Ley de Procedimiento Penal

BLAS ROCA CALDERIO, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que en sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada del 12 al 14 de julio de 1977, correspondiente al primer período ordinario de sesiones, fue aprobado lo siguiente:

POR CUANTO: La nueva organización de los Tribunales ajustada a los cambios introducidos a la división político-administrativa del país hace necesario modificar el régimen procesal penal vigente, especialmente en lo relativo a las normas de la competencia, puesto que en la nueva organización se suprimen los Tribunales Regionales y los Tribunales de Base y se crean los Tribunales Municipales Populares.

POR CUANTO: Es necesario también modificar el procedimiento penal a fin de regular lo referente al conocimiento de los delitos que eventualmente se imputen a los funcionarios de los nuevos cargos creados en el proceso de institucionalización que se desarrolla sobre la base de la Constitución Socialista.

POR CUANTO: Conviene aprovechar la oportunidad para introducir en la Ley de Procedimiento Penal modificaciones que tiendan a garantizar una instrucción más eficaz de los procesos, una aplicación más adecuada de las medidas cautelares y, consecuentemente, una depuración más precisa de las causas, de modo que lleguen a la fase de juicio oral solamente aquellas en que se hayan acumulado suficientes elementos probatorios.

POR CUANTO: Se ha hecho necesario redefinir la competencia de los Tribunales Militares con respecto a los delitos en que participen conjuntamente militares y civiles a fin de proteger más eficazmente el secreto que deben guardar los primeros, lo que resulta posible dado el carácter de pueblo uniformado que tienen nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias.

POR CUANTO: Es conveniente, a los fines de su mejor aplicación y consulta, que las modificaciones necesarias se consignen en un texto único, con los preceptos no modificados de la ley vigente, en una nueva Ley de Procedimiento Penal.

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popular acuerda la siguiente:

LEY NO. 5

LEY DE PROCEDIMIENTO PENAL

LIBRO PRIMERO

DEL PROCESO PENAL

 

TÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- La justicia penal se imparte en nombre del pueblo de Cuba. No puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley y en virtud de sentencia dictada por Tribunal competente.

ARTÍCULO 2.- Los funcionarios que intervienen en el procedimiento penal vienen obligados, dentro de sus respectivas atribuciones, a consignar en las actuaciones y apreciar en sus resoluciones las circunstancias, tanto adversas como favorables al acusado, y a instruirlo de los derechos que le asisten.

ARTÍCULO 3.- Se presume inocente a todo el acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él. Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos.

 

TÍTULO II

DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA

 

CAPÍTULO I

DE LA JURISDICCION

ARTÍCULO 4.- Corresponde a los Tribunales Populares de lo penal el conocimiento de los procesos que se originen en virtud de la comisión de hechos punibles comunes y contra la seguridad del Estado, así como la declaración de los estados peligrosos.

ARTÍCULO 5.- Corresponde a los Tribunales Militares el conocimiento de los procesos penales por la comisión de todo hecho punible en que resulte acusado un militar, aun cuando alguno de los participantes o la víctima sean civiles.

La Policía, cuando no tenga conocimiento de un hecho punible en que haya participado un militar, dará cuenta con las actuaciones preliminares, al Fiscal Militar que corresponda, sin perjuicio de continuar practicando las diligencias de instrucción pertinentes.

Sin embargo, los referidos procesos serán de la competencia de la Fiscalía o del Tribunal Popular correspondiente, según la fase en que se encuentren, cuando el Fiscal o el Tribunal Militar, por estimarlo pertinente, se inhiban a favor de los mismos.

ARTÍCULO 6.- La competencia de los Tribunales de lo penal puede extenderse, al solo efecto de la represión, a las cuestiones civiles y administrativas que aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho justiciable que sea imprescindible su resolución para declarar la culpabilidad o inocencia del acusado, apreciar una excusa absolutoria o la concurrencia de circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad penal.

ARTÍCULO 7.- El Tribunal competente para conocer de un proceso lo es también para todas las incidencias que surjan en el mismo, para disponer el cumplimiento de las resoluciones necesarias en su tramitación y para la ejecución de las sentencias.

ARTÍCULO 8.- Los Tribunales Municipales Populares son competentes para conocer de los índices de peligrosidad predelictiva, de las contravenciones y de los delitos cometidos en sus respectivos territorios, sancionables con privación de libertad que no exceda de nueve meses, o de multa que no exceda de doscientas setenta cuotas, o ambas.

ARTÍCULO 9.- Los Tribunales Provinciales Populares son competentes para conocer de los procesos que se originen por hechos delictivos cometidos en su territorio, sancionables con multa de más de doscientas setenta cuotas, privación de libertad superior a nueve meses, o muerte, o que atenten, cualquiera que sea su sanción, contra la seguridad del Estado.

La competencia de las Salas respectivas de estos Tribunales se extenderá al territorio que determine el Pleno del Tribunal Supremo Popular, caso de hacer uso este órgano de la facultad que le concede el artículo 34 de la Ley de Organización del Sistema Judicial.

ARTÍCULO 10.- Se exceptúa de las reglas anteriores el conocimiento de las causas a que se refieren los artículos 385, 394 y 398.

ARTÍCULO 11.- Mientras no conste el lugar donde se haya cometido el delito o contravención, es competente, por su orden, para conocer del expediente, causa o juicio, el Instructor o Tribunal:

1) del territorio en que se hayan descubierto las primeras pruebas materiales del delito;

2) del territorio en que el presunto responsable haya sido detenido;

3) de la residencia del presunto responsable;

4) que primero hubiere tenido noticias del delito.

Tan pronto pueda determinarse el lugar de la comisión del delito o de la contravención, se enviarán la denuncia, el expediente o la causa y los efectos e instrumentos ocupados al Instructor o Tribunal que corresponda, poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiere.

ARTÍCULO 12.- Son competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos:

1) el Tribunal de superior categoría, cuando alguno de los acusados, por razón de su cargo, deba ser juzgado por ese Tribunal;

2) la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, cuando alguno de los delitos cometidos sea de su competencia;

3) el Tribunal del territorio en que se haya cometido el delito a que está señalada sanción mayor;

4) el Tribunal que primero haya comenzado a conocer de la causa, o el que designe el superior común cuando las causas hubieren comenzado al mismo tiempo, o no se pueda determinar cuál comenzó primero.

ARTÍCULO 13.- Se consideran delitos conexos:

1) los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, siempre que éstas vengan sujetas a diversos Tribunales por su condición o por la índole de los delitos cometidos;

2) los cometidos, previo concierto, por dos o más personas en distintos lugares o momentos;

3) los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución;

4) los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos;

5) los diversos delitos que se atribuyan a un acusado al incoarse expediente contra él por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí y no hubieren sido hasta entonces objeto de proceso.

 

CAPÍTULO II

DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA

ARTÍCULO 14.- Son competentes para resolver las cuestiones de competencia por razón del territorio:

1) entre Tribunales Municipales Populares de la misma provincia, la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular respectivo;

2) entre Tribunales Municipales Populares radicados en distintas provincias, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular;

3) entre Salas de lo Penal de dos o más Tribunales Provinciales Populares, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular;

4) entre Salas de Delitos contra la Seguridad del Estado de dos o más Tribunales Provinciales Populares, la Sala de Delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular.

ARTÍCULO 15.- Las cuestiones de competencia que se susciten por razón de la materia, se resuelven por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

ARTÍCULO 16.- Las cuestiones de competencia que surjan entre los Tribunales Populares y los Militares, se resuelven por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Dichas cuestiones se sustanciarán observando en lo pertinente las disposiciones de esta Capítulo.

ARTÍCULO 17.- Ningún Tribunal puede promover cuestiones de competencia a su superior o inferior en grado.

Cuando el inferior esté conociendo de causas cuyo conocimiento corresponda al superior, éste puede disponer, de oficio o a instancia de parte, que el inferior jerárquico le remita las actuaciones.

Cuando el inferior entienda que corresponde el conocimiento a otro superior, lo participa a éste, con remisión de los testimonios pertinentes, a fin de que pueda hacer uso de la facultad expresada en el párrafo anterior, y estará a lo que resuelva al respecto.

ARTÍCULO 18.- El Tribunal o Sala que se considere competente debe promover la cuestión de competencia, reclamando la causa del esté conociendo de ella, a cuyo efecto dictará el auto correspondiente. El Tribunal requerido accederá o resistirá el requerimiento. En el primer caso, le remitirá las actuaciones que cursen ante él, y en el segundo, lo participará así al requirente, mediante auto razonado.

ARTÍCULO 19.- Cuando un Tribunal o Sala se considere incompetente, se inhibirá mediante auto a favor del que estime que le corresponde el conocimiento de la causa.

Si éste acepta la inhibición, continuará en el conocimiento de la causa. De no aceptarla, dictará auto devolviendo las actuaciones al remitente.

ARTÍCULO 20.- Cuando dos Tribunales o Salas no se pongan de acuerdo a la primera comunicación sobre a cuál de ellos corresponde el conocimiento de un proceso, el que insista en la cuestión de competencia le comunicará al otro su resolución de que la cuestión la decida el superior común o el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, según proceda. En este caso, ambos dictarán auto fundado en que así lo dispongan y lo elevarán con los testimonios de los particulares pertinentes.

La Sala correspondiente o el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, según sea el caso, resolverá en un término que no excederá de cinco días cuál Tribunal debe seguir conociendo del proceso.

Contra esta resolución no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 21.- Promovida la cuestión de competencia, se suspenderá por ambos Tribunales la tramitación del proceso hasta que aquélla se decida, sin perjuicio de continuar en la práctica de las diligencias que por su urgencia sean necesarias.

 

TÍTULO III

DE LA RECUSACION Y EXCUSA

ARTÍCULO 22.- Pueden recusar:

1) el Fiscal;

2) el acusador particular en los casos en que esta Ley permita su intervención;

3) el acusado;

4) el acusado como responsable civilmente.

ARTÍCULO 23.- Los Jueces pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:

1) el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los acusados, las víctimas, los perjudicados por el hecho punible, los responsables civilmente o alguno de los Abogados que los representen;

2) la relación de adopción, tutela o guarda legal con alguna de las personas anteriormente señaladas;

3) ser o haber sido denunciante de alguno de los acusados;

4) hallarse sujeto a un proceso por haber sido denunciado por alguna de las personas señaladas en el apartado 1);

5) la amistad íntima o la enemistad manifiesta con cualquiera de las personas señaladas en el apartado 1);

6) haber sido defensor o acusador de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el proceso o alguna de sus incidencias como Abogado, o intervenido en aquél o en éstas como Fiscal, Instructor, investigador, perito o testigo;

7) tener pleito pendiente con alguna de las personas a que se refieren los apartados 2), 3) y 4) del artículo anterior;

8) tener interés directo o indirecto en el proceso.

ARTÍCULO 24.- La recusación puede proponerse por escrito en cualquier estado del proceso, pero nunca después de comenzado el juicio oral, a no ser que el motivo de la recusación sobrevenga posteriormente. Puede, asimismo, proponerse verbalmente ante el propio Tribunal al constituirse éste para dar comienzo al juicio oral o a la vista del recurso que proceda.

ARTÍCULO 25.- Si el recusado admite la certeza de la causal alegada, se le sustituye por el que legalmente corresponda.

En otro caso, si el Tribunal admite el incidente de recusación, se formará pieza separada para sustanciarlo, en el que no podrá intervenir el recusado.

La causa continuará su tramitación hasta el momento del señalamiento a juicio oral si en esta oportunidad aún no ha sido resuelto el incidente de recusación.

ARTÍCULO 26.- Formada la pieza separada, se oirá a las partes en el proceso por término común de tres días, dentro del cual podrán proponer las pruebas de que intenten valerse.

Las pruebas admitidas se practicarán en el término de ocho días, trascurrido el cual, el Tribunal, dentro de los tres siguientes, resolverá lo que proceda, continuando el proceso su curso.

Contra la resolución dictada en el incidente de recusación que admita o deniegue la práctica de cualquier diligencia de prueba, o que lo decida, no se dará recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.

ARTÍCULO 27.- El Tribunal puede rechazar de plano la recusación propuesta si no se funda en alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley, o la alegada es manifiestamente improcedente.

ARTÍCULO 28.- En la resolución en que se declare no haber lugar a sustanciar la recusación o en que ésta se desestime, puede imponerse al recusante una multa de veinticinco a cien pesos, excepto cuando el promovente haya sido el Fiscal.

ARTÍCULO 29.- El Juez comprendido en alguna de las causas de recusación lo pondrá en conocimiento del Tribunal a que pertenezca, sin esperar a que se le recuse; y el Tribunal, siendo aquélla cierta, lo tendrá por excusado, quedando, desde ese momento, eximido de intervenir en las actuaciones sucesivas del proceso.

ARTÍCULO 30.- Los Fiscales o Instructores no pueden ser recusados, pero sí excusarse de intervenir en un proceso cuando concurra en ellos alguna de las causas señaladas en el artículo 23, en lo pertinente. En tal caso, el Fiscal o el Instructor lo harán saber a su superior jerárquico, el cual, si considera válida la causa alegada, lo relevará de intervenir en las actuaciones judiciales objeto de la excusa.

 

TÍTULO IV

DE LOS TERMINOS JUDICIALES

ARTÍCULO 31.- Las resoluciones y diligencias judiciales se dictan y practican dentro de los términos señalados para cada una de ellas.

Cuando no se fija término, se entiende que han de dictarse o practicarse sin dilación.

La infracción injustificada de lo dispuesto en este artículo será corregida disciplinariamente, según la gravedad del caso, sin perjuicio del derecho de la parte agraviada para reclamar la indemnización de daños y perjuicios y demás responsabilidades que procedan.

ARTÍCULO 32.- Todos los días y horas son hábiles para las actuaciones de la fase preparatoria del proceso.

Para las demás actuaciones son hábiles todos los días excepto los declarados no laborables por la ley. Para las propias actuaciones son hábiles las horas comprendidas entre las siete de la mañana y las siete de la noche.

No obstante, los Tribunales pueden habilitar días y horas inhábiles para dichas actuaciones cuando fuere pertinente.

ARTÍCULO 33.- Son improrrogables los términos judiciales cuando la ley no disponga expresamente lo contrario, pero pueden suspenderse por el tiempo necesario o abrirse de nuevo, si es posible, cuando haya causa justa y probada, aunque sin retrotraer las actuaciones del estado en que se hallen. Se reputa causa justa la que haya hecho imposible dictar la resolución o practicar la diligencia, independientemente de la voluntad de los obligados a cumplimentar dichos trámites.

ARTÍCULO 34.- Los actos señalados para determinadas fechas no pueden suspenderse si no es por causa justificada.

ARTÍCULO 35.- Todo escrito que se presente o reciba se anotará en el libro que a dicho efecto se llevará. El Secretario da cuenta al Tribunal con los escritos que le presenten o reciba el mismo día de la presentación o recepción, o, a más tardar, al día siguiente.

ARTÍCULO 36.- Los Secretarios, sin la menor demora y bajo su responsabilidad, tienen la obligación de poner en conocimiento del Tribunal el vencimiento de los términos judiciales, consignándolo así por medio de diligencia.

ARTÍCULO 37.- Los autos se discuten, votan y firman inmediatamente que se dé cuenta con las cuestiones que los motiven, a no ser que por la complejidad de éstas sea necesario un término mayor, que, en ningún caso, puede exceder de tres días.

Las providencias se dictan y firman inmediatamente que el estado de las actuaciones lo requiera, o al día siguiente de la presentación de las solicitudes sobre que recaigan.

 

TÍTULO V

DE LOS DESPACHOS

ARTÍCULO 38.- Los Instructores, Fiscales y Tribunales se auxiliarán mutuamente, en cuanto sea necesario, para la práctica de las diligencias que se requieran en la sustanciación de los expedientes y causas penales.

ARTÍCULO 39.- Cuando una diligencia deba ser ejecutada por un Instructor, Fiscal o Tribunal distinto del que la haya dictado, éste encomendará su cumplimiento por medio de despacho.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Instructores, Fiscales y Tribunales deben realizar directamente las diligencias de prueba, citaciones, requerimientos, emplazamientos y notificaciones, cuando deban llevarse a cabo en la población o ciudad en que los mismos radiquen.

En caso de que una diligencia dispuesta por el Instructor, por el Fiscal o por el Tribunal deba practicarse fuera del territorio nacional, se observará lo establecido en el artículo 175.

ARTÍCULO 40.- Salvo que razones de moral, orden público o seguridad estatal aconsejen lo contrario, los despachos que por su urgencia así lo requieran, pueden librarse por vía radiotelegráfica, telegráfica, telefónica o cualquiera otra posible, con arreglo a las exigencias anteriormente señaladas.

ARTÍCULO 41.- Los organismos y empresas estatales están en el inexcusable deber de suministrar a los Tribunales, los Fiscales, la Policía o al Instructor, en sus casos respectivos, los informes, datos y antecedentes que éstos requieran para la investigación del delito; y cuando no fueren atendidos dichos requerimientos no obstante los apremios que a tales fines les hagan las mencionadas autoridades, éstas dirigirán exposiciones a los Presidentes de los Comités Estatales, Ministros del Gobierno y demás jefes de organismos para que dispongan se les preste el auxilio solicitado.

 

TÍTULO VI

DE LAS RESOLUCIONES

 

CAPÍTULO I

DE LAS PROVIDENCIAS, AUTOS Y SENTENCIAS

ARTÍCULO 42.- Las resoluciones en el proceso penal, de acuerdo con su contenido, adoptan las formas siguientes:

1) providencias, cuando sean de mera tramitación o no requieran dictarse en forma razonada;

2) autos, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a las partes o la competencia del Tribunal; cuando rechacen de plano o decidan la procedencia o improcedencia de la recusación, o resuelvan los recursos contra las providencias o autos, así como las demás que, según las leyes, deban dictarse en forma razonada;

3) sentencias, cuando decidan la cuestión principal o sobre la nulidad de las actuaciones a virtud de recurso de casación.

Llámese sentencia firme, cuando no quepa contra ella recurso alguno; y ejecutoria, al documento público y solemne que contiene una sentencia firme.

ARTÍCULO 43.- La fórmula de las providencias se limita a la resolución que se dicte, su fecha y la firma del Instructor, Fiscal o el Presidente del Tribunal, según el caso, y la del Secretario actuante.

Los autos se redactan, además, fundándolos en resultandos y considerandos concisos, y limitados unos y otros la cuestión que se decida, seguidos de la resolución que se adopte, y se firman por el Instructor, el Fiscal o todos los Jueces del tribunal, según el caso, y el Secretario actuante.

ARTÍCULO 44.- Las sentencias que se dictan en primera instancia se redactan con sujeción a las reglas siguientes:

1) comienzan expresando el lugar y la fecha en que se dictan; el delito o delitos que hayan dado lugar a la formación de la causa; los nombres, apellidos, sobrenombres y apodos con que son conocidos los acusados; su edad, naturaleza, estado, domicilio, ocupación y, en su defecto, las circunstancias con que han figurado en la causa. En el Tribunal Supremo Popular y en los Tribunales Provinciales Populares, se consignan, además, el nombre y apellidos del ponente;

2) expresan en resultandos numerados:

  1. a) los hechos que están enlazados con las cuestiones que han de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que se consideren probados. Esta disposición se observará aunque la sentencia fuere absolutoria s la parte acusadora hubiere mantenido la imputación;
  2. b) las conclusiones definitivas de la acusación y la defensa en lo que sea pertinente y la forma en que el Tribunal hizo uso, en su caso, de la facultad consignada en el artículo 350;

3) consignan en párrafos numerados que empiezan con la palabra “considerando”:

  1. a) los fundamentos de derecho de la calificación de los hechos que se hubiesen estimado probados;
  2. b) los fundamentos determinantes de la participación o no que en los referidos hechos hubiese tenido cada uno de los acusados;
  3. c) los fundamentos de derecho de la calificación de las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes de la responsabilidad penal, de haber concurrido; y en su caso, se razonará la denegación de las que hubieren sido alegadas;
  4. ch) los fundamentos de derecho de la calificación de los hechos que se hubiesen estimado probados con relación a la responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los acusados o las personas sujetas a ella que fueron oídas en la causa;
  5. d) los fundamentos determinantes de la medida de la sanción que proceda imponer, con señalamiento de las circunstancias no suficientemente caracterizadas y cualesquiera otros elementos que el Tribunal haya tomado en cuenta para adecuarla;

4) en las sentencias absolutorias, el Tribunal ajusta los considerandos a las disposiciones que anteceden en cuanto resulten aplicables;

5) terminan pronunciando el fallo, en el que se sanciona o absuelve al acusado por el delito principal y sus conexos que hayan sido objeto de la imputación y por las contravenciones inmediatamente incidentales relacionadas con la causa.

ARTÍCULO 45.- Las sentencias se discuten y votan por el Tribunal reunido en sesión secreta inmediatamente después de celebrada la vista o el juicio, o a más tardar el día siguiente; y se firman por todos los Jueces no impedidos de hacerlo, dentro de los tres días siguientes al en que se haya celebrado la vista o terminado el juicio.

Ningún miembro del Tribunal puede abstenerse de votar ni de firmar la sentencia acordada. El que haya sentido de la mayoría puede emitir voto particular ajustándose a las formalidades siguientes:

1) en el encabezamiento expresará “Voto Particular” y, a continuación, consignará claramente los puntos en que disiente del parecer de la mayoría y los pronunciamientos que a su juicio debió hacer el Tribunal, exponiendo los fundamentos en que apoye su voto;

2) la firma del disidente.

El voto así formulado se conservará con carácter reservado por el Presidente de la Sala y se elevará con las actuaciones en caso de que la sentencia sea recurrida, para ser abierto en la oportunidad en que se discuta la resolución que haya de recaer al recurso.

ARTÍCULO 46.- Las sentencias se acuerdan por mayoría de votos de los Jueces que hayan juzgado el caso.

Cuando en la votación de las sentencias no resulte mayoría suficiente sobre los pronunciamientos que debe contener la decisión que haya de adoptarse, se procede a una segunda discusión y votación; y en el supuesto caso de que no se logre de esta manera la mayoría, se realiza una tercera votación, sometiendo solamente a la misma los dos criterios más favorables al acusado. En caso de duda, la determinación de cuáles son los dos criterios más favorables al acusado se decide por mayoría.

ARTÍCULO 47.- En el supuesto de que algún miembro del tribunal cese en el desempeño de sus funciones por causa que no le incapacite legalmente, vota y firma las sentencias dictadas en los procesos en que hubiere participado.

ARTÍCULO 48.- Si después de la vista, y antes de la votación, algún Juez se imposibilita y no puede asistir al acto de votación, emitirá su voto por escrito, fundado y firmado, y lo enviará directamente al Presidente. Si no puede escribir ni firmar, se valdrá del Secretario.

El voto así emitido será rubricado por quien presida el Tribunal y se unirá a las actuaciones a continuación de la sentencia.

Cuando el Juez no pueda votar ni aun de ese modo, se vota la causa por los no impedidos que asistieron a la vista y, si hay los necesarios para formar mayoría, éstos dictarán la sentencia.

Cuando no resulte mayoría, se repetirá la votación y se procederá, siendo posible, en la forma que previene el artículo 46, y si de este modo tampoco hubiere los suficientes votos para formar mayoría, se anulará el juicio o la vista y se procederá de nuevo a su celebración.

En el supuesto de que algún miembro del tribunal haya votado y después no pudiere firmar, el que presida firmará por el impedido y hará constar al pie de la resolución que votó y no pudo firmar.

ARTÍCULO 49.- Las sentencias resolutorias de los recursos de apelación o casación serán firmes desde el momento en que sean firmadas por todos los que deban hacerlo. Las dictadas en primera instancia serán firmes una vez transcurrido el término legal sin haberse interpuesto el recurso que la ley autorice.

 

CAPÍTULO II

DE LA ACLARACION DE RESOLUCIONES

ARTÍCULO 50.- Los Tribunales no podrán variar, después de firmadas, las sentencias que pronuncien; pero sí aclarar, de oficio o a instancia de parte, algún concepto oscuro, suplir cualquier omisión o rectificar alguna equivocación importante que contengan.

Las partes sólo pueden solicitar la aclaración o rectificación dentro del día hábil siguiente al de habérseles notificado la sentencia. Los Tribunales deben resolver la aclaración dentro del segundo día hábil siguiente al de la última notificación. Contra la resolución denegatoria de la aclaración no se da recurso alguno.

ARTÍCULO 51.- Las disposiciones del artículo que antecede son de aplicación de los autos definitivos a que se refieren los artículos 58 y 67.

ARTÍCULO 52.- En los casos en que se haya pedido aclaración de una sentencia o auto conforme a los artículos precedentes, el término para establecer l recurso que proceda comienza a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que la haya acordado o denegado.

 

TÍTULO VII

DE LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES

 

CAPÍTULO I

DEL RECURSO DE QUEJA

ARTÍCULO 53.- Procede del recurso de queja contra las resoluciones del Instructor o del Fiscal que puedan causar perjuicio irreparable.

El recurso, debidamente razonado, debe establecerse dentro del tercer día renotificada la resolución.

ARTÍCULO 54.- El recurso se interpone ante el Instructor, quien lo remitirá sin dilación, con su informe y los testimonios de los particulares que señale el recurrente y los que él agregue, al Fiscal que corresponda o a su superior jerárquico en caso de que éste hubiere dictado la resolución recurrida.

ARTÍCULO 55.- Recibido el recurso, los testimonios y el informe, el Fiscal resolverá lo que proceda, mediante auto, dentro de las setenta y dos horas siguientes.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

 

CAPÍTULO II

DEL RECURSO DE SUPLICA

ARTÍCULO 56.- Las resoluciones de los Tribunales que no sean de mero trámite pueden ser recurridas en súplica salvo en los casos en que esta Ley lo prohíba o conceda otro recurso. El recurso de súplica, debidamente razonado, se interpone ante el propio Tribunal que haya dictado la resolución, dentro del término de tres días posteriores a su notificación.

ARTÍCULO 57.- Admitido el recurso de súplica, se dará traslado a las demás partes personadas por el término común de tres días, transcurrido el cual, con escrito o sin él, el tribunal resolverá dentro de los tres siguientes.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

 

CAPÍTULO III

DEL RECURSO DE APELACION

 

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 58.- Procede el recurso de apelación contra:

1) las sentencias de los Tribunales Municipales Populares;

2) los autos de los Tribunales Provinciales Populares que deniegan o rechazan de plano las solicitudes de hábeas corpus;

3) las sentencias que impongan la sanción de muerte;

4) las sentencias dictadas en causas en que, habiendo solicitado el Fiscal la sanción de muerte, el Tribunal absuelve o sanciona a otra distinta;

5) los autos que deniegan la solicitud de extradición.

ARTÍCULO 59.- El recurso de apelación produce siempre efectos suspensivos.

 

SECCIÓN SEGUNDA

DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS QUE IMPONGAN LA PENA DE MUERTE

ARTÍCULO 60.- El recurso de apelación contra las sentencias en que se haya impuesto la sanción de muerte, se interpone ante el Tribunal que la dictó dentro del término de cinco días y se resuelve por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular.

Transcurrido el término legal sin que el acusado haya establecido el recurso de apelación, éste se entenderá de derecho interpuesto y admitido.

ARTÍCULO 61.- Admitido que sea el recurso, se emplazará a las partes para que se personen ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular dentro del término de diez días.

Al personarse las partes, propondrán también la reproducción de las pruebas que les interesen, expresando brevemente las razones en que fundan su solicitud.

ARTÍCULO 62.- Personadas las partes o transcurrido el término del emplazamiento, háyanse personado éstas o no, el Tribunal admitirá, en su caso, las pruebas que sean pertinentes y dispondrá de oficio las demás que estime necesarias, señalando día y hora para la celebración de la vista, que deberá tener lugar dentro de los diez días siguientes, librando cuantos despachos sean necesarios al efecto.

ARTÍCULO 63.- La vista se celebrará ajustándose en lo posible a las disposiciones del juicio oral.

ARTÍCULO 64.- El Tribunal Supremo Popular, al dictar sentencia resolutoria del recurso de apelación, se ajusta a las reglas siguientes:

1) expresa el lugar y fecha en que la sentencia se dicta, los nombres de los Jueces, el Tribunal o Sala de donde procede el recurso; los nombres, ocupación y domicilio de los que en él son partes; el delito o delitos por el que se ha juzgado, y demás circunstancias generales que son necesarias para determinar el asunto objeto del recurso;

2) bajo la palabra “resultando” consigna los hechos que estén relacionados con las cuestiones que deben de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que se estimen probados;

3) refiere, también bajo la palabra “resultando”, sucintamente, la calificación del delito hecha por el Tribunal de instancia, la participación que atribuyó a los acusados, si apreció o no circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, y los términos del fallo que dictó;

4) consigna también en párrafos que comienzan con la palabra “considerando”:

  1. a) si acuerda la desestimación del recurso, los fundamentos de derecho que tiene para ello; o expresará razonadamente que la recurrida fue dictada conforme a la ley;
  2. b) si acuerda acogerlo, en todo o en parte, los fundamentos de derecho en que apoya su decisión;

5) pronuncia el fallo, confirmando o revocando en todo o en parte la sentencia apelada, redactándose en éste último caso conforme a las reglas establecidas para las sentencias de primera instancia en el artículo 44 de la presente Ley.

 

SECCIÓN TERCERA

DE LOS DEMÁS RECURSOS DE APELACIÓN

ARTÍCULO 65.- Los recursos de apelación a que se refieren los apartados 1), 2) y 5) del artículo 58 se tramitan de acuerdo con la regulación que para los mismos se establece en los procedimientos respectivos.

ARTÍCULO 66.- El recurso de apelación a que se refiere el apartado 4) del artículo 58, sólo puede ser establecido por el Fiscal con la finalidad de que se modifique la sentencia en el sentido de imponer la sanción de muerte, y de ser utilizado, debe ajustarse en su tramitación a lo dispuesto en la Sección anterior.

En este caso, si cualquiera de las otras partes está inconforme con la sentencia, el recurso procedente será también el de apelación, y de haber interpuesto recurso de casación, éste se entenderá, a todos los efectos, como si fuera el de apelación.

 

CAPÍTULO IV

DEL RECURSO DE CASACIÓN

ARTÍCULO 67.- Procede el recurso de casación contra:

1) las sentencias definitivas dictadas en materia penal, en primera instancia, por las Salas correspondientes del Tribunal Supremo Popular y por las Salas de lo Penal y de Delitos contra la Seguridad del Estado de los Tribunales Provinciales Populares, excepto en el caso previsto en el apartado 3) del artículo 58;

2) los autos que declaren con lugar artículos de previo y especial pronunciamiento que pongan término al proceso haciendo imposible su continuación;

3) los autos de no admisión de querella, excepto cuando éste se haya dictado por el Pleno del Tribunal Supremo Popular;

4) cualquier otra decisión que produzca los efectos del apartado 2)

ARTÍCULO 68.- El recurso de casación puede interponerse por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.

ARTÍCULO 69.- El recurso de casación por infracción de ley procede en los casos siguientes:

1) cuando los hechos que en la sentencia se declaren probados se califiquen y sancionen como delitos, no siéndolo; se sancionen, no obstante existir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal; o a pesar de que circunstancias posteriores a la comisión del delito impidan sancionarlo.

Sólo son circunstancias posteriores a la comisión del delito a los efectos del párrafo anterior las siguientes:

  1. a) la prescripción de la acción penal;
  2. b) la amnistía;
  3. c) el perdón de la persona ofendida en los casos en que proceda;
  4. ch) que en virtud de ley posterior, el hecho deje de ser punible;

2) cuando los hechos que en la sentencia se declaren probados no se califiquen o no se sancionen como delito, siéndolo, y sin que circunstancias posteriores de las anteriormente expresadas impidan sancionarlo;

3) cuando constituyendo delito los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya cometido error de derecho en su calificación;

4) cuando se haya cometido error de derecho al calificar la participación de alguno de los acusados en los hechos que se declaren probados en la sentencia;

5) cuando se haya cometido error de derecho en la calificación de los hechos que se declaren probados en la sentencia en concepto de circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de la responsabilidad penal;

6) cuando la medida de la sanción impuesta no corresponda, según la ley, a la calificación adoptada respecto del hecho justiciable, a la participación en él de acusados, o a las circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad penal; o habiéndose impuesto la sanción dentro de la medida que la ley señala, no se haya hecho un adecuado uso del arbitrio judicial;

7) cuando, dados los hechos que se declaren probados, se haya incurrido en error de derecho al admitir o desestimar las cuestiones previas reproducidas en el juicio;

8) cuando en el auto de no admisión de querella se incurra en error de derecho.

ARTÍCULO 70.- Procede el recurso por quebrantamiento de forma en los casos siguientes:

1) cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente;

2) cuando se haya omitido la citación del acusado, ya esté preso o en libertad, o la de su Abogado, o de la parte acusadora y actor civil para su comparecencia en el acto del juicio oral, a no ser que estas partes hayan comparecido a tiempo;

3) cuando en el juicio oral se desestime por capciosa, sugestiva o impertinente, no siéndolo en realidad, alguna pregunta dirigida a un testigo, siempre que resulte de manifiesta influencia para la decisión de la causa;

4) cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos;

5) cuando no se resuelvan en la sentencia todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y la defensa;

6) cuando se haya dictado sentencia en los que se requiere el cumplimiento de los artículos 350 y 357, sin haberse observado las formalidades a que los mismos se contraen;

7) cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de Jueces que el señalado en la ley, o sin la concurrencia de los votos conformes que por la misma se exigen;

8) cuando haya concurrido a dictar sentencia algún miembro del Tribunal cuya recusación, intentada en tiempo y forma y fundada a causa legal, se haya rechazado o desestimado, no obstante ser procedente;

9) cuando se haya desestimado indebidamente la oposición formulada en relación con la querella inicialmente inadmisible por ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley establece.

ARTÍCULO 71.- El recurso se interpone ante el propio Tribunal dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto o sentencia a la parte que lo establezca.

ARTÍCULO 72.- En el escrito de interposición, el recurrente señalará brevemente, en párrafos separados y numerados, las razones en que se fundamente el recurso con referencia a cada motivo que alegue; y el Tribunal, si está establecido dentro del término legal, elevará las actuaciones a la Sala correspondiente, previo emplazamiento de las partes por término de diez días.

ARTÍCULO 73.- Si la parte que interpuso el recurso no comparece dentro del término del emplazamiento, la Sala dispone la devolución de las actuaciones al Tribunal que dictó el fallo interpelado, previo declarar que éste es firme.

ARTÍCULO 74.- Al personarse, el recurrente podrá ampliar las razones en que apoye las infracciones que le atribuya a la sentencia, o las faltas procesales que estime que ha cometido el Tribunal de instancia y alegar otras nuevas.

La cita inadecuada del precepto autorizante no será obstáculo para la admisión del recurso si de los términos del mismo puede inferirse el propósito del recurrente y el precepto en que se ampara.

ARTÍCULO 75.- Cumplidos los trámites anteriores, la correspondiente Sala o Sección especial del Tribunal Supremo Popular lo admitirá si se han cumplido los requisitos establecidos en los preceptos que anteceden, y en caso contrario, lo declarará inadmisible.

En el primer caso, señalará día y hora para la vista dentro de los diez días siguientes a haber vencido el plazo concedido a las partes para personarse, si alguna de ellas lo solicita.

En el segundo caso, declarará firme la sentencia y devolverá las actuaciones al Tribunal del que procedan.

ARTÍCULO 76.- La vista se señalará si la solicita el recurrente en el escrito en que se persone.

En este caso, deberá asistir necesariamente a dicho acto o incurrirá, en su defecto, en causa de corrección.

La parte no recurrente, al personarse en tiempo, puede formular igual solicitud, con la misma obligación de concurrir a la vista.

Si ninguna de las partes solicita la celebración de vista, el Tribunal dictará sentencia dentro del plazo señalado al efecto.

ARTÍCULO 77.- Tramitado el recurso y celebrada la vista, en su caso, el Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes declarando haber o no lugar al mismo.

ARTÍCULO 78.- En la sentencia que resuelva el recurso de casación, el Tribunal hará pronunciamiento expreso sobre todas las cuestiones de derecho que hayan sido objeto de aquél, razonando su acogida o desestimación.

Si acoge el recurso por infracción de ley, dictará a continuación la sentencia que debió pronunciar el tribunal de instancia.

Si acoge el de quebrantamiento de forma, devolverá las actuaciones al tribunal de instancia para que las reponga al estado en que se hallaban al cometerse el quebrantamiento, y continúe el juicio por sus demás trámites. En todo caso se determinará concretamente la diligencia o diligencias que el Tribunal de instancia habrá de practicar para subsanar el defecto que haya dado lugar al quebrantamiento.

Acogido el recurso por quebrantamiento de forma, el Tribunal se abstendrá de resolver sobre el de infracción de ley si también se interpuso.

ARTÍCULO 79.- Si del examen de las actuaciones de que conozca por vía de casación, el tribunal advierte que por el de instancia no se ha hecho uso oportunamente de las facultades que le atribuyen los artículos 263 y 351, o se han infringido las formas y garantías esenciales del proceso, de manera que pueda resultar trascendente al fallo, declarará de oficio el quebrantamiento de forma y ordenará al de instancia que proceda conforme a los preceptos anteriormente citados, señalándole concretamente las diligencias o medidas que deberá ordenar.

Asimismo, dispondrá que se haga cargo de las actuaciones, o que celebre nuevo juicio oral el mismo tribunal compuesto por sus Jueces o por otros.

ARTÍCULO 80.- Las sentencias que se dicten resolviendo recursos de casación, se ajustan en su redacción a las reglas siguientes:

1) expresan el lugar y fecha en que la sentencia se dicta; los nombres de los Jueces; el Tribunal de donde procede el recurso; la naturaleza del juicio o causa en que se haya interpuesto; los nombres de los que en el mismo fuesen partes; el delito por el que se procede y cualesquiera otras circunstancias generales que se consideren necesarias para determinar el objeto del recurso;

2) bajo la palabra “resultando”:

  1. a) transcriben literalmente los de la sentencia recurrida en que se declaran los hechos que se estiman probados, a menos que el conocimiento de ella no sea indispensable a los efectos de la resolución que haya de dictarse;
  2. b) expresan el contenido de la parte dispositiva de la resolución recurrida;
  3. c) relacionan sucintamente los motivos de casación alegados por las partes;

3) consignan el nombre del ponente;

4) bajo la palabra “considerando” expresan los fundamentos de derecho de la resolución que se dicte;

5) pronuncian el fallo, que se ajustará a lo dispuesto en los artículos 78 y 79.

 

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS RECURSOS

ARTÍCULO 81.- Transcurridos los términos para interponer cualquier recurso sin haberlos utilizado, quedará de derecho consentida y firme la resolución no recurrida, sin necesidad de declaración expresa, salvo lo que, con respecto a las sentencias, se establece en el artículo 483.

ARTÍCULO 82.- Los recursos de apelación, excepto los establecidos contra sentencias que impongan la sanción de muerte, y los de casación, se declararán desiertos cuando la parte que los haya interpuesto deje transcurrir el término del emplazamiento sin personarse ante el Tribunal superior llamado a resolverlos; y en su consecuencia, se devolverán las actuaciones al tribunal que dictó el fallo, previo declarar que éste es firme, a no ser que pendan aún de otro recurso admitido de oficio o a instancia también de parte.

ARTÍCULO 83.- La parte que haya establecido un recurso puede desistir de él mientras no recaiga resolución sobre el mismo.

Cuando corresponda a un Tribunal superior conocer del recurso, esta localidad se presentará ante le propio Tribunal inferior si aún no ha elevado las actuaciones y ante el superior, en caso contrario.

 

TÍTULO VIII

DE LAS NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS

ARTÍCULO 84.- la notificación se efectúa entregando a la persona con quien debe entenderse copia literal autorizada de la resolución. La diligencia de notificación se firma por la persona con quien se entienda por la persona autorizada que la practique, dejándose constancia del día y hora en que se efectúa. En el supuesto de que la resolución sea susceptible de recurso, se hará constar que se hizo saber al notificado el derecho que le asiste para establecerlo y el término que tiene para ello.

A los que siendo partes en el proceso no hayan comparecido oportunamente a notificarse por sí o por sus representantes, se les hará la notificación por medio de edicto que se fijará en la tablilla de anuncios del Tribunal, en la que permanecerá todo el tiempo en que pueda establecerse recurso contra la resolución a que se refiera.

Diariamente, el auxiliar encargado de las notificaciones confeccionará la relación de todas las resoluciones que se hayan notificado en tablilla y la hace llegar al Tribunal.

ARTÍCULO 85.- Las sentencias definitivas se notifican a las partes y a sus representantes en todo juicio oral el mismo día en que se firmen o, a más tardar, en el siguiente. El término para interponer cualquier recurso se cuenta a partir del día siguiente de la última de estas notificaciones.

Si por cualquier circunstancia o accidente no se encuentra a las partes al ir a hacerles la notificación, se hará constar por diligencia, y bastará en tal caso con la notificación hecha a sus representantes.

Los autos que resuelvan incidentes se notifican únicamente a los representantes de las partes, si intervienen.

ARTÍCULO 86.- La diligencia de citación se hace por medio de cédula expedida por el Secretario, la que contiene los particulares siguientes:

1) expresión del Instructor, Fiscal o Tribunal que la disponga;

2) nombre y apellidos del que deba ser citado y dirección de su domicilio o lugar donde deba practicarse esta diligencia;

3) objeto de la citación;

4) lugar, día y hora en que deba concurrir el citado;

5) apercibimiento de que si no concurre sin justa causa se le impondrá multa hasta de veinte pesos, y si se tratare de segunda citación, de que podrá ser acusado por denegación de auxilio.

La citación debe hacerse personalmente, si fuere posible; en su defecto, por medio de familiar mayor de catorce años que resida en el mismo domicilio, de un vecino o del correspondiente Comité de Defensa de la Revolución.

Cuando la citación no se haga personalmente al interesado, en la diligencia de entrega de la cédula de citación se hará constar la obligación del que reciba la copia de dicha cédula, de entregarla al que debe ser citado inmediatamente que éste regrese a su domicilio, o lugar señalado para practicar dicha diligencia, con los apercibimientos procedentes, si deja de entregarla.

De no ser posible la citación de alguna de las formas previstas anteriormente, puede utilizarse el correo, telégrafo, radiotelégrafo, teléfono o cualquier otra vía de comunicación, con indicación precisa de los particulares enumerados al inicio de este artículo.

ARTÍCULO 87.- La diligencia de emplazamiento se hace por medio de la cédula, que se entrega al interesado o, en su defecto, a un familiar u otra persona mayor de catorce años que resida en el mismo domicilio. Si no hay nadie en dicho domicilio o lugar, se hace entrega de la cédula a uno de los vecinos próximos, o a un miembro del Comité de Defensa de la Revolución.

La cédula de emplazamiento contiene los particulares expresados en los apartados 1), 2) y 3) del artículo anterior y además:

1) término dentro del cual debe comparecer el emplazado;

2) lugar donde ha de comparecer y autoridad ante quien debe hacerlo;

3) la prevención de que si no comparece le pasarán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.

ARTÍCULO 89.- Cuando la notificación, citación o emplazamiento deba entenderse con miembros de los institutos armados y no pueda practicarse personalmente, se llevará a efecto por conducto de su superior jerárquico, al cual se libra despacho acompañando la cédula correspondiente.

ARTÍCULO 90.- Son nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen sin observar lo dispuesto en este Título.

Sin embargo, cuando la persona notificada citada o emplazada, se haya dado por enterada de la resolución, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiere practicado conforme a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 91.- Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que deban de hacerse en la ciudad o pueblo en que radique el Instructor, el Fiscal o el Tribunal que las disponga, se practicarán, a más tardar, al siguiente día de dictada la resolución que deba ser notificada o en virtud de la cual se haya de hacer la citación o emplazamiento.

Si cualquiera de las mencionadas diligencias debe practicarse fuera del territorio expresado, se libra el despacho correspondiente el mismo día en que se dicte la resolución.

 

TÍTULO IX

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 92.- Las correcciones disciplinarias pueden interponerse:

1) a los Jueces, Secretarios, auxiliares y demás personal de los Tribunales;

2) a los Instructores;

3) a los Fiscales y Abogados;

4) a los peritos, los testigos y las partes y sus representantes;

5) a cualquier persona que asista a las vistas u otros actos judiciales.

ARTÍCULO 93.- Las correcciones disciplinarias se imponen:

1) por las Salas de justicia, a los integrantes de los órganos judiciales de jerarquía inferior;

2) por las Salas de justicia y los Tribunales Municipales Populares, a los Abogados, a los Secretarios, a los auxiliares y demás personal de los Tribunales respectivos, a los peritos, testigos y a las partes y sus representantes, así como a cualquier otra persona que asista a las vistas u otros actos judiciales;

3) por sus superiores jerárquicos, a los instructores y Fiscales.

ARTÍCULO 94.- De toda corrección disciplinaria impuesta a un Abogado, una vez firme, se da cuenta al Bufete Colectivo a que pertenezca, a los fines pertinentes.

ARTÍCULO 95.- Dan motivo a la imposición de correcciones disciplinarias:

1) las faltas que en la tramitación de las causas en que intervengan cometan los miembros de las Salas de justicia y Tribunales Municipales Populares;

2) las faltas que en las actuaciones a su cargo cometan los Secretarios, auxiliares y demás personal de los Tribunales;

3) las faltas en que incurran los Instructores, Fiscales y Abogados en el desempeño de sus funciones respectivas;

4) las faltas que cometan los peritos y testigos, y las partes y sus representantes, de palabra, por escrito o de obra, cuando menoscaben el respeto y obediencia debidos a los Tribunales;

5) las faltas que cometa cualquier persona del público asistente a las vistas u otros actos judiciales. A ese efecto se reputan faltas las expresiones o actos que interrumpan las vistas, perturben de cualquier modo el orden, o no observen el respeto y la consideración debidos a los Tribunales.

ARTÍCULO 96.- A los efectos del artículo anterior se reputan faltas, en cuanto a los Fiscales y Abogados:

1) infringir con notoria impertinencia las formalidades de ley en sus escritos y peticiones;

2) no observar en ocasión del ejercicio de sus funciones el debido respeto a los tribunales;

3) alterarse de manera grave contra otra persona o faltarle al respeto, durante el ejercicio de sus funciones;

4) desobedecer a quien presida el tribunal, cuando sea llamado al orden en las alegaciones orales.

ARTÍCULO 97.- Las correcciones disciplinarias se imponen en las oportunidades siguientes:

1) las relativas a las Salas de justicia y a los Tribunales Municipales Populares o cualquiera de sus miembros, cuando en virtud de algún recurso las Salas de justicia de jerarquía superior conozcan de las causas en que las faltas fueron cometidas;

2) las relativas a los Abogados, a los Secretarios y a los auxiliares y demás personal judicial, cuando el tribunal conozca de la falta cometida;

3) las relativas a los Instructores y Fiscales, cuando el superior jerárquico de cada uno conozca de la falta cometida;

4) las relativas a los peritos y testigos, a las partes y sus representantes, y a las personas asistentes a las vistas u otros actos judiciales, en el momento de cometerse la falta.

ARTÍCULO 98.- Las correcciones disciplinarias que puedan imponerse son las siguientes:

1) a los Jueces, Instructores, Fiscales, Abogados, Secretarios, auxiliares y demás personal de los Tribunales:

  1. a) advertencia;
  2. b) amonestación;
  3. c) multa que no exceda de cincuenta pesos;

2) a los peritos, testigos, las partes y sus representantes, así como a las personas asistentes a las vistas u otros actos judiciales:

  1. a) amonestación;
  2. b) expulsión del local. Los que ofrecieren resistencia a cumplir la orden de expulsión serán arrestados y corregidos, sin ulterior recurso, con multa que no excederá de cincuenta pesos.

ARTÍCULO 99.- Cuando las faltas en que incurran los peritos y testigos, las partes o sus representantes, así como cualquier persona del público asistente a las vistas u otros actos judiciales, revistan caracteres de delito o contravención, pueden ser detenidos sus autores y puestos a disposición de la autoridad que deba conocer de esos hechos.

ARTÍCULO 100.- Las correcciones disciplinarias se imponen sin formalidades ni trámites previos.

ARTÍCULO 101.- Contra la resolución en la que se imponga corrección disciplinaria a un Juez, Abogado, Secretario judicial, auxiliar y demás personal de los Tribunales, puede el interesado solicitar, en un término de tres días, que se le oiga en justicia por el Tribunal que la haya impuesto, el cual lo convoca a una comparecencia verbal que debe tener efecto dentro de los cinco días posteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.

En esta audiencia interviene el Fiscal.

El Tribunal, mediante auto, puede confirmar, atenuar o dejar sin efecto la medida impuesta, sin ulterior recurso.

ARTÍCULO 102.- Los Tribunales pondrán en conocimiento de los superiores jerárquicos de los Fiscales e Instructores las faltas que éstos cometan en el ejercicio de sus funciones a los efectos de la imposición de las correcciones disciplinarias que procedan.

ARTÍCULO 103.- Cuando el Fiscal advierta en las causas en que intervenga alguna falta de las que dan lugar a corrección disciplinaria, la señalará al Tribunal.

 

LIBRO SEGUNDO

DE LA FASE PREPARATORIA DEL JUICIO ORAL

 

TÍTULO I

CAPÍTULO I

 

GENERALIDADES

ARTÍCULO 104.- Constituyen la fase preparatoria las diligencias previas a la apertura del juicio oral dirigidas a averiguar y comprobar la existencia del delito y sus circunstancias, recoger y conservar los instrumentos y pruebas materiales de éste y practicar cualquier otra diligencia que no admita dilación, de modo que permitan hacer la calificación legal del hecho y determinar la participación o no de los presuntos responsables y su grado, y asegurar, en su caso, la persona de éstos.

ARTÍCULO 105.- El Fiscal ejerce el control de la fase preparatoria, que se realiza por el Instructor.

Las diligencias de la fase preparatoria se practican directamente por el Instructor de la Policía, del Departamento de Seguridad del Estado o de la propia Fiscalía según proceda.

Cuando el Fiscal General lo considere necesario, puede reclamar del Instructor actuante, si éste no pertenece a la Fiscalía, cualquier expediente de que esté conociendo y confiar su ulterior tramitación a un Instructor de la Fiscalía.

Los Instructores son directamente responsables de las acciones de instrucción, diligencias investigativas y trámites necesarios que dispone la Ley para la sustanciación de la fase preparatoria, pero en los casos específicamente determinados por la ley deben de obtener la expresa autorización del Fiscal para ejecutar la actuación necesaria.

ARTÍCULO 106.- Se inicia expediente de fase preparatoria en virtud de:

1) denuncia;

2) confesión del participante en el hecho;

3) noticias que se reciban por cualquier medio;

4) descubrimiento directo de indicios de un delito por parte de los Instructores, el Fiscal, el Tribunal o la Policía.

En los casos 1), 2) y 3) sólo se iniciará el expediente cuando concurran indicios suficientes de la comisión de un delito.

Los Instructores inician la fase preparatoria mediante providencia, que se comunicará de inmediato al Fiscal que corresponda, con exposición sucinta de los hechos, sus circunstancias y autor o autores si son conocidos y la calificación provisional de dichos hechos. Los expedientes de la fase preparatoria se numeran consecutivamente, comenzando esta numeración cada año.

ARTÍCULO 107.- El Instructor practica las acciones de instrucción y demás diligencias de la fase preparatoria en el más breve plazo posible, rindiendo informes parciales a sus superiores y al Fiscal sobre su resultado.

El término de las actuaciones y del informe conclusivo no debe exceder de sesenta días a partir de la fecha de la resolución de inicio de la fase preparatoria y sólo puede prorrogarse por causa justificada, con autorización expresa del Fiscal.

En estos casos, el término máximo para la terminación de los expedientes es de seis meses contados a partir de la fecha de la resolución de inicio de la fase preparatoria, teniendo el Instructor que entregar al Fiscal, antes de que se cumpla dicho término, el expediente en las condiciones en que se encuentre, así como el informe correspondiente.

ARTÍCULO 108.- Las actuaciones y diligencias de la fase preparatoria se hacen constar por escrito, las que integrarán el expediente. Cuando éste sea presentado por el Fiscal al Tribunal con alguna de las peticiones a que se refiere el apartado 2) del artículo 262 y el tribunal lo radique, se denominará causa.

Cada Sala radica sus causas en forma sucesiva, por años, independientemente del número que les corresponda a los expedientes radicados por los Instructores. Las Salas comunican a los Fiscales el número de la causa que le ha correspondido a cada uno de los expedientes presentados. Las Secciones siguen la radicación de su Sala respectiva.

Cada delito de que conozca el Instructor será objeto de un expediente separado, salvo los casos de delitos conexos, para los que se instruirá uno solo. Cuando el Instructor concluya el expediente dictará resolución declarando terminada la fase preparatoria y, previamente foliado y con su índice respectivo, lo elevará al Fiscal.

ARTÍCULO 109.- El Fiscal, como responsable de la legalidad socialista, garantiza que:

1) se esclarezcan los actos punibles, se establezca la verdad objetiva y sean acusadas ante los Tribunales las personas que los hayan cometido;

2) se respete la dignidad del ciudadano y que en ningún caso se le someta a restricciones ilegales de sus derechos;

3) se cumpla estrictamente la ley y demás disposiciones legales en las actuaciones de la instrucción que durante la fase preparatoria realiza el Instructor.

ARTÍCULO 110.- Si presentada una denuncia o conocido un hecho que reviste caracteres de delito existen elementos o indicios para estimar la participación en el mismo de alguna de las personas a que se refieren los apartados 1), 2), 3) y 4) del artículo 385, se procederá en la forma que determina el artículo 386.

 

CAPÍTULO II

DE LOS AUXILIARES DE LAS FUNCIONES JUDICIALES

ARTÍCULO 111.- Se consideran auxiliares de las funciones judiciales:

1) los oficiales, sargentos, soldados y auxiliares del Ministerio del Interior;

2) los jefes de unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;

3) los responsables de vigilancia de los Comités de Defensa de la Revolución;

4) los jefes de unidades de la Defensa Civil;

5) los capitanes de naves y aeronaves cubanas.

ARTÍCULO 112.- Los auxiliares de las funciones judiciales practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que el Instructor, el Fiscal o el Tribunal les encomienden.

ARTÍCULO 113.- A los efectos señalados en el artículo anterior, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal pueden entenderse directamente con los auxiliares de las funciones judiciales, cualquiera que sea su categoría.

ARTÍCULO 114.- El auxiliar de las funciones judiciales que se halle impedido por causas debidamente justificadas de cumplir el requerimiento u orden que haya recibido conforme a lo establecido en los artículos anteriores, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya formulado el requerimiento o dado la orden para que resuelva lo que estime procedente.

ARTÍCULO 115.- Siempre que los auxiliares de las funciones judiciales cumplimenten alguna orden o requerimiento de los señalados en los artículos anteriores, comunicarán el resultado obtenido en los plazos que en la orden o en el requerimiento se hayan fijado.

 

TÍTULO II

DE LA DENUNCIA

ARTÍCULO 116.- El que presencie la perpetración de un delito perseguible de oficio o en cualquiera otra forma tenga la certeza de que se ha cometido, está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de un Tribunal, Fiscal, Instructor, unidad de policía o, en defecto de ésta, de la unidad militar más próxima al lugar en que se halle.

El denunciante no incurrirá en ningún caso en otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ésta.

ARTÍCULO 117.- No están obligados a denunciar:

1) los ascendentes o descendientes del acusado, su cónyuge y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad;

2) el Abogado del acusado respecto a los hechos investigativos que éste le haya confiado en su calidad de defensor;

3) las demás personas que conforme a las disposiciones de esta Ley están dispensadas de la obligación de declarar.

ARTÍCULO 118.- Los que, por razón de sus cargos, profesiones u oficios, tuvieran noticias de la comisión de un delito perseguible de oficio, están obligados a denunciarlo inmediatamente ante un Tribunal, Fiscal, Instructor, unidad de policía o, no habiendo ésta, ante la unidad militar más próxima al sitio donde ejercieren sus cargos.

Si un funcionario o empleado de una entidad estatal incumpliere esta obligación, se pondrá en conocimiento de su superior jerárquico a los efectos que procedan en el orden administrativo o laboral.

ARTÍCULO 119.- Las denuncias pueden hacerse por escrito o de palabra, personalmente o mediante tercero.

ARTÍCULO 120.- La denuncia que se haga por escrito se firma por el denunciante, y si no puede hacerlo, por otra persona a su ruego. Cuando la denuncia sea verbal, la autoridad o funcionario que la reciba extenderá acta en la que, en forma de declaración, se consignará cuanto exprese el denunciante en relación al hecho denunciado, sus circunstancias y sus partícipes; y la firmarán ambos a continuación. Si el denunciante no puede firmar, estampará su impresión dactilar o, en su defecto, la firmará otra persona a su ruego.

ARTÍCULO 121.- El que reciba la denuncia, sea verbal o escrita, hará constar la identidad del denunciante y la comprobará por los medios que estime suficientes. Si el denunciante lo exigiere, se le dará constancia de haber presentado la denuncia.

ARTÍCULO 122.- Cuando la denuncia se haya formulado ante la Policía, ésta practicará inmediatamente las diligencias necesarias para establecer la identidad del acusado, llevar a efecto su detención provisional si procediere, ocupar los objetos e instrumentos del delito y cuantas otras contribuyan al esclarecimiento de los hechos, remitiendo lo actuado dentro de tercero día al Instructor que corresponda. En casos excepcionales éste término puede prorrogarse a diez días, siempre que no haya persona detenida.

Si la denuncia se formula ante el Fiscal, el Tribunal o una unidad militar, éstos la remitirán a la mayor brevedad posible a la unidad de la policía que corresponda, a fin de que proceda conforme se dispone en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 123.- Cuando la denuncia se formule ante el Instructor o cuando éste reciba las primeras diligencias de la Policía, dispondrá de un plazo de diez días para, según proceda, iniciar la fase preparatoria, ordenar el archivo de la denuncia o remitirla al Instructor que corresponda por no ser de su competencia los hechos denunciados. La decisión de archivar la denuncia adoptada por el Instructor y ratificada por el Fiscal, le será comunicada por éste al denunciante.

Aunque la denuncia se haya hecho con nombre falso o mediante anónimo se procederá, no obstante, a la investigación de los hechos si éstos revisten caracteres de delito perseguible de oficio. Si los hechos denunciados no son constitutivos de delito o resultan manifiestamente falsos, el Instructor dictará resolución fundada de no haber lugar a proceder, ordenando el archivo de la denuncia y remitiendo copia de la resolución al Fiscal que corresponda para que éste, dentro del término de siete días, la ratifique o disponga que aquél inicie la fase preparatoria si considera que existen elementos de hecho reveladores de la posible comisión de un delito.

ARTÍCULO 124.- El Instructor, en cualquier estado de la fase preparatoria, terminará inmediatamente el expediente y lo elevará al Fiscal que corresponda cuando:

1) la acción penal haya prescrito;

2) se haya dictado amnistía del delito denunciado;

3) hay fallecido el acusado, excepto que exista responsabilidad penal de otras personas;

4) se haya dictado sentencia firme o sobreseimiento libre en un proceso referente al mismo hecho y con relación a las mismas personas.

Si el Fiscal estima debidamente acreditada cualquiera de las circunstancias enumeradas en el párrafo anterior, presentará el expediente al Tribunal pidiéndole el sobreseimiento libre de la causa, excepto en el caso tercero, en que la petición será de extinción de la responsabilidad penal. Si, por el contrario, no la considera acreditada, devolverá el expediente al Instructor para que continúe su tramitación.

El Defensor del acusado, en cualquier estado de la fase preparatoria, puede solicitar del Instructor la remisión del expediente al Fiscal si estima que existen elementos demostrativos de cualquiera de las mencionadas circunstancias, sin perjuicio de su derecho a plantear esta cuestión en la oportunidad indicada en el artículo 291.

 

TÍTULO III

DE LA COMPROBACION DEL DELITO Y DETERMINACION DE LOS PARTICIPES

 

CAPÍTULO I

DE LA INSPECCION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

ARTÍCULO 125.- El Instructor, cuando tenga conocimiento de un delito, procederá de inmediato a la inspección del lugar de los hechos y fijará, recogerá y conservará los vestigios y pruebas materiales que haya dejado el delito y que puedan tener relación con la existencia y naturaleza del hecho.

A este fin hará consignar en las diligencias la descripción del lugar del delito en que se hayan descubierto sus pruebas, el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o situación de las habitaciones y todos los demás detalles que pudieran servir tanto para la acusación como para la defensa.

Salvo que se trate de prestar socorro a la víctima, ninguna otra persona podrá realizar en dichos lugares manipulación o acto de clase alguna que pueda variar las circunstancias del lugar o de los objetos que en él se hallen, hasta tanto acudan las autoridades competentes. Las personas a cuyo cargo se encuentren los locales en que funcionen entidades estatales cuidarán bajo su responsabilidad que esta disposición se observe estrictamente, adoptando a dicho efecto las medidas adecuadas.

ARTÍCULO 126.-Cuando sea conveniente, para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará plano suficientemente detallado del lugar, se tomarán fotografías, tanto de éste como, en su caso, de las personas que hayan sido objeto del delito y de los efectos o instrumentos del mismo; se fijarán fotográficamente y se levantarán las huellas de cualquier clase que se hubiesen hallado y, de ser útil, se confeccionarán los oportunos diseños de los mencionados efectos o instrumentos, adoptándose, cuando fuere necesario, cualquier otro medio de conservar o fijar dichos elementos de juicio.

ARTÍCULO 127.- Si se trata de cualquier delito cometido con fractura, escalamiento u otra forma de fuerza con violencia, se describirán los vestigios que haya dejado, se oirán las declaraciones de los testigos presenciales o que puedan ofrecer información útil y se consultará el parecer de peritos sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de la ejecución del delito, y se dispondrá cualquier otra diligencia conducente a la determinación del modo de comisión del hecho que se investiga.

ARTÍCULO 128.- Para llevar a efecto lo dispuesto en los artículos anteriores, el Instructor puede ordenar que no se ausenten durante la diligencia de inspección las personas que se hallen en el lugar del delito, así como que comparezcan sin dilación las que se encuentren en cualquier sitio próximo, y recibirá de todas, separadamente, las oportunas declaraciones.

ARTÍCULO 129.- Si no se encuentran huellas o vestigios del delito que haya dado ocasión a las actuaciones, se averiguará y hará constar, de ser posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionalmente, y las causas de la misma o los medios que para ello se emplearon.

ARTÍCULO 130.- Cuando el delito sea de los que no dejan huellas o vestigios de su perpetración, se procurará hacer constar, por declaración de testigos y por los demás medios de comprobación, la ejecución del delito y sus circunstancias, así como la preexistencia de la cosa cuando el delito haya tenido por objeto su sustracción.

ARTÍCULO 131.- De todas las diligencias comprendidas en este Capítulo se extenderá acta en el momento de su práctica, que será firmada por todos los asistentes, la que se unirá al expediente correspondiente.

ARTÍCULO 132.- Cuando al practicarse las diligencias enumeradas en los artículos anteriores, exista alguna persona respecto a la cual se haya adoptado alguna medida cautelar como presunto autor del hecho sancionable, se le instruirá de su derecho de asistir, ya solo, ya con su Defensor o representado por éste, quienes podrán hacer las observaciones que estimen pertinentes, las que se consignarán en el acta aunque no fueren aceptadas. En todo caso se pondrá en conocimiento del acusado la disposición relativa a la práctica de la diligencia con la anticipación que permita su índole; y si estuviere privado de libertad, se librarán las órdenes necesarias para su presentación. No se suspenderá la práctica de la diligencia por falta de comparecencia del acusado o de su Defensor.

 

CAPÍTULO II

DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

ARTÍCULO 133.- Con el fin de comprobar y precisar el hecho que se investiga o aspectos importantes del mismo, el Instructor o el Fiscal pueden disponer su reconstrucción, que consiste en la reproducción de los actos ejecutados y sus circunstancias en la forma más fielmente posible. Esta diligencia se realizará siempre a presencia de dos testigos.

El que practique la reconstrucción de los hechos puede realizar mediciones, tomar fotografías y confeccionar planos o esquemas.

Durante la reconstrucción de los hechos no se realizarán actos que puedan menoscabar la dignidad o el honor de las personas que en él participen o redundar en perjuicio de su salud.

ARTÍCULO 134.- De considerarse necesario, pueden participar en la reconstrucción de los hechos el acusado, si se prestare a ello, el perjudicado o cualquiera de los testigos que hayan declarado en el expediente.

El Instructor o el Fiscal, cuando efectúe la reconstrucción de los hechos, podrá solicitar la presencia de peritos para que intervengan en la diligencia.

 

CAPÍTULO III

DEL CUERPO DEL DELITO

ARTÍCULO 135.- El actuante recogerá las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito y que se hallen en el lugar en que éste se cometió, en sus inmediaciones, en poder del acusado, o en otra parte. Extenderá diligencia expresiva del lugar y oportunidad en que sean ocupados y los describirá minuciosamente, de modo que se ofrezca idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo.

Los instrumentos y demás efectos, una vez ocupados, se conservarán adoptándose las precauciones convenientes, tanto para su seguridad como para que puedan ser identificados en cualquier momento.

Respecto al dinero, alhajas, objetos de arte, armas y cualquier otro, la custodia de los cuales se halle regulada por disposiciones especiales, se tendrán en cuenta las mismas, sin perjuicio de adoptar las medidas de precaución a que hace referencia el párrafo anterior.

La diligencia de ocupación se firmará por la persona en cuyo poder se hallen las cosas, y si son de lícita tenencia, se extenderá recibo al interesado que lo solicite.

ARTÍCULO 136.- Siendo habida la persona o cosa objeto del delito, el actuante describirá detalladamente su estado y circunstancias, especialmente las que tengan relación con el hecho punible.

Si por tratarse de delito de falsificación cometido en documentos o efectos existentes en dependencias del Estado, es de imprescindible necesidad tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del Tribunal, se reclamarán de las correspondientes autoridades, con la obligación de devolverlos a los respectivos centros oficiales así que hayan surtido el efecto para el cual se hubieren solicitado.

ARTÍCULO 137.- En los casos previstos en los dos artículos anteriores, podrá ordenarse, además, el conocimiento por peritos, siempre que sea útil para apreciar mejor, en relación con el delito, los lugares, armas, instrumentos y efectos a que dichos artículos se refieren; y se hará constar por diligencia el resultado del informe pericial.

ARTÍCULO 138.- Cuando en el acto de describir la persona o cosa objeto del delito y los lugares, armas, instrumentos o efectos relacionados con el mismo, se hallen presentes o sean conocidas personas que puedan declarar acerca del modo y forma en que aquél fue cometido, y de las causas de las alteraciones que observen en dichos lugares, armas, instrumentos o efectos, o acerca de su estado anterior, serán examinadas inmediatamente después de la descripción y sus declaraciones se considerarán como complemento de la diligencia.

ARTÍCULO 139.- Si el proceso penal tiene lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de ser consecuencia de un acto delictivo, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, hecha la descripción correspondiente, se identificará por medio de testigos que, con vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento.

ARTÍCULO 140.- No habiendo testigos de conocimiento, se intentará la identificación por medios científicos-técnicos, y además, si el estado del cadáver lo permite, se expondrá al público antes de practicarse la necropsia, a fin de intentar también de esta forma la identificación.

ARTÍCULO 141.- Cuando a pesar de tales prevenciones no sea el cadáver reconocido, se recogerán las prendas de vestir con que se le hubiere encontrado y demás objetos que lleve consigo a fin de que puedan servir oportunamente para hacer la identificación.

ARTÍCULO 142.- Cuando el proceso penal tenga lugar por causa de muerte violenta o sospechosa de ser consecuencia de un acto delictivo, se procederá a la necropsia del cadáver por médicos forenses, quienes, después de describir esa operación, informarán sobre las causas del fallecimiento y sus circunstancias.

Cuando el fallecimiento en las condiciones a que se refiere el párrafo anterior haya ocurrido en un centro asistencial, se avisará inmediatamente al Instructor para que designe los médicos forenses que deban practicar la diligencia de necropsia a los fines que dicho párrafo expresa.

ARTÍCULO 143.- Puede prescindirse, no obstante, de la práctica de la necropsia, si por el examen externo del cadáver y las circunstancias del hecho es posible determinar la causa de la muerte y no es necesaria la diligencia para conocer algún antecedente útil a la investigación.

ARTÍCULO 144.- En los casos de envenenamiento, fracturas, heridas u otras lesiones, se dispondrá que el médico forense quede encargado de la inspección y vigilancia que le incumbe para llenar el correspondiente servicio de dicha clase.

Cuando el médico forense no estuviere conforme con el tratamiento o plan curativo empleado por los facultativos que atiendan al paciente, dará cuenta a la autoridad actuante, a los efectos que en justicia procedan.

La autoridad, cuando tal discrepancia se produzca, nombrará mayor número de especialistas para que manifiesten su parecer, y consignados todos los datos necesarios, se tendrán presentes para cuando en su día haya de hallarse la causa.

ARTÍCULO 145.- Si el hecho punible que motiva la formación del expediente consiste en lesiones, los médicos que asisten al ofendido estarán obligados a dar parte de su estado y adelantos en los períodos que se les señalen, e inmediatamente que ocurra cualquier novedad que merezca ser puesta en conocimiento de la autoridad, así como de su sanidad cuando la misma tenga lugar.

ARTÍCULO 146.- Cuando la muerte sobrevenga como consecuencia de algún accidente ocurrido en las vías férreas yendo un tren en marcha, únicamente se detendrá éste el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía, haciéndose constar previamente su situación y estado, por la autoridad o funcionario de policía que inmediatamente se presente en el lugar del hecho, o que accidentalmente se halle en el mismo tren. En defecto de estas personas, la diligencia se practicará por el empleado de mayor categoría a cuyo cargo vaya el tren.

Se dispondrá, asimismo, lo conveniente para que sin perjuicio de seguir el tren su marcha sea avisada la autoridad que deba practicar las primeras diligencias, a la que se hará entrega de lo ocupado y se le comunicará los antecedentes que se hayan obtenido en relación con el accidente.

ARTÍCULO 147.- Se ordenará la práctica de pruebas científico-técnicas en los casos en que se considere necesario para la investigación de los hechos.

ARTÍCULO 148.- En los delitos contra la propiedad y en cualquier otro en que deba hacerse constar la preexistencia de las cosas objeto del delito, si no existen testigos presenciales del hecho, se recibirá información sobre los antecedentes del que se presente como agraviado, y sobre las circunstancias que ofrezcan indicios de hallarse éste poseyendo aquéllas al tiempo en que resultó cometido el delito.

Cuando sea indudable la propiedad y preexistencia del objeto del delito, no será necesario cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 149.- Cuando para la calificación del delito o sus circunstancias sea necesario estimar el valor de la cosa que haya sido su objeto, o el importe del perjuicio causado o que pueda haberle causado, se oirá sobre ello al perjuiciado y se procederá al reconocimiento pericial, facilitando a los peritos las cosas y elementos directos de apreciación sobre que haya que recaer el informe, y si no estuvieran a su disposición, se les suministrarán los datos que se puedan reunir, previniéndoles, en tal caso, que hagan la tasación de un modo prudencial con arreglo a los datos suministrados.

ARTÍCULO 150.- Mientras que no recaiga resolución definitiva que ponga fin ala causa, no se admitirán reclamaciones ni tercerías que tengan por objeto la devolución de los efectos que constituyan el cuerpo o instrumento del delito.

 

CAPÍTULO IV

DE LA IDENTIDAD DEL ACUSADO Y SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

ARTÍCULO 151.- La autoridad correspondiente, según el estado del proceso, puede disponer el reconocimiento del acusado por quienes lo acusen, a fin de dejar aclaradas las dudas que puedan existir acerca de ser la persona a que se hayan referido.

Cuando sea la Policía la que practique esta diligencia, la realizará con la asistencia del Fiscal.

ARTÍCULO 152.- La diligencia de reconocimiento se practica poniendo a la vista del que haya de verificarlo la persona que debe ser reconocida junto a otras de aspecto general semejante. A presencia de todas ellas o desde un punto en que no pueda ser visto, a juicio del actuante, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en el grupo la persona a quien hubiere hecho mención o referencia en sus declaraciones, y la señalará, en caso afirmativo, clara y determinadamente.

Salvo que se practique en el juicio oral, se extenderá acta de esta diligencia, con expresión de todas las circunstancias del reconocimiento y los nombres de las personas que hayan formado el grupo o rueda, la que se unirá al expediente.

ARTÍCULO 153.- Cuando sean varios los que han de proceder al reconocimiento de una persona, la diligencia deberá practicarse por separado con cada uno de ellos, y se adoptarán las precauciones necesarias para impedir que puedan comunicarse entre sí mientras no se haya efectuado el último reconocimiento.

Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto.

ARTÍCULO 154.- El que practique la detención de alguna persona tomará las precauciones necesarias para impedir que el detenido haga alguna alteración de su persona o vestido que pueda dificultar su reconocimiento. Análogas precauciones deberán tomar los directores de establecimientos destinados a la prisión provisional, quienes, además, conservarán las ropas que lleven los presos o detenidos al ingresar, a fin de que puedan vestirla siempre que sea necesario para la práctica de la diligencia de reconocimiento.

ARTÍCULO 155.- Si se origina alguna duda sobre la identidad del acusado, se procurará acreditar ésta por cuantos medios sean conducentes al objeto.

ARTÍCULO 156.- Cuando, por ofrecer duda, resulte necesario acreditar la edad del acusado o perjudicado, se traerá a las actuaciones certificación de la inscripción de su nacimiento en el Registro del Estado Civil; y si no aparece inscripto, o no puede saberse el Registro en que lo está, o por cualquier circunstancia la obtención de la certificación puede dilatar excesivamente el proceso, se suplirá el documento por informe que sobre la edad probable emitirán los médicos forenses.

ARTÍCULO 157.- Se llevará siempre al expediente certificación de los antecedentes penales del acusado. Si el actuante considera necesario o conveniente pedir informes de la conducta del acusado, los solicitará de la Policía y de los organismos u organizaciones que estime oportuno y, mediante declaración, de las personas que pudieren ofrecer antecedentes sobre ella.

ARTÍCULO 158.- Si se advierten en el acusado signos de enajenación mental o de cualquiera otra enfermedad síquica que pueda trascender a su imputabilidad, se ordenará su inmediato examen ene le hospital con servicio siquiátrica apropiado, y en caso necesario, su internamiento en él por el término indispensable para su observación, que no deberá exceder de treinta días.

Los médicos darán su informe en la forma prevenida para el dictamen pericial.

ARTÍCULO 159.- Si la enajenación mental sobreviniera después de cometido el delito, conclusa que sea la fase preparatoria, el Fiscal la presentará al Tribunal y éste mandará archivar las actuaciones hasta que el acusado recobre la sanidad mental, disponiéndose además respecto a éste lo que la ley penal sustantiva establece para los que ejecutan el hecho en ese estado.

Si hubiere algún otro acusado, continuará la causa en cuanto a él.

 

CAPÍTULO V

DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO

ARTÍCULO 160.- Al comparecer, el acusado mostrará su carné de identidad y expresará su nombre y apellidos, sobrenombre si lo tiene, naturaleza, ciudadanía, edad, nombre de los padres, profesión, arte u oficio, lugar donde trabaja, grado de escolaridad, estado civil, si tiene hijos, vecindad, si ha sido encausado anteriormente, por qué delito, ante qué tribunal, qué sanción se le impuso y si la cumplió.

Si el acusado es menor de dieciséis años deberá comparecer asistido de cualquiera de sus padres o representante legal y a falta de éstos, del Fiscal.

ARTÍCULO 161.- Ningún acusado tiene obligación de declarar en su contra. El Instructor, cumplida la formalidad a que se refiere el artículo anterior, estará en el deber de hacerle saber de qué se le acusa, por quién y los cargos que se le dirigen, e instruirlo del derecho que le asiste para prestar declaración, si quisiera hacerlo, lo cual podrá realizar en cualquier momento y cuantas veces lo solicite.

ARTÍCULO 162.- Las declaraciones que hagan los acusados y las respuestas que den serán orales. En la fase preparatoria del juicio estas declaraciones se recogerán por escrito, procurándose consignar las propias palabras de que se haya valido. No obstante, en esta fase, podrán redactar por sí mismos las respuestas y consultar, a dicho objeto, apuntes y notas.

ARTÍCULO 163.- Se permitirá al acusado manifestar cuanto tenga por conveniente en interés de su defensa y para la explicación de los hechos, y en vista de su dicho se ordenará la práctica de las diligencias conducentes a la comprobación de esas manifestaciones.

ARTÍCULO 164.- Si el acusado no sabe el idioma español o es sordomudo analfabeto, se observará la regulación que se establece para prestar declaración testifical por medio de intérpretes.

ARTÍCULO 165.- Cuando la declaración se consigne por escrito, se instruirá al acusado del derecho que le asiste de leerla por sí mismo. Si no usare de ese derecho, le será leída por el actuante. Seguidamente, será firmada por todos los que intervengan en el acto.

ARTÍCULO 166.- No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Toda declaración obtenida con infracción de este precepto será nula, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

 

CAPÍTULO VI

DE LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS

 

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 167.- Todas las personas que residan en el territorio nacional, que no estén impedidas ni exceptuadas, tienen la obligación de concurrir al llamamiento de la autoridad competente para declarar como testigos sobre los hechos que se investiguen, siempre que sean citadas con las formalidades que la ley establece.

ARTÍCULO 168.- Están exentos de declarar como testigos:

1) las personas privadas del uso de la razón;

2) los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, sobre determinado particular o extremo de los hechos que no puedan revelar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estén obligados a guardar.

ARTÍCULO 169.- Si en el caso del apartado 2) del artículo anterior se ofrecen dudas sobre la inviolabilidad del secreto, y el particular a que se refiera puede ser determinante de la culpabilidad o grado de ésta, o de la inocencia del acusado, se acudirá al superior jerárquico del sector o rama a que pertenezca el testigo para que decida si éste puede o no contestar las preguntas, aplazándose, en tanto, la declaración.

ARTÍCULO 170.- Pueden excusarse de la obligación de declarar:

1) los ascendientes y descendientes del acusado, su cónyuge y demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

2) el Abogado del acusado respecto a los hechos relativos al proceso que aquél le haya confiado en su calidad de defensor.

Siempre que alguna de las personas antes dichas concurra como testigo, será instruida del derecho que le asiste de abstenerse de declarar; pero si opta por hacerlo, se le advertirá de la obligación de ser veraz en sus manifestaciones sobre todo cuanto se le pregunte y de la responsabilidad penal en que incurriría si faltare en ellas a la verdad.

ARTÍCULO 171.- El testigo comprendido en las relaciones indicadas en los apartados 1) y 2) del artículo anterior con uno o más de los acusados, está obligado a declarar en cuanto a los otros con respecto a los cuales no concurran dichas circunstancias, a no ser que su declaración pueda afectar a su pariente o defendido.

ARTÍCULO 172.- Ningún testigo puede ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa o importante a su persona, honra o intereses, o a la persona, honra o intereses de alguno de los parientes a que se refiere el artículo 170.

ARTÍCULO 173.- El testigo debidamente citado que, sin motivo justificado y previamente alegado, deje de acudir al llamamiento de autoridad competente en la oportunidad señalada, o que habiendo concurrido se niegue a declarar en todo o en parte, o lo haga en forma evasiva a pesar de haber sido requerido, enano u otro caso, para que desista de su actitud, incurrirá en multa de hasta veinte pesos; y si persistiere en su resistencia, se deducirá testimonio por el delito de denegación de auxilio.

En el primer caso se librarán, además las órdenes necesarias para la conducción y presentación del testigo por la fuerza pública, inmediatamente o en la nueva oportunidad que se señale.

ARTÍCULO 174.- Si el testigo reside en lugar distante o de difícil comunicación, declarará mediante despacho, que se librará al Instructor que corresponda a su domicilio o paradero, a no ser que sea indispensable su presencia para la práctica de algún reconocimiento u otra diligencia en que deba intervenir.

ARTÍCULO 175.- Si el testigo reside fuera del territorio nacional, se observará lo que al respecto establezcan los tratados con el país de que se trate; o en su defecto, se cursará comisión rogatoria por la vía diplomática, de acuerdo con las prácticas internacionales. En este segundo caso, se tendrán en cuenta para la práctica de la diligencia las formalidades legales exigidas en el país en que ha de llevarse a efecto.

La comisión rogatoria debe contener los antecedentes necesarios e indicar las preguntas que se han de hacer al testigo, sin perjuicio de que la autoridad o Tribunal extranjero las amplíe según le sugieran su discreción y prudente arbitrio.

ARTÍCULO 176.- Los testigos se citan en la forma establecida en el artículo 86.

Cuando se trate de funcionarios o del personal de servicios públicos que no puedan interrumpirse, se pondrá, además, en conocimiento del superior jerárquico de quien dependan, a fin de que el citado, de ser necesario, pueda ser reemplazado en sus funciones o puesto de trabajo mientras dure su ausencia.

Los testigos que pertenezcan a los institutos armados serán citados por conducto de su superior jerárquico, quien deberá adoptar las disposiciones procedentes que aseguren su comparecencia en la oportunidad señalada.

ARTÍCULO 177.- Los testigos pueden ser citados personalmente en cualquier lugar que fueren habidos. Cuando sea urgente el examen de un testigo, podrá citársele verbalmente para que comparezca de inmediato, sin esperar a la expedición de la cédula a que se refiere el artículo 86, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia.

También podrá, en igual caso, constituirse el funcionario que instruya las actuaciones en el domicilio de un testigo o en el lugar en que se encuentre, para recibirle declaración.

ARTÍCULO 178.- Los testigos declararán separada y secretamente, sin permitirse la presencia de persona ajena a las del Fiscal, las demás partes y sus representantes, si asistieren, el Instructor, el Secretario y cualquiera otra que resulte imprescindible como intérprete o con otro carácter legal.

ARTÍCULO 179.- El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos, naturaleza, edad, estado civil y ocupación; si conoce o no al acusado y al acusador particular, en su caso, y si tiene con ellos relaciones de parentesco, amistad, enemistad o de otra índole; si tiene interés personal en el asunto, explicando, en caso afirmativo, en qué consiste. Seguidamente se le advertirá de la obligación en que está de decir la verdad, sin ocultar lo que sepa, y la responsabilidad penal en que incurrirá si faltare a tales deberes. Si se tratare de un menor de dieciséis años, no se le hará esta advertencia y se le examinará por vía de exploración.

ARTÍCULO 180.- El testigo narrará sin interrupción lo que sepa en relación con el hecho justiciable, expresando la razón de ciencia de su dicho; y si fuere de referencia, precisará el origen de la noticia y las circunstancias en que hubiere llegado a su conocimiento, e identificará, con la mayor precisión posible, la persona de quien la hubiere obtenido.

ARTÍCULO 181.- Una vez observado lo que se previene en el artículo anterior, la autoridad que reciba la declaración, por propia iniciativa o a indicación de las partes, podrá exigir del testigo las explicaciones que estime procedentes, dirigidas a aclarar conceptos oscuros o contradictorios, y formularle después las preguntas adicionales que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos, o las que las partes por su conducto propongan.

En ningún caso se harán al testigo preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.

ARTÍCULO 182.- A menos de que exista algún impedimento insuperable, los testigos prestarán declaración en forma oral, sin que les sea permitido leer la exposición o respuesta que lleven escrita, aunque sí podrán consultar algún apunte o dato de difícil recordación.

ARTÍCULO 183.- En ningún caso se empleará ni se permitirá que se emplee coacción, engaño, promesa o artificio alguno para forzar o inducir al testigo a declarar en determinado sentido.

ARTÍCULO 184.- La declaración del testigo se consigna en acta, empleándose, en lo posible, las propias palabras usadas por él.

Una vez extendida el acta de la declaración, el actuario le dará lectura en voz alta. El testigo podrá, además, leerla por sí mismo cuando así pudiera hacerlo, a cuyo efecto se le instruirá del derecho que le asiste para ello. Hechas, en su caso, las rectificaciones y aclaraciones que procedan, se firmará por todos los que en ella intervinieron y no estuvieren impedidos. Sin perjuicio de lo anterior, podrá grabarse la declaración por medio de aparatos adecuados, y se hará siempre que sea posible en los casos previstos en el artículo 195.

ARTÍCULO 185.- No se consignarán las declaraciones de los testigos que sean manifiestamente inconducentes para la comprobación de los hechos objeto de las diligencias. Tampoco se consignarán en cada declaración las manifestaciones del testigo que se hallen en el mismo caso, pero se consignará siempre todo lo que pueda servir así de cargo como de descargo. En el primer caso, se dejará constancia, por medio de diligencia, de la comparecencia del testigo y del motivo de no consignarse su declaración.

ARTÍCULO 186.- Terminada la declaración, se hará saber al testigo la obligación de comunicar los cambios de residencia o paradero hasta ser citado para el juicio oral, bajo apercibimiento de ser corregido con multa de cinco a cincuenta pesos si no lo efectuare.

ARTÍCULO 187.- No se harán tachaduras, enmiendas ni se escribirá entre líneas en las diligencias que se practiquen. A su final, se consignarán las equivocaciones en que se haya incurrido. SECCION SEGUNDA Disposiciones Especiales

ARTÍCULO 188.- Están exentos de la obligación de concurrir al llamamiento de autoridad competente, pero no de declarar, las personas siguientes:

1) los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba;

2) el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular;

3) los miembros del Consejo de Estado;

4) los miembros del Consejo de Ministros;

5) el Presidente y Vicepresidente del Tribunal Supremo Popular;

6) el Fiscal General de la República y los Vicefiscales Generales;

7) los Jueces y Fiscales de categoría superior a los del Tribunal que corresponda conocer de la causa;

8) los jefes máximos de los distintos cuerpos de los institutos armados.

ARTÍCULO 189.- Cuando sea necesario o conveniente la declaración de alguna de las personas que se enumeran en el artículo anterior, la autoridad que practique la diligencia pasará a su domicilio o residencia oficial, previo concierto sobre la oportunidad en que haya de efectuarlo.

ARTÍCULO 190.- No obstante lo dispuesto en el artículo que antecede, las personas enumeradas en el artículo 188 pueden presentarse a declarar cuando voluntariamente se ofrezcan; y lo harán de modo necesario siempre que sea indispensable algún reconocimiento u otra diligencia esencial inaplazable que requiera su presencia en determinado lugar.

ARTÍCULO 191.- Están exentos de la obligación de prestar declaración los jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Cuba y su personal diplomático, así como los funcionarios extranjeros de rango igual o equivalente a los comprendidos en los apartados 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 8) del artículo 188 que se hallen de visita en Cuba a invitación del Gobierno, o por otro motivo oficial; pero si muestran su deseo de prestar declaración, se procederá en la forma prevista en el artículo 189.

Las comunicaciones que en estos casos sean menester, se librarán por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 192.- El testigo que no entienda o que no hable el idioma español prestará declaración mediante intérprete, por conducto de quien se le harán las preguntas y recibirán las respuestas. Podrá dictar la declaración y las respuestas que dé. En este caso, se consignarán en el idioma del testigo y traducirán a continuación al español.

ARTÍCULO 193.- Si el testigo fuere sordomudo y supiere leer, se le harán por escrito las preguntas. Si supiere escribir, contestará por escrito. Y si no supiere lo uno y lo otro, se nombrará un intérprete por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán sus respuestas.

ARTÍCULO 194.- Si al hacerle la prevención a que se refiere el artículo 186, el testigo manifestare la posibilidad de hallarse ausente del país en la oportunidad probable en que habrá de celebrarse el juicio oral, y también en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual al tiempo expresado, se hará saber al acusado que, si no lo ha hecho aún, puede en el plazo de veinticuatro horas nombrar Defensor o, en su defecto, se le designará de oficio, para que intervenga en la práctica de la declaración. En este caso, se citará a éste y a la parte acusadora para dicho acto, permitiéndoseles hacer cuantas preguntas tenga cada uno por conveniente, excepto, desde luego, aquellas que se declaren impertinentes.

En la diligencia se consignarán las contestaciones ajustándose en lo demás a lo dispuesto en el artículo 184.

ARTÍCULO 195.- En caso de inminente peligro de muerte del testigo, se procederá con toda urgencia a recibirle declaración aunque no se cumplan todas las exigencias a que se contrae el artículo anterior.

 

CAPÍTULO VII

DEL CAREO DE LOS TESTIGOS Y DE LOS ACUSADOS

ARTÍCULO 196.- Cuando los testigos discordaren entre si acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en las actuaciones, puede el Instructor disponer careo entre los que estén discordes, sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre dos personas a la vez.

ARTÍCULO 197.- El careo se realiza recordando a cada uno de los testigos a que se refiera, el contenido de su declaración en el punto en que hayan discordado, requiriéndoseles para que ratifiquen el mismo o si tienen alguna modificación o aclaración que hacer, previa advertencia de la obligación en que están de decir verdad y de la responsabilidad en que podrían incurrir si faltaren a ella. Si ambos se mantienen en sus dichos respectivos, se les exhortará a que se pongan de acuerdo.

No se permitirá que los careados se injurien, amenacen y en cualquier forma se manifiesten incorrectamente.

Del careo se extiende acta en la que se hace constar todas sus incidencias.

ARTÍCULO 198.- El careo sólo se practica cuando sea absolutamente necesario para comprobar la existencia del delito o la participación del acusado.

ARTÍCULO 199.- Puede disponerse el careo de testigos acusados y de éstos entre sí, a instancia de parte o de oficio.

En todo caso es necesario que el acusado o acusados se presten a llevarlo a efecto.

Respecto a la forma de practicarlo, se observarán las disposiciones que anteceden, si bien no se harán al acusado las prevenciones del artículo 197.

En cualquier momento en que un acusado desista de continuar tomando parte en el careo, éste se dará por terminado.

 

CAPITULO VIII

DEL DICTAMEN PERICIAL

ARTÍCULO 200.- Puede disponerse el dictamen pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho de importancia en la causa, se requieran conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos.

ARTÍCULO 201.- Para la práctica de toda diligencia pericial se utilizarán necesariamente los peritos designados oficialmente con ese carácter. Si no los hubiere de la clase respectiva, se utilizarán otros, conforme a la regulación de este Capítulo.

ARTÍCULO 202.- Los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que poseen capacitación académica reconocida oficialmente en una ciencia, arte o profesión cuyo ejercicio esté regulado legalmente.

Son peritos no titulares los que poseen conocimientos prácticos especiales de alguna ciencia, arte, profesión u oficio respecto a los cuales no se expida título oficial de capacitación.

ARTÍCULO 203.- En las diligencias previas al juicio oral, el reconocimiento pericial se efectuará siempre por dos peritos, a menos que no haya más que uno disponible y no sea posible esperar la llegada de otro sin grave inconveniente para la investigación.

ARTÍCULO 204.- La citación de los peritos se hace con las formalidades establecidas para los testigos.

Si la urgencia del caso lo exigiere, puede hacerse el llamamiento verbalmente, haciéndolo constar así mediante diligencia.

ARTÍCULO 205.- Nadie puede negarse a acudir al llamamiento para desempeñar un servicio pericial, a menos que esté legítimamente impedido.

En este caso debe hacerlo constar en la propia diligencia en que se le notifique el nombramiento, si ésta se realiza personalmente; y en caso contrario, mediante escrito, tan pronto tenga conocimiento de la designación.

ARTÍCULO 206.- Es aplicable lo dispuesto en el artículo 173 respecto a los testigos, a los peritos que dejen de acudir al llamamiento para prestar servicios como tales o que, habiendo comparecido, se resistan a emitir dictamen sobre algún extremo a que la prueba haya de extenderse.

ARTÍCULO 207.- Es inhábil para prestar servicios como perito la persona en quien concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1) el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el acusado o el perjudicado;

2) la amistad íntima o enemistad manifiesta con esas propias personas;

3) el interés directo o indirecto en el proceso respecto al objeto o circunstancia sobre los que ha de versar el dictamen pericial, o en otro semejante o que guarde relación apreciable con ellos.

ARTÍCULO 208.- El perito está obligado a manifestar la causa impeditiva que en él concurra para actuar, y al efecto se le instruirá debidamente antes de iniciarse el acto.

Quedará a la decisión del Instructor que hay dispuesto el dictamen, la aceptación de la causa alegada.

ARTÍCULO 209.- En todo caso, se hará saber a los peritos clara y determinadamente el objeto de su dictamen. A ese efecto, si la prueba ha de practicarse a instancia de parte, ésta expresará con toda precisión, al proponerla, los particulares que habrán de ser objeto de dictamen.

ARTÍCULO 210.- Al dar comienzo al acto, se les advierte a los peritos de la obligación de proceder bien y fielmente en el desempeño de sus funciones, sin proponerse otro fin que el de descubrir y declarar la verdad.

ARTÍCULO 211.- El dictamen pericial se rinde por escrito y comprende:

1) descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo y del estado o modo en que se halle;

2) relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado;

3) las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos conforme a los principios y reglas de su ciencia, arte, técnica o práctica.

De discrepar los peritos entre sí, cada uno emite su dictamen por separado.

ARTÍCULO 212.- Si los peritos tiene necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberá conservarse, de ser posible, parte de ellos, para que en caso necesario pueda hacerse nuevo análisis.

ARTÍCULO 213.- Rendido el dictamen, si la autoridad actuante, por sí o a instancia de parte, considera necesario, obtener alguna aclaración o ampliación, puede exigirla de los peritos, así como hacerles las observaciones que se estimen convenientes, de todo lo cual se dejará constancia en el acta.

ARTÍCULO 214.- Tratándose de diligencia que no admita dilación o que por su índole no sea susceptible de ulterior reproducción, debe practicarse con la asistencia del Fiscal; y se hará saber, siendo posible, al acusado, para que pueda designar, si es de su interés, un Defensor que concurra a ella.

 

CAPÍTULO IX

DE LA ENTRADA Y REGISTRO EN LUGARES PÚBLICOS, EN DOMICILIO PRIVADO Y EN NAVES O AERONAVES EXTRANJERAS

ARTÍCULO 215.- El Instructor puede decretar la entrada y registro de día o de noche en todos los edificios y lugares públicos, cualquiera que sea el punto del territorio nacional en que se hallen, cuando existan indicios de encontrarse en ellos el acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación.

ARTÍCULO 216.- Se reputan edificios o lugares públicos para la observancia de lo dispuesto en este Capítulo:

1) los que están destinados a cualquier servicio oficial, civil o militar del estado, de la provincia o del municipio, aunque habiten en ellos los encargados del servicio o de la conservación y custodia del edificio o lugar.

Si se trata de edificios o lugares públicos destinados al servicio oficial de carácter civil, se notificará el registro, en el acto de practicarlo, al funcionario de rango superior que desempeñe su cargo en el local.

Si se trata de edificios e instalaciones militares, se requerirá el auxilio de su Jefe a fin de que llegue a efecto la diligencia o autorice su práctica;

2) los que están destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo;

3) cualquier otro edificio o lugar cerrado que no constituya domicilio de un particular;

4) las naves marítimas y aéreas cubanas.

ARTÍCULO 217.- Para la entrada y registro n templo u otro lugar destinado al culto religioso, bastará pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

ARTÍCULO 218.- Puede, asimismo, ordenarse en los casos indicados en el artículo 215 la entrada y registro de día o de noche, si la urgencia lo hace necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de ciudadano cubano o de extranjero residente en Cuba, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado.

A falta de consentimiento, se requiere resolución fundada del Instructor, con aprobación del Fiscal, copia de la cual se entregará a la persona interesada al proceder a la práctica de la diligencia. En este caso el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre las cinco de la mañana y las diez de la noche.

Se presume que presta su consentimiento el que, requerido por quien haya de efectuar la entrada y registro para lo que permita, ejecute por su parte los actos necesarios que de él dependan para que pueda tener efecto, sin invocar, para oponerse, la garantía constitucional de la inviolabilidad de domicilio.

ARTÍCULO 219.- La resolución que dispone la entrada y registro determina su objeto preciso; las razones que justifican adoptar la medida; y el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse. También expresa el nombre del funcionario o agente de Policía designado para su práctica, cuando no la realice por sí la propia autoridad.

ARTÍCULO 220.- El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito.

ARTÍCULO 221.- Los agentes de policía, asimismo, pueden proceder de propia autoridad al registro de un domicilio cuando haya orden de detención o mandamiento de prisión contra una persona y al tratar de llevar a efecto su captura se refugia en él; cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito; o cuando un delincuente o presunto delincuente, inmediatamente perseguido por los agentes de la autoridad, se oculte y refugie en alguna casa.

ARTÍCULO 222.- Se reputa domicilio para los efectos de los artículos anteriores:

1) los edificios donde radiquen la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros;

2) el edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada a la habitación de cualquier ciudadano cubano o extranjero residente en Cuba.

ARTÍCULO 223.- Los bares, bodegas, restaurantes, hoteles y cualesquiera otros establecimientos comerciales o de servicio, no se reputan domicilio de los que se encuentren o residan en ellos accidental o temporalmente; y lo son tan sólo de las personas que se hallen a su frente y habiten allí con sus familiares, en la parte del edificio destinado a vivienda.

ARTÍCULO 224.- Los locales de las misiones diplomáticas acreditadas en Cuba son inviolables. No se puede entrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión.

Gozan de la misma inviolabilidad la residencia particular de los agentes diplomáticos de las misiones acreditadas en Cuba.

Las misiones especiales, las consulares y las de organismos internacionales acreditadas en Cuba, gozarán de la inviolabilidad que les reconozcan las convenciones internacionales respectivas en que Cuba sea parte.

ARTÍCULO 225.- A los efectos de esta Ley, salvo lo que dispongan los tratados vigentes, no puede procederse a la entrada y registro en las naves y aeronaves comerciales extranjeras sin la autorización del capitán; o si éste la niega, la del representante diplomático o consular de su nación.

Respecto a naves o aeronaves militares extranjeras, a falta de autorización de su comandante, se suple ésta con la del jefe de la misión de la nación a que pertenezca.

ARTÍCULO 226.- Desde el momento en que se acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, se adoptarán las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del acusado, o la sustracción de los instrumentos o efectos del delito.

ARTÍCULO 227.- Cumplidos los trámites que se establecen en los artículos anteriores, se procede a la entrada y registro, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública.

El registro se hace en presencia del morador principal, y si no es habido o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica, de haberlo, a presencia de un familiar mayor de dieciséis años de edad. En todos los casos, a menos que sea imposible se hará a presencia de dos vecinos próximos.

El registro se practica siempre por la autoridad o agente en quien se delegue expresamente, a presencia de las personas de que habla el párrafo anterior y del mismo se extiende acta que firman todos los que intervienen en la diligencia.

Si no se encuentran las personas u objetos que se buscan, ni aparecieren indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada, si la reclama.

 

CAPÍTULO X

DEL REGISTRO DE LIBROS Y DOCUMENTOS Y DE LA RETENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA, TELEGRÁFICA Y CABLEGRÁFICA

ARTÍCULO 228.- No se ordenará el registro de documentos y correspondencia del acusado o de otras personas, sino cuando haya indicios suficientes de que de esta diligencia podría resultar el descubrimiento o la comprobación del hecho delictivo que se investiga o de circunstancias importantes del mismo.

ARTÍCULO 229.- Al procederse a la ocupación de los instrumentos y efectos del delito pueden recogerse también los documentos, papeles o cualesquiera otras cosas que se hayan encontrado, si son necesarios para el resultado de la investigación.

Los documentos que se recojan, excepto los libros impresos, se firman en todas sus hojas por el funcionario que practique la actuación, por el interesado o los que lo representen y por las demás personas que hayan asistido al registro.

ARTÍCULO 230.- Toda persona requerida al efecto está obligada a exhibir los objetos y documentos que tenga en su poder y que puedan tener relación con la comprobación de un hecho delictivo.

Si se niega a exhibirlos, se le advertirá de la responsabilidad en que podría incurrir según la ley penal; y si a pesar de ello mantiene su negativa, se procederá a la búsqueda, examen y ocupación de los objetos y documentos requeridos, sin perjuicio de deducir el oportuno testimonio por la responsabilidad penal en que haya incurrido.

ARTÍCULO 231.- El examen de libros que por su carácter público u oficial no deban ser extraídos del lugar donde se encuentren, se practica con arreglo a lo que al respecto disponga la legislación que a ellos se refiera.

ARTÍCULO 232.- Puede ordenarse la retención, apertura y examen de la correspondencia privada, postal, telegráfica o cablegráfica que el acusado dirija o deba recibir, y su apertura y examen, si existen indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho delictivo o circunstancias importantes relacionadas con el mismo.

ARTÍCULO 233.- Puede encomendarse la retención de la correspondencia al administrador o jefe de la oficina de correos, telégrafos o cablegráficos en que ésta se halle.

Realizada la retención, se remitirá inmediatamente la correspondencia a la autoridad que la haya ordenado, la cual será la única facultada para su apertura.

ARTÍCULO 234.- Puede asimismo disponerse que cualquier administrador de oficina telegráfica, cablegráfica o radiotelegráfica remita copias de los telegramas, cablegramas o radiogramas por ella transmitidos o recibidos, relacionados con el acusado, si pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación.

ARTÍCULO 235.- Para la práctica de las diligencias a que se contraen los artículos anteriores, se requiere resolución fundada del Instructor con determinación precisa de la correspondencia postal que haya de ser retenida o de la telegráfica, cablegráfica o radiotelegráfica de que deba expedirse copia.

En casos extraordinarios en que haya peligro inminente de que desaparezca una prueba de importancia, o que razones de seguridad así lo aconsejen, la Policía puede proceder de propia autoridad a la retención de la correspondencia, pero inmediatamente la pondrá a disposición de la autoridad a quien corresponda abrirla.

ARTÍCULO 236.- Para la apertura y registro de la correspondencia postal se cita al interesado. Este, o la persona que designe, puede presenciar la operación.

ARTÍCULO 237.- Si el acusado se encuentra en rebeldía, o si, citado para la apertura de la correspondencia, no asiste o rehúsa presenciarla o designar persona que lo haga en su nombre, se procederá, no obstante, a practicar la diligencia.

ARTÍCULO 238.- La apertura de la correspondencia se practica por la propia autoridad que la dispuso y, después de leerla para sí, apartará la que haga referencia a los hechos objetos de la investigación y cuya conservación considere necesaria.

Los sobres y hojas de esta correspondencia, después de haber sido tomadas las notas necesarias para la práctica de otras diligencias de investigación a que la correspondencia diere motivo, se rubrican por los asistentes, conservándolo todo después bajo cubierta cerrada, en la que se anotará su contenido, y la cual podrá ser abierta cuantas veces lo estime conveniente la autoridad actuante, para la práctica de alguna diligencia.

ARTÍCULO 239.- La correspondencia que no guarde relación con la investigación se entrega inmediatamente al acusado o a la persona que lo represente.

Si aquél estuviere en rebeldía, se entrega cerrada a un individuo de su familia mayor de edad.

Si no se conoce ningún pariente del acusado, se conservará en sobre cerrado por la autoridad correspondiente hasta que haya persona a quien entregarla, según lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 240.- La apertura de la correspondencia se hace constar mediante acta, en la que se referirá cuanto en la diligencia haya ocurrido.

El acta se firma por la autoridad que actúe y por los demás asistentes.

 

TÍTULO IV

DE LA DETENCIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL IMPUTADO

 

CAPÍTULO I

DE LA DETENCIÓN

ARTÍCULO 241.- Nadie puede ser detenido sino en los casos y con las formalidades que las leyes prescriben.

ARTÍCULO 242.- Cualquier persona puede detener:

1) al que intente cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo;

2) al delincuente in fraganti;

3) al que mediante la fuga haya quebrantado una sanción de privación de libertad o una medida de seguridad detentiva, que esté cumpliendo;

4) al acusado declarado en rebeldía.

ARTÍCULO 243.- La autoridad o agente de la policía tiene la obligación de detener:

1) a cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo anterior; se halla fugado encontrándose detenido o en prisión provisional; o exista contra él orden de detención;

2) al acusado por delito contra la seguridad del estado;

3) al acusado por un delito cuya sanción imponible sea superior a seis años de privación de libertad;

4) al acusado por cualquier delito siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  1. a) que los hechos hayan producido alarma o sean de los que se cometen con frecuencia en el territorio del municipio;
  2. b) que existan elementos bastantes para estimar fundadamente que el que el acusado tratará de evadir la acción de la justicia.

ARTÍCULO 244.- El que detenga a una persona en virtud de lo dispuesto en el artículo 242, la entregará inmediatamente a la Policía.

 

CAPÍTULO II

DEL ASEGURAMIENTO DEL ACUSADO

 

ARTÍCULO 245.- La Policía no puede mantener una persona detenida por más de veinticuatro horas sin darle cuenta al Instructor, y éste, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la pondrá en libertad o a disposición del Fiscal.

El Fiscal eleva a prisión, deja sin efecto la detención o dicta en su lugar la medida cautelar procedente dentro de las setenta y dos horas siguientes al recibo de las diligencias, mediante resolución fundada.

Si el Fiscal decreta la prisión provisional o impone cualquier otra de las medidas cautelares autorizadas por esta Ley, remite las actuaciones al Tribunal, el cual, dentro del término de setenta y dos horas y mediante resolución fundada, confirma lo resuelto por aquél, deja sin efecto la medida o acuerda otra en su lugar.

Contra la resolución que dicte el Tribunal, no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 246.- El Tribunal, una vez dictada resolución, con testimonio de ésta, devuelve las actuaciones al Fiscal.

ARTÍCULO 247.- Devueltas las actuaciones al Fiscal, éste las remite al Instructor que corresponda, el que continuará las investigaciones, practicando las diligencias que propongan las partes y las que de oficio se dispongan para el esclarecimiento de los hechos.

El Instructor, sin dilación, procederá a notificar al acusado la resolución del Tribunal y a ejecutar, en su caso, la medida cautelar impuesta. En la misma oportunidad en que se efectúe la notificación, el Instructor hará saber al acusado su derecho a designar Defensor. Si el acusado fuere menor de dieciséis años, la notificación se entenderá con su representante legal.

ARTÍCULO 248.- Si durante la fase preparatoria surgen elementos que aconsejen la adopción de una medida cautelar de las previstas en este Capítulo, el Fiscal la dispone ajustándose a lo establecido en el artículo 245.

ARTÍCULO 249.- Desde el momento en que se dicte o ratifique por el Tribunal resolución decretando la prisión provisional, o imponiendo cualquier otra de las medidas cautelares que autoriza esta Ley, el acusado será parte en el proceso y podrá, por sí o por medio de su Defensor, proponer pruebas a su favor.

En la resolución decretando la prisión provisional del acusado, se podrá disponer, por razones de seguridad estatal, que aquél reserve la proposición de pruebas para el trámite a que se refiere el artículo 281. En estos casos, el acusado y su Abogado no tendrán acceso a las actuaciones correspondientes a la fase preparatoria del juicio oral mientras éstas se están practicando.

ARTÍCULO 250.- La prisión provisional o cualquier otra medida cautelar sólo puede mantenerse mientras subsistan los motivos que la originaron.

Durante la fase preparatoria la modificación de la medida se acuerda por el Fiscal con la aprobación del Tribunal, y abierto el proceso a juicio oral, se dispone por el Tribunal.

El acusado que sea parte o su Defensor puede solicitar la modificación en todo tiempo.

ARTÍCULO 251.- La prisión provisional se cumple en establecimiento distinto al destinado a la extinción de las sanciones privativas de libertad.

ARTÍCULO 252.- Procede la prisión provisional, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

1) que conste de las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito;

2) que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente del delito al acusado, independientemente de la extensión y calidad de la prueba que se requiere para que el Tribunal pueda formar su convicción en el acto de dictar sentencia.

ARTÍCULO 253.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, puede decretarse cualquier otra de las medidas cautelares que establece esta Ley, de apreciarse en la persona del acusado buenos antecedentes personales y de conducta, y siempre que:

1) el delito que se le imputa no haya producido alarma;

2) el delito no sean de los que se cometen con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia o municipio;

3) no existan elementos suficientes para estimar fundadamente que el acusado tratará de evadir la acción de la justicia.

ARTÍCULO 254.- Cuando el Fiscal formule conclusiones provisionales contra una persona que no haya sido objeto de medida cautelar alguna y existan motivos suficientes para presumir que tratará de evadir la acción de la justicia, el Tribunal puede disponer la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares que autoriza esta Ley.

Si el que fue objeto de medida cautelar se halla en libertad y existen en cuanto a él motivos suficientes para presumir que tratará de eludir la acción de la justicia, el Tribunal puede sustituir la medida impuesta por otra más adecuada.

ARTÍCULO 255.- Además de la prisión provisional, las medidas cautelares que esta Ley autoriza son:

1) fianza en efectivo;

2) fianza moral por la empresa o entidad donde trabaje el acusado o el sindicato u otra organización social o de masas a que pertenezca;

3) reclusión domiciliaria;

4) obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale.

En los casos en que se disponga cualquiera de las medidas cautelares señaladas en este artículo, el acusado tendrá la obligación de comunicar sus cambios de domicilio al Instructor o al Tribunal, en su caso.

ARTÍCULO 256.- La reclusión domiciliaria consiste en la obligación del acusado de no salir de su domicilio sin la autorización del Instructor o del Tribunal, según la fase en que se halle el proceso, a no ser para asistir a su centro de trabajo o estudio, en el horario habitual, o para atender a su salud.

ARTÍCULO 257.- Mientras el acusado no constituya la fianza que se le haya fijado para gozar de libertad provisional, sufrirá prisión provisional.

ARTÍCULO 258.- Están excluidos del beneficio de gozar de libertad provisional bajo fianza los acusados:

1) en los delitos contra la seguridad del Estado;

2) en los delitos para los cuales la ley establece sanción de muerte o la máxima de privación de libertad.

ARTÍCULO 259.- Quien preste fianza moral se compromete a asegurar la comparecencia del acusado y asume también la obligación de presentarlo a requerimiento del Instructor o del Tribunal, según sea la fase en que se encuentre el proceso, o de ofrecer datos suficientes que permitan su detención.

ARTÍCULO 260.- Si el acusado a quien se haya impuesto alguna de las medidas cautelares enumeradas en el artículo 255 la quebranta, se sustituye la impuesta por otra más severa.

Si la medida quebrantada es la de fianza en efectivo, ésta, además, se incauta.

Cuando el quebrantamiento se produce la fase preparatoria, la modificación de la medida la dispone el Fiscal, con la aprobación del Tribunal. En caso de ocurrir después de la apertura a juicio oral, la modificación la acuerda el Tribunal.

 

TÍTULO V

DISPOSICIONES ESPECIALES EN LA FASE PREPARATORIA

 

ARTÍCULO 261.- Cuando el Fiscal reciba el expediente, de encontrarlo incompleto, lo devuelve al Instructor para que, en un término que no exceda de veinte días, practique las diligencias omitidas.

ARTÍCULO 262.- Si el Fiscal estima que el expediente remitido por el Instructor se encuentra completo, puede adoptar alguna de las decisiones siguientes:

1) sobreseer provisionalmente el expediente cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 266;

2) presentar el expediente al Tribunal competente para conocer del delito investigado, solicitando:

  1. a) que se sobresea libremente el expediente por alguno de los supuestos previstos en el artículo 265;
  2. b) que se tramite y resuelva alguno de los artículos de previo y especial pronunciamiento previstos en el artículo 290;
  3. c) que se disponga la apertura del juicio oral, formulando en este caso las conclusiones provisionales que correspondan, con los requisitos establecidos en el artículo 278.

Cuando el Fiscal dispone el sobreseimiento provisional, no son de aplicación las disposiciones a que se refiere el artículo 268.

ARTÍCULO 263.- Presentado el expediente por el Fiscal solicitando la apertura a juicio oral, el Tribunal se lo resuelve si observa que:

1) se ha quebrantado en la tramitación de la fase preparatoria alguna de las formalidades del procedimiento;

2) es necesario ampliar las investigaciones previas;

3) los hechos narrados en las conclusiones provisionales no se corresponden con los investigados en el expediente;

4) en el hecho imputado se ha omitido algún elemento o circunstancia que, sin alterarlo fundamentalmente, pudieran afectar la calificación del delito; o se ha incurrido en error en cuanto a ésta, en el grado de participación del acusado o en la concurrencia de circunstancias agravantes de la responsabilidad penal.

En los casos previstos en los apartados 1) y 2) el Tribunal devolverá al Fiscal el expediente señalándole el quebrantamiento padecido, con indicación expresa de los preceptos infringidos, así como las investigaciones y diligencias que deben practicarse. El Fiscal ordenará al Instructor la subsanación del quebrantamiento y la práctica de las diligencias omitidas, y cumplido esto, lo presentará al Tribunal a los efectos precedentes.

En los casos previstos en los apartados 3) y 4), el Tribunal lo, devolverá al Fiscal señalándole concretamente los puntos contradictorios o los elementos y circunstancias omitidos o los errores padecidos. Si el Fiscal insistiere en su petición, lo comunicará al Tribunal, teniéndose por formuladas como conclusiones provisionales las originalmente presentadas y, en caso contrario, presentará nuevas conclusiones.

 

TÍTULO VI

DEL SOBRESEIMIENTO DE LAS ACTUACIONES

ARTÍCULO 264.- El sobreseimiento es libre o provisional, total o parcial.

El sobreseimiento libre tiene carácter definitivo e impide toda posterior actuación sobre los mismos hechos; surte los efectos de una sentencia absolutoria.

El sobreseimiento provisional tiene carácter temporal y permite abrir de nuevo el proceso, siempre que surjan nuevos elementos o haya méritos para ello, o sean identificados los presuntos responsables del delito, reservándose exclusivamente al Fiscal, en estos casos, el ejercicio de la acción penal.

El sobreseimiento total comprende a todos los acusados y hechos investigados; el parcial queda limitado a determinados acusados o hechos.

Cuando es parcial, se abre el juicio respecto a los acusados a quienes no comprenda el sobreseimiento; y si es total, se dispone el archivo del expediente a los efectos del párrafo anterior.

ARTÍCULO 265.- Procede el sobreseimiento libre cuando:

1) el hecho no sea constitutivo de delito;

2) aparezcan exentos de responsabilidad penal los acusados como autores o cómplices.

ARTÍCULO 266.- Procede el sobreseimiento provisional cuando:

1) no resulte suficientemente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación del expediente;

2) resulte haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores o cómplices.

ARTÍCULO 267.- En cualquiera de los supuestos del artículo anterior, al acordarse el sobreseimiento provisional, el Fiscal revocará la resolución que se haya dictado imponiendo una medida cautelar.

En el caso de que al abrirse de nuevo el proceso subsistan o se reafirmen los indicios de culpabilidad contra el acusado, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 245 de esta Ley.

ARTÍCULO 268.- Cuando el Fiscal pida sobreseimiento libre, total o parcial, y el Tribunal lo estima injustificado, debe éste dictar auto fundado en el que hará constar concretamente los elementos de prueba que consten de las actuaciones y os fundamentos de derecho por los que no se acepta la petición de sobreseimiento, y devolverá al Fiscal la causa por sí, en atención a las razones aducidas, reconsidera su solicitud.

Si el Fiscal insiste en el sobreseimiento solicitado, el Tribunal remite la causa al Fiscal General para que resuelva lo procedente.

El Fiscal General podrá mostrar su conformidad con el sobreseimiento solicitado o, por el contrario, impartir instrucciones al Fiscal de que se trate para que formule conclusiones acusatorias o haga cualquier otra petición procedente.

Si el Fiscal General muestra su conformidad con el sobreseimiento solicitado, devolverá la causa al Tribunal, el que ofrecerá el procedimiento al perjudicado, si lo hubiere, por un plazo que no excederá de diez días.

ARTÍCULO 269.- Cuando en el caso a que se refiere el artículo anterior sea desconocido el paradero de los interesados en el ejercicio de la acción penal, se le llamará por edictos y mediante otros medios apropiados que el Tribunal estime pertinentes.

Transcurrido el término del emplazamiento sin comparecer los interesados los interesados, se procederá a sobreseer la causa en los términos solicitados por el Fiscal.

ARTÍCULO 270.- Si se presenta acusador particular a sostener la acción, el Tribunal le dará al proceso el curso correspondiente.

Cuando el perjudicado se muestre parte, ejercitará la acción penal en los mismos términos y condiciones que los establecidos para el Fiscal. En este caso, el Fiscal evacuará conclusiones y participará en el juicio oral como parte que es en el proceso, pudiendo adherirse a las conclusiones definitivas del acusador o del Defensor y rendir el informe correspondiente.

ARTÍCULO 271.- En el auto en el que se acuerde el sobreseimiento libre o el provisional, el Tribunal o el Fiscal, según el caso, debe resolver sobre lo ocupado como piezas de convicción, de acuerdo con las reglas siguientes:

1) las piezas de convicción de uso lícito se devolverán, mediante diligencia, a las personas en poder de quienes se hayan ocupado o, en su defecto, a las que resulten ser sus legítimos dueños.

De solicitarlo un tercero, los objetos ocupados susceptibles de conservarse continuarán retenidos hasta que se resuelva la acción civil que manifieste se propone entablar. En este caso, el Tribunal o el Fiscal fija el término dentro del cual debe acreditarse el ejercicio de la acción correspondiente, y si transcurre éste sin que se presente justificación de haberlo hecho, se procederá a devolverlos con arreglo al párrafo anterior;

2) los efectos que no tengan dueño conocido y que puedan conservarse sin alteración de su sustancia, se retienen y entregan a quienes justifiquen su derecho a poseerlos, si se presentan a reclamarlos dentro del término de tres meses a partir del sobreseimiento;

3) a los que no tengan dueños conocidos, o que no se presenten a reclamarlos dentro del término a que se refiere el apartado anterior, o los que no sean susceptibles de conservarse, se les da el destino más útil desde el punto de vista económico-social;

4) a las piezas de convicción de uso, tenencia o comercio ilícito, se les da el destino que establecen las disposiciones pertinentes.

En los casos en que se acuerde el sobreseimiento provisional del expediente, el Fiscal deberá describir detalladamente en acta, o fijar por medios fotográficos, cuando lo estime conveniente, las piezas de convicción a que corresponda dar alguno de los destinos a que se refieren los apartados que anteceden.

 

LIBRO TERCERO

DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA CALIFICACIÓN DEL DELITO

 

TÍTULO I

DE LA ACCIÓN PENAL

ARTÍCULO 272.- La acción penal se ejecuta ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la acusación contra el presunto culpable por los hechos delictivos que se le imputen.

ARTÍCULO 273.- La acción penal respecto a los delitos perseguibles de oficio se ejercita por el Fiscal. Puede también, por excepción, ejercitarse por el perjudicado por el delito en el caso a que se refiere el artículo 268.

ARTÍCULO 274.- La acción penal correspondiente a los delitos privados se ejercita exclusivamente mediante querella del perjudicado.

 

TÍTULO II

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO

ARTÍCULO 275.- La acción para reclamar la responsabilidad civil que se derive del delito se ejercita conjuntamente con la penal, excepto en el caso en que exista un lesionado respecto del cual la sanidad estuviere pendiente de atestarse. En este caso se formularán las conclusiones y el Tribunal continuará la tramitación del juicio hasta dictar sentencia, en la que, sin hacer pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, instruirá al perjudicado para que en el momento procesal oportuno ejercite la acción correspondiente ante el Tribunal civil competente.

ARTÍCULO 276.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, y la persona que sea su titular podrá citarla en la vía y forma que proceda, excepto que la sentencia firme haya declarado que no existió el hecho del que la civil hubiera podido nacer.

ARTÍCULO 277.- El Instructor, el Tribunal o el Fiscal, en su casa, pueden en cualquier estado del proceso, de oficio o a instancia de parte, disponer mediante resolución fundada las medidas cautelares de fianza, embargo y depósito de bienes del acusado o del tercero civil responsable, que sean necesarias para asegurar en su día la ejecución de la sentencia en lo referente a la responsabilidad civil.

 

TÍTULO III

DE LA CALIFICACIÓN DEL DELITO Y DE LA APERTURA DEL JUICIO ORAL

ARTÍCULO 278.- En el escrito en que se solicite la apertura del juicio oral, el Fiscal o el acusador particular, en su caso, determinan en conclusiones precisas y numeradas:

1) los hechos sancionables que resulten de las actuaciones;

2) la calificación legal de los hechos, determinando el delito que constituyan;

3) el concepto de la participación que en ellos hayan tenido los acusados contra los que se ejercite la acción penal;

4) los hechos que resulten de las actuaciones que constituyan circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal;

5) las sanciones en que hayan incurrido el o los acusados por razón de su respectiva participación en el delito; y medidas de seguridad que, en su caso, deben imponerse.

ARTÍCULO 279.- Cuando se sostenga la acción civil, se expresará además, en el propio escrito:

1) la cosa que haya de ser restituida o la cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios causados por el delito;

2) el modo en que ha de procederse para la reparación del daño moral al perjudicado o perjudicados;

3) la persona o personas que están obligadas a la restitución de la cosa o a la reparación de los daños y perjuicios de que aparezcan responsables, y el hecho o circunstancias en virtud de los cuales hayan contraído esa obligación.

ARTÍCULO 280.- En el escrito de calificación, las partes propondrán las pruebas de que intenten valerse en el acto del juicio oral. A dicho escrito acompañarán las listas de testigos que deberán ser examinados, con indicación de los puntos o extremos sobre los que habrán de ofrecer testimonio, y el lugar donde podrán ser citados. Si interesan prueba pericial, expresarán los particulares que habrán de ser objeto de dictamen.

ARTÍCULO 281.- Formuladas las conclusiones por el Fiscal o, en su caso, por el acusador particular, el Tribunal, de estimar completas las diligencias necesarias para proceder, abrirá la causa a juicio oral, teniendo por hecha la calificación, y dispondrá se requiera a los acusados y terceros civilmente responsables, con entrega de las copias presentadas, a fin de que designen Abogado para su defensa, de no tenerlos ya designados, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el acto o, a más tardar, dentro de cinco días, se les nombrará Defensor de oficio.

Designados por los acusados sus Defensores y personados éstos dentro del término expresado, se les entregarán por su orden las actuaciones a fin de que en el término de diez días formulen, a su vez, sus conclusiones numeradas correlativas a las de la acusación, en lo que a cada uno concierne, y propongan las pruebas en la forma prevista para la acusación.

Transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el primer párrafo de este artículo sin que los acusados o los terceros civiles responsables hayan hecho las designaciones de los Abogados de su elección, o no personados los mismos, se les designará de oficio, y se procederá con éstos en la forma que determina el párrafo anterior.

ARTÍCULO 282.- El término de diez días es improrrogable. Transcurrido éste, el Secretario procederá a requerir al Abogado defensor para que devuelva la causa con el escrito de conclusiones.

El requerido quedará incurso en una multa de diez pesos por cada día de demora, y se deducirá, además, testimonio para conocer de la responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido.

ARTÍCULO 283.- Si el número de acusados es de cinco o más, el Tribunal puede reducir el término común de veinte días, sin entrega de la causa, manteniéndose ésta d manifiesto en la Secretaria del Tribunal para que se instruyan los Defensores. Transcurrido el término, se procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior en cuanto sea aplicable.

ARTÍCULO 284.- Las partes pueden formular sobre cada uno de los puntos objeto de la calificación dos o más conclusiones alternativas.

ARTÍCULO 285.- Se acompañarán copias del escrito de calificación y de la lista de testigos para su entrega a cada uno de los que sean parte en la causa.

ARTÍCULO 286.- Las partes pueden pedir que se practiquen de inmediato aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa sea de temer que no se puedan practicar en el juicio oral.

ARTÍCULO 287.- Presentados los escritos de calificación, el Tribunal admitirá mediante auto las pruebas que considere pertinentes y rechazará las demás. Contra el auto que admita pruebas o mande a practicar las que se hallen en el caso a que se refiere el artículo anterior, no se da recurso alguno. Contra el que rechaza en todo o en parte, podrá interponerse, en su día, el recurso de casación, si se prepara oportunamente con la correspondiente protesta presentada a más tardar al día siguiente de la notificación.

En el mismo auto, el Tribunal señalará el día en que, dentro de los veinte siguientes, deban comenzar las sesiones del juicio oral, a menos que existan razones que obliguen a señalarlo para fecha posterior.

ARTÍCULO 288.- Admitidas las pruebas, el Tribunal adoptará las disposiciones adecuadas para que puedan practicarse en la oportunidad en que el juicio haya de tener lugar. A ese objeto librará cuantos despachos sean necesarios y designará, en su caso, los peritos, haciéndoles saber su designación a los efectos de los artículos 207 y 208.

ARTÍCULO 289.- Los acusados que se hallen en prisión deben ser presentados sin excusa al juicio oral, para lo cual se comunicará la fecha del señalamiento a la autoridad bajo cuya custodia se encuentren, exigiéndosele a ésta la responsabilidad correspondiente si no los presenta a no ser por causa debidamente justificada.

 

TÍTULO IV

DE LOS ARTÍCULOS DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

ARTÍCULO 290.- Son objeto de artículos de previo y especial pronunciamiento las cuestiones siguientes:

1) la declinatoria de jurisdicción;

2) la de cosa juzgada;

3) la de prescripción de la acción penal;

4) la de amnistía;

5) la de falta de autorización para proceder, en los casos en que sea necesaria;

6) la falta de denuncia de la persona legitimada para formularla, en los casos en que, de acuerdo con la ley, constituya un requisito para proceder.

ARTÍCULO 291.- El Fiscal, en el trámite de calificación, y las demás partes dentro de los tres primeros días del término concedido para evacuar conclusiones, pueden proponer las cuestiones expresadas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 292.- El que formule la pretensión acompañará al escrito los documentos justificativos de los hechos en que la funde, y de no tenerlos a su disposición, designará clara y determinadamente el archivo u oficina en que se encuentren pidiendo que el Tribunal los reclame de quien corresponda, originales o mediante copias autorizadas, según proceda. Presentará tantas copias del escrito y de los documentos cuantas sean necesarias para su entrega a cada una de las demás partes.

ARTÍCULO 293.- Establecido el artículo, el Tribunal, dentro del día siguiente, dispondrá la entrega de las copias a las partes, lo cual efectuará el Secretario inmediatamente, haciéndolo constar por diligencia. Los representantes de las partes a quienes se hayan entregado las referidas copias contestarán en el término común de tres días, ajustándose en todo lo demás a lo que dispone el artículo anterior.

ARTÍCULO 294.- Transcurrido el plazo de tres días, el Tribunal accederá o denegará la reclamación de documentos, según que los considere o no necesarios para hallar el artículo.

La falta de presentación de los documentos indispensables para la decisión del artículo, o de designación del archivo u oficina en que se hallen, dará lugar a que se rechace de plano el incidente.

ARTÍCULO 295.- Si el Tribunal accede a la reclamación de documentos, recibirá el artículo a prueba por el término necesario, que no podrá exceder de ocho días. El Tribunal mandará en el mismo auto dirigir las comunicaciones convenientes a los encargados de los archivos y oficinas en que los documentos se hallen, determinando si han de remitirlos originales o mediante copia autorizada.

ARTÍCULO 296.- Cuando los documentos hayan de ser remitidos mediante copia, se advertirá a los interesados el derecho que les asiste para personarse en el archivo u oficina, a fin de señalar la parte del documento que haya de consignarse y para presenciar el cotejo en su caso.

En los artículos de previo y especial pronunciamiento no se admite prueba testifical.

ARTÍCULO 297.- Transcurrido el término de prueba, el Tribunal señalará inmediatamente día y hora para la vista, si cualquiera de las partes la ha solicitado n el escrito de promoción o en el de contestación. En dicho acto los representantes de las partes pueden informar lo que convenga a su derecho.

En caso de no concurrir a la vista, al solicitante le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 76.

ARTÍCULO 298.- En el día siguiente al de la vista, si la hay, el Tribunal dictará auto resolviendo las cuestiones propuestas.

Si las partes no han solicitado la celebración de vista, una vez decursado el término de prueba, el tribunal dictará de inmediato auto resolviendo las cuestiones propuestas.

ARTÍCULO 299.- Cuando la cuestión propuesta sea la de declinatoria de jurisdicción, el Tribunal la resolverá antes que las demás, y si la estima procedente, mandará remitir los autos al Tribunal que considere competente, absteniéndose de resolver sobre las otras.

ARTÍCULO 300.- Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las cuestiones comprendidas en los apartados 2), 3) y 4) del artículo 290, se sobreseerá libremente.

ARTÍCULO 301.- Si el Tribunal desestima la declinatoria de jurisdicción, confirmará su competencia para conocer de los hechos.

Si desestima cualquiera de las otras excepciones, devolverá la causa a la parte que haya propuesto la cuestión para que formule conclusiones dentro del resto del término concedido para evacuarlas.

ARTÍCULO 302.- Contra el auto resolutorio de la declinatoria de jurisdicción se da el recurso de casación para ante el órgano que, conforme con lo dispuesto en la ley, sea el encargado de dirimir las cuestiones de competencia que se susciten entre los Tribunales.

Contra el auto que admita las cuestiones comprendidas en los apartados 2), 3) y 4) del artículo 290, se da el recurso de casación para ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular. Contra el que las desestime no se da recurso alguno, pero la parte que la propuso puede reproducirla en su escrito de calificación para su decisión en la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 303.- Si el Tribunal estima procedente el artículo por falta de autorización para proceder, mandará subsanar inmediatamente el defecto, quedando entretanto en suspenso la causa, que se continuará según su estado una vez concedida la autorización. Si se deniega ésta, se sobreseerá libremente.

Contra el auto que desestime este artículo, se da recurso de súplica para ante el Pleno del propio Tribunal o la Sección especial a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Organización del Sistema Judicial, si se tratadle Tribunal Supremo Popular.

ARTÍCULO 304.- Si el Tribunal admite la cuestión a que se refiere el apartado 6) del artículo 290, concederá un plazo a la persona legitimada para formalizarla denuncia, a fin de que pueda subsanar la falta, manteniendo entretanto en suspenso la causa. Subsanada la falta, continuará el curso del proceso. Si la subsanación no se produce dentro del término concedido al efecto, se sobreseerá libremente.

Contra el auto desestimatorio se da recurso de súplica en la forma que prevé el artículo 303.

 

LIBRO CUARTO

DEL JUICIO ORAL

 

TÍTULO I

DE LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL

 

CAPÍTULO I

DE LA PUBLICIDAD DE LOS DEBATES

ARTÍCULO 305.- El juicio oral es público a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas. También se celebrarán a puertas cerradas los juicios en que figuren como acusados menores de dieciséis años de edad, si el Tribunal estima, en atención a la índole del hecho y a las características personales de aquéllos, que la publicidad podría causarles perjuicios. Sólo asistirán a las sesiones de los juicios celebrados a puertas cerradas, las partes, sus representantes, Defensores, el personal auxiliar y las personas que el Presidente o el Tribunal autoricen.

El Tribunal puede adoptar esta decisión antes de comenzar el juicio o en cualquier estado del mismo, de oficio o a instancia de parte, haciendo constar en el acta las razones en que apoye esa decisión.

 

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO 306.- El Presidente del Tribunal tiene todas las facultades necesarias para conservar o establecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al Tribunal y demás organismos públicos.

A los efectos previstos en los artículos 92 y 93, todos los concurrentes al juicio oral quedan sometidos a la jurisdicción disciplinaria del Presidente.

ARTÍCULO 307.- El Presidente dirige los debates. En el desempeño de sus funciones debe impedir las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, cuidando de no limitar a las partes en el ejercicio de sus derechos y facultades legales.

Puede expulsar por cierto tiempo o por todas las sesiones al acusado que altere el orden en el local con una conducta inconveniente, si después de habérsele apercibido de ello, persiste en su conducta.

ARTÍCULO 308.- Toda persona interrogada o que dirija la palabra al Tribunal, debe permanecer de pie.

Se exceptúan el Fiscal, los Defensores y las personas a quienes el Presidente dispense de esta obligación por razones especiales.

 

TÍTULO II

DEL MODO DE PRACTICAR LAS PRUEBAS DURANTE EL JUICIO ORAL

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 309.- En el día señalado para dar comienzo a las sesiones, se colocarán en el local del Tribunal las piezas de convicción que se hayan recogido y se adoptarán las disposiciones convenientes a fin de que las personas que, como testigos o peritos, deban declarar en el juicio no presencien éste ni puedan comunicarse con los que ya lo han realizado. El Presidente, en el momento oportuno, declarará abierta la sesión e instruirá a las partes del derecho que les asiste de decursar alguno de los miembros del Tribunal.

ARTÍCULO 310.- El juicio oral continúa en la siguiente forma: el Secretario da cuenta del hecho que haya motivado la formación de la causa e informa si el acusado se encuentra sujeto a alguna medida cautelar.

Seguidamente da lectura a los escritos de calificación y las listas de peritos y testigos que se hayan presentado oportunamente, y hace relación de las demás pruebas propuestas y admitidas, pero puede prescindirse de esta lectura con la conformidad de las partes.

ARTÍCULO 311.- Las pruebas en el juicio oral se practican a continuación, en el orden siguiente:

1) declaraciones de los acusados y de los terceros civilmente responsables, en su caso;

2) documentales;

3) examen de testigos;

4) informe pericial;

5) inspección en el lugar de los hechos.

Al practicarse en el orden mencionado las pruebas admitidas, se comienza siempre por las propuestas por la parte acusadora.

El Presidente, sin embargo, puede alterar este orden, a instancia de parte o de oficio, cuando lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos, o existan otras circunstancias que así lo aconsejen.

 

CAPÍTULO II

DE LA DECLARACIÓN DE LOS ACUSADOS Y TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES

ARTÍCULO 312.- Ningún acusado tiene obligación de declarar en su propia causa. El Presidente del Tribunal le preguntará si desea prestar declaración, previamente advertido del derecho que le asiste de hacerlo o no. Si el acusado quisiera hacerlo, manifestará lo que entienda necesario en relación con los hechos. Después pueden preguntarle los que sean parte en el proceso, comenzando por el Fiscal o el acusador, y está obligado a contestar o a expresar que se abstiene de dar respuesta a la pregunta que se le haya formulado.

ARTÍCULO 313.- De atribuirse en la calificación responsabilidad civil a persona distinta del acusado, le asiste aquélla el mismo derecho que a éste para prestar o no declaración, en los términos expresados en el artículo anterior.

No es obligatoria la comparecencia de la persona a quien sólo se atribuya responsabilidad civil, pero será siempre indispensable su citación para dar comienzo al juicio oral. Su falta injustificada de asistencia a una de las sesiones, dispensará de la necesidad de tal citación para las que sucesivamente hayan de tener lugar.

 

CAPÍTULO III

DEL EXAMEN DE LOS TESTIGOS

ARTÍCULO 314.- Todos los que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 167, están obligados a declarar, lo harán concurriendo ante el Tribunal, sin otra excepción que las personas mencionadas en el artículo 191, a las que se les notificará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores la fecha de la celebración del juicio oral, por si desean prestar declaración.

ARTÍCULO 315.- Si las personas mencionadas en el artículo 188 han tenido conocimiento por razón de su cargo de los hechos que son objeto de causa, pueden consignarlo por medio de informe escrito, al que se le dará lectura inmediatamente antes de proceder al examen de los demás testigos.

ARTÍCULO 316.- Las declaraciones prestadas en el extranjero conforme a lo previsto en el artículo 175, se tendrán en cuenta si son propuestas como medios de prueba, caso en el cual se les dará lectura en el juicio oral.

ARTÍCULO 317.- En ningún caso se permitirá a los testigos, después de haber declarado, permanecer en la sala en que se celebre el juicio o lugar próximo desde el cual puedan conocer su desarrollo, mientras no se haya terminado la práctica de todas las pruebas admitidas.

ARTÍCULO 318.- Lo dispuesto en los artículos que anteceden es también aplicable en el caso en que el testigo deba declarar o practicar cualquier reconocimiento en lugar distinto de aquél en que la audiencia se celebre.

ARTÍCULO 319.- Respecto a la obligación de los testigos de comparecer, declarar y decir verdad en el juicio oral, es aplicable lo dispuesto en los artículos 167 al 173.

ARTÍCULO 320.- Una vez instruido el testigo por el Presidente de la obligación de decir la verdad y de la responsabilidad penal en que incurriría si faltare a ella, así como de preguntársele por sus generales y sobre si conoce al acusado y al ofendido, así como con respecto al parentesco, amistad, enemistad o relaciones que tenga con alguno de ellos, se procederá a su interrogatorio por la parte que lo propuso. A continuación puede ser interrogado por las demás partes y miembros del Tribunal. Puede, además, ser repreguntado por los que lo soliciten del Presidente.

ARTÍCULO 321.- Salvo la facultad del Presidente para encauzar el debate y hacer observar el orden y la compostura debidos, nadie puede interrumpir al testigo mientras declare.

ARTÍCULO 322.- El Presidente no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.

Contra la resolución que sobre este extremo adopte, puede interponerse, en su día, el recurso de casación, si se hace en el acto la correspondiente protesta.

En este caso, el Secretario consignará literalmente en el acta la pregunta o repregunta que el Presidente haya prohibido contestar.

ARTÍCULO 323.- Los testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando por su nombre y apellidos, o por las señas con que fuere conocida, a la persona que se le haya comunicado.

ARTÍCULO 324.- Los testigos sordomudos o que no conozcan el idioma español, se examinan del modo prescrito en los artículos 192 y 193.

ARTÍCULO 325.- Las partes pueden solicitar del Tribunal que el testigo reconozca cualquiera de las piezas de convicción ocupadas.

ARTÍCULO 326.- Si la declaración del testigo en el juicio oral difiere sustancialmente de la prestada en cualquier momento de la fase preparatoria del proceso, puede pedirse por alguna de las partes de lectura de ésta y, hecho que sea, el Presidente requerirá al testigo para que explique la diferencia o contradicción que se observe entre ambas declaraciones.

ARTÍCULO 327.- Siempre que los testigos que hayan declarado en la fase preparatoria comparezcan a declarar sobre los mismos hechos en el juicio oral, sólo habrá lugar a mandar proceder contra ellos, como presuntos autores del delito de perjurio, cuando la declaración falsa sea hecha en dicho juicio. Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, en los demás podrá exigirse a los testigos la responsabilidad en que incurran con arreglo a las disposiciones de la ley penal sustantiva.

ARTÍCULO 328.- Si el testigo estuviere físicamente impedido de acudir a la citación para declarar, su examen se efectuará en una oportunidad posterior que no exceda de diez días, sin perjuicio de continuar practicándose las demás pruebas; pero si la imposibilidad pudiera prolongarse por un término dilatado, el Tribunal se constituirá por sí, o designará uno o más de sus miembros, según la mayor o menor importancia que se le atribuya a la declaración, para que se constituyan en el domicilio o lugar en que el testigo se halle, con asistencia de las partes, a fin de practicar la diligencia, siempre que con ello no se ponga en peligro la vida del testigo. El Secretario extenderá diligencia, haciendo constar las preguntas y repreguntas que se hayan hecho al testigo, las respuestas de éste y los incidentes que hubieren ocurrido durante el acto. Este último requisito no es exigible cuando sea el propio Tribunal el que practique la prueba.

ARTÍCULO 329.- Si el testigo imposibilitado de concurrir a la sesión no reside en la localidad en que la misma se celebre, se libra despacho al Tribunal correspondiente para que sea examinado. En este caso, las partes pueden solicitar que en el despacho se consignen las preguntas, las que, siendo pertinentes, se incluyen en aquél. Esto se entiende sin perjuicio de la facultad del propio Tribunal para practicar por sí la prueba en cualquier lugar del territorio nacional, de alguno de los modos que establece el artículo precedente, cuando lo estime necesario.

ARTÍCULO 330.- Lo dispuesto en los artículos anteriores es también aplicable al caso en que el Tribunal ordene que el testigo declare o practique cualquier reconocimiento fuera del lugar en que se celebre el juicio.

ARTÍCULO 331.- Las declaraciones e informes que se ofrezcan por los funcionarios y agentes de la policía y demás auxiliares de las funciones judiciales, tienen el valor de declaraciones testificales, apreciables, como tales, según las reglas del criterio racional.

 

CAPÍTULO IV

DEL INFORME PERICIAL

ARTÍCULO 332.- Corresponde al Tribunal designar los peritos que hayan de practicar la prueba en cada caso y determinar el número de ellos. A dicho efecto utilizará los peritos que desempeñen el cargo con carácter oficial en la materia de que se trate o hará, en otro caso, libremente, la designación atemperándose a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 333.- La prueba pericial en el juicio oral se practica con la asistencia de uno o tres peritos. Los peritos serán examinados juntos cuando deban informar sobre los mismos hechos y contestarán en la misma forma señalada para los testigos a las preguntas y repreguntas que las partes y los miembros del Tribunal les dirijan. Cuando para informar o contestar alguna pregunta se requiera la práctica de cualquier reconocimiento, lo llevarán a efecto de inmediato en el mismo local del juicio, si es posible, y de no serlo, se suspenderá la sesión por el tiempo necesario, a no ser que no puedan practicarse otras pruebas mientras los peritos hacen el reconocimiento.

ARTÍCULO 334.- El informe de los peritos comprende las conclusiones a que hayan llegado, de acuerdo con los principios y reglas de su ciencia, arte, técnica o práctica.

ARTÍCULO 335.- En los caso de especial dificultad, puede pedirse informe al organismo o institución oficial que corresponda.

El dictamen de esos organismos o instituciones se emitirá siempre por escrito, y se dará lectura de su resultado en el acto del juicio oral como parte de la prueba pericial.

ARTÍCULO 336.- El resultado de la prueba pericial queda sujeto a la apreciación que en definitiva haga el tribunal de acuerdo con criterio racional

ARTÍCULO 337.- En todo lo demás, la prueba pericial se ajustará en lo pertinente a lo dispuesto en el Capítulo VIII del Título del Libro Segundo.

 

CAPÍTULO V

DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y DE LA INSPECCIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

ARTÍCULO 338.- El tribunal examinará por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la más segura determinación de la verdad.

ARTÍCULO 339.- La inspección en el lugar de los hechos se efectúa constituyéndose el Tribunal con las partes en el lugar en que haya de practicarse a fin de hacer por sí el examen de la cosa que sea su objeto.

El Tribunal oirá las observaciones que en el acto las partes crean necesario exponer.

Para la práctica de las pruebas se observarán, en cuanto sean aplicables, las disposiciones contenidas en los artículos 125 al 131.

Cuando la prueba haya de llevarse a efecto en lugar distante de la sede del Tribunal, éste puede delegar para su práctica en uno o más de sus miembros o librar despacho al Tribunal que corresponda, con citación de las partes en ambos casos, por si desean asistir o delegar en personas que las representen.

 

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMUNES A ESTE TITULO

ARTÍCULO 340.- No pueden practicarse en el juicio oral otras pruebas que las propuestas oportunamente, ni examinarse otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas.

Se exceptúan:

1) los careos de testigos entre sí o con los acusados, o entre éstos, si a ello se prestan, y el Tribunal lo acuerde de oficio o a instancia de parte;

2) las pruebas no propuestas por las partes que el Tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación;

3) las pruebas de cualquiera otra clase que en el acto del juicio ofrezcan las partes para acreditar alguna circunstancia que pueda incluir en el valor probatorio de la declaración de un testigo, si el Tribunal las considera admisibles.

ARTÍCULO 341.- Las partes pueden renunciar, total o parcialmente, las pruebas que hayan propuesto; pero en este caso queda al arbitrio del Tribunal el hacerlas suyas y acordar su práctica.

ARTÍCULO 342.- Pueden también leerse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias que consten de la causa y que por razones realmente impeditivas no puedan reproducirse en el juicio oral, consignándose esos particulares detalladamente en el acta de éste.

ARTÍCULO 343.- El tribunal adoptará las disposiciones convenientes para evitar que los acusados que se hallen en libertad se ausenten o dejen de comparecer a las sesiones para que fueren citados.

A ese fin, puede adoptar de plano cualquiera de las medidas establecidas en el artículo 255.

 

TÍTULO III

DE LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL

ARTÍCULO 344.- Abierto el juicio oral, continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión. ARTICULO 345.- No obstante lo dispuesto, el Presidente del Tribunal puede suspender la apertura de las sesiones cuando las partes, por motivos independientes de su voluntad, no tengan preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos.

ARTÍCULO 346.- Las sesiones del juicio oral pueden suspenderse, de oficio o a instancia de parte, cuando:

1) el Tribunal deba resolver alguna cuestión incidental que por cualquier causa fundada no pueda decidirse en el acto;

2) el Tribunal o alguno de sus miembros tengan practicar alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones y no pueda realizarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión;

3) no comparezcan los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las partes y el Tribunal considere necesaria la declaración de los mismos.

Puede, sin embargo, el Tribunal acordar en este caso la continuación del juicio y la práctica de las demás pruebas, y suspenderlo después hasta que comparezcan los testigos ausentes.

Si la no comparecencia del testigo es por el motivo expuesto en el artículo 328, se procederá como se determina en el mismo y en los dos siguientes;

4) el Defensor de cualquiera de los acusados enferme repentinamente hasta el punto que no pueda continuar tomando parte en el juicio oral, ni pueda ser reemplazado inmediatamente. El Tribunal, en este caso, hace nuevo señalamiento y dispone se instruya a un Abogado de oficio en aptitud de asumir la defensa en la nueva oportunidad para el caso de que no concurra el designado u otro que pudiera nombrar el acusado en su defecto;

5) habiendo varios acusados y varios Defensores, alguno no comparezca o esté impedido de continuar participando en el juicio. En este caso, el acusado privado así de Defensor, puede escogerlo entre los presentes o, en su defecto, el Tribunal lo designa entre ellos, cuidando de que no exista incompatibilidad entre las respectivas defensas.

De no poder resolverse de este modo el inicio del juicio, se suspenderá éste y se nombrará Defensor de oficio, al que se instruirá de las actuaciones, que se le pondrán de manifiesto en la Secretaría del Tribunal.

Si el que enferme es un miembro del Tribunal o el Fiscal, se suspenderá el juicio, y si la suspensión es por término indefinido o demasiado prolongado, se anulará la parte del juicio oral en que haya intervenido, y se señalará día y hora para comenzarlo de nuevo;

6) habiendo un solo acusado, éste no comparece, se ausente o enferme, de modo que no pueda asistir al juicio oral. En este caso se suspenderá hasta que cese el impedimento. Si existe más de un acusado y el Tribunal estima que el juicio puede celebrarse sin la asistencia del incompareciente, se efectuará respecto a los que hayan concurrido con sus Abogados, sin perjuicio de fijar nueva fecha para llevar a cabo el de los que no hayan comparecido.

No obstante, si existe más de un acusado y el Tribunal estima que no puede celebrarse el juicio conforme a lo que se dispone anteriormente, y uno de los acusados se encuentra imposibilitado de concurrir a la sesión por un término mayor de treinta días, el Tribunal se constituirá en el lugar en que dicho acusado se encuentre, aun cuando se halle fuera de su jurisdicción territorial, a los fines de celebrar el juicio oral, haciendo al efecto los señalamientos y citaciones oportunas para el mismo, previo aviso al Tribunal de la jurisdicción del lugar en que habrá de constituirse.

En todos los casos de no comparecencia del acusado, éste está obligado a probar a satisfacción del Tribunales impedimento alegado.

El motivo de la incomparecencia debe alegarse siempre con una anticipación por lo menos de setenta y dos horas, a menos que haya sobrevenido posteriormente;

7) revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en el juicio, haciendo necesario nuevos elementos de prueba, o alguna sumaria instrucción suplementaria.

En estos casos se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 351.

En el auto de suspensión, se fijará el tiempo de la misma, si es posible, y se determinará lo que corresponda para la terminación del juicio.

Contra este auto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 347.- Cuando el juicio oral no pueda terminarse en una sesión, se dispondrá su continuación para el siguiente día hábil.

Durante las sesiones, el Tribunal puede acordar recesos breves, de oficio o a instancia de parte.

ARTÍCULO 348.- Cuando por razón de los casos previstos en el artículo 346 haya de prolongarse indefinidamente la suspensión del juicio, o por un tiempo demasiado largo, se dejará sin efecto la parte celebrada y se citará a nuevo juicio para cuando desaparezca o sea subsanado el motivo de la suspensión.

 

TÍTULO IV

DE LAS CONCLUSIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO 349.- Practicadas las pruebas, el Fiscal, el acusador particular, en su caso, y el Defensor, con vista del resultado de las mismas, pueden mantener como definitivas son conclusiones provisionales o modificarlas en todo o en parte. No obstante, la primera de las conclusiones provisionales formuladas por la parte acusadora sólo puede ser modificada en cuanto ello no suponga incluir algún elemento o circunstancia que implique una alteración sustancial del hecho originalmente imputado.

Estas modificaciones se presentan siempre por escrito.

También en esta oportunidad la parte acusadora puede retirar la acusación.

Sólo la defensa puede mantener como definitivas dos o más conclusiones en forma alternativa.

ARTÍCULO 350.- Formuladas conclusiones definitivas por las partes y antes de que éstas rindan oralmente sus informes, si el tribunal entiende que, del resultado de las pruebas practicadas y teniendo en cuenta los hechos imputados por la acusación, se ha omitido algún elemento o circunstancia que, sin alterar sustancialmente los hechos, puede afectar la calificación del delito, o se ha incurrido en error en cuanto a ésta o en el grado de participación del acusado o en la concurrencia de circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, el Presidente puede emplear la fórmula siguiente:

“Sin que sea prejuzgar el fallo sobre lo planteado por la acusación y la defensa en sus conclusiones definitivas, el Tribunal invita a las partes a que lo ilustren acerca de los particulares siguientes:

1) Si en el hecho justiciable se ha omitido incluir alguno de los elementos no esenciales siguientes………….

2) Si el hecho justiciable constituye el delito de………….

3) Si la participación del acusado lo ha sido en concepto de………..

4) Si concurre la circunstancia agravante de………..”

El Tribunal al emplear la fórmula señalará concretamente cuáles de los particulares taxativamente enumerados incluye en ella.

También puede emplear dicha fórmula cuando la parte acusadora retire la acusación o cuando entienda que procede imponer una sanción más grave que la solicitada.

El tribunal no puede extender dicha fórmula a las causas por delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

Si cualquiera de las partes entiende que no está suficientemente preparada para discutir la cuestión propuesta por el Presidente, se suspenderá la sesión hasta el siguiente día.

ARTÍCULO 351.- Cuando en el acto del juicio oral se produzcan revelaciones o retractaciones inesperadas que alteren sustancialmente el hecho imputado, o permitan suponer que deban responder de él personas contra quienes no se haya abierto el juicio, el Tribunal, de oficio o a instancia de la parte acusadora, dispondrá la práctica de nuevas diligencias de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria, lo que comunicará por escrito al Fiscal para su práctica en término que no exceda de veinte días. La defensa puede proponer también las pruebas que estime convenientes para ser incluidas en las nuevas diligencias o en la sumaria instrucción suplementaria.

ARTÍCULO 352.- Terminada la instrucción a que se refiere el artículo anterior y elevada al Fiscal, éste, en su vista, la presentará al Tribunal proponiendo la continuación del juicio o que, previa declaración de nulidad de lo actuado con posterioridad al trámite de calificación, retrotraiga el proceso a dicho trámite.

ARTÍCULO 353.- Llegado el momento de informar, el Presidente concederá la palabra a la acusación y después los Defensores, decidiendo el orden en que éstos informarán en el caso de que sean varios.

ARTÍCULO 354.- Las partes se ajustarán en sus informes a las conclusiones formuladas como definitivas y, en su caso, a la propuesta por el Presidente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 350.

Después de estos informes, sólo se permitirá a las partes usar de la palabra para rectificar hechos y conceptos.

ARTÍCULO 355.- Terminados los informes, el Presidente preguntará a los acusados si tienen algo que agregar en su defensa, y si contestan afirmativamente, les concede la palabra. El Presidente cuidará de que los acusados, al usarla, se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles el uso de la palabra en caso contrario. Inmediatamente después, el Presidente declarará concluso el juicio para sentencia.

ARTÍCULO 356.- El Secretario extiende acta de cada sesión del juicio y hace constar n ella sucintamente todo lo que de importancia hubiere ocurrido. Al terminar la sesión, el Secretario leerá el acta y hará constar a continuación las rectificaciones que las partes reclamen, si el Tribunal las estima precedentes.

Las actas se firman por el Presidente y demás miembros del Tribunal, el Fiscal, los Defensores y el acusador particular, si lo hubiere.

ARTÍCULO 357.- El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los acusados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley.

En la sentencia, el Tribunal no puede sancionar por un delito más grave que el que haya sido calificado por la acusación; apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, ni tampoco la participación de un acusado en concepto que lleve consigo mayor gravedad que el que la acusación haya sostenido; agravar el concepto de la acusación en cuanto al grado de realización del delito, ni imponer sanción más grave que la solicitada por la acusación. No obstante, si el Tribunal hubiese hecho uso de la fórmula a que se refiere el artículo 350, podrá dictar sentencia conforme al contenido de la misma.

ARTÍCULO 358.- En la sentencia se resuelven todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, sancionando o absolviendo a los acusados, no sólo por el delito principal y sus conexos, sino también por todas las contravenciones incidentales de que se haya conocido en la causa aunque éstas no hubieren sido objeto de calificación.

También se resuelven en la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hayan sido objeto de la calificación.

Asimismo, se dispondrá en la sentencia el destino de las piezas de convicción ocupadas conforme a lo previsto en el artículo 271.

Cuando, después de celebrado el juicio oral, el Tribunal entienda que el hecho justiciable es de la competencia del Tribunal Municipal Popular, sea delito o contravención, dictará sentencia imponiendo la sanción que proceda.

 

LIBRO QUINTO

DEL PROCEDIMIENTO DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES POPULARES

 

TÍTULO I

DE LA PRIMERA INSTANCIA

ARTÍCULO 359.- El proceso penal ante el Tribunal Municipal Popular se inicia inmediatamente que se reciba denuncia, o en cualquier otra forma tenga conocimiento de hechos punibles de su competencia.

ARTÍCULO 360.- El Tribunal Municipal Popular, al tener conocimiento de los hechos a que se refiere el artículo anterior y estando completas las investigaciones, señalará de inmediato día y hora para la celebración del juicio.

De no estar completas las investigaciones, dispondrá que por la Policía se practiquen las diligencias que sean indispensables para la comprobación del delito y la identificación del acusado y, según su resultado, hará el señalamiento del juicio, librando los despachos u órdenes necesarios para que tenga lugar.

ARTÍCULO 361.- Denunciado un hecho que revista los caracteres de contravención o de delito de la competencia del Tribunal Municipal Popular, la autoridad o funcionario que la reciba deberá hacer constar en el acta que al efecto extenderá conforme al artículo 120, además de los antecedentes necesarios para la comprobación del hecho, los datos que habrá de ofrecer el denunciante sobre las personas que puedan brindar información útil como testigos o con otro carácter, y sus domicilios o lugares en que sea posible citarlos; y, terminada el acta, la remitirá al Tribunal que corresponda.

ARTÍCULO 362.- Cuando sea la Policía la que intervenga por conocimiento propio o a virtud de denuncia, además de extender el atestado a que hace referencia el artículo anterior, practicará sumariamente las diligencias más necesarias para la averiguación del hecho, la ocupación de las piezas de convicción e instrumentos del delito, y en los casos que proceda, requerirá al acusado para que preste fianza y, de no hacerlo, lo dejará detenido; dará cuenta directamente al Tribunal y presentará al detenido, si existe, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención o, de no haberlo, en el término más breve posible, sin que exceda de veinte días.

ARTÍCULO 363.- Si existe algún acusado detenido, el Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, confirma o deja sin efecto la detención o dispone cualquiera de las otras medidas cautelares consignadas en el artículo 255. Si decreta la fianza en efectivo, ésta no puede exceder de la cantidad de cien pesos, si se trata de delito, ni de veinticinco pesos si se trata de contravención. Contra esta resolución no procede recurso alguno.

En cualquier momento en que el detenido preste la fianza se dispone la libertad.

ARTÍCULO 364.- Si antes de dictar sentencia, el Tribunal advierte que el hecho de que conoce es de la competencia de otro Tribunal Municipal Popular, se inhibe a su favor. Cuando el conocimiento corresponda a un Tribunal superior, estará a lo que se establece en el párrafo tercero del artículo 17.

ARTÍCULO 365.- En el caso de delito de la competencia de los Tribunales Municipales Populares puede disponerse la detención del acusado siempre que existan motivos bastantes para presumir que no concurrirá al llamamiento de la autoridad competente, a menos que, requerido, preste la fianza que señala el artículo 363.

ARTÍCULO 366.- Las fianzas se prestan en efectivo, ante la Policía mientras el detenido se halle a su disposición o ante el Tribunal en cualquier otro caso.

ARTÍCULO 367.- El Tribunal dispondrá el archivo de las actuaciones cuando los hechos denunciados no sean constitutivos de delito o contravención o resulten manifiestamente falsos.

ARTÍCULO 368.- En los juicios que se celebren ante los Tribunales Municipales Populares no es indispensable la participación de Defensor. No obstante, el Tribunal lo admitirá si el acusado concurre asistido de él.

ARTÍCULO 369.- El Fiscal puede personarse en los juicios que se celebren ante los Tribunales Municipales Populares para ejercitar en ellos sus funciones. ARTÍCULO 370.- Es aplicable a los juicios que se celebren ante los Tribunales Municipales Populares lo que dispone el artículo 305.

ARTÍCULO 371.- El Presidente del Tribunal, al señalar día y hora para la celebración del juicio, dispondrá la citación de las personas que figuren como acusados, denunciantes, perjudicados y testigos, o con otro carácter que haga necesaria su asistencia.

La citación del acusado, del denunciante y del perjudicado se practicará con la prevención de que deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse, y al primero, además, de que podrá hacerlo asistido del Defensor de su elección.

ARTÍCULO 372.- En la oportunidad a que se refiere el artículo anterior, puede asimismo disponerse el reconocimiento pericial que sea necesario. A ese efecto, se instruirá a los peritos, al propio tiempo que se les designe, del objeto de la prueba y de la fecha del señalamiento, a fin de que concurran a rendir su dictamen previa la práctica de las operaciones del caso si no pueden éstas practicarse en el acto mismo del juicio.

ARTÍCULO 373.- Cuando, por no haber prestado la fianza, el acusado haya de querer detenido, el tribunal cuidará de que el juicio se celebre dentro de las setenta y dos oras siguientes al acto a que se refiere el artículo 362, a menos que por tratarse de lesiones que requieran asistencia médica o por cualquier otro motivo insuperable, haya que esperar un plazo mayor, que será siempre el indispensable.

ARTÍCULO 374.- El juicio oral ante los Tribunales Municipales Populares se desarrolla en la forma siguiente:

1) el Secretario dará cuenta d los hechos que lo motiven y de las personas que aparezcan como acusados y perjudicados;

2) si el acusado comparece asistido de Defensor, el Tribunal situará a éste en los estrados;

3) el Presidente preguntará al acusado si tiene algún motivo legal para recusar a algún miembro del Tribunal. En caso afirmativo, si la recusación se basara en una de las causales previstas en el artículo 23, el Juez que haya sido objeto de ella, siendo cierta, queda excusado de intervenir en el juicio y se le reemplaza inmediatamente en la forma legal procedente.

En todo caso se tienen en cuenta las disposiciones generales sobre recusación y excusas contenidas en el artículo 22 y siguientes, si bien la decisión sobre la recusación, en su caso, se adoptará sumariamente antes de dar comienzo al juicio, con o sin la intervención del Fiscal, según que haya o no solicitado participar en él.

El juicio se continúa por sus demás trámites;

4) se advierte al público presente que si alguien conoce de los hechos debe manifestarlo en ese momento a fin de que se sitúe en el lugar destinado a los testigos para ser llamados en su oportunidad;

5) se toma declaración al denunciante o perjudicado y a continuación, al acusado, ajustándose, en cuanto a éste, a las formalidades que señala el artículo 312;

6) se procede a la práctica de las pruebas. El Tribunal examina a los testigos y a los peritos si los hubiere. También pueden formular preguntas el Fiscal y el Defensor, si intervienen. El Tribunal puede disponer, además, la práctica de cualquier otra prueba de las autorizadas en esta Ley, siempre que la estime necesaria;

7) practicadas las pruebas, se concede la palabra, por su orden, al Fiscal y al Defensor, si intervienen, y por último al acusado por si tiene algo que exponer en su defensa;

8) el Tribunal se retira de los estrados por el tiempo indispensable para acordar sentencia, realizado lo cual reanuda el acto y pronuncia la que haya acordado. El acto de pronunciar la sentencia implica el de su notificación y, en consecuencia, el Presidente del Tribunal hará saber a los interesados, en los casos en que proceda, el derecho que les asiste de recurrirla;

9) si la sentencia es absolutoria, se dejará inmediatamente en libertad al acusado que se hallare detenido.

Si la sentencia impusiere sanción privativa de libertad, el Tribunal, de acuerdo con las circunstancias personales del acusado, puede disponer en el acto su prisión provisional sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva a virtud del recurso que llegue a establecer. De igual modo, puede fijar fianza cuando la sanción sea de multa pero el importe de aquella no debe exceder de cien pesos.

ARTÍCULO 375.- De todo juicio se redacta acta, en que se consigna:

1) el nombre y apellidos del acusado, su sobrenombre o apodo, si lo tuviere, edad, estado civil, ocupación, naturaleza, ciudadanía y vecindad; de qué y por quién se le acusa; nombre del perjudicado en su caso; y lugar y fecha del hecho;

2) los nombres del Fiscal y del Defensor si comparecen;

3) la relación de las pruebas practicadas, consignándose los nombres y apellidos de los testigos y peritos comparecientes y declaración sucinta del hecho que se considere probado;

4) el fallo, en el que se expresará el nombre y apellidos del acusado, el delito o contravención o contravención por el que se absuelva o sancione y, en este caso, la sanción impuesta y la responsabilidad civil en que haya incurrido;

5) finalmente se le hizo saber a las partes el derecho que les asiste de recurrir la sentencia pronunciada y dentro de qué término, y si alguno manifiesta su decisión de recurrir, lo acordado por el tribunal al respecto de lo que dispone el apartado 9) del artículo anterior;

6) la firma de los miembros del Tribunal y del Secretario.

ARTÍCULO 376.- En las contravenciones en relación con las cuales se forma expediente administrativo o se deja constancia por escrito de otro modo, se remite al Tribunal dicho expediente o constancia originales, con carácter devolutivo o no, según lo que prevenga la regulación establecida respecto a la infracción de que se trate.

ARTÍCULO 377.- Las disposiciones relativas a la fase preparatoria del juicio oral, la práctica de pruebas y todas las demás de carácter general de esta Ley, son de aplicación en los procesos de que conocen los Tribunales Municipales Populares, en cuanto no se opongan a las que en el presente Libro se establecen.

ARTÍCULO 378.- Firme que sea la sentencia por no haberse por no haberse recurrido o dictada en su caso la que corresponda resolviendo la apelación, se procede a su ejecución por el Tribunal Municipal Popular en los términos acordados. A ese efecto dicho Tribunal libra los oportunos despachos en la forma procedente.

ARTÍCULO 379.- De cada delito o contravención de que conozca el Tribunal Municipal Popular se forma un expediente separado y numerado consecutivamente por años.

 

TÍTULO II

DEL RECURSO DE APELACIÓN

ARTÍCULO 380.- Contra la sentencia que dicte el Tribunal Municipal Popular en juicio por delito, pueden, el acusado, el responsable civilmente y el Fiscal, establecer recurso de apelación para ante el Tribunal Provincial Popular correspondiente.

Igual recurso puede interponerse contra la sentencia dictada en juicio por contravención que imponga sanción de privación de libertad.

ARTÍCULO 381.- El recurso de apelación se establece dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, por escrito en el que el apelante expone sucintamente las razones que justifiquen, a su juicio, su inconformidad con dicha sentencia. El escrito se presenta ante el propio Tribunal que la dicta.

Admitido el recurso, el Tribunal Municipal Popular lo eleva con las actuaciones al Tribunal Provincial Popular correspondiente, sin necesidad de emplazamiento. El Tribunal Provincial Popular celebra la vista, previa citación de los interesados, dentro de los quince días siguientes, disponiendo, si lo estima necesario, reproducir total o parcialmente la prueba practicada por el Tribunal Municipal Popular u otra que a su juicio sea útil.

En otro caso, oído el denunciante y el acusado, falla sin necesidad de practicar pruebas.

La vista se celebra ajustándose en lo posible a las disposiciones del juicio oral y la sentencia a las reglas contenidas en el artículo 64.

ARTÍCULO 382.- Celebrada la vista, el Tribunal se retira de los estrados por el tiempo necesario para dictar sentencia, realizado lo cual reanuda el acto y pronuncia la que haya acordado, sin ulterior recurso.

ARTÍCULO 383.- El Tribunal Provincial Popular, al dictar sentencia, dispondrá que el acusado sea reducido a prisión para el cumplimiento de la sanción privativa de libertad o en defecto del pago inmediato de la multa impuesta, según el caso.

En todo lo demás, la ejecución de la sentencia corresponderá al Tribunal Municipal Popular que haya conocido del juicio en primera instancia, a cuyo efecto se le devolverán las actuaciones.

ARTÍCULO 384.- De toda vida de apelación se levanta acta, en la que se hace constar:

1) el lugar y la fecha en que la sentencia se dicte; el Tribunal Municipal Popular de donde proceda el recurso; los nombres y apellidos, ocupación y domicilio de los que hayan figurado en el proceso como partes; el delito o contravención por que se haya incoado el juicio; y las demás circunstancias generales necesarias para determinar el asunto objeto del recurso, con expresión de la parte que lo haya establecido;

2) si el Tribunal Provincial Popular ha practicado pruebas, cuáles han sido; los hechos a que se refiere el recurso y los que declare probados;

3) el contenido de la parte dispositiva de la resolución recurrida;

4) los fundamentos de derecho de la resolución que se dicte;

5) el fallo.

 

LIBRO SEXTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

 

TÍTULO I

DEL MODO DE PROCEDER PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD PENAL A LOS MIEMBROS DEL BURO POLÍTICO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ESTADO Y DEL CONSEJO DE MINISTROS, A LOS JUECES DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR Y AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LOS VICEFISCALES GENERALES.

ARTÍCULO 385.- El Pleno del Tribunal Supremo Popular es competente para juzgar a las personas que seguidamente se expresan, por razón de los delitos de todas clases de que resulten acusadas:

1) los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, previa autorización de este órgano;

2) el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previa autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado, cuando ésta no esté reunida;

3) los miembros del Consejo de Estado, previa autorización de este órgano;

4) los miembros del Consejo de Ministros, previa autorización de este órgano;

5) el Presidente, el Vicepresidente y los Jueces profesionales y Legos del Tribunal Supremo Popular, estos últimos mientras se hallen en el desempeño efectivo de la función judicial;

6) el Fiscal General de la República, los Vicefiscales Generales y Fiscales de la Fiscalía General.

Esta competencia se extiende a los delitos conexos de que aparezcan acusadas otras personas conjuntamente con aquéllas.

ARTÍCULO 386.- Conocido directamente o por denuncia un hecho que revista caracteres de delito y en el que concurran elementos o indicios para estimar la participación en él de alguna de las personas a que se refieren los apartados 1), 2), 3) y 4) del artículo anterior, se dará cuenta al órgano de que forme parte solicitando autorización para proceder a la práctica de las oportunas diligencias sin perjuicio de que forme parte solicitando autorización para proceder a la práctica de las oportunas diligencias sin perjuicio de que excepcionalmente se realice alguna cuya dilación pueda entorpecer la investigación.

Concedida la autorización se procederá en consecuencia.

ARTÍCULO 387.- Practicadas las diligencias indispensables para comprobar el delito, determinar la participación de los presuntos responsables y cualquiera otra cuya dilación pueda perjudicar la investigación, si de las mismas resultan cargos contra alguna de las personas a que se refieren los apartados 1), 2), 3 y 4) del artículo 385, se dará cuenta con aquéllas al Fiscal General de la República, quien, encuentra méritos suficientes , las pasará al Tribunal Supremo Popular proponiendo que se dirija al Buró Político del Partido Comunista de Cuba, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Consejo de Estado o al Consejo de Ministros, según el caso, solicitando la autorización exigida para poder juzgar a las personas expresadas. Al propio tiempo señalará los particulares en que consten los cargos que justifiquen la acción que se proponga ejercitar.

Este trámite no es necesario cuando los órganos correspondientes, por propia iniciativa, hayan adoptado ya acuerdo que implique de manera indudable la autorización expresada.

ARTÍCULO 388.- El Tribunal Supremo Popular dará traslado de la solicitud al órgano correspondiente, incluyendo testimonio de los antecedentes señalados como fundamentos de los cargos y de cualquier otro que estime procedente.

ARTÍCULO 389.- El Buró Político del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado o el Consejo de Ministros, en sus casos respectivos, pueden conceder la autorización a que se refiere el artículo 387.

ARTÍCULO 390.- Si el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado o el Consejo de Ministros, deniegan la solicitud, se sobreseerá libremente la causa en cuanto al acusado a que se refiera; y si existen otros no sujetos a ese fuero, se remitirán las actuaciones al Tribunal competente para que conozca de ellas de acuerdo con las reglas correspondientes.

ARTÍCULO 391.- Si el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de estado o el Consejo de Ministros, acceden a la solicitud, se reunirá el expediente al Fiscal, quedando sujetas a él todas las personas que resulten acusadas. La tramitación continuará de acuerdo con las reglas ordinarias de procedimiento, sin otra modificación que la de que la sentencia quedará firme de derecho tan pronto se pronuncien sin perjuicio de hacer las aclaraciones o subsanaciones que sean procedentes, de oficio o a instancia de parte, dentro de un término de veinticuatro horas después de realizada la última notificación.

ARTÍCULO 392.- La intervención del Pleno en estos casos queda limitada a la celebración del juicio oral y a dictar la sentencia correspondiente. La tramitación anterior a dicho acto estará a cargo de la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular. No obstante, contra cualquier decisión de ésta podrá establecerse ante el Pleno, dentro de tercero día, recurso de queja, el cual se resolverá en igual plazo, de plano y sin ulterior recurso.

ARTÍCULO 393.- Excepto en lo que se refiere a la autorización necesaria para proceder, las reglas anteriores son aplicables de igual modo y en cuanto resulten pertinentes a los casos previstos en los apartados 5) y 6) del artículo 385.

 

TÍTULO II

DEL MODO DE PROCEDER PARA EXIGIR RESPONSABILIDAD PENAL A LOS PRESIDENTES DE TRIBUNALES Y DE SALAS, JUECES PROFESIONALES Y LEGOS Y FISCALES

ARTÍCULO 394.- La responsabilidad penal relativa a los Presidentes de Tribunales, Presidentes de Salas, Jueces profesionales y legos, mientras se hallen estos últimos en el ejercicio efectivo de la función judicial, y la de los Fiscales de las Fiscalías Provinciales y Municipales, cualquiera que sea el delito, es exigible ante el tribunal de grado inmediato superior al del funcionario inculpado.

ARTÍCULO 395.- En tales casos, el procedimiento se ajustará en su sustanciación a las normas correspondientes al delito de que se trate, con las mismas garantías, formalidades y recursos que por aquellas se establecen.

ARTÍCULO 396.- Cuando la competencia, en estos casos, se encuentre atribuida al Tribunal Supremo Popular, se entenderá que debe conocer de la causa en primera instancia la Sala respectiva de dicho Tribunal, y contra el fallo de ésta, procederá el recurso correspondiente ante la Sección especial del propio Tribunal, formada por el Presidente del Tribunal Supremo Popular, que la presidirá, los cinco Presidentes de Sala de este Tribunal y dos Jueces profesionales y dos legos de cualquier Sala que no hayan intervenido en la sustanciación y fallo del asunto en que se dictó la sentencia recurrida.

ARTÍCULO 397.- Lo dispuesto en los artículos que antecede no obsta a la facultad del Tribunal Supremo Popular para reclamar el conocimiento de determinados delitos, según lo establecido en el título siguiente.

 

TÍTULO III

DEL MODO DE PROCEDER EN LOS CASOS EN QUE LA SALA DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR RECLAME EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

ARTÍCULO 398.- La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular tiene la facultad de avocar el conocimiento en primera instancia de delitos contra la seguridad del Estado, de acuerdo con las regulaciones que se establecen en el presente Título.

ARTÍCULO 399.- Esta facultad, que es de carácter excepcional, requiere para su ejercicio especiales circunstancias, determinadas por la importancia y trascendencia pública y social del asunto o por las características personales de los presuntos culpables.

ARTÍCULO 400.- Dicha Sala reclamará el conocimiento de los delitos de referencia:

1) de oficio;

2) a propuesta del Fiscal;

3) por acuerdo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, por propia iniciativa o a excitación del Gobierno.

ARTÍCULO 401.- La reclamación puede ordenarse en cualquier momento anterior a aquel en que las partes hayan formulado sus conclusiones definitivas en el juicio oral.

ARTÍCULO 402.- Las actuaciones anteriores a la reclamación son válidas a todos los efectos, otorgándoseles la eficacia que por su naturaleza corresponda. Al objeto expresado, el proceso seguirá sin solución de continuidad no siendo necesario repetir aquellas diligencias ya practicadas si bien pueden reproducirse las que, atendidas sus características, resulten indispensables para formar juicio propio sobre algún aspecto o cuestión de indudable trascendencia.

Se exceptúa únicamente la celebración del juicio oral, si se hubiere ya comenzado, el que necesariamente habrá de reiniciarse.

ARTÍCULO 403.- Contra la sentencia que se dicte procede el recurso correspondiente ante la Sección especial a que se refiere el artículo 396.

 

TÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

CAPÍTULO I

DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PREDELICTIVAS

ARTÍCULO 404.- Compete a los Tribunales Municipales Populares el conocimiento de los índices de peligrosidad predelictiva y la imposición de las medidas de seguridad que en cada caso establece la Ley Penal sustantiva.

ARTÍCULO 405.- El procedimiento para conocer de un índice de peligrosidad predelictiva se inicia a solicitud del Fiscal mediante escrito en el que se expondrán los hechos en que se funde la solicitud y las circunstancias necesarias para la identificación de la persona contra la cual se dirija, y se propondrá también la medida de seguridad predelictiva procedente.

Pueden, además, presentar la solicitud en los casos de enajenación mental, narcomanía y dipsomanía, el tutor o el representante legal del presunto asegurado, y, a falta de éstos, el familiar bajo cuyo cuidado se halle aquél.

ARTÍCULO 406.- El Fiscal formaliza la solicitud según los datos y antecedentes de que dispone, por conocimiento propio, o de acuerdo con los informes y atestados que le remitan la Policía, los órganos de prevención social u otros oficiales.

ARTÍCULO 407.- En los casos de enajenación mental, narcomanía y dipsomanía, a la solicitud se acompaña informe expedido por no menos de dos médicos que aseguren bajo su responsabilidad haber reconocido o prestado asistencia al presunto asegurado y advertido en él síntomas de la enfermedad o vicio, y que, dada la forma en que éste se manifiesta, resulta aquél socialmente peligroso.

ARTÍCULO 408.- Formulada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, se dispone la observación del presunto asegurado en el hospital o establecimiento destinado al efecto, por el término indispensable, el cuál en ningún caso puede exceder de treinta días naturales.

ARTÍCULO 409.- El director del hospital o establecimiento debe, en cualquier momento anterior al decurso del término antes dicho, oído el parecer de los médicos encargados de la observación, disponer bajo su responsabilidad la inmediata alta de la persona sujeta a observación si, como resultado de ella, existe a su juicio la evidencia de la audiencia del índice de peligrosidad predelictiva que la haya motivado, participándolo en el día al Tribunal.

ARTÍCULO 410.- En el caso del artículo anterior, el tribunal dará vista al Fiscal y éste, dentro de tercero día, expresará su conformidad o no con la medida adoptada.

Si manifiesta su conformidad o transcurre el término sin hacer manifestación alguna, se archivará el expediente.

Si la niega, se procederá a la celebración de la vista en la forma establecida en el artículo 415.

ARTÍCULO 411.- Siempre que la Policía encuentre a una persona con síntomas evidentes de haberse administrado por sí o por medio de otro, fuera del caso de prescripción facultativa, sustancias, productos o drogas narcóticas, estupefacientes o sicotrópicas, procederá a conducirla al centro hospitalario u otro adecuado para su examen y tratamiento médico, y dará cuenta inmediata al Fiscal, acompañando el informe que previene el artículo 407.

Si el Fiscal entiende que no existen méritos para promover el expediente sobre declaración de peligrosidad predelictiva, lo hace saber así a la Policía y lo participa al director del centro hospitalario o establecimiento en que el presunto asegurado se halle recluido a fin de que se deje sin efecto la reclusión.

ARTÍCULO 412.- Fuera del caso a que se refiere el artículo anterior, no se dará ingreso en ningún hospital u otro lugar destinado a observación de las personas a quienes se suponga comprendidas en alguno de los índices de peligrosidad predelictiva a que se refiere el artículo 407, sino a virtud de mandamiento librado por el Tribunal competente.

ARTÍCULO 413.- Cuando, por no estarse en el caso del artículo 409, proceda continuar la observación, los médicos designados para ella deban informar su resultado tan pronto como hayan podido llegar a una conclusión definitiva, sin esperar al decurso del plazo de treinta días concedido.

En el informe expresarán de modo preciso su juicio sobre la concurrencia o no del respectivo índice de peligrosidad predelictiva y las razones en que funden su dictamen, ajustándose en lo pertinente a lo dispuesto en los artículos 200 y siguientes.

ARTÍCULO 414.- Recibido el informe de los médicos, el Tribunal, previa vista al Fiscal por término de tres días, dicta auto dentro de los tres siguientes, adoptando la medida de seguridad predelictiva.

Este término, no obstante, puede ser prorrogado por el tiempo necesario cuando, de oficio o a propuesta del Fiscal, sea necesario aclarar a ampliar algún extremo u ordenar alguna otra instrucción complementaria. Practicada ésta, se oirá nuevamente al Fiscal por el término ya expresado.

ARTÍCULO 415.- La declaración del índice de peligrosidad predelictiva, en los demás casos no comprendidos en el artículo 407, se decide sumariamente por el procedimiento instituido para los Tribunales Municipales Populares, con las modificaciones siguientes:

1) es obligatoria la intervención del Fiscal y de un Defensor designado por el interesado o, en su defecto, nombrado de oficio;

2) los términos se reducen a la mitad, computándose las fracciones como días completos.

ARTÍCULO 416.- Firme que sea la resolución que imponga una medida de seguridad predelictiva, se procede a su ejecución por el Tribunal que conoció del expediente en primera instancia, ajustándose, en cuanto resulten aplicables, a las disposiciones que regulan la ejecución de sentencias.

 

CAPÍTULO II

DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POSTDELICTIVAS

ARTÍCULO 417.- La competencia para imponer medidas de seguridad postdelictivas está atribuida al Tribunal que corresponda el conocimiento del delito en cuya virtud se hubiere revelado el respectivo índice de peligrosidad.

ARTÍCULO 418.- La medida de seguridad postdelictiva a que se refiere el artículo anterior, se impone en la resolución que ponga fin al proceso de que se trate.

ARTÍCULO 419.- En los casos a que este Capítulo se refiere, el Tribunal al que corresponda declarar el estado peligroso comprueba la existencia del índice de peligrosidad postdelictiva, ajustándose, en cuanto sean aplicables, a las disposiciones generales sobre la admisión y práctica de las pruebas.

 

TÍTULO V

DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR DELITOS SOLO PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE

ARTÍCULO 420.- La acción penal por los delitos de calumnia e injuria se ejerce únicamente mediante querella de la parte ofendida o de las personas llamadas a completar su capacidad legal.

ARTÍCULO 421.- La querella requiere la dirección y firma de Abogado, y en ella se expresará:

1) el Tribunal ante el que se presenta;

2) el nombre, apellidos y vecindad del querellante;

3) el nombre, apellidos y vecindad del querellado y si s ignoran esta circunstancias, las señas que mejor puedan identificarlo;

4) la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecutó, si se conocen;

5) la calificación legal, razonando porqué el hecho imputado integra el delito de injuria o el de calumnia; la participación que se atribuya a cada querellado y las sanciones cuya imposición se solicite, tanto en el orden penal como las referentes a la responsabilidad civil;

6) relación de las pruebas que deben practicarse para la comprobación del hecho;

7) la petición de que se admita la querella, se practiquen las pruebas indicadas en el apartado anterior y se dicte en definitiva, sentencia imponiendo las sanciones solicitadas;

8) La firma del querellante, o de otra persona a su ruego si no puede firmar, cuando aquél comparezca por sí mismo o sea presentada por un Abogado que no tenga poder especial para formularla.

ARTÍCULO 422.- Si el querellado se halla sometido por disposición especial de la ley a determinado Tribunal, ante éste se interpone la querella.

Lo mismo se hará cuando sean varios los querellados y algunos de ellos estuviese sometido excepcionalmente a un Tribunal que no fuere el llamado a conocer del delito.

ARTÍCULO 423.- El querellante, cualquiera que sea su fuero, queda sometido para todos los efectos del juicio por él promovido al Tribunal competente para conocer del delito objeto de la querella interpuesta.

ARTÍCULO 424.- El querellante puede desistir en cualquier tiempo, antes de dictarse sentencia, de la acción ejercitada, quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pueden derivarse de sus actos anteriores.

La querella se entiende abandonada cuando el querellante deje de impulsar el procedimiento dentro de los diez días siguientes a la práctica de la última diligencia que se haya dispuesto. También se entiende abandonada la querella cuando el querellante deje de evacuar dentro del plazo legal cualquier trámite a que estuviere obligado.

Se tiene asimismo por abandonada la acción cuando por muerte o incapacidad del querellante no comparezca alguno de sus herederos o su representante legal, según sea el caso, a sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la fecha del emplazamiento que al efecto se les hará.

ARTÍCULO 425.- Sólo están legitimados para iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal por los delitos expresados, el agraviado o, en su defecto: en caso de incapacidad, la persona llamada legalmente a suplir ésta; yen el de muerte, su viudo o viuda, los ascendientes y descendientes, y los hermanos sin distinción de vínculo.

La inactividad de los parientes de cada grado no excluye el derecho de los siguientes para ejercitar o continuar el ejercicio de la acción, de acuerdo con el orden de prelación antes establecido; y cuando sean varios los parientes dentro de cada grado, los que pretendan ejercitar el derecho, lo harán unidos y bajo una sola dirección letrada. No se tomarán en consideración las promociones en las que se falte a esta disposición, una vez que el Tribunal hay prevenido a los interesados de su obligación de ajustarse a ella.

ARTÍCULO 426.- Si la querella fuera por calumnia o injuria vertida en juicio, será necesario acreditar la autorización del Tribunal que haya conocido de la causa penal o asunto civil en que el delito se entienda cometido. La autorización no será prueba bastante de la imputación.

ARTÍCULO 427.- Si la calumnia o injuria se hubiere proferido por escrito, debe presentarse, de ser posible, el documento original que la contenga; o designarse, en su defecto, el archivo, protocolo, expediente o actuaciones de cualquier clase en que obre y acompañarse, en este caso, copia del mismo.

ARTÍCULO 428.- Presentada la querella con las formalidades mencionadas, el Tribunal resuelve mediante auto lo que proceda sobre su admisión. Con el escrito interponiéndola se presentan tantas copias autorizadas de él y de los documentos que se acompañen cuantas sean las personas contra quienes se dirija la acción.

ARTÍCULO 429.- La querella es inadmisible: cuando no se cumplan los requisitos exigidos en los precedentes artículos; cuando los hechos en ella relatados no sean constitutivos de delito, o sean manifiestamente falsos; cuando la acción penal haya prescrito; cuando por los mismos hechos haya recaído resolución firme denegando por cualquier motivo su admisión o se haya tenido al querellante por desistido o decaído en su derecho.

No obstante, cuando la querella sea inadmisible por haberse interpuesto ante Tribunal incompetente, declarado así, puede interponerse ante el que corresponda.

ARTÍCULO 430.- Contra el auto que declare inadmisible la querella puede establecerse recurso de casación excepto que haya sido dictado por el Pleno del Tribunal Supremo Popular.

ARTÍCULO 431.- Si el Tribunal admite la querella, dispondrá que se requiera al querellado, con entrega de las copias presentadas, para que dentro del quinto día a partir del requerimiento designe Abogado que lo represente y defienda, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le designará de oficio.

ARTÍCULO 432.- Designado el Defensor, se le da traslado de la querella por término de diez días para que exponga lo que al derecho de su defendido convenga y proponga al mismo tiempo las pruebas que estime necesarias.

Dentro de los tres primeros días del plazo concedido, el Defensor puede oponer, como cuestión previa, la inadmisibilidad de la querella por alguno de los motivos contenidos en el artículo 429, acompañando, si le es posible, las pruebas que apoyen la pretensión. De esta oposición se da traslado al querellante por igual término de tres días, y dentro de los tres siguientes el Tribunal resuelve lo que estime procedente, con los efectos previstos en el precepto citado. No obstante, el término citado queda en suspenso cuando, a instancia de parte, sea necesario solicitar algún documento que deba tenerse a la vista para resolver, y que por no estar a la disposición de los interesados no fue posible presentar antes. Una vez que se recibe el documento solicitado comienza a correr nuevamente el término de tres días para resolver la cuestión previa planteada.

Contra el auto desestimatorio del incidente no procede recurso alguno, pero el querellado puede reproducir el fundamento de la cuestión como uno de los motivos del recurso que, en su día, pudiera establecer contra la sentencia que ponga término al juicio.

Desestimada la cuestión previa, continuará corriendo el término para contestar la querella por el tiempo que reste sin necesidad de apremio ni resolución expresa del Tribunal.

ARTÍCULO 433.- El Tribunal resolverá lo procedente sobre las pruebas propuestas por la querellante y la defensa, y señalará día para el juicio oral, ajustándose en lo adelante a las disposiciones que regulan su celebración.

ARTÍCULO 434.- En los casos de desistimiento o abandono de la querella, se archivarán definitivamente las actuaciones. No obstante, si se hubiera dictado sentencia absolutoria, se declarará firme aunque el querellante haya interpuesto recurso.

