Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República es una entidad fiscalizadora superior encargada de velar por cumplimiento y control de los procedimientos administrativos y presupuestarios del Estado, se dedica a obtener, custodiar y manejar la información necesaria para el control del dinero y otros recursos, así como examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos.

Misión

Auxiliar a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado en la ejecución de la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y Gobierno, proponer la política integral en materia de preservación de las finanzas públicas y el control económico – administrativo, dirigir, ejecutar y comprobar su cumplimiento; dirigir metodológicamente y supervisar el sistema nacional de auditoría, ejecutar las acciones necesarias con el fin de velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público, prevenir y luchar contra la corrupción.

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Funciones, atribuciones y obligaciones

– Exigir por la correcta y transparente administración de los fondos públicos;

-Auxiliar al Estado en la organización y control de las acciones derivadas de los acuerdos internacionales relacionados con la administración del patrimonio público y en la lucha contra la corrupción, de los que Cuba sea parte y representarlo en las reuniones que se realicen de los Estados Partes en esos acuerdos;

-Asistir a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en el ejercicio de la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y el Gobierno, en la forma y ocasiones en que así se lo indiquen;

-Prevenir y enfrentar el uso indebido de los recursos del Estado y la corrupción administrativa, a partir de la detección de actos de este tipo durante el desarrollo de sus actividades de auditoría, supervisión y control e interesar la adopción de las medidas que correspondan, ajustándose al procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley y las demás normas complementarias, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal que pueda exigirse por los órganos competentes;

-Solicitar a la autoridad facultada, que aplique las medidas administrativas y disciplinarias a quienes proceda, derivadas de las violaciones detectadas a partir de sus actividades de auditoria, supervisión y control;

-Evaluar, atender, investigar y responder las quejas y denuncias de la población que reciba vinculadas con el descontrol y mala utilización de los recursos del Estado, así como de posibles actos de corrupción administrativa;

-Verificar, en el cumplimiento de sus funciones, el patrimonio y la conducta ética, de cuadros, dirigentes y funcionarios de los órganos, organismos, y entidades estatales, así como solicitar de las autoridades superiores la adopción de las medidas que correspondan, conforme a los resultados de las comprobaciones realizadas;

-Fomentar y preservar la disciplina en la administración de los recursos del Estado, garantizando su adecuada utilización y protección;

-Mantener vínculos de trabajo con los órganos y organismos competentes, para el enfrentamiento y prevención de los delitos y actos de corrupción administrativa que se detecten en el ejercicio de sus actividades de auditoria, supervisión y control;

-Establecer los procedimientos en materia de supervisión y control emitiendo las disposiciones legales a su cargo o proponiéndolas, en su caso, a los órganos superiores del Estado;

-Supervisar y verificar el proceso de elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto del Estado;

-Normar, supervisar y evaluar los sistemas de control interno y formular las recomendaciones necesarias para su mejoramiento y perfeccionamiento continuo;

-Examinar y opinar, en los casos que se considere necesario, sobre los procesos de licitación para la adjudicación de contratos públicos y el control sobre la prestación de servicios públicos por las empresas prestatarias, así como, dictaminar, cuando corresponda, sobre la ejecución de aquellas operaciones contractuales en que el Estado pueda resultar deudor o acreedor;

-Informar de los resultados y las recomendaciones que correspondan derivadas de las acciones de auditoría, supervisión y control a quienes hayan sido sujetos de estas, a los colectivos laborales, así como a sus estructuras superiores de dirección, ajustándose al procedimiento previsto en el Reglamento de esta Ley y sus normas complementarias. En los casos de acciones realizadas a solicitud de los Tribunales, la Fiscalía, el Ministerio del Interior u otras entidades facultadas, los resultados a que se arriben serán trasladados a los órganos solicitantes para su posterior tramitación;

-Dictