliendo condena en los penales de la República.
AL TITULO XIV

Sección segunda

Única. En tanto se cree la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales a que se refiere el artículo ciento setenta y dos de esta Constitución y se nombren sus Magistrados, continuará conociendo de los recursos de inconstitucionalidad, según se regulan en la Ley Constitucional de once de junio de mil novecientos treinta y cinco, el pleno del Tribunal Supremo de Justicia.

Sección cuarta

Única. Al año de entrar en vigor esta Constitución se hará la primera renovación del Tribunal Superior Electoral.

Sección octava

Primera. Quedan ratificados y comprendidos en la inamovilidad a que se refieren los artículos correspondientes, los funcionarios judiciales y los del Ministerio Fiscal, sus auxiliares, subalternos, abogados de oficio, los de los Tribunales electorales que sean permanentes y que se encontraren en el ejercido de sus cargos al tiempo de promulgarse esta Constitución.

Segunda. Los Jueces municipales suplentes de primera clase quedan incorporados a la novena categoría del escalafón judicial, y los municipales suplentes de segunda clase y primeros suplentes de tercera clase a la décima categoría de dicho escalafón; todos con los mismos derechos y prohibiciones que la Ley señala a los respectivos titulares de esas categorías.
AL TÍTULO XV

Sección segunda

Única. Los actuales Alcaldes municipales y los que resulten elegidos en los primeros comicios que se celebren después de promulgada esta Constitución, podrán impugnar los acuerdos de los Ayuntamientos conforme a lo dispuesto en el inciso B) del artículo doscientos diecisiete de esta Constitución, ante la Audiencia competente por el trámite de los incidentes en el procedimiento civil, hasta tanto el Congreso no acuerde la legislación correspondiente.

Sección tercera

Primera. Al efecto de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de esta Constitución, los Alcaldes, Concejales o comisionados que se elijan en mil novecientos cuarenta y cuatro, cesarán en mil novecientos cuarenta y seis.

Segunda. En el Presupuesto nacional que entra en vigor el primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos, se señalará la forma en que hayan de trasladarse al Estado los gastos hoy cubiertos, en todo o en parte, con fondos municipales.

Tercera. No obstante lo dispuesto en el artículo diecinueve de la Ley de quince de julio de mil novecientos veinticinco y su Reglamento, sus disposiciones continuarán en vigor mientras no sean derogadas o modificadas por el Congreso; pero quedarán sin valor ni efecto alguno tan pronto como sean satisfechos íntegramente el principal y los intereses de la Deuda Exterior, a cuyo pago se destinan los impuestos a que se refiere la mencionada Ley de quince de julio de mil novecientos veinticinco y sus modificaciones.

AL TÍTULO XVI

Sección única

Primera. Para el período de gobierno que comenzará el quince de septiembre
de mil novecientos cuarenta, regirán las disposiciones de la actual Ley Orgánica de las Provincias, con excepción de los preceptos de la referida Ley o de cualquiera otras que concedan al Gobernador o al Presidente de la República la facultad de suspender o destituir a los gobernantes locales, o la de suspender acuerdo del Ayuntamiento o resoluciones del Alcalde o cualquiera otra autoridad municipal, los cuales no tendrán aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados a), b) del articulo doscientos diecisiete de esta Constitución, que regirán en toda su integridad durante el referido período de gobierno. El Gobernador tendrá la facultad de impugnar los acuerdos o resoluciones de los Ayuntamientos o la comisión a que se refiere la letra B) del artículo doscientos diecisiete. Mientras la Ley no establezca el procedimiento, la impugnación se hará ante la Sala correspondiente de la Audiencia respectiva por los trámites de los incidentes en el procedimiento civil. También tendrá el Gobernador la facultad de inspeccionar la Hacienda Municipal y producir quejas al Tribunal de Cuentas. Segunda. La cuota proporcional a que se refiere el inciso a) del artículo doscientos cuarenta y dos de este Título decimosexto, no será de aplicación en el período de gobierno a que se refiere la disposición transitoria anterior, durante el cual regirá a ese efecto el artículo sesenta y tres de la actual Ley Orgánica de las Provincias, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos c) y e) del artículo doscientos diecisiete de esta Constitución.

AL TITULO XVII
Sección tercera

Primera. El Congreso de la República, en un plazo de tres legislaturas, dictará la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley general de la Contabilidad del Estado, la Provincia y el Municipio, así como la de los organismos autónomos sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Dicha Ley general de Contabilidad fijará las garantías que deberán brindar las personas que intervengan en las recaudaciones de los ingresos y pagos de dicha entidad.

Segunda. No obstante lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de esta Constitución, al organizarse por primera vez el Tribunal de Cuentas, los contadores públicos podrán ser nombrados, siempre que tengan, por lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión.

Tercera. A los efectos del cumplimiento del artículo doscientos cincuenta y nueve de esta Constitución, el Tribunal de Cuentas, una vez constituido, pro cederá a depurar y liquidar el montante cierto de la deuda flotante, en un plazo no mayor de dos años, en los últimos (cinco años) y prestada por el solicitan-te la fianza que corresponda, sin más trámite se otorgará por resolución en firme del Ministro de Comercio, dentro de los ocho días de presentada la solicitud, el título de Patente de Introducción Industrial, con validez o vigencia por quince años, haciéndose su registro correspondiente y su publicación en la Gaceta Oficial de la República, y en el caso en que faltare alguno de los requisitos expresados, el Ministro denegará la solicitud, con devolución de la fianza. Contra esta denegatoria podrá recurrirse ante los Tribunales de Justicia competentes, después de agotada la vía administrativa. A los fabricantes de artículos que estén produciéndose en la actualidad en el territorio de la República en cantidad menor en su total al quince por ciento de su consumo y no se acojan a los beneficios a que se refiere el párrafo primero de esta disposición transitoria, se les respetará el derecho a seguir produciendo cada uno como cuota anual de la misma cantidad de dicho artículo que hubiese producido durante el año de mil novecientos treinta y nueve, con un aumento o disminución proporcional al aumento o disminución que hubiese en el futuro en el consumo nacional en relación con dicho año. Tercera. Otorgada la patente, puesta en práctica y justificada una capacidad de producción de los artículos por ella amparados superior al ochenta por ciento del consumo nacional, desde ese instante, durante todo el período de vigencia de la patente, ninguna otra persona podrá fabricar, elaborar o preparar para el consumo en el territorio nacional dichos artículos o sus similares, estando sujetos los infractores a las responsabilidades civiles y criminales que establecen las Leyes vigentes, y quedando gravados sin excepción los artículos referidos que se importen del extranjero por cualquier tiempo u objeto en dicho período, con un derecho o impuesto como recargo y sin variar los actuales equivalentes al cincuenta por ciento ad-valorem, que se ingresará siempre en firme por las Aduanas como margen arancelario proteccionista, adoptándose además por el Gobierno cuantas medidas sean necesarias para evitar el dumping y otras prácticas ilegítimas. En la aplicación de los recargos arancelarios establecidos en este párrafo se respetará el texto de los tratados internacionales actualmente existentes y en tanto estén ellos en vigor. El propietario de una Patente de Introducción Industrial tendrá derecho durante todo el tiempo en que ella esté en vigor, a importar sin limitaciones ni restricciones las maquinarias y materiales destinados a la instalación de la industria, así como todas las materias primas que se empleen o utilicen para la producción, elaboración o preparación del artículo de que se trate, a no ser ellas de libre admisión, con una rebaja o reducción de un ochenta por ciento de los impuestos y derechos arancelarios que le sean aplicables de acuerdo con el Arancel de Aduanas que rija en la fecha de otorgada la patente; y durante la vigencia de ésta no se verificará cambio alguno en dichas exenciones o impuestos y derechos, ni en los derechos, impuestos, cargas o contribuciones de carácter interno que sean aplicables en dicha fecha a tales y lo remitirá al Presidente de la República para que éste, con las observaciones que estime oportunas, 10 envíe al Congreso para su aprobación.

Sección cuarta

Primera. La Ley organizadora de la Banca Nacional podrá establecer como condición para que las demás instituciones bancarias puedan operar dentro de la República, que suscriban parte del capital del Banco Nacional, en cuyo caso tendrán además participación en el Consejo de Dirección del mismo. Mientras no sea promulgada la Ley organizadora de la Banca Nacional, el Estado protegerá las instituciones bancarias cubanas existentes y estará obligado a otorgarles igual tratamiento que a las extranjeras.

Segunda. Se concederá por el Estado titulo de propiedad industrial, bajo el nombre de Patente de Introducción Industrial, a toda persona natural o jurídica que durante los dos primeros años, a partir del día de promulgada esta Constitución, lo solicite del Ministerio de Comercio, ofreciendo establecer una industria nueva, principal o accesoria, o manufacturar, elaborar o preparar, apropiando para el consumo o exportación, artículos que en ese instante no se produzcan o preparen en el territorio nacional, o cuyo promedio de producción en los últimos cinco años sea menor que el quince por ciento del consumo nacional en ese tiempo, especificándose el artículo o producto con expresión de la partida del Arancel vigente en que se halle clasificado o comprendido; y siempre que el solicitante se obligue, salvo fuerza mayor, a construir, dentro del plazo de dieciocho meses de otorgada la Patente, una o más fábricas o abrir y ampliar las existentes con capacidad para producir el artículo de que se trate en cantidad bastante en el año siguiente a dicho plazo, para cubrir el ochenta por ciento como mínimo de su consumo nacional, y garantice estas obligaciones con una fianza en metálico equivalente al tres por ciento de la cantidad declarada en las Aduanas como valor de todas las importaciones de dicho artículo en los doce meses anteriores a la promulgación de esta Constitución, hasta un límite máximo dicha fianza de cincuenta mil pesos. Los títulos de Patente de Introducción Industrial no podrán otorgarse más que uno para cada clase de artículos y sus análogos, clasificados o comprendidos dentro de cada una de las partidas del Arancel de Aduanas vigente, determinándose el derecho de prelación por riguroso orden cronológico en la presentación de las solicitudes, en cuyo acto se anotaran en un libro-registro en el Ministerio de Comercio, y se entregará al interesado, a más del correspondiente certificado de inscripción, el duplicado de su solicitud, certificando el Ministro al pie de la misma fecha, hora y minuto de la presentación, número de orden, fianza prestada y si existe o no presentada con anterioridad alguna otra solicitud sobre el mismo artículo. En caso negativo justificado que el artículo que se pretende producir no se fabrica en ese instante en el territorio nacional, o que lo sea en menos de un quince por ciento del promedio del consumo de importaciones después de su entrada en el territorio nacional o a las industrias amparadas por la patente; los artículos producidos por éstas estarán exentos de impuestos, derechos, cargas o exacciones internas, o de cualquiera otra clase, del Estado, la Provincia y el Municipio, distintos o mayores que los pagaderos sobre análogos artículos de origen nacional o de otro país extranjero; sin que en ningún caso pueda dictarse disposición alguna en perjuicio de los derechos amparados por la patente, ni ésta alterada, suspendida ni declarada caduca, a no ser por haber transcurrido su término o por incumplimiento, previa sentencia dictada en todo caso por los Tribunales de Justicia que correspondan.

Cuarta. Los dueños de Patentes de Introducción Industrial deberán utilizar en sus industrias las materias primas producidas en el territorio nacional, con preferencia en igualdad de calidad y precio a las que se produzcan en el extranjero, y las ventas al por mayor para el consumo nacional de artículos fabricados al amparo de esas patentes no podrán hacerse por el productor, en ningún caso, a un precio mayor de un diez por ciento como máximo sobre el precio que resulte como promedio para el consumo doméstico en la quincena anterior a la venta, en las cotizaciones verificadas en el mercado de Nueva York para artículos de la misma clase, más los gastos corrientes hasta su entrega libre a bordo en el puerto de La Habana.

Quinta. En cuanto no esté especialmente previsto en las precedentes disposiciones transitorias, regirá como supletoria la vigente Ley de Propiedad Industrial a que se contrae el Decreto-ley, número ocho-cientos cinco, de cuatro de abril de mil novecientos treinta v seis.

Transitoria final

El Congreso aprobará los proyectos de Leyes orgánicas y complementarias de esta Constitución, dentro del plazo de tres legislaturas, salvo cuando esta Constitución fije otro termino.

Disposición final

Esta Constitución quedará en vigor en su totalidad el día diez de Octubre de mil novecientos cuarenta. Y en cumplimiento del acuerdo tomado por la Convención Constituyente en sesión celebrada el día veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta, y como homenaje a la memoria de los ilustres patricios que en este pueblo firmaron la Constitución de la República en armas en abril diez de mil ochocientos sesenta y nueve, firmamos la presente en Guáimaro, Camagüey, a primero de julio de mil novecientos cuarenta:

Carlos Márquez Sterling y Guiral, Presidente de la Convención Constituyente.
-Alberto Boada Miquel, Secretario. -Emilio Núñez Portuondo, Secretario.
-Salvador Acosta Casares.-Francisco Alomí y Álvarez de la Campa.-Rafael Álvarez González.-José R. Andréu Martínez. -Manuel Benítez González.-Antonio Bravo Acosta.-Antonio Bravo Correoso. -Fernando del Busto Martínez.-Juan Cabrera Hernández.-Miguel Calvo Tarafa. -Ramiro Capablanca Graupera.-José Manuel Casanova Diviño.-César Casas Rodríguez. -Romárico Cordero Garcés.-Ramón Corona García.-Felipe Correoso y del Risco. -José Manuel Cortina García.-Miguel Covula Llaguno.-Pelayo Cuervo Navarro. -Eduardo R. Chibás Rivas.-Francisco Dellundé Mustelier.-Mario E. Díhigo. -Arturo Don Rodríguez.-Manuel Dorta Duque.-Nicolás Duarte Cajides.-Mariano Esteva Lora. -José A. Fernández de Castro.-Orestes Ferrara Marino.-Simeón Ferro Martínez. Manuel Fuego Suárez.-Adriano Galano Sánchez.-Salvador García Agüero.-Félix García Rodríguez.-Quintín Jorge Vernot.-Ramón Granda Fernández.-Ramón Grau San Martín.-Rafael Guas Iclán.-Alieda Hernández de la Barca.-Alfredo Hornedo Suárez.-Francisco Ichiazo Macias.-Felipe Jay Raoulx.-Emilio A. Laurent Dubet.-Amaranto López Negrón. -Jorge Mañach Robato.-Juan Marinello Vidaurreta.-Antonio Martínez Fraga. -Joaquín Martínez Sáens.-Jorge A. Mendigutía Silveira.-Manuel Mesa Medina. -Joaquín Meso Quesada.-Gustavo Moreno Lastres.-Eusebio Mujal Barniol. -Delio Núñez Mesa.-Emilio Ochoa Ochoa.-Manuel A. Orizondo Caraballé. -Manuel Parrado Rodés -Juan B. Pons Jané.-Francisco José Prieto Llera. -Carlos Prio Socarrás.-Santiago Rey Perna.-Mario Robau Cartaya. -Blas Roca Calderio.-Primitivo Rodríguez Rodriguez.-Esperanza Sánchez Mastrapa. -Alberto Silva Quiñones. César Vilar Aguilar.-Fernando del Villar de los Ríos. -María Esther Villoch Leyva.-

Doctores Alberto Boada Miquel y Emilio Núñez Portuondo, Secretarios de la Convención Constituyente de la República de Cuba.
Certificamos: Que la Constitución de la República de Cuba, firmada en el histórico pueblo de Guáimaro, provincia de Camagüey, el día primero de julio de mil novecientos cuarenta, quedó promulgada por el Presidente de la Convención Constituyente, en la escalinata del Capitolio Nacional, en La Habana, el día cinco de julio de mil novecientos cuarenta. Y para su remisión a la Gaceta Oficial de la República, se expide la presente en La Habana, Capitolio Nacional, a los 5 días de julio de 1940.-Dr. Alberto Boada Miquel, Dr. Emilio Núñez Portuondo. Visto Bueno: Dr. Carlos Márquez Sterling y Guiral, Presidente de la Convención Constituyente.

LEY NUMERO 14, DE 18 DE DICIEMBRE DE 1946, QUE MODIFICA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 98 DE LA CONSTITUCION DE 1940, ACLARANDO O INTERPRETANDO DICHO ARTICULO

MIGUEL A. SUAREZ FERNANDEZ, Presidente del Congreso de la República de Cuba,

Se promulgó en la Gaceta Oficial de la República el 20 de diciembre de 1946.

HAGO SABER: que el Congreso de la República de Cuba, ejerciendo el derecho que le concede el inciso b) del artículo 285 de la Constitución, mediante proposición suscrita por la cuarta parte de los miembros del Senado, aprobó en la sesión celebrada el día cinco y ratificó en la sesión celebrada el día once de diciembre de 1946, correspondiente a dos Legislaturas ordinarias, y con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de los miembros de ambos Cuerpos colegisladores, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 286 de la Constitución, la siguiente
REFORMA ESPECIFICA

El segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución de la República queda redactado así: “En toda elección o referendo decidirá la mayoría de los votos válidamente emitidos, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. El resultado se hará público de modo oficial tan pronto como lo conozca el organismo competente.”

IGUALMENTE HAGO SABER: que el Congreso acordó, como interpretación del artículo 98 de la Constitución, que al quedar suprimida la palabra “absoluta”, se entienda que la mayoría es la correspondiente a la de los votos alcanzados por cada candidato, debiendo en su consecuencia proclamarse al candidato que mayor número de votos hubiese obtenido en la elección o referendo.

POR TANTO: mando que se cumpla y ejecute el presente acuerdo en todas sus partes.

MIGUEL A. SUAREZ FERNANDEZ

Constitución de 1901

Constitución de 1901 , Ocupada la isla militarmente por Estados Unidos, se hace pública por Orden Militar, el llamamiento para elegir delegados para una Convención Constituyente, la que comenzó a sesionar el 5 de noviembre de 1901, en el teatro Rioja, hoy teatro Martí. Está estructurada en Preámbulo, 115 artículos, 14 Títulos y Disposiciones Transitorias.

En la sesión inaugural, el General Wood, gobernador militar, leyó -en inglés- su discurso quién insistió en que se tomaran en cuenta para la redacción de la carta fundamental cuatro puntos principales:

a) Asegurar un Gobierno estable, ordenado y libre.

b) Organizar las relaciones políticas entre Cuba y Estados Unidos.

c) Restringir el Poder de la Asamblea única y exclusivamente a la elaboración de la constitución.

d) Encomendar al Gobierno norteamericano el desarrollo próspero de Cuba.

Todo lo cual evidenciaba un poder constituyente estrictamente limitado.

Los Constituyentes conocieron y aprobaron el Reglamento de la Asamblea en el que se establecía el carácter público de las sesiones.

También nombraron una comisión redactora de las Bases de la Constitución, las que se someterían a la discusión y aprobación de la Asamblea.

El 21 de enero de 1901 se iniciaron los debates sobre el proyecto, quedando aprobado el texto constitucional el 21 de febrero de 1901.

La Constitución consta de un breve preámbulo, catorce títulos y siete Disposiciones Transitorias.

En los títulos se regulaban las siguientes materias:

Título I : De la Nación, de su forma de gobierno y del territorio nacional
Título II : De los cubanos
Título III: De los extranjeros
Título IV: De los derechos que garantiza esta constitución
Sección primera: Derechos individuales
Sección segunda: Derecho al sufragio
Sección tercera: Suspensión de las Garantías Constitucionales
Título V: De la Soberanía y los Poderes Públicos
Título VI: Del Poder Legislativo
Sección primera: De los cuerpos colegisladores
Sección segunda: Del Senado, su composición y atribuciones
Sección tercera: De la Cámara de Representantes, su composición y atribuciones
Sección cuarta: Disposiciones comunes a los Cuerpos Colegisladores
Sección quinta: Del Congreso y sus atribuciones
Sección sexta: De la iniciativa y formación de las Leyes, su sanción y promulgación
Título VII: Del Poder Ejecutivo
Sección primera: Del ejercicio del Poder Ejecutivo
Sección segunda: Del Presidente de la República y de sus atribuciones y deberes
Título VIII: Del Vicepresidente de la República
Título IX: De los Secretarios de Despacho
Título X: Del Poder Judicial
Sección primera: Del ejercicio del Poder Judicial
Sección segunda: Del Tribunal Supremo de Justicia
Sección tercera: Disposiciones Generales acerca de la Administración de Justicia
Título XI: Del Régimen Provincial
Sección primera: Disposiciones generales
Sección segunda: De los Consejos Provinciales y sus atribuciones
Sección tercera: De los Gobernadores de Provincia y sus atribuciones
Título XII: Del Régimen Municipal
Sección primera: Disposiciones generales
Sección segunda: De los Ayuntamientos y sus atribuciones
Sección tercera: De los Alcaldes y sus atribuciones y deberes
Título XIII: De la Hacienda Nacional
Título XIV: De la Reforma de la constitución

Disposiciones Transitorias

Luego de las largas discusiones entre algunos constituyentes que defendían la independencia y acción soberana de Cuba en sus relaciones con Estados Unidos, se aprobó el 12 de junio de 1901 incorporar un apéndice a la constitución: La Enmienda Platt.

Años más tarde, Gerardo Machado, presidente de la República, de entonces, con el objetivo de prorrogar su gobierno dictatorial, promovió un Reforma de la constitución de 1901.

Dicha convocatoria tuvo una fuerte oposición popular, no obstante el 29 de marzo de 1927, la Cámara de Representantes puso fin a la discusión del Proyecto de reforma que había sido realizado por el liberal Giordano Hernández, apoyado por la firma de 86 representantes.

Cumplidos los trámites correspondientes el 21 de junio de 1927 quedó aprobado el proyecto de Reforma Constitucional, el que en virtud del artículo 115 de la constitución de 1901, debía ser sometido a una Convención Constituyente, la que terminó sus trabajos el 10 de mayo de 1928.

Aunque el 11 de mayo, el presidente Machado, ratificó la Reforma Constitucional, ésta no pudo realizarse a plenitud por los acontecimientos de la revolución del 33.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA

(1901)

GOBIERNO MILITAR DE LA ISLA DE CUBA

ORDEN NÚMERO 181

CUARTEL GENERAL, DEPARTAMENTO DE CUBA,

HABANA, MAYO 20 DE 1902

La Constitución que sigue, acordada por la Convención Constituyente del pueblo de Cuba el día 21 de Febrero de 1901, juntamente e incluyendo el Apéndice para la misma acordado por dicha Convención el día 12 de Junio de 1901, queda por la presente promulgada como Constitución de la República de Cuba, y se declara que queda en todo su vigor y efecto desde esta fecha en adelante.

“CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA”

Nosotros, los Delegados del pueblo de Cuba, reunidos en Convención Constituyente, a fin de redactar y adoptar la Ley Fundamental de su organización como Estado independiente y soberano, estableciendo un gobierno capaz de cumplir sus obligaciones internacionales, mantener el orden, asegurar la libertad y la justicia y promover el bienestar general, acordamos y adoptamos, invocando el favor de Dios, la siguiente Constitución:

TITULO I

De la Nación , de su forma de Gobierno y del territorio nacional

Artículo 1 . El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano, y adopta, como forma de gobierno, la republicana.

Artículo 2 . Componen el territorio de la República , la Isla de Cuba, así como las islas y cayos adyacentes que con ella estaban bajo la soberanía de España hasta la ratificación del Tratado de París de 10 de Diciembre de 1898.

Artículo 3 . El territorio de la República se divide en las seis Provincias que existen actualmente, y con sus mismos límites; correspondiendo al Consejo Provincial de cada una determinar sus respectivas denominaciones.

Las Provincias podrán incorporarse unas a otras o dividirse para formar nuevas Provincias, mediante acuerdo de los respectivos Consejos Provinciales y aprobación del Congreso.
TITULO II

De los cubanos

Artículo 4 . La condición de cubano se adquiere por nacimiento o por naturalización.

Artículo.5 . Son cubanos por nacimiento:

• Los nacidos, dentro o fuera del territorio de la República , de padres cubanos.

• Los nacidos en el territorio de la República de padres extranjeros, siempre que, cumplida la mayor edad, reclamen su inscripción, como cubanos, en el Registro correspondiente.

• Los nacidos en el extranjero de padres naturales de Cuba que hayan perdido la nacionalidad cubana, siempre que, cumplida la mayor edad, reclamen su inscripción, como cubanos, en el mismo Registro.

Articulo 6 . Son cubanos por naturalización:

• Los extranjeros que, habiendo pertenecido al Ejército Libertador, reclamen la nacionalidad cubana dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta Constitución.

• Los extranjeros que, establecidos en Cuba antes del 1º. de Enero de 1899, hayan conservado su domicilio después de dicha fecha, siempre que reclamen la nacionalidad cubana dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta Constitución, o, si fueren menores, dentro un plazo igual desde que alcanzaren la mayoría de edad.

• Los extranjeros que, después de cinco años de residencia en el territorio de la República , y no menos de dos desde que declaren su intención de adquirir la nacionalidad cubana, obtengan carta de naturalización con arreglo a las leyes.

• Los españoles residentes en el territorio de Cuba el 11 de Abril de 1899 que no se hayan inscripto como tales españoles en los Registros correspondientes, hasta igual mes y día de 1900.

• Los africanos que hayan sido esclavos en Cuba, y los emancipados comprendidos en el Artículo 13 del Tratado de 28 de Junio de 1835, celebrado entre España e Inglaterra.

Artículo 7 La condición de cubano se pierde:

• Por adquirir ciudadanía extranjera.

• Por admitir empleo u honores de otro Gobierno sin licencia del Senado.

• Por entrar al servicio de las armas de una Nación extranjera sin la misma licencia.

• Por residir el cubano naturalizado cinco años continuos en el país de su nacimiento, a no ser por razón de empleo, o comisión del Gobierno de la República.

Artículo 8 La condición de cubano podrá recobrarse con arreglo a lo que prescriban las leyes.

Artículo 9 Todo cubano está obligado.

• A servir a la patria con las armas, en los casos y forma que determinen las leyes.

• A contribuir para los gastos públicos, en la forma y proporción que dispongan las leyes.

TITULO III

De los extranjeros

Artículo 10 . Los extranjeros residentes en el territorio de la República , se equiparan a los cubanos:

• En cuanto a la protección de sus personas y bienes.

• En cuanto al goce de los derechos garantizados en la Sección 1 del Título siguiente, con excepción de los que en ella se reconocen exclusivamente a los nacionales.

• En cuanto al goce de los derechos civiles, en las condiciones y con las limitaciones que establezca la Ley de Extranjería.

• En cuanto a la obligación de observar y cumplir las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que estén en vigor en la República.

• En cuanto a la sumisión a la potestad y a las resoluciones de los Tribunales y demás autoridades de la República.

• Y en cuanto a la obligación de contribuir a los gastos públicos del Estado, la Provincia y el Municipio.

TITULO IV

De los derechos que garantiza esta Constitución

SECCION PRIMERA

Derechos individuales

Artículo 11. Todos los cubanos son iguales ante la Ley. La República no reconoce fueros ni privilegios personales.

Artículo 12. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, excepto las penales, cuando sean favorables al delincuente o procesado.

Artículo 13 . Las obligaciones de carácter civil que nazcan de los contratos o de otros actos u omisiones que las produzcan, no podrán ser anuladas ni alteradas por el Poder Legislativo ni por el Ejecutivo.

Artículo 14. No podrá imponerse, en ningún caso, la pena de muerte por delitos de carácter político, los cuales serán definidos por la Ley.

Artículo 15. Nadie podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriban las leyes.

Artículo 16 . Todo detenido será puesto en libertad o entregado al Juez o Tribunal competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

Artículo 17 . Toda detención se dejará sin efecto, o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al Juez o Tribunal competente.

Dentro del mismo plazo se notificará al interesado la providencia que se dictare.

Artículo 18 . Nadie podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de Juez o Tribunal competente.

El auto en que se haya dictado el mandamiento se ratificará o repondrá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión.

Artículo 19 . Nadie podrá ser procesado ni sentenciado sino por Juez o Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas establezcan.

Artículo 20 . Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en esta Constitución o en las leyes, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier ciudadano.

La Ley determinará la forma de proceder sumariamente en este caso.

Artículo 21 . Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 22. Es inviolable el secreto de la correspondencia y demás documentos privados, y ni aquélla ni éstos podrán ser ocupados ni examinados sino por disposición de Autoridad competente y con las formalidades que prescriban las leyes. En todo caso se guardará secreto respecto de los extremos ajenos al asunto que motiva la ocupación o examen.

Artículo 23 . El domicilio es inviolable y en consecuencia, nadie podrá penetrar de noche en el ajeno, sin el consentimiento de su morador, a no ser para auxiliar o socorrer víctimas de delito o desastre; ni de día, sino en los casos y en la forma determinados por las leyes.

Artículo 24 . Nadie podrá ser compelido a mudar de domicilio o residencia sino por mandato de Autoridad competente y en los casos previstos por las leyes.

Artículo 25 . Toda persona podrá libremente, y sin sujeción a censura previa, emitir su pensamiento, de palabra o por escrito, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento; sin perjuicio de las responsabilidades que impongan las leyes, cuando por alguno de aquellos medios se atente contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública.

Artículo 26. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público.

La iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar, en caso alguno, ningún culto.

Artículo 27 . Toda persona tiene el derecho de dirigir peticiones a las Autoridades; de que sus peticiones sean resueltas, y de que se le comunique la resolución que a ellas recaiga.

Artículo 28 . Todos los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de asociarse para todos los fines lícitos de la vida.

Artículo 29 . Toda persona podrá entrar en el territorio de la República , salir de él, viajar dentro de sus límites, y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otro requisito semejante; salvo lo que se disponga en las leyes sobre inmigración, y las facultades atribuidas a la Autoridad en caso de responsabilidad criminal.

Artículo 30 . Ningún cubano podrá ser expatriado, ni a ninguno podrá prohibírsele la entrada en el territorio de la República.

Artículo 31 . La enseñanza primaria es obligatoria, y así ésta como la de Artes y Oficios serán gratuitas. Ambas estarán a cargo del Estado, mientras no puedan sostenerlas respectivamente, por carecer de recursos suficientes, los Municipios y las Provincias.

La segunda enseñanza y la superior estarán a cargo del Estado. No obstante, toda persona podrá aprender o enseñar libremente cualquiera ciencia, arte o profesión, y fundar o sostener establecimientos de educación y de enseñanza; pero corresponde al Estado la determinación de las profesiones en que exija títulos especiales, la de las condiciones para su ejercicio, la de los requisitos necesarios para obtener los títulos y la expedición de los mismos, de conformidad con lo que establezcan las leyes.

Artículo 32 . Nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización. Si no precediere este requisito, los Jueces y Tribunales ampararán y, en su caso, reintegrarán al expropiado.

Artículo 33 . No podrá imponerse, en ningún caso, la pena de confiscación de bienes.

Artículo 34 . Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos, y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescripta por las leyes.

Artículo 35 . Todo autor o inventor gozará de la propiedad exclusiva de su obra o invención, por el tiempo y en la forma que determine la Ley.

Artículo 36 . La enumeración de los derechos garantizados expresamente por esta Constitución, no excluye otros que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Artículo 37 . Las leyes que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza, serán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran.

SECCION SEGUNDA

Derecho de sufragio

Artículo 38 . Todos los cubanos, varones, mayores de 21 años, tienen derecho de sufragio, con excepción de los siguientes:

Primero: Los asilados.

Segundo: Los incapacitados mentalmente, previa declaración judicial de su incapacidad.

Tercero: Los inhabilitados judicialmente por causa de delito.

Cuarto: Los individuos pertenecientes a las fuerzas de mar y tierra, que estuvieren en servicio activo.

Artículo 39 . Las leyes establecerán reglas y procedimientos que aseguren la intervención de las minorías en la formación del Censo de electores y demás operaciones electorales y su representación en la Cámara de Representantes, en los Consejos Provinciales y en los Ayuntamientos.

SECCION TERCERA

Suspensión de las garantías Constitucionales

Artículo 40 . Las garantías establecidas en los artículos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo nono, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo séptimo de la Sección primera de este Título, no podrán suspenderse en toda la República ni en parte de ella, sino temporalmente y cuando lo exija la seguridad del Estado, en caso de invasión del territorio o de grave perturbación del orden que amenace la paz pública.

Artículo 41 . El territorio en que fueren suspendidas las garantías que se determinan en el artículo anterior, se regirá durante la suspensión, por la Ley de Orden Público, dictada de antemano. Pero ni en dicha ley, ni en otra alguna, podrá disponerse la suspensión de más garantías que las ya mencionadas.

Tampoco podrá hacerse, durante la suspensión, declaración de nuevos delitos, ni imponerse otras penas que las establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.

Queda prohibido al Poder Ejecutivo el extrañamiento o la deportación de los ciudadanos, sin que pueda desterrarlos a más de ciento veinte kilómetros de su domicilio, ni detenerlos por más de diez días, sin hacer entrega de ellos a la Autoridad judicial; ni repetir la detención durante el tiempo de la suspensión de garantías. Los detenidos no podrán serlo sino en departamentos especiales de los establecimientos públicos, destinados a la detención de procesados por causa de delitos comunes.

Artículo 42. La suspensión de garantías de que se trata en el artículo cuadragésimo, sólo podrá dictarse por medio de una ley o, cuando no estuviere reunido el Congreso, por un decreto del Presidente de la República. Pero éste no podrá decretar la suspensión más de una vez durante el período comprendido entre dos legislaturas ni por tiempo indefinido, ni mayor de treinta días sin convocar al Congreso en el mismo decreto de suspensión. En todo caso deberá darle cuenta para que resuelva lo que estime procedente.
TITULO V

De la Soberanía y los Poderes públicos

Artículo 43 . La Soberanía reside en el pueblo de Cuba, y de éste dimanan todos los Poderes públicos.
TITULO VI

Del poder Legislativo

SECCION PRIMERA

De los Cuerpos Colegisladores

Artículo 44 . El Poder Legislativo se ejerce por dos Cuerpos electivos que se denominan “Cámara de Representantes” y “Senado” y conjuntamente reciben el nombre de “Congreso”.

SECCION SEGUNDA

Del Senado, su composición y atribuciones

Artículo 45. El Senado se compondrá de cuatro Senadores por provincia, elegidos, en cada una, para un período de ocho años, por los Consejeros Provinciales y por doble número de Compromisarios, constituidos con aquéllos en Junta electoral.

La mitad de los Compromisarios serán mayores contribuyentes y la otra mitad reunirán las condiciones de capacidad que determine la Ley ; debiendo ser todos, además, mayores de edad y vecinos de términos municipales de la provincia.

La elección de los Compromisarios se hará por los electores de la Provincia , cien días antes de la de Senadores.

El Senado se renovará, por mitad, cada cuatro años.

Artículo 46. Para ser Senador se requiere:

• Ser cubano por nacimiento.

• Haber cumplido 35 años.

• Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Artículo 47. Son atribuciones propias del Senado:

• Juzgar, constituido en Tribunal de Justicia, al Presidente de la República , cuando fuere acusado por la Cámara de Representantes de delito contra la seguridad exterior del Estado, contra el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, o de infracción de los preceptos constitucionales.

• Juzgar, constituido en Tribunal de Justicia, a los Secretarios del Despacho, cuando fueren acusados por la Cámara de Representantes, de delitos contra la seguridad exterior del Estado, contra el libre funcionamiento de los Poderes Legislativo o Judicial, de infracción de los preceptos constitucionales, o de cualquier otro delito de carácter político que las leyes determinen.

• Juzgar, constituido en Tribunal de Justicia, a los Gobernadores de las Provincias, cuando fueren acusados por el Consejo Provincial o por el Presidente de la República , de cualquiera de los delitos expresados en el párrafo anterior.

Cuando el Senado se constituya en Tribunal de Justicia, será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo, y no podrá imponer a los acusados otras penas que la de destitución, o las de destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, sin perjuicio de que los Tribunales que las leyes declaren competentes, les impongan cualquier otra en que hubiere incurrido.

• Aprobar los nombramientos que haga el Presidente de la República , del Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; de los Representantes diplomáticos y Agentes consulares de la Nación , y de los demás funcionarios cuyo nombramiento requiera su aprobación, según las leyes.

• Autorizar a los nacionales para admitir empleos u honores de otro Gobierno, o para servirlo con las armas.

• Aprobar los Tratados que negociare el Presidente de la República con otras naciones.

SECCION TERCERA

De la Cámara de Representantes, su composición y atribuciones

Artículo 48. La Cámara de Representantes se compondrá de un Representante por cada 25,000 habitantes o fracción de más de 12,500, elegido para un período de cuatro años, por sufragio directo y en la forma que determine la Ley.

La Cámara de Representantes se renovará, por mitad, cada dos años.

Artículo 49. Para ser Representante se requiere:

• Ser cubano por nacimiento o naturalizado con ocho años de residencia en la República , contados desde la naturalización.

• Haber cumplido 25 años de edad.

• Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Artículo 50 . corresponde a la Cámara de Representantes, acusar ante el Senado, al Presidente de la República y a los Secretarios del Despacho, en los casos determinados en los párrafos 1º. y 2º. del artículo 47, cuando las dos terceras partes del número total de Representantes acordaren en sesión secreta la acusación.
SECCION CUARTA

Disposiciones comunes a los Cuerpos Colegisladores

Artículo 51. Los cargos de Senador y de Representante son incompatibles con cualesquiera otros retribuidos, de nombramien­to del Gobierno, exceptuándose el de Catedrático por oposición de Establecimiento oficial, obtenido con anterioridad a la elección.

Artículo 52 . Los Senadores y Representantes recibirán del Estado una dotación, igual para ambos cargos, y cuya cuantía podrá ser alterada en todo tiempo; pero no surtirá efecto la alteración hasta que sean renovados los Cuerpos Colegisladores.

Artículo 53. Los Senadores y Representantes serán inviolables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus cargos. Los Senadores y Representantes sólo podrán ser detenidos o procesados con autorización del Cuerpo a que pertenezcan, si estuviese reunido el Congreso; excepto en el caso de ser hallados infraganti en la comisión de algún delito. En este caso, y en el de ser detenidos o procesados cuando estuviese cerrado el Congreso, se dará cuenta, lo más pronto posible, al Cuerpo respectivo, para la resolución que corresponda.

Artículo 54. Las Cámaras abrirán y cerrarán sus sesiones en un mismo día, residirán en una misma población y no podrán trasladarse a otro lugar, ni suspender sus sesiones por más de tres días, sino por acuerdo de ambas.

Tampoco podrá comenzar sus sesiones sin la presencia de las dos terceras partes del número total de sus miembros; ni continuarlas sin la mayoría absoluta de ellos.

Artículo 55. Cada Cámara resolverá sobre la validez de la elección de sus respectivos miembros, y sobre las renuncias que presenten. Ningún Senador o Representante podrá ser expulsado de la Cámara a que pertenezca, sino en virtud de causa previamente determinada y por acuerdo de las dos terceras partes, por lo menos, del número total de sus miembros.

Articulo 56. Cada Cámara formará su reglamento, y elegirá entre sus miembros su Presidente, Vice-Presidentes y Secretarios. No obstante, el Presidente del Senado sólo ejercerá su cargo cuando falte el Vicepresidente de la República , o esté ejerciendo la Presidencia de la misma

SECCION QUINTA

Del Congreso y sus atribuciones
Artículo 57. El Congreso se reunirá, por derecho propio, dos veces al año, y permanecerá funcionando durante cuarenta días hábiles, por lo menos, en cada legislatura. Una empezará el primer lunes de Abril y la otra el primer lunes de Noviembre.

Se reunirá las sesiones extraordinarias en los casos y en la forma que determinen los Reglamentos de los Cuerpos Colegisladores, y cuando el Presidente de la República lo convoque con arreglo a lo establecido en esta Constitución. En dichos casos sólo se ocupará del asunto o asuntos que motiven su reunión.

Artículo 58. El Congreso se reunirá en un solo Cuerpo para proclamar al Presidente y Vicepresidente de la República , previa rectificación y comprobación del escrutinio.

En este caso desempeñará la Presidencia del Congreso el Presidente del Senado, y en su defecto, el de la Cámara de Representantes, a título de Vicepresidente del propio Congreso.

Si del escrutinio para Presidente resultare que ninguno de los candidatos reúne mayoría absoluta de votos, o hubiese empate, el Congreso, por igual mayoría, elegirá el Presidente de entre los dos candidatos que hubieren obtenido mayor número de votos.

Si fuesen más de dos los que se encontraren en este caso, por haber obtenido dos o más candidatos igual número de votos, elegirá entre todos ellos el Congreso.

Si en el Congreso resultare también empate, se repetirá la votación; y si el resultado de ésta fuese el mismo, el voto del Presidente decidirá.

El procedimiento establecido en el párrafo anterior se aplicará a la elección del Vicepresidente de la República.

El escrutinio se efectuará con anterioridad a la expiración del término presidencial.

Artículo 59. Son atribuciones propias del Congreso:

• Formar los Códigos y las leyes de carácter general; determinar el régimen que deba observarse para las elecciones generales, provinciales y municipales; dictar las disposiciones que regulen y organicen cuanto se relacione con la administración general, la provincial y la municipal; y todas las demás leyes y resoluciones que estimare convenientes sobre cualesquiera otros asuntos de interés público.

• Discutir y aprobar los presupuestos de gastos e ingresos del Estado. Dichas gastos e ingresos, con excepción de los que se mencionarán más adelante, se incluirán en presupuestos anuales y sólo regirán durante el año para el cual hubieren sido aprobados.

Los gastos del Congreso; los de la Administración de Justicia; los de intereses y amortización de empréstitos, y los ingresos con que deben ser cubiertos, tendrán el carácter de permanentes y se incluirán en presupuesto fijo, que regirá mientras no sea reformado por leyes especiales.

• Acordar empréstitos, pero con la obligación de votar, al mismo tiempo, los ingresos permanentes necesarios para el pago de intereses y amortización.

Todo acuerdo sobre empréstitos requiere el voto de las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cuerpo Colegislador.

• Acuñar moneda, determinando su patrón, ley, valor y denominación.

• Regular el sistema de pesas y medidas.

• Dictar disposiciones para el régimen y fomento del Comercio interior y exterior.

• Regular los servicios de comunicaciones de ferrocarriles, caminos, canales y puertos, creando los que exija la con­veniencia pública.

• Establecer las contribuciones e impuestos de carácter nacional, que sean necesarios para las atenciones del Estado:

• Fijar las reglas y procedimientos para obtener la naturalización.

• Conceder amnistías.

• Fijar el número de las fuerzas de mar y tierra y determinar su organización.

• Declarar la guerra y aprobar los Tratados de paz que el Presidente de la República haya negociado.

• Designar, por medio de una ley especial, quién debe ocupar la Presidencia de la República , en el caso de que el Presidente y el Vicepresidente sean destituidos, fallezcan, renuncien o se incapaciten.

Artículo 60. El Congreso no podrá incluir en las leyes de presupuestos, disposiciones que ocasionen reformas legislativas o administrativas de otro orden: ni podrá reducir o suprimir ingresos de carácter permanente, sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo el caso que la reducción o supresión procedan de reducción o supresión de gastos permanentes equivalentes; ni asignar a ningún servicio que deba ser dotado en el presupuesto anual, mayor cantidad que la propuesta en el proyecto del. Gobierno; pero sí podrá crear nuevos servicios y reformar o ampliar los existentes, por medio de leyes especiales.
SECCION SEXTA

De la iniciativa y formación de las leyes, su sanción y promulgación

Artículo 61. La iniciativa de las leyes se ejercerá por cada uno de los Cuerpos Colegisladores indistintamente.

Artículo 62 . Todo proyecto de ley que haya obtenido la aprobación de ambos Cuerpos Colegisladores, y toda resolución de los mismos que haya de ser ejecutada por el Presidente de la República , deberán presentarse a éste para su sanción. Si los aprueba, los autorizará desde luego, devolviéndolos, en otro caso, con las objeciones que hiciere, al Cuerpo Colegislador que los hubiere propuesto, el cual consignará las referidas objeciones íntegramente en acta, discutiendo de nuevo el proyecto o resolución.

Si después de esta discusión, dos terceras partes del número total de los miembros del Cuerpo Colegislador, votasen en favor del proyecto o resolución, se pasará, con las objeciones del Presidente, al otro Cuerpo, que también lo discutirá, y si por igual mayoría lo aprueba, será ley. En todos estos casos las votaciones serán nominales.

Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la remisión del proyecto o resolución al Presidente, éste no lo devolviere, se tendrá por sancionado y será ley.

Sí, dentro de los últimos diez días de una legislatura, se presentare un proyecto de ley al Presidente de la República , y éste se propusiere utilizar todo el término que, al efecto de la sanción, se le concede en el párrafo anterior, comunicará su propósito, en el mismo día, al Congreso, a fin de que permanezca reunido, si lo quisiere, hasta el vencimiento del expresado término. De no hacerlo así el Presidente, se tendrá por sancionado el proyecto y será ley.

Ningún proyecto de ley desechado totalmente por alguno de los Cuerpos Colegisladores, podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura.

Artículo 63. Toda ley será promulgada dentro de los diez días siguientes al de su sanción, proceda ésta del Presidente o del Congreso, según los casos mencionados en el artículo precedente.

TITULO VII

Del poder Ejecutivo

SECCION PRIMERA

Del ejercicio del Poder Ejecutivo

Artículo 64. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República.

SECCION SEGUNDA

Del Presidente de la República y de sus atribuciones y deberes

Artículo 65. Para ser Presidente de la República se requiere:

• Ser cubano por nacimiento o naturalización, y en este último caso, haber servido con las armas a Cuba en sus guerras de Independencia, diez años por lo menos.

• Haber cumplido cuarenta años de edad.

• Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Artículo 66. El Presidente de la República será elegido por sufragio de segundo grado, en un solo día, y conforme al procedimiento que establezca la ley.

El cargo durará cuatro años y nadie podrá ser Presidente en tres períodos consecutivos.

Artículo 67. El Presidente jurará o prometerá, ante el Tribunal Supremo de Justicia, al tomar posesión de su cargo, desempeñarlo fielmente, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes.

Articulo 68. Corresponde al Presidente de la República :

• Sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas hacerlas ejecutar; dictar, cuando no lo hubiere hecho el Congreso, los reglamentos para la mejor ejecución de las leyes; y expedir, además, los decretos y las órdenes que, para este fin y para cuanto incumba al gobierno y administración del Estado, creyere convenientes, sin contravenir en ningún caso lo establecido en dichas leyes.

• Convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, o solamente al Senado, en los casos que señala esta Constitución, o cuando, a su juicio, fuere necesario.

• Suspender las sesiones del Congreso, cuando tratándose en éste de su suspensión, no hubiere acuerdo acerca de ella entre los Cuerpos Colegisladores.

• Presentar al Congreso, al principio de cada legislatura y siempre que lo estimase oportuno, un Mensaje referente a los actos de la Administración , y demostrativo del estado general de la República ; y recomendar, además, la adopción de las leyes y resoluciones que creyere necesarias o útiles.

• Presentar al Congreso, en cualquiera de sus Cámaras, y antes del 15 de Noviembre, el Proyecto de los Presupuestos anuales.

• Facilitar al Congreso los informes que éste solicitare sobre toda clase de asuntos que no exijan reserva.

• Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados con las otras naciones, debiendo someterlos a la aprobación del Senado, sin cuyo requisito no tendrán validez ni obligarán a la República.

• Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, dando cuenta al Congreso.

• Nombrar, con la aprobación del Senado, al Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y a los Representantes diplomáticos y Agentes consulares de la República ; pudiendo hacer nombramientos interinos de dichos funcionarios, cuando en caso de vacante, no esté reunido el Senado.

• Nombrar, para el desempeño de los demás cargos instituidos por la Ley , a los funcionarios correspondientes, cuyo nombramiento no esté atribuido a otras Autoridades.

• Suspender el ejercicio de los derechos que se enumeran en el artículo 40 de esta Constitución, en los casos y en la forma que se expresan en los artículos 41 y 42.

• Suspender los acuerdos de los Consejos Provinciales y de los Ayuntamientos, en los casos y en la forma que determina esta Constitución.

• Decretar la suspensión de los Gobernadores de Provincia, en los casos de extralimitación de funciones y de infracción de las leyes, dando cuenta al Senado, según lo que se establezca, para la resolución que corresponda.

• Acusar a los Gobernadores de Provincia en los casos expresados en el párrafo 3º. del articulo 47.

• Indultar a los delincuentes con arreglo a lo que prescriba la Ley , excepto cuando se trate de funcionarios públicos penados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

• Recibir a los Representantes diplomáticos y admitir a los Agentes consulares de las otras Naciones.

• Disponer, como Jefe Supremo, de las fuerzas de mar y tierra de la República. Proveer a la defensa de su territorio, dando cuenta al Congreso; y a la conservación del orden interior. Siempre que hubiere peligro de invasión o cuando alguna rebelión amenazare gravemente la seguridad pública, no estando reunido el Congreso, el Presidente lo convocará sin demora, para la resolución que corresponda.

Artículo 69 . El Presidente no podrá salir del territorio de la república sin autorización del Congreso.

Artículo 70. El Presidente será responsable, ante el Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de carácter común que cometiere durante el ejercicio de su cargo; pero no podrá ser procesado sin previa autorización del Senado.

Artículo 71. El Presidente recibirá del Estado una dotación, que podrá ser alterada en todo tiempo; pero no surtirá efecto la alteración sino en los períodos presidenciales siguientes a aquél en que se acordare.

TITULO VIII

Del Vicepresidente de la República

Artículo 72. Habrá un Vicepresidente de la República , que será elegido en la misma forma y para igual período de tiempo que el Presidente, y conjuntamente con éste; requiriéndose para ser Vicepresidente las mismas condiciones que prescribe esta Constitución para ser Presidente.

Artículo 73. El Vicepresidente de la República ejercerá la Presidencia del Senado; pero sólo tendrá voto en los casos de empate.

Artículo 74. Por falta, temporal o definitiva, del Presidente de la República , le sustituirá el Vicepresidente en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Si la falta fuere definitiva, durará la sustitución hasta la terminación del período presidencial.

Artículo 75. El Vicepresidente recibirá del Estado una dotación, que podrá ser alterada en todo tiempo; pero no surtirá efecto la alteración sino en los períodos presidenciales siguientes a aquél en que se acordare.

TITULO IX

De los Secretarios del Despacho

Artículo 76 . Para el ejercicio de sus atribuciones tendrá el Presidente de la República , los Secretarios del Despacho que determine la Ley ; debiendo recaer el nombramiento de éstos en ciudadanos cubanos que se hallen en el pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Artículo 77. Todos los decretos, órdenes y resoluciones del Presidente de la República habrán de ser refrendados por el Secretario del ramo correspondiente, sin cuyo requisito carecerán de fuerza obligatoria y no serán cumplidos.

Artículo 78. Los Secretarios serán personalmente responsables de los actos que refrenden, y, además, solidariamente, de los que, juntos, acuerden o autoricen. Esta responsabilidad no excluye la personal y directa del Presidente de la República.

Artículo 79. Los Secretarios del Despacho serán acusados por la Cámara de Representantes, ante el Senado, en los casos que se mencionan en el párrafo 2º. del Artículo 47.

Artículo 80. Los Secretarios del Despacho recibirán del Estado una dotación que podrá ser alterada en todo tiempo; pero no surtirá efecto la alteración sino en los períodos presidenciales siguientes a aquel en que se acordare.

TITULO X

del poder judicial

SECCION PRIMERA

Del ejercicio del Poder Judicial

Artículo 81. El Poder Judicial se ejerce por un Tribunal Supremo de Justicia y por los demás Tribunales que las leyes establezcan. Estas regularán sus respectivas organización y facultades, el modo de ejercerlas y las condiciones que deban concurrir en los funcionarios que los compongan.

SECCION SEGUNDA

Del Tribunal Supremo de Justicia

Artículo 82. Para ser Presidente o Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:

• Ser cubano por nacimiento.

• Haber cumplido 35 años de edad.

• Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y po­líticos y no haber sido condenado a pena aflictiva por delito común.

• Reunir, además, alguna de las circunstancias siguientes:

Haber ejercido, en Cuba, durante diez años, por lo menos, la profesión de Abogado; o desempeñado, por igual tiempo, funciones judiciales; o explicado, el mismo número de años, una cátedra de Derecho en Establecimiento oficial de enseñanza.

Podrán ser también nombrados para los cargos de Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo, siempre que reúnan las condiciones de los números 1, 2 y 3 de este artículo:

• Los que hubieren ejercido, en la Magistratura , cargo de categoría igual o inmediatamente inferior, por el tiempo que determine la Ley.

• Los que, con anterioridad a la promulgación de esta Constitución, hubieren sido Magistrados del Tribunal Supremo de la Isla de Cuba.

El tiempo de ejercicio de funciones judiciales se computará como de ejercicio de la Abogacía , al efecto de capacitar a los Abogados para poder ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo.

Artículo 83. Además de las atribuciones que le estuvieren anteriormente señaladas y de las que en lo sucesivo le confieran las leyes, corresponden al Tribunal Supremo las siguientes:

• Conocer de los recursos de casación.

• Dirimir las competencias entre los Tribunales que le sean inmediatamente inferiores o no tengan un superior común.

• Conocer de los juicios en que litiguen entre sí el Estado, las Provincias y los Municipios.

• Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversia entre partes.
SECCION TERCERA

Disposiciones generales acerca de la Administración de Justicia

Artículo 84. La justicia se administrará gratuitamente en todo el territorio de la República.

Artículo 85. Los Tribunales conocerán de todos los juicios, ya sean civiles, criminales o contencioso-administrativos.

Artículo 86. No se podrán crear, en ningún caso, ni bajo ninguna denominación, Comisiones judiciales ni Tribunales extraordinarios.

Artículo 87. Ningún funcionario del orden judicial podrá ser suspendido ni separado de su destino o empleo, sino por razón de delito u otra causa grave, debidamente acreditada, y siempre con su audiencia.

Tampoco podrá ser trasladado sin su consentimiento, a no ser por motivo evidente de conveniencia pública.

Artículo 88. Todos los funcionarios del orden judicial serán personalmente responsables, en la forma que determinen las leyes, de toda infracción de ley que cometieren.

Artículo 89. La dotación de los funcionarios del orden judicial no podrá ser alterada sino en períodos mayores de cinco años, y por medio de una ley. Esta no podrá asignar distintas dotaciones a cargos cuyo grado, categoría y funciones sean iguales.

Artículo 90. Los Tribunales de las fuerzas de mar y tierra se regularán por una ley orgánica especial.
TITULO XI

Del régimen Provincial

SECCION PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 91. La Provincia comprende los Términos Municipales enclavados dentro de sus límites.

Artículo 92. En cada Provincia habrá un Gobernador y un Consejo Provincial, elegidos por sufragio de primer grado, en la forma que prescriba la Ley.

El número de Consejeros, en cada una, no será menor de ocho ni mayor de veinte.

SECCION SEGUNDA

De los Consejos Provinciales y de sus atribuciones

Artículo 93. Corresponde a los Consejos Provinciales:

• Acordar sobre todos los asuntos que conciernan a la Provincia y que, por la Constitución , por los Tratados o por las leyes, no correspondan a la competencia general del Estado o a la privativa de los Ayuntamientos.

• Formar sus presupuestos, estableciendo los ingresos necesarios para cubrirlos, sin otra limitación que la de hacerlos compatibles con el sistema tributario del Estado.

• Acordar empréstitos para obras públicas de interés provincial; pero votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses y amortización.

Para que dichos empréstitos puedan realizarse, habrán de ser aprobados por las dos terceras partes de los Ayuntamientos de la Provincia.

• Acusar ante el Senado al Gobernador, en los casos determinados en el párrafo tercero del artículo 47, cuando los dos tercios del número total de los Consejeros Provinciales acordaren, en sesión secreta, la acusación.

• Nombrar y remover los empleados provinciales con arre­glo a lo que establezcan las leyes.

Artículo 94. Los Consejos Provinciales no podrán reducir o suprimir ingresos de carácter permanente, sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan; salvo en el caso de que la reducción o supresión procedan de reducción o supresión de gastos permanentes equivalentes.

Artículo 95. Los acuerdos de los Consejos Provinciales serán presentados al Gobernador de la Provincia. Si éste los aprobare, los autorizará con su firma. En otro caso, los devolverá, con sus objeciones, al Consejo, el cual discutirá de nuevo el asunto. Y si después de la segunda discusión, las dos terceras partes del número total de Consejeros votaren en favor del acuerdo, éste será ejecutivo.

Cuando el Gobernador, transcurridos diez días desde la presentación de un acuerdo, no lo devolviere, se tendrá por aprobado y será también ejecutivo.

Artículo 96. Los acuerdos de los Consejos Provinciales podrán ser suspendidos por el Gobernador de la Provincia o por el Presidente de la República , cuando, a su juicio, fueren contrarios a la Constitución , a los Tratados, a las leyes o a los acuerdos adoptados por los Ayuntamientos, dentro de sus atribuciones propias. Pero se reservará a los Tribunales el conocimiento y la resolución de las reclamaciones que se promuevan con motivo de la suspensión.

Artículo 97. Ni los Consejos Provinciales ni ninguna Sección o Comisión de su seno o por ellos designada fuera de él, podrán tener intervención en las operaciones que correspondan al procedimiento electoral para cualquier clase de elecciones.

Artículo 98. Los Consejeros Provinciales serán personalmente responsables, ante los Tribunales, en la forma que las leyes prescriban, de los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones.

SECCION TERCERA

De los Gobernadores de Provincias y sus atribuciones

Artículo 99. Corresponde a los Gobernadores de Provincia:

• Cumplir y hacer cumplir, en los extremos que les conciernan, las leyes, decretos y reglamentos de la Nación.

• Publicar los acuerdos del Consejo Provincial que tengan fuerza obligatoria, ejecutándolos y haciéndolos ejecutar.

• Expedir órdenes y dictar además las instrucciones y reglamentos para la mejor ejecución de los acuerdos del Consejo Provincial, cuando éste no los hubiere hecho.

• Convocar al Consejo Provincial a sesiones extraordinarias cuando, a su juicio, fuere necesario; expresándose en la convocatoria el objeto de las sesiones.

• Suspender los acuerdos del Consejo Provincial y de los Ayuntamientos, en los casos que determina esta Constitución.

• Acordar la suspensión de los Alcaldes en los casos de extralimitación de facultades, violación de la Constitución o de las leyes, infracción de los acuerdos de los Consejos Provinciales, o incumplimiento de sus deberes; dando cuenta al Consejo Provincial, en los términos que establezcan las leyes.

• Nombrar y remover los empleados de su despacho conforme a lo que establezcan las leyes.

Artículo 100. El Gobernador será responsable ante el Senado, en los casos que en esta Constitución se señalan, y ante los Tribunales en los demás casos de delito, con arreglo a lo que prescriban las leyes.

Artículo 101. El Gobernador recibirá del Tesoro provincial una dotación, que podrá ser alterada en todo tiempo; pero no surtirá efecto la alteración sino después que se verifique nueva elección de Gobernador.

Artículo 102. Por falta, temporal o definitiva, del Gobernador de la Provincia , le sustituirá en el ejercicio de su cargo el Presidente del Consejo Provincial. Si la falta fuere definitiva, durará la sustitución hasta que termine el período para que hubiere sido electo el Gobernador.

TITULO XII

Del régimen Municipal

SECCION PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 103. Los Términos municipales serán regidos por Ayuntamientos, compuestos de Concejales elegidos por sufragio de primer grado, en el número y en la forma que la Ley prescriba.

Artículo 104. En cada Término municipal habrá un Alcalde, elegido por sufragio de primer grado, en la forma que establezca la Ley.

SECCION SEGUNDA

De los Ayuntamientos y sus atribuciones

Artículo 105. Corresponde a los Ayuntamientos:

• Acordar sobre todos los asuntos que conciernan exclusivamente al término municipal.

• Formar sus presupuestos, estableciendo los ingresos necesarios para cubrirlos, sin otra limitación que la de hacerlos compatibles con el sistema tributario del Estado.

• Acordar empréstitos; pero votando al mismo tiempo los ingresos permanentes necesarios para el pago de sus intereses y amortización.

Para que dichos empréstitos puedan realizarse, habrán de ser aprobados por las dos terceras partes de los electores del término municipal.

• Nombrar y remover los empleados municipales conforme a lo que establezcan las leyes.

Artículo 106. Los Ayuntamientos no podrán reducir o suprimir ingresos de carácter permanente sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo en el caso de que la reducción o supresión procedan de reducción o supresión de gastos permanentes equivalentes.

Artículo 107. Los acuerdos de los Ayuntamientos serán presentados al Alcalde. Si éste los aprobare, los autorizará con su firma. En otro caso, los devolverá, con sus objeciones, al Ayuntamiento, el cual discutirá de nuevo el asunto. Y si, después de la segunda discusión, las dos terceras partes del número total de Concejales votaren en favor del acuerdo, éste será ejecutivo.

Cuando el Alcalde, transcurridos diez días desde la presentación de un acuerdo, no lo devolviere, se tendrá por aprobado y será también ejecutivo.

Artículo 108. Los acuerdos de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos por el Alcalde, por el Gobernador de la Provincia o por el Presidente de la República , cuando, a su juicio, fueren contrarios a la Constitución , a los Tratados, a las leyes o a los acuerdos adoptados por el Consejo Provincial dentro de sus atribuciones propias. Pero se reservará a los Tribunales el conocimiento y la resolución de las reclamaciones que se promuevan con motivo de la suspensión.

Artículo 109. Los Concejales serán personalmente responsables, ante los Tribunales de Justicia, en la forma que las leyes prescriban, de los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones.
SECCION TERCERA

De los Alcaldes y sus atribuciones y deberes

Artículo 110. Corresponde a los Alcaldes:

• Publicar los acuerdos de los Ayuntamientos que tengan fuerza obligatoria, ejecutándolos y haciéndolos ejecutar.

• Ejercer las funciones activas de la administración municipal, expidiendo, al efecto, órdenes y dictando, además, instrucciones y reglamentos para la mejor ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento, cuando éste no los hubiere hecho.

• Nombrar y remover los empleados de su despacho, conforme a lo que establezcan las leyes.

Artículo 111. El Alcalde será personalmente responsable, ante los Tribunales de Justicia, en la forma que las leyes prescriban, de los actos que ejecute en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 112. El Alcalde recibirá del Tesoro Municipal una dotación, que podrá ser alterada en todo tiempo, pero no surtirá efecto la alteración sino después que se verifique nueva elección de Alcalde.

Artículo 113. Por falta, temporal o definitiva, del AlcaIde, le sustituirá en el ejercicio de su cargo, el Presidente del Ayuntamiento.

Si la falta fuere definitiva, durará la sustitución hasta que termine el período para que hubiere sido electo el Alcalde.

TITULO XIII

De la Hacienda Nacional

Artículo 114. Pertenecen al Estado todos los bienes, existentes en el territorio de la República , que no correspondan a las Provincias o a los Municipios, ni sean, individual o colectivamente, de propiedad particular.

TITULO XIV

De la reforma de la Constitución

Articulo 115. La Constitución no podrá reformarse, total ni parcialmente, sino por acuerdo de las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cuerpo Colegislador.

Seis meses después de acordada la reforma, se procederá a convocar una Convención Constituyente, que se limitará a aprobar o desechar la reforma votada por los Cuerpos Colegisladores los cuales continuarán en el ejercicio de sus funciones con entera independencia de la Convención.

Los delegados a dicha Convención serán elegidos por provincias, en la proporción de uno por cada cincuenta mil habitantes, y en la forma que establezcan las leyes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. La República de Cuba no reconoce más deudas y compromisos que los contraídos legítimamente, en beneficio de la Revolución , por los Jefes de Cuerpo del Ejército Libertador, después del 24 de Febrero de 1895 y con anterioridad al 19 de Septiembre del mismo año, fecha en que se promulgó la Constitución de Jimaguayú y las deudas y compromisos que el Gobierno Revolucionario hubiere contraído posteriormente, por sí o por sus legítimos representantes en el extranjero. El Congreso calificará dichas deudas y compromisos, y resolverá sobre el pago de los que fueren legítimos.

Segunda. Los nacidos en Cuba o los hijos de naturales de Cuba que, al tiempo de promulgarse esta Constitución, fueren ciudadanos de algún Estado extranjero, no podrán gozar de la nacionalidad cubana sin renunciar, previa y expresamente, la que tuvieren.

Tercera. El tiempo que los extranjeros hubieren servido en las guerras por la independencia de Cuba, se computará como tiempo de naturalización y de residencia para la adquisición del derecho que a los naturalizados reconoce el artículo 49.

Cuarta. La base de población que se establece, en relación con las elecciones de Representantes y de Delegados a la Convención Constituyente , en los artículos 48 y 115, podrá modificarse por una ley cuando a juicio del Congreso lo exigiere el aumento de habitantes que resulte de los censos periódicamente formados.

Quinta. Al constituirse por primera vez el Senado, los Senadores, al efecto de su renovación, se dividirán en dos series. Los comprendidos en la primera, cesarán al fin del cuarto año, y los comprendidos en la segunda, al terminar el octavo; decidiendo la suerte los dos Senadores que correspondan, por cada Provincia, a una y otra serie.

La Ley establecerá el procedimiento para la formación de las dos series en que haya de dividirse, a los efectos de su renovación parcial, la Cámara de Representantes.

Sexta. Noventa días después de promulgada la Ley Electoral que habrá de redactar y adoptar la Convención Constituyente , se procederá a elegir los funcionarios creados por la Constitución , para el traspaso del Gobierno de Cuba a los que re­sulten elegidos, conforme a lo dispuesto en la orden número 301 del Cuartel General de la División de Cuba, de 25 de Julio del año 1900.

Séptima. Todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución, continuarán observándose en cuanto no se opongan a ella, mientras no fueren legalmente derogadas o modificadas.

Domingo Méndez Capote, Presidente.—Juan Rius Rivera, primer Vicepresidente.—José Miguel Gómez.—Eudaldo Tamayo—José B. Alemán.—José J. Monteagudo.—Martín Morúa Delgado.—José Luis Robau.—Luis Fortún.—Manuel R. Silva.—Pedro Betancourt.—Eliseo Giberga.—Joaquín Quílez.—Gonzalo de Quesada.—Diego Tamayo.—Manuel Sanguily.—Alejandro Rodríguez.—Miguel Gener.—Emilio Núñez.—Leopoldo Berriel.—José Lacret.—Rafael Portuondo.—José Fernández de Castro.—Antonio Bravo Correoso.—José N. Ferrer.—Juan Gualberto Gómez.—Rafael Manduley.—Salvador Cisneros Betancourt.—Pedro González Llorente.—Alfredo Zayas, Secretario.—Enrique Villuendas, Secretario.

Constitución de la Yaya

CONSTITUCIÓN DE LA YAYA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA.
29 de Octubre de 1897
Nosotros, los Representantes del Pueblo Cubano, libremente reunidos en Asamblea Constituyente; convocada a virtud del mandato contenido en la Constitución de diez y seis de Septiembre de mil ochocientos noventa y cinco, ratificando el propósito firme e inquebrantable de obtener la independencia absoluta e inmediata de toda la isla de Cuba para constituir en ella una República democrática e inspirándonos en las necesidades actuales de la Revolución decretamos la siguiente:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE CUBA
Título I

Del territorio y la ciudadanía.

Artículo Primero.-

La República de Cuba comprende el territorio que ocupa la Isla de Cuba e Islas y Cayos adyacentes. Una ley determinará la división del territorio.

Artículo Segundo.-

Son cubanos:

1.Las personas nacidas en territorio cubano;

2.Los hijos de padre o madre cubanos, aunque nazcan en el extranjero;

3.Las personas que estén al servicio directo de la Revolución, cualquiera que sea su naturalidad de origen.

Artículo Tercero.-

Todos los cubanos están obligados a servir a la patria con sus personas y bienes, de acuerdo con las Leyes y según sus aptitudes. El servicio militar es obligatorio e irredimible.

 

Título II

De los derechos individuales y políticos.

Artículo Cuarto.-

Nadie podrá ser detenido, procesado ni sufrir condena sino en virtud de hechos penados en Leyes anteriores a su ejecución y en la forma que las mismas determinen.

Artículo Quinto.-

Ninguna autoridad podrá detener ni abrir correspondencia oficial o privada, salvo con las formalidades que las Leyes establezcan y por causa de delito.

Artículo Sexto.-

Los cubanos y extranjeros serán amparados en sus opiniones religiosas y en el ejercicio de sus respectivos cultos, mientras éstos no se opongan a la moral pública.

Artículo Séptimo.-

Nadie podrá ser compelido a pagar otras contribuciones que las acordadas por Autoridad competente.

Artículo Octavo.-

La enseñanza es libre en todo el territorio de la República.

Artículo Noveno.-

Los cubanos pueden dirigir libremente peticiones a las autoridades con derecho a obtener resolución oportuna. Las fuerzas armadas deberán ajustarse en el ejercicio de este derecho a lo que prevengan las Ordenanzas y la Ley de Organización Militar.

Artículo Décimo.-

El derecho electoral se regulará por el Gobierno sobre la base del sufragio universal.

Artículo Décimo primero.-

Nadie podrá penetrar en domicilio ajeno, sino cuando trate de evitar la comisión de un delito o estando al efecto competentemente autorizado.

Artículo Décimo segundo.-

Ningún cubano puede ser compelido a mudar de domicilio, sino por decisión judicial.

Artículo Décimo tercero.-

Todos los cubanos tienen derecho a emitir con libertad sus ideas y a reunirse y asociarse para los fines lícitos de la vida.

Artículo Décimo cuarto.-

Los derechos cuyo ejercicios garantizan los tres artículos anteriores, podrán, mientras dure el actual estado de guerra, ser suspendidos total o parcialmente por el Consejo de Gobierno.
Título III

Del Gobierno de la República.

Sección lª

De los Poderes Públicos

Artículo Décimo quinto.-

El Poder Ejecutivo reside en un Consejo de Gobierno que tendrá la facultad de dictar leyes y Disposiciones de carácter general con arreglo a esta Constitución.

Artículo Décimo sexto.-

La Administración de Justicia en lo criminal corresponde a la jurisdicción de guerra y se ejercerá en la forma que las Leyes determinen.

Artículo Décimo séptimo.-

La Administración de Justicia en lo Civil corresponde a las Autoridades de este orden y su funcionamiento será regulado por una Ley.

Sección 2ª

Del consejo de Gobierno.

Artículo Décimo octavo.-

El Consejo de Gobierno se compone de un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios de Estado para el despacho de los asuntos de Guerra, Hacienda, Exterior e Interior. Todos los miembros del Consejo tienen voz y voto en sus deliberaciones.

Artículo Décimo noveno.-

Para ser Presidente o Vicepresidente se requiere ser cubano de nacimiento o ciudadano cubano con más de diez años de servicios a la causa de la Independencia de Cuba y haber cumplido la edad de treinta años. Para ser Secretario de Estado haber cumplido la edad de veinticinco años.

Artículo Veinte.-

El Consejo de Gobierno nombrará su Secretario, que podrá separar libremente.

Artículo Veintiuno.-

Cada Secretario de Estado tendrá un Vicesecretario, que suplirá al Secretario en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y desempeñará las comisiones que le confíe el Consejo de Gobierno.

Artículo Veintidos.-

Son atribuciones del Consejo de Gobierno, además de las estatuídas por otros artículos de esta Constitución:

1. Dictar todas las Leyes y Disposiciones relativas al Gobierno de la Revolución y a la vida militar, civil y política del Pueblo Cubano.

2. Resolver las peticiones que se le dirijan, disponiendo se tramiten en forma las que no vengan en grado.

3. Deponer mediante justa causa y bajo su responsabilidad a cualquier Consejero o Vicesecretario. De esta resolución se dará cuenta en la primera Asamblea y sólo podrá adoptarse por los votos conformes de cuatro Consejeros.

4. Nombrar Secretarios y Vicesecretarios para el desempeño de un Despacho cuando ambos cargos estuvieren vacantes durante dos meses.

5. Nombrar y separar los funcionarios públicos de todo orden en la forma que las Leyes determinen, disponiendo sean sometidos a los tribunales de justicia en los casos que proceda

6. Determinar la política de guerra y las líneas generales de la campaña e intervenir, cuando a su juicio exista fundado motivo para ello, en las operaciones militares por intermedio siempre de los Generales de la Nación.

7. Levantar tropas, declarar represalias y conceder patentes de corso.

8.Conferir los grados militares de Alférez a Mayor General en la forma que establezca la Ley de Organización Militar.

9. Emitir papel moneda, acuñar ésta, determinando su especie y valor.

10.Contratar empréstitos, fijando sus vencimientos, intereses, descuentos, corretajes y garantías, y hacer todas las negociaciones que aconseje el bien público, siendo estrechamente responsable del uso que haga de estas facultades y de las que determine el número anterior.

11. Imponer contribuciones, decretar la inversión de los fondos públicos y pedir y aprobar cuentas de la misma.

12. Determinar la política exterior y nombrar y separar agentes Representantes y Delegados de todas categorías.

13. Conceder pasaportes.

14. Extender los salvo-conductos necesarios para el ejercicio de las funciones de Gobierno.

15.Celebrar tratados con otras potencias designando los Comisionados que deben ajustarlos, pero sin poder delegar en ellos su aprobación definitiva. El de paz con España ha de ser ratificado por la Asamblea, y no podrá ni siquiera iniciarse sino sobre la base de independencia absoluta e inmediata de toda la Isla de Cuba.

Artículo Veintitres.-

No son delegables las facultades que esta Ley otorga al Consejo de Gobierno o a cualquiera de sus miembros.

Artículo Veinticuatro.-

Los acuerdos todos del Consejo habrán de tomarse por mayoría absoluta, concurriendo a la sesión por lo menos cuatro Consejeros, entre ellos el que desempeñe la Secretaría del Ramo a que el asunto pertenezca.

Artículo Veinticinco.-

Los Consejeros no podrán desempeñar ni ser nombrados para ningún otro cargo mientras estén ejerciendo sus funciones, exceptuándose el de Representante en la Asamblea que ratifique el tratado de paz con España.

Artículo Veintiseis.-

Los Consejeros no podrán ser procesados sin previa autorización del Gobierno, ni detenidos, salvo el caso de flagrante delito. Los Vicesecretarios, en comisión expresa y determinada del Consejo de Gobierno, gozarán de esta misma prerrogativa.

Sección 3ª

Del Presidente y Vicepresidente de la República

Artículo Veintisiete.-

El Presidente de la República es el Presidente del Consejo de Gobierno y en su carácter representativo superior jerárquico de todos los funcionarios.

Artículo Veintiocho.-

Son sus atribuciones:

1. Representar a la República en sus actos y relaciones oficiales.

2.Autorizar con su firma los documentos que se dirijan a funcionarios extranjeros de igual jerarquía.

3. Firmar las Proclamas y Manifiestos que acuerde el Consejo de Gobierno.

4. Autorizar con su visto bueno los despachos y certificaciones que expidan los Secretarios de Estado o el del Consejo.

5. Autorizar a nombre del Consejo de Gobierno los Diplomas y nombramientos que éste acuerde.

Artículo Veintinueve.-

El Vicepresidente asistirá con voz y voto a todas las Sesiones del Consejo y sustituirá al Presidente con todas sus facultades, en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Sección 4ª

De los Secretarios de Estado.

Artículo Treinta.-

Los Secretarios de Estado tendrán como facultad privativa la tramitación de los asuntos relativos a sus Despachos y serán los Jefes Superiores de todos los Funcionarios y empleados de sus ramos, que propondrán cuando conforme a las Leyes deba nombrarlos el Consejo de gobierno.

Artículo Treinta y uno.-

El Secretario de la Guerra será el Jefe superior jerárquico del Ejército Libertador.

Artículo Treinta y dos.-

Los servicios administrativos del Ejército dependen de la Secretaría de la Guerra y serán reglamentados por la Ley de Organización Militar.

Artículo Treinta y tres.-

El Secretario de Hacienda será el depositario de los fondos nacionales y dependerán de él los asuntos relativos a Deuda Pública y Contabilidad.

Artículo Treinta y cuatro.-

El Secretario del Exterior es el Jefe Superior inmediato de todos los Agentes, Representantes y Delegados en el extranjero.

Artículo Treinta y cinco.-

El Secretario del Interior será el encargado de los asuntos de la vida civil y Jefe Superior de las Autoridades y empleados del Ramo.

Sección 5ª

Del Secretario del Consejo de Gobierno.

Artículo Treinta y seis.-

El Secretario del Consejo asistirá sin voz ni voto a todas las Sesiones del Consejo de Gobierno, cuyas actas redactará autorizándolas con su firma, después de aprobadas y firmadas por todos los Consejeros que hayan asistido a la sesión.

Artículo Treinta y siete.-

Expedirá con vista de sus archivos las certificaciones que ordene el Presidente o el Consejo de Gobierno.
Título IV

De la Asamblea de Representantes.

Artículo Treinta y ocho.-

La Asamblea de Representantes deberá reunirse a los dos años de promulgada esta Ley y tendrá facultades para hacer una nueva Constitución o modificar ésta, censurar la gestión del Gobierno y proveer a todas las necesidades de la República. El Consejo de Gobierno con la debida anticipación y bajo su más estrecha responsabilidad, adoptará las medidas oportunas para que se cumpla este precepto constitucional.

Artículo Treinta y nueve.-

Deberá también reunirse la Asamblea de Representantes cuando resulten vacantes los cargos de Presidente y Vicepresidente o cuando dos Secretarías de Estado no tengan para su desempeño personas nombradas por la asamblea al efecto, o éstas se encuentren impedidas para el ejercicio del cargo. Esta Asamblea tendrá por objeto exclusivo proveer los cargos vacantes o servidos por personas nombradas con arreglo al inciso 4 artículo 22 de la Constitución.

Artículo Cuarenta.-

Si el Gobierno, de acuerdo con el inciso 15 del mismo Art. 22 pactase la paz con España, convocará la Asamblea que deba ratificar el tratado. Esta Asamblea proveerá interinamente al régimen y Gobierno de la República hasta que se reúna la Asamblea Constituyente definitiva.

Artículo Cuarenta y uno.-

Si España, sin acuerdo previo con el Consejo de Gobierno, evacuase todo el territorio, se convocará una Asamblea que tendrá las mismas facultades que se especifican en el segundo párrafo del artículo anterior. Se entenderá llegado este caso cuando los Ejércitos Cubanos ocupen de un modo permanente todo el territorio de la Isla, aunque el enemigo conserve en su poder algunas fortalezas.

Artículo Cuarenta y dos.-

La Asamblea se compondrá de cuatro Representantes por cada uno de los territorios en que actualmente opere un Cuerpo de Ejército. En los casos determinados por los artículos anteriores serán ocho los Representantes que debe elegir cada territorio.

Artículo Cuarenta y trés.-

La Asamblea de Representantes, mientras no acuerde otra cosa, se ajustará para su constitución y funcionamiento al Reglamento Interior vigente.

Artículo Cuarenta y cuatro.-

Los Representantes son inmunes por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo y no podrán ser detenidos, ni procesados por ningún motivo sin previa autorización de la Asamblea. Podrán sin embargo, ser detenidos, dándose cuenta inmediatamente a la Asamblea, en los casos de flagrante delito.

Artículo Cuarenta y cinco.-

El cargo de Representante es incompatible con el ejercicio de cualquier otro. Una vez disuelta la Asamblea, volverá cada uno de sus individuos a ocupar, si no lo hubiese renunciado, el empleo que desempeñaba en el momento de la elección.
Título V

Disposiciones Generales

Artículo Cuarenta y seis.-

La República de Cuba sólo garantizará las deudas reconocidas por la Constitución de mil ochocientos noventa y cinco y las que con posterioridad se hayan contraído o contraigan legítimamente.

Artículo Cuarentisiete.-

Los extranjeros no podrán reclamar indemnización alguna por daños que les hayan causado las fuerzas cubanas con anterioridad a la fecha en que sus respectivos Gobiernos reconozcan la beligerancia o Independencia de Cuba.

Artículo Cuarentiocho.-

Esta Constitución regirá hasta que se promulgue otra que la derogue.

Yaya, Camagüey a veinte y nueve de octubre de mil ochocientos noventa y siete.

Constitución de Jimaguayú

CONSTITUCIÓN DE JIMAGUAYÚ
CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE CUBA
16 de Septiembre de 1895
La revolución por la independencia y creación de Cuba en República democrática, en su nuevo período de guerra iniciada en 24 de Febrero último, solemnemente declara la separación de Cuba de la monarquía española y su constitución como Estado libre e independiente con gobierno propio, por autoridad suprema, con el nombre de República de Cuba, y confirma su existencia entre las divisiones políticas de la tierra. Y en su nombre y por delegación que al efecto les han conferido los cubanos en armas, declarando previamente ante la patria la pureza de sus pensamientos, libres de violencias, de ira o de prevención y sólo inspirados en el propósito de interpretar en bien de Cuba los votos populares para la institución del régimen y gobierno provisionales de la República, los representantes electos de la Revolución, en Asamblea Constituyente, han pactado ante Cuba y el mundo civilizado, con la fe de su honor empeñado en el cumplimiento, los siguientes artículos de Constitución:
1.El Gobierno Supremo de la República residirá en un Consejo de Gobierno, compuesto de un Presidente, un Vicepresidente, y cuatro Secretarios de Estado, para el desempeño de los asuntos de Guerra, de lo Interior, de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

2.Cada Secretario tendrá un Subsecretario de Estado para suplir los casos de vacante.

3.Serán atribuciones del Consejo de Gobierno:

(1) Dictar todas las disposiciones relativas a la vida civil y política de la revolución.
(2) Imponer y percibir contribuciones, contraer empréstitos públicos, emitir papel moneda, invertir los fondos recaudados en la Isla por cualquier título que sean, y los que a título oneroso se obtengan en el extranjero.
(3) Conceder patentes de corso, levantar tropas y mantenerlas, declarar represalias respecto a el enemigo y ratificar tratados.
(4) Conceder autorización, cuando así lo estime oportuno, para someter al Poder Judicial al Presidente y demás miembros del Consejo si fuesen acusados.
(5) Resolver las reclamaciones de toda índole, excepto judicial, que tienen derecho a presentarle todos los hombres de la Revolución.
(6) Aprobar la ley de organización militar y ordenanzas del Ejército que propondrá el General en Jefe.
(7) Conferir los grados militares de Coronel en, adelante, previos informes del Jefe Superior inmediato y del General en Jefe y designar el nombramiento de este último y del Lugar Teniente General, en caso de vacante de ambos.
(8) Ordenar la elección de cuatro representantes por cada Cuerpo de Ejército, cada vez que, conforme con esta Constitución, sea necesaria la convocatoria de Asambleas.
4.El Consejo de Gobierno solamente intervendrá en las operaciones militares, cuando a su juicio sea absolutamente necesario a la realización de otros fines políticos.

5.Es requisito para la validez de los acuerdos del Consejo de Gobierno el de haber tomado parte en la deliberación los dos tercios de los miembros del mismo y haberse resuelto aquéllos por voto de la mayoría de los concurrentes.

6.El cargo de Consejero es incompatible con los demás de la República y requiere la edad mayor de veinticinco años.

7.El Poder Ejecutivo residirá en el Presidente, o en su defecto en el Vicepresidente.

8.Los acuerdos del Consejo de Gobierno serán sancionados y promulgados por el Presidente, quien dispondrá lo necesario para su cumplimiento en un término que no excederá de diez días.

9.El Presidente puede celebrar tratados con la ratificación del Consejo de Gobierno.

10.El Presidente recibirá a los Embajadores y expedirá sus despachos a todos los funcionarios.

11.El tratado de paz con España que ha de tener precisamente por base la Independencia absoluta de la Isla de Cuba, deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno y la Asamblea de Representantes convocada expresamente para ese fin.

12.El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de vacante.

13.En caso de resultar vacantes los cargos de Presidente y Vicepresidente, por renuncia, de posición, muerte, u otra causa, se reunirá una Asamblea de Representantes para la elección de los que hayan de desempeñar los cargos vacantes, que interinamente ocuparán los Secretarios de más edad.

14.Los Secretarios tomarán parte con voz y voto en las deliberaciones de los acuerdos de cualquiera índole que fuesen.

15.Es atribución de los Secretarios proponer todos los empleos de sus respectivos despachos.

16.Los Subsecretarios sustituirán en los casos de vacante a los Secretarios de Estado, teniendo entonces voz y voto en las deliberaciones.

17.Todas las fuerzas armadas de la República y la dirección de las operaciones de la guerra estarán bajo el mando directo del General en Jefe, que tendrá a sus órdenes como segundo en el mando un Lugarteniente general que le sustituirá en caso de vacante.

18.Los funcionarios de cualquiera orden que sean se prestarán recíproco auxilio para el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Gobierno.

19.Todos los cubanos están obligados a servir a la Revolución con su persona e intereses según sus aptitudes.

20.Las fincas y propiedades de cualquier clase pertenecientes a extranjeros, estarán sujetas al pago del impuesto en favor de la Revolución, mientras sus respectivos Gobiernos no reconozcan la beligerancia de Cuba.

21.Todas las deudas y compromisos contraídos desde que se inició el actual período de guerra hasta ser promulgada esta Constitución por los jefes de cuerpo de ejército en beneficio de la revolución, serán válidos como los que en lo sucesivo correspondan al Consejo de Gobierno efectuar.

22.El Consejo de Gobierno podrá deponer a cualquiera de sus miembros por causa justificada, a juicio de dos tercios de los Consejeros, y dará cuenta en la primera Asamblea que se convoque.

23.El Poder Judicial procederá con entera independencia de todos los demás: su organización y reglamentación estarán a cargo del Consejo de Gobierno.

24.Esta Constitución regirá a Cuba durante dos años a contar desde su promulgación si antes no termina la guerra de independencia. Transcurrido este plazo se convocará a Asamblea de Representantes que podrá modificarla y procederá a la elección del nuevo Consejo de Gobierno, y a la censura del saliente.

Así lo han pactado, y en nombre de la República lo ordena, la Asamblea Constituyente en Jimaguayú a 16 de Septiembre de 1895. Y en testimonio firmamos los Representantes delegados del Pueblo Cubano en armas.

Constitución de Baraguá

CONSTITUCIÓN DE BARAGUÁ
23 de Marzo de 1878

Artículo 1
La Revolución se regirá por un Gobierno provisional, compuesto de cuatro individuos.

Artículo 2
El gobierno provisional nombrará un General en Jefe que dirija las operaciones militares.

Artículo 3
El Gobierno queda facultado para hacer la paz bajo las bases de independencia.

Artículo 4
No podrá hacer la paz con el Gobierno español bajo otras bases sin el conocimiento y consentimiento del pueblo.

Artículo 5
El Gobierno pondrá en vigor todas las leyes de la República que sean compatibles con la presente situación.