 

TÍTULO VI

DE LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 435.- La extradición sólo puede pedirse por delito previsto en una ley vigente tanto en el momento de su comisión como en el de tramitarse la solicitud.

ARTÍCULO 436.- Para que pueda pedirse la extradición es necesario que se haya dictado auto fundado declarando que existen méritos suficientes para ejercitar la acción penal, o recaído sentencia firme condenatoria contra el acusado al que se refiera la extradición.

ARTÍCULO 437.- La solicitud de extradición procede:

1) en los casos específicos estipulados en los tratados vigentes con el Estado en cuyo territorio se halle la persona reclamada;

2) en defecto de tratados, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad.

ARTÍCULO 438.- Sólo puede solicitarse la extradición:

1) de los ciudadanos cubanos que, habiendo delinquido en Cuba, hayan evadido la acción de la justicia y se encuentren en el extranjero;

2) de los extranjeros que, habiendo delinquido en Cuba, hayan evadido la acción de la justicia y se encuentren en otro país que no sea el suyo;

3) de los ciudadanos cubanos o extranjeros que hayan delinquido en el extranjero, en los casos en que, conforme a la ley penal sustantiva, corresponda a los Tribunales cubanos conocer del delito.

ARTÍCULO 439.- El Tribunal competente acuerda, de oficio o a instancia del Fiscal, en resolución fundada, pedir la extradición desde el momento en que, por el estado de la causa y por su resultado, sea procedente con arreglo a los artículos anteriores.

Contra el auto que deniegue la solicitud de extradición puede interponerse recurso de apelación, dentro de tercero día, para ante el Tribunal inmediato superior, el cual lo resuelve oyendo previamente al Fiscal.

ARTÍCULO 440.- La propuesta de solicitud de extradición se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores por conducto del Presidente del Tribunal Supremo Popular. Con la comunicación contentiva de la proposición de extradición, se remite testimonio literal del auto que la disponga y de los demás antecedentes necesarios para que pueda expedirse la solicitud por el Gobierno.

ARTÍCULO 441.- La solicitud que formalice el Gobierno por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores se ajustará a lo que determinan los tratados correspondientes, y, en su defecto, se redacta observando las reglas siguientes:

1) declarar que el delito ha sido cometido dentro del territorio de la república de Cuba o que se halla en alguno de los casos a que se refiere el apartado tercero del artículo 438, y que existen elementos para estimar que la persona a quien se le imputa ha buscado refugio o se encuentra dentro del territorio del país al que va dirigida la solicitud;

2) consignar el nombre y apellidos del reclamado, su sobrenombre o apodo, si lo tiene, y el delito o delitos por los cuales se solicita su extradición, así como el nombre apellidos de la persona comisionada para recibir y conducir el reclamado a Cuba;

3) si el reclamado no ha sido sentenciado y solamente se le imputa la comisión de un delito, la solicitud debe contener:

  1. a) copia debidamente legalizada del auto fundado y un informe especificando la fecha en que se cometió el delito, si consta;
  2. b) copia literal de las pruebas en que se funda el auto dictado;
  3. c) copia literal de los preceptos de la ley penal sustantiva que definen el delito y especifican la sanción imponible, y certificación de que dicha ley estaba en vigor en la fecha en que se cometió el delito y que aún lo está en Cuba;
  4. ch) copia del mandamiento de arresto y de la diligencia extendida por el funcionario encargado de ejecutarlo en la que conste que no se ha cumplido el arresto porque el acusado no se encuentra en Cuba;

4) en el caso que el reclamado haya sido sancionado, se acompañará una copia debidamente legalizada de la sentencia firme del Tribunal;

5) todos los documentos se extenderán por duplicado, con sus traducciones, si son necesarias, también por duplicado, y tanto los originales como las traducciones deben ir acompañados de certificación de que son correctos. Las firmas y sellos deben legalizarse y los certificados de legalización requieren también traducirse;

6) las copias de todos los documentos que constituyen las pruebas que se exigen por la presente, incluyendo el auto fundado o sentencia, deben estar debidamente certificados y sellados por el Secretario respectivo. La identificación oficial de dicho Secretario debe ser legalizada por el Presidente del Tribunal respectivo; y la firma del Presidente, legalizada con la del funcionario autorizado y con el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores;

7) en todos los casos, cuando no exista tratado, debe hacerse al Gobierno extranjero la promesa de reciprocidad.

 

TÍTULO VII

DEL PROCEDIMIENTO CONTRA ACUSADOS AUSENTES

ARTÍCULO 442.- Se declara en rebeldía al acusado que en el término fijado en la requisitoria no comparece, ni es habido y presentado ante el Instructor o el Tribunal que conozcan del expediente o de la cusa, según sea la fase del proceso.

ARTÍCULO 443.- Será llamado y buscado por requisitoria del acusado:

1) que citado, encontrándose en libertad, no comparezca ante el Tribunal, el Fiscal o el Instructor;

2) que no sea posible citarlo o notificarle cualquier resolución judicial por haber abandonado su domicilio o centro de trabajo, y se ignore su paradero;

3) que encontrándose sujeto a alguna medida cautelar privativa de libertad, se haya fugado.

ARTÍCULO 444.- Inmediatamente que un acusado se halle en alguno de los casos anteriormente señalados, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal que conoce del proceso mandará a expedir requisitorias para su llamamiento y captura, con expresión de los datos y circunstancias necesarios y del plazo dentro del cual el ausente debe presentarse, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía si no lo hace.

Transcurrido el plazo de la requisitoria sin haber comparecido o sin haber sido presentado el ausente, se le declara en rebeldía.

ARTÍCULO 445.- Las requisitorias se remiten a los jefes de los cuerpos de policía y de seguridad del Estado, mediante despachos, por los que se interesará la búsqueda y captura del requisitoriado.

Cuando la requisitoria tenga por objeto la búsqueda y captura de una persona que no haya comenzado aún a cumplir la sanción que le haya sido impuesta, la librará el Tribunal al cual corresponda la ejecución de la sentencia.

ARTÍCULO 446.- Si el proceso se encuentra en la fase preparatoria, continuará su tramitación hasta que se agoten todos los medios de prueba que el mismo requiera, suspendiéndose después su curso en cuanto al acusado declarado en rebeldía.

ARTÍCULO 447.- Cuando la declaración de rebeldía del acusado tenga lugar hallándose pendiente el juicio oral, éste se suspenderá en cuanto al acusado en rebeldía y se archivarán las actuaciones.

Cuando el acusado declarado en rebeldía se presente o sea habido, se abrirá nuevamente el proceso para continuarlo respecto a él, de ser posible, en el estado en que se encontraba cuando se dispuso la suspensión.

ARTÍCULO 448.- Si son dos o más los acusados y todos no han sido declarados en rebeldía, se suspenderá el curso de la causa respecto a los declarados en rebeldía hasta que sean hallados y se continuará en cuanto a los demás.

ARTÍCULO 449.- Mientras nos sea resuelta la situación del ausente, el proceso quedará en suspenso respecto a él, continuándose en cuanto a los demás hasta el señalamiento del juicio oral, si aún no hubiere comenzado.

Cuando el acusado se ausente señalado ya el juicio oral, se suspenderá su celebración hasta que se resuelva lo que proceda sobre la rebeldía.

ARTÍCULO 450.- Si al ser habido el declarado en rebeldía el juicio oral ya hubiese comenzado en cuanto a los otros acusados, el Tribunal decidirá, de acuerdo con las circunstancias, si debe continuar respecto a éstos o retrotraerse el proceso al estado en que se encontraba al declararse la rebeldía.

ARTÍCULO 451.- Si se ha dictado sentencia con respecto a los otros acusados y ésta se halla pendiente de recurso, el Tribunal superior remite las actuaciones originales al Tribunal que deba conocer en primera instancia, dejando en su poder testimonio de los particulares que señalen las partes y los que el Tribunal acuerde.

No obstante, el tribunal, para fallar l recurso, puede reclamar, para tenerlas a la vista, las actuaciones originales de estimarlo necesario, y en este caso se interrumpe el correspondiente proceso hasta que las mismas sean devueltas.

ARTÍCULO 452.- En cualquiera de los casos en que se declare en rebeldía al acusado, quedará expedita a los perjudicados por el delito el ejercicio en la vía civil de la acción que pueda corresponderles.

A ese efecto, quedarán sujetos a los resultados de tales procesos los embargos y cualesquiera otras medidas asegurativas patrimoniales que se hayan decretado.

No obstante, cuando el juicio deba continuar con respecto a otros acusados, se esperará el resultado del proceso a los efectos que determina el párrafo que antecede.

ARTÍCULO 453.- Cuando la causa se archive por estar en rebeldía todos los acusados, se mandará devolver a los dueños que no resulten civilmente responsables del delito los efectos o instrumentos del mismo y las piezas de convicción que hubieren sido recogidas durante la investigación. El Secretario extenderá diligencia en la que se describirá minuciosamente todo lo que se devuelva.

Asimismo, se realizará el reconocimiento pericial que hay debido practicarse de haber continuado la causa su curso ordinario.

Para la devolución de los efectos o instrumentos del delito y piezas de convicción pertenecientes a un tercero no responsable, es aplicable lo dispuesto en el artículo 271.

Si no son conocidos los dueños de los efectos o instrumentos del delito y de las piezas de convicción ocupadas, se procede de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo 271.

ARTÍCULO 454.- Si el acusado se constituye en rebeldía después de hecha pública la sentencia, háyasele o no notificado personalmente, se entiende caducado su derecho a establecer el recurso que contra ella proceda; o se le tendrá por desistido en el que se haya llegado a establecer a su favor, según el caso.

Continuarán, sin embargo, hasta su terminación, los recursos que hayan establecido las demás partes.

 

TÍTULO VIII

DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 455.- Las sentencias y resoluciones firmes de los Tribunales, n caso de delito, pueden ser revocadas en revisión por motivo de nuevos o desconocidos hechos o circunstancias de excepcional relevancia para el resultado de la causa en que fueron dictadas.

ARTÍCULO 456.- El procedimiento de revisión procede solamente cuando:

1) estén sancionadas dos o más personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sola;

2) sobre el mismo delito y sus partícipes hayan recaído dos sentencias firmes contradictorias;

3) haya sido sancionada una persona en virtud de sentencia dictada por un Tribunal cuyos integrantes sean posteriormente sancionados por prevaricación cometida al dictar dicha sentencia;

4) se haya sancionado como autor o cómplice del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después;

5) la falsedad de pruebas practicadas hay motivado una sentencia o resolución ilegal o infundada, siempre que esta circunstancia resulte declarada por sentencia firme;

6) se hay sancionado a una persona en virtud de sentencia fundada en un hecho falso cuya prueba se haya obtenido mediante violencia o intimidación, siempre que esta circunstancia resulte declarada n sentencia firme;

7) hechos o circunstancias desconocidos por el Tribunal en el momento de dictar sentencia o resolución, por sí mismos o en unión de los comprobados anteriormente en el proceso, hagan presumir la inocencia del sancionado o su participación en un delito de mayor o menor gravedad que el que determinó su sanción, o la culpabilidad del acusado absuelto o de la persona respecto a la cual el procedimiento fue sobreseído libremente;

8) se haya cometido error en la identidad de la persona sancionada.

ARTÍCULO 457.- En el caso 1) del artículo 456 si la Sala declara la contradicción entre las sentencias, anulará ambas y dará traslado al Fiscal para la instrucción de nuevo expediente.

En el caso 2), la Sala anulará la segunda sentencia.

En el caso 4), comprobada la identidad de la persona por cuya muerte se hubiere dictado sanción, anulará la sentencia firme, pero si existen indicios de la comisión de otro delito dará traslado al Fiscal para la instrucción de nuevo expediente.

En los demás casos, la Sala dictará resolución con vista a la existencia de la situación determinante de la revisión y dará traslado al Fiscal a los efectos que procedan.

ARTÍCULO 458.- Las sentencias absolutorias, las resoluciones de sobreseimiento libre de la causa o las sentencias sancionadoras, sólo pueden revisarse para imponer sanción o agravar la impuesta o para imputarle al sancionado un delito más grave, dentro del término de prescripción de la acción penal y antes del transcurso de un año, desde el momento en que se conoció la existencia de cualquiera de las causales establecidas en el artículo anterior. La revisión de las sentencias sancionadoras que puedan favorecer al sancionado no se halla limitada por término alguno.

ARTÍCULO 459.- El fallecimiento del sancionado no impide la revisión de su proceso siempre que de ella pueda resultar su rehabilitación.

ARTÍCULO 460.- Cualquier persona o institución puede solicitar al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República o al Ministro de Justicia, que se realice una investigación sobre supuestos nuevos hechos que puedan llegar a constituir causal para la revisión.

ARTÍCULO 461.- Si se considera improcedente la solicitud a que se refiere el artículo anterior, se denegará el inicio de la investigación, mediante resolución fundada, la que se notificará al solicitante sin ulterior recurso.

ARTÍCULO 462.- El Presidente del Tribunal Supremo Popular, el Fiscal General de la República o el Ministro de Justicia en atención a la solicitud recibida, o de oficio si se estima que puede existir cualquiera de las causas señaladas en el artículo 456, dictará resolución fundada y solicitará u ordenará, según los casos, la designación de un Instructor. Durante la investigación, pueden realizarse todas las diligencias de instrucción que resulten necesarias, con arreglo a las regulaciones de esta Ley.

ARTÍCULO 463.- Si como resultado de la investigación existe, a juicio del Fiscal General de la República, fundamento para la revisión de la causa, la remitirá, conjuntamente con el expediente de investigación y su instancia, a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular, cualquiera que sea el Tribunal que haya dictado la sentencia o auto de sobreseimiento libre que la motive.

En la instancia del Fiscal General de la República solicitando la revisión se fijarán en párrafos separados y numerados los hechos y fundamentos de derecho que la motiven.

ARTÍCULO 464.- Solicitada la revisión, la Sala reclamará los autos originales con todos los antecedentes de la causa en la haya recaído la sentencia cuya revisión se solicite, mandará a emplazar a todos los que hayan sido partes o a sus causahabientes, para que en el término de quince días comparezcan, mediante escrito, a sostener lo que convenga a su derecho. Los sucesivos trámites se ajustarán a los que dispone esta Ley para los recursos de apelación ante el Tribunal Supremo Popular, en cuanto resulten aplicables.

Contra la sentencia que recaiga en el proceso de revisión no se da recurso alguno.

ARTÍCULO 465.- La rehabilitación del sancionado comprende la restitución al mismo en sus derechos y honores de que se le haya privado en virtud de la sentencia revisada. Los efectos de la rehabilitación se retrotraen a la fecha de la firmeza de la sentencia anulada.

ARTÍCULO 466.- Cuando por consecuencia de las sentencias firmes anuladas haya sufrido el acusado alguna sanción, se tendrá en cuenta si en la nueva sentencia se le impone alguna otra, computándose para su cumplimiento todo el tiempo de la anteriormente sufrida.

Si la nueva sentencia es absolutoria decretará al mismo tiempo la rehabilitación del acusado.

 

TÍTULO IX

DEL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS

ARTÍCULO 467.- Toda persona que se encuentre privada de libertad fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevén, mediante un sumarísimo proceso de hábeas corpus ante los Tribunales competentes.

No se procede el hábeas corpus en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o a auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito.

ARTÍCULO 468.- Son competentes para conocer de la solicitud de hábeas corpus:

1) las Salas correspondientes de los Tribunales Provinciales Populares en los casos que procedan de actos de los Instructores Fiscales, Tribunales Municipales Populares o de los agentes de la autoridad del territorio del Tribunal Provincial Popular respectivo;

2) las Salas correspondientes del Tribunal Supremo Popular en los casos que procedan de actos de los Tribunales Provinciales Populares.

ARTÍCULO 469.- En la solicitud se consignan los particulares siguientes:

1) la persona a cuyo favor se pida el mandamiento de libertad; el lugar donde se halla privada de ella; y la autoridad o su agente, o el funcionario que la mantenga en esa situación;

2) los motivos de privación de libertad, según el leal saber y entender del peticionario;

3) que la privación de libertad no ha sido dispuesta a virtud de sentencia o de auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito;

4) si el encarcelamiento o privación de libertad existe por virtud de un auto, providencia o cualquier otra disposición, se agregará a la solicitud una copia del mismo, a no ser que el solicitante asegure que, por razones de la traslación de la persona encarcelada o privada de libertad con anterioridad a la solicitud, no pudo exigirse tal copia o porque ésta se exigió y fue rehusada su entrega;

5) el peticionario hará constar en qué consiste la ilegalidad que aduzca.

Si el solicitante ignora alguna de las circunstancias que se señalan en este artículo, debe también consignarlo expresamente.

ARTÍCULO 470.- El Tribunal dará curso a la solicitud, a menos que resulte evidente que no existen fundamentos legales para ello.

ARTÍCULO 471.- Si accede a dar curso a la solicitud, ordenará a la autoridad o funcionario a cuya disposición se encuentre el preso o detenido que lo presente ante el Tribunal el día y la hora que al efecto se señale, dentro del término de setenta y dos horas.

Al propio tiempo requerirá a dicha autoridad o funcionario para que informe por escrito cuándo y por qué se realizó la prisión o detención y el delito que se impute al detenido; y si aquél informa que no lo tiene bajo su custodia o sujeción, se le requerirá nuevamente para que exprese si en algún momento lo tuvo y traspasó a otra autoridad o funcionario y cuál es éste.

ARTÍCULO 472.- El mandamiento será cumplido inexcusablemente.

La autoridad o funcionario a quien se haya dirigido presentará el preso o privado de libertad que esté bajo su custodia de conformidad con lo ordenado en el mandamiento, a menos que justifique a satisfacción del Tribunal la imposibilidad de hacerlo por alguna causa insuperable.

El Tribunal, en todo caso, comprobará la certeza de la imposibilidad alegada y adoptará las medidas necesarias para sustanciar el proceso en el menor tiempo posible.

ARTÍCULO 473.- Si la autoridad o funcionario a quien se haya dirigido el mandamiento se resiste a cumplirlo sin justa causa, el tribunal lo librará a su superior jerárquico, sin perjuicio de dar cuenta al tribunal competente para que conozca del delito en que hubiere podido incurrir.

ARTÍCULO 474.- Presentado el detenido con el informe correspondiente o en el caso relacionado en el artículo precedente, se celebrará una vista oral, en la que se practicarán las pruebas pertinentes que presenten los interesados; y oídas las alegaciones de éstos, el Tribunal dictará auto fundado en el que decidirá lo que proceda.

ARTÍCULO 475.- Si el Tribunal estima que existen motivos para mantener la prisión del detenido, declarará sin lugar la solicitud. En otro caso, dispondrá su libertad inmediata.

ARTÍCULO 476.- Contra el auto que declare con lugar el hábeas corpus no cabe recurso alguno.

Contra el que lo deniegue, si proviene de un Tribunal Provincial Popular, procede recurso de apelación ante la Sala respectiva del Tribunal Supremo Popular, que se tramita en la forma que establece el artículo 439. Contra el auto dictado por una Sala del Tribunal Supremo Popular, no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 477.- El Fiscal es siempre parte en este proceso para lo que se le instruye una vez presentada la solicitud.

ARTÍCULO 478.- No puede repetirse la solicitud en relación con la misma situación que hay determinado la denegación de otra anterior, a menos que nuevos hechos hayan desvirtuado los motivos que justifican la prisión o detención de que se trate.

Cuando se ponga en libertad a la persona a virtud de hábeas corpus, no puede privársele nuevamente de libertad por la misma causa, a menos que circunstancias posteriores así lo ameriten.

 

TÍTULO X

DEL PROCEDIMIENTO SUMARISIMO

ARTÍCULO 479.- En el caso en que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Fiscal General de la república puede interesar del Presidente del Tribunal Supremo Popular y éste decidir, que se juzguen mediante procedimiento sumarísimo los hechos delictivos de la competencia de cualquiera de los Tribunales de justicia, excepto los que sean de la competencia de los Tribunales Municipales Populares.

ARTÍCULO 480.- En el procedimiento sumarísimo se reducen, en la medida en que el Tribunal competente estime necesario, los términos que esta Ley establece para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los recursos.

 

LIBRO SEPTIMO

DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS

ARTÍCULO 481.- Todo acusado absuelto será puesto en libertad inmediatamente por el Tribunal que haya dictado la sentencia, cualquiera que fuere la instancia, a menos que la existencia de algún motivo legal haga necesario el aplazamiento de la excarcelación, lo cual se ordena por auto motivado.

ARTÍCULO 482.- La ejecución de la sentencia sancionadora, una vez firme, corresponde al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia.

ARTÍCULO 483.- Tienen el concepto de sentencia firme y procede, desde luego, su ejecución:

1) las dictadas en primera instancia contra las cuales no se haya establecido recurso en el plazo legal o la ley no lo autorice;

2) las dictadas en primera instancia contra las que, habiéndose establecido recurso, se declare éste desierto por incomparecencia del recurrente en el plazo legal para sostenerlo, desista después expresa o tácitamente, o se declare la inadmisibilidad del recurso;

3) las dictadas por los Tribunales superiores resolviendo los recursos.

En los casos 1) y 2) es necesario que se declare la firmeza mediante auto del Tribunal que esté conociendo de la causa. En el caso 3), la firmeza se produce de pleno derecho al publicarse la sentencia.

ARTÍCULO 484.- El Tribunal superior remitirá inmediatamente al inferior copia autorizada de la resolución por virtud de la cual la sentencia haya quedado firme, devolviéndole al mismo tiempo las actuaciones que le hubiere elevado.

ARTÍCULO 485.- Para la ejecución de la sentencia, el Tribunal correspondiente adoptará, sin dilación, las medidas y disposiciones que en cada caso se requieran, librando las órdenes y despachos indispensables a ese fin.

ARTÍCULO 486.- Cuando el Tribunal a quien corresponda la ejecución no pueda practicar por sí mismo todas las diligencias necesarias, comisiona al de la localidad en que deban tener efecto, para que las practique.

ARTÍCULO 487.- Si es absolutoria la sentencia firme y en la causa existen acusados sujetos a prisión provisional, se comunica a las autoridades de prisiones para la inmediata liberación de los presos. Si es condenatoria, dentro del término de diez días, a partir de la firmeza de la sentencia, se les remite copia de ésta y testimonio de la liquidación d la sanción impuesta.

ARTÍCULO 488.- Cuando la sentencia firme sea la de muerte, queda en suspenso en cuanto a este pronunciamiento, hasta tanto el Consejo de estado decida sobre la ejecución o la conmutación de la sanción.

No obstante, la sentencia se cumple en los demás extremos, para lo cual la Sala respectiva del Tribunal Supremo Popular debe disponer que se expidan los testimonios correspondientes.

El Consejo de Estado decide sobre la ejecución o la conmutación de la sanción de muerte en un término de diez días, contados desde el siguiente al en que haya recibido las actuaciones. Decursado este término sin que haya habido manifestación expresa al respecto, se entiende que ha decidido no conmutar la sanción de muerte, y en este caso devuelve las actuaciones a la Sala respectiva del Tribunal Supremo Popular, la que dispone lo necesario para que sea ejecutada la sentencia.

ARTÍCULO 489.- Corresponde al Tribunal llamado a ejecutar la sentencia practicar la liquidación de la sanción, que sirve de base a las autoridades y funcionarios encargados de los establecimientos penitenciarios y otros centros en que haya de cumplirse para determinar la fecha de su extinción.

De igual modo, practican las rectificaciones que procedan en los casos de interrupción del cumplimiento a virtud de circunstancias que así lo determinen.

ARTÍCULO 490.- Las sanciones y medidas de seguridad se ejecutan de acuerdo con las disposiciones de la ley penal sustantiva que las establezca u otras disposiciones legales o reglamentarias dictadas a ese efecto, y siempre del modo que resulte más acorde con la naturaleza o índole de cada una.

ARTÍCULO 491.- Cuando una persona que se halle en algún establecimiento penitenciario u otro centro extinguiendo una sanción presente síntomas de enajenación mental, se da cuenta inmediatamente al Tribunal encargado del cumplimiento de la ejecutoria, el cual, comprobada la enfermedad, acuerda la suspensión de la sanción y adopta en su lugar la medida de seguridad que corresponda con sujeción a las disposiciones de la ley penal sustantiva.

Si el sancionado recupera su salud mental se reingresa en el establecimiento penitenciario correspondiente para extinguir el resto de la sanción impuesta con abono del tiempo en que haya estado privado de libertad por consecuencia de la medida de seguridad acordada.

ARTÍCULO 492.- La ejecución de la sanción de privación de libertad puede aplazarse por el Tribunal que la dicte, a petición del Fiscal, la dirección de un centro laboral o el propio acusado, en los casos siguientes:

1) cuando, conforme al resultado del examen médico, se compruebe que el sancionado está imposibilitado de cumplir la sanción;

2) cuando la sanción recaiga en una mujer en estado de gestación o con hijos menores de un año. En el primer caso, la ejecución se aplaza hasta que se produzca el parto y en ambos hasta que el menor rebase la edad mencionada;

3) cuando no deba cumplirse inmediatamente la sanción por circunstancias especiales del centro laboral a que se encuentre vinculado el sancionado. En este caso el cumplimiento de la ejecución de la sanción sólo puede aplazarse durante tres meses y por una sola vez.

Acordado el aplazamiento de la sanción impuesta en la sentencia, el Tribunal lo comunica, así como su término, al establecimiento penitenciario, a la Policía y al sancionado.

Si el sancionado no se presenta en el establecimiento penitenciario correspondiente al vencerse el término del aplazamiento, las autoridades penitenciarias lo comunicarán al Tribunal.

ARTÍCULO 493.- La facultad del Tribunal para ejecutar la sentencia comprende la de resolver las cuestiones e incidentes que se susciten en relación a su ejecución y excluye, por tanto, la de toda otra autoridad.

ARTÍCULO 494.- Para el cumplimiento de la ejecutoria en los extremos que se refieren a la responsabilidad civil, el Tribunal libra los testimonios y facilita los datos y antecedentes necesarios que se le requieran por los funcionarios y organismos encargados de satisfacerla.

Toda sentencia que contenga pronunciamientos sobre responsabilidad civil, una vez firme, se le hará saber a la persona a cuyo favor se hagan aquéllos.

ARTÍCULO 495.- Las controversias sobre dominio, posesión o mejor derecho, se sustancian y deciden por los Tribunales de lo penal aplicando los preceptos de la legislación procesal civil.

 

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se derogan la Ley número 1251, de 25 de junio de 1973, y cuantas otras disposiciones se opongan al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

SEGUNDA: Esta Ley comenzará a regir una vez que queden constituidos los órganos judiciales establecidos por la Ley de Organización del Sistema Judicial.

 

Ciudad de La Habana, a los trece días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y siete

Blas Roca Calderío

IX Legislatura

Asamblea Nacional del Poder Popular

Dirección: Paseo del Prado # 422 e/ San José y Dragones
Teléfono: 7 869 4200