Constitución de Guáimaro

Cuba posee una profunda tradición parlamentaria que tiene su principal referente histórico en la Constitución de la primera Cámara de Representantes el 10 de abril de 1869 en el oriental poblado de Guáimaro. Los insurgentes mambises presentes en la cita, entre ellos Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, José Joaquín Palma, Eduardo Machado y Antonio Zambrana, contaban con el conocimiento y el amor hacia las instituciones representativas heredados de la primera generación de independentistas, entre los que se contaban Agustín Caballero y el padre Félix Varela, figura descollante del momento.

Fue precisamente el sacerdote Félix Varela quien fundara la Cátedra de Constitucionalismo durante sus años al frente del antiguo Seminario de San Carlos y San Ambrosio en la primera mitad del siglo XIX, lo cual marcó el inicio de la entrada paulatina al contexto ideológico de la Isla de conceptos tales como el Republicanismos, lo cual indicaba claras señales de modernidad.

Sin embargo, el Doctor en Ciencias Históricas Antonio Álvarez Pitaluga, señala que la conocida como Constitución de Aponte, redacta desde Venezuela durante el año 1812 y proyectada hacia la realidad cubana, también puede tomarse como uno de los inicios de la tradición parlamentaria en la Isla (Pis Guirola, entrevista personal, 4 de abril de 2014).

De tal modo, las capas más instruidas de la sociedad cubana, de las cuales surgieron los principales líderes independentistas de la Guerra de los 10 años, eran acreedoras de un profundo respeto hacia las instituciones representativas.

El periodista cubano Lázaro Barredo Medina ha señalado que en las dos guerras de independencia protagonizadas por nuestros mambises, esa actitud, aún en medio de cruentos combates, siempre estuvo presente. Y ejemplo de ello es que durante ambos periodos se hayan proclamando cuatro constituciones, que asentarían iguales principios, “aunque cada una con más amplitud que la anterior y adecuada a los acontecimientos y tendencias de la época en cuanto a declarar la lucha revolucionaria como única vía para lograr la absoluta independencia e instaurar una república soberana” (S/F: 22).

En estas constituciones puede apreciarse una perspectiva burguesa, con el paradigma de la Revolución Francesa y del tríptico de poderes, de lo que se entiende como Mundo Moderno, señaló Álvarez Pitaluga (EP, 2014).

En octubre de 1898 la situación nacional requirió cumplir el acuerdo de la Constitución de La Yaya antes mencionado, y fue convocada la Asamblea de Santa Cruz, la cual trascendió a la historia con ese hombre, aunque en 1899 se trasladó varias veces y, por último, se instaló en El Cerro, La Habana.

Esta Asamblea no tuvo un verdadero líder que unificara criterios y controlara las opiniones y los proyectos. Aunque llena de amor a Cuba y de buenos propósitos, poco pudo hacer en momentos especialmente convulsos en los que tanto peligraba la consecución del objetivo independentista por el que se habían vertido torrentes de sangre.

A fines de 1899 Tomas Estrada Palma disolvió el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, y que había quedado bajo su dirección a la muerte del prócer, lo que condujo al debilitamiento de la unidad ideológica de la revolución y eliminó de hecho un efectivo eslabón de cohesión.

La Asamblea de Santa Cruz se propuso asumir la dirección del país e implantar la creación del Estado. Designó a una comisión para que fuese a Estados Unidos y precisara el futuro de Cuba, siempre con la proyección de instaurar una nación libre y soberana.

Pero el gobierno norteamericano no la consideró “oficial” y, por tanto, no la reconoció como representantes del pueblo cubano.

Las aviesas intenciones yanquis ejecutaban acciones rápidas y efectivas. Estados Unidos se introdujo en la guerra cubano-española y la convirtió en falsamente hispano-cubano-norteamericana, por medio del autoatentado al acorazado Maine. Esta intervención despojó a los mambises de su merecida victoria conquistada al filo del machete en las maniguales llamas, como acto filibustero de nuevo tipo, propio del imperialismo norteamericano emergente.

Con la entrada del siglo XX, y la instauración de una República de bases burguesas, extremadamente comprometida con los intereses norteamericanos en la Isla, se establece con Cuba la Constitución de 1901. Posteriormente el gobernador inventor yanqui de la Isla Leonardo Wood, le impuso a la Asamblea Constituyente la tristemente célebre Enmienda Platt que poca o ninguna libertad le dejó a la naciente República.

A partir de entonces, comienza a funcionar un Congreso bicameral con semejanzas estructurales al Congreso de los Estados Unidos con exclusividad de potestades legislativas. Este Congreso estuvo activo hasta el triunfo de la Revolución en 1959, a excepción de dos momentos en los que es suspendido, según comenta el profesor de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Fabricio Mulet (EP, 2014). Estos momentos fueron, primero, durante la segunda intervención militar norteamericana entre los años 1906 y 1909 y luego, durante el gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, hijo (1933-1935).

En 1940, el Congreso aprueba una nueva Constitución. Esta pasaría a la Historia como una Carta Magna de grandes visos protagonistas, modernos, pero cuyas mayores aportaciones a la sociedad en materia de economía, reformas sociales y políticas nunca pudieron ejecutarse a falta de leyes que las instrumentaran y visibilizaran el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.

A partir del triunfo de la Revolución en 1959, Cuba se sumergió en un profundo proceso de reordenamiento desde la política y la cultura. Para desterrar cualquier vestigio de neocolonialismo, y conscientes de que toda revolución es ante todo una profunda subversión cultural, la máxima dirección del país procedió al desmantelamiento de las estructuras institucionales  heredadas del periodo anterior. El recién formado estado debía barrer las antiguas estructuras de poder, objetivaciones de las ideologías capitalistas e inoperantes a los efectos de los proyectos que la nueva sociedad aun en construcción asumiría.

De tal suerte, los primeros años que sucedieron se caracterizaron por la ausencia de instituciones representativas, pues como explicaba Fidel Castro durante una intervención en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, “la Revolución no se apresuró en dotar al país de formas estatales definitivas. No se trataba simplemente de cubrir un expediente sino de crear instituciones solidas, bien meditadas y duraderas que respondiera a las realidades del país.” (Castro, 1975 en Barredo, S/F)

Estas peculiaridades de la estructura política del momento, estuvieron condicionadas por la necesidad de asegurar un nivel alto y constante de preparación militar de todo el pueblo para enfrentar las agresiones económicas, políticas, diplomáticas, armadas y culturales de los Estados Unidos y la contrarrevolución interna.

Se hizo necesario un aparato ágil y operativo que ejerciera el poder del pueblo, que funcionase como órgano lesgislativo y ejecutivo al mismo tiempo y que pudiera tomar decisiones sin dilaciones. Este papel lo jugó el Gobierno Revolucionario (Consejo de Ministros), apoyado en instituciones provisionales y en la participación popular activa a través del fuerte sistema de organizaciones como los Comité de Defensa de la Revolución, los cuales cumplieron, en ese tiempo, varias tarea de carácter estatal.

Emilio Duharte, profesor de la universidad de la Habana, apunta en el texto Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos, que el gobierno y el pueblo no podían desviar sus esfuerzos y recursos a las formalidades de la democracia, cuando el criterio principal –la participación política ciudadana- era garantizada en lo fundamental.

La consulta directa al pueblo era el tipo de democracia que se ejercía en los años ´60 y en ese momento tuvo una razón de ser coyuntural y fue muy funcional.  Constitucionalmente la nación no quedó desamparada, pues se puso a funcionar la ley fundamental. Esta rescató los elementos que más se avenían a las condiciones que vivía el país de la Constitución del ´40, derogada por Fulgencio Batista a partir de su golpe de Estado en 1952.

Pasados los primeros años, ya estaban creadas las condiciones para la organización de nuevas estructuras de gobierno y el primer paso fue el sometimiento a escrutinio popular de la Constitución Socialista de la República de Cuba, que respaldara las acciones revolucionarias. La nueva Carta Magna quedó aprobada el 15 de febrero de 1976, y es aún vigente. Como parte de este proceso, además, se estableció una nueva división político-administrativa y se crearon los órganos del Poder Popular.

Fue entre los años 1974 y 1975 que se realizaron los primeros experimentos de instauración y funcionamiento de los nuevos órganos del Poder Popular. El primero de ellos tuvo lugar en la ciudad de Matanzas. A partir de 1976, la experiencia se generalizó a todo el país por acuerdo del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Caballero (2013:8) explica que el establecimiento de las instituciones representativas en el Estado cubano significó un paso trascendente en el proceso revolucionario. “Con ella se completan los elementos que deben integrar el Estado proletario; y si durante los primeros años por la supervivencia no eran indispensables ni vitales, e incluso podían haber significado un cierto freno a la agilidad necesaria que requería el Estado en aquellos momentos, con las condiciones creadas, se había convertido en una necesidad insoslayable con el cual se le daría forma institucional, regular, real y sistemática a la participación del pueblo.”

CONSTITUCIÓN DE GUÁIMARO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE REGIRÁ EN CUBA MIENTRAS DURE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

10 de Abril de 1869
Preámbulo
Los representantes del pueblo libre de la Isla de Cuba, en uso de la soberanía nacional establecemos provisionalmente la siguiente Constitución política que regirá lo que dure la guerra de Independencia.

Artículo 1
El Poder Legislativo residirá en una Cámara de Representantes del pueblo.

Artículo 2
A esta Cámara concurrirá igual representación por cada uno de los cuatro Estados en que se considera desde este instante dividida la Isla.

Artículo 3
Estos Estados son: Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente.

Artículo 4
Sólo pueden ser representantes los ciudadanos de la República mayores de veinte años.

Artículo 5
El cargo de Representante es incompatible con todos los demás de la República.

Artículo 6
Cuando ocurran vacantes en la representación de algún Estado, el Ejecutivo del mismo dictará las medidas necesarias para la nueva elección.

Artículo 7
La Cámara de Representantes nombrará el Presidente encargado del Poder Ejecutivo, el General en Jefe, el Presidente de sus sesiones y demás empleados suyos. El General en Jefe está subordinado al Ejecutivo y debe darle cuenta de sus operaciones.

Artículo 8
Ante la Cámara de Representantes deben ser acusados cuando hubiere lugar, el Presidente de la República, el General en Jefe y los miembros de la Cámara. Esta acusación puede hacerse por cualquier ciudadano, si la Cámara la encuentra atendible, someterá el acusado al Poder Judicial.

Artículo 9
La Cámara de Representantes puede deponer libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le corresponde.

Artículo 10
Las decisiones legislativas de la Cámara necesitan para ser obligatorias la sanción del Presidente.

Artículo 11
Si no la obtuvieren, volverán inmediatamente a la Cámara para nueva deliberación, en la que se tendrán en cuenta las objeciones que el Presidente presentare.

Artículo 12
El Presidente está obligado en el término de diez días a impartir su aprobación a los proyectos de ley o a negarla.

Artículo 13
Acordada por segunda vez una resolución de la Cámara, la sanción será forzosa para el Presidente.

Artículo 14
Deben ser objeto indispensables de ley las contribuciones, los empréstitos públicos, la ratificación de los tratados, la declaración y conclusión de la guerra, la autorización al Presidente para conceder patentes de corso, levantar tropas y mantenerlas, proveer y sostener una armada, y la declaración de replesalias con respecto al enemigo.

Artículo 15
La Cámara de Representantes se constituye en sesión permanente desde el momento en que los Representantes del pueblo ratifiquen esta ley fundamental, hasta que termine la guerra.

Artículo 16
El Poder Ejecutivo residirá en el Presidente de la República.

Artículo 17
Para ser Presidente se requiere la edad de treinta años y haber nacido en la Isla de Cuba.

Artículo 18
El Presidente puede celebrar tratados con la ratificación de la Cámara.

Artículo 19
Designará los embajadores, ministros plenipotenciarios y cónsules de la República en los países extranjeros.

Artículo 20
Recibirá los embajadores, cuidará de que se ejecuten fielmente las leyes y expedirá sus despachos a todos los empleados de la República.

Artículo 21
Los secretarios del despacho serán nombrados por la Cámara a propuesta del Presidente.

Artículo 22
El Poder Judicial es independiente, su organización será objeto de una ley especial.

Artículo 23
Para ser elector se requieren las mismas condiciones que para ser elegido.

Artículo 24
Todos los habitantes de la República son enteramente libres.

Artículo 25
Todos los ciudadanos de la República se considerarán soldados del Ejército Libertador.

Artículo 26
La República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno.

Artículo 27
Los ciudadanos de la República no podrán admitir honores ni distinciones de un país extranjero.

Artículo 28
La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo.

Artículo 29
Esta Constitución podrá enmendarse cuando la Cámara unánimemente lo determine.

VIII Legislatura

Asamblea Nacional del Poder Popular

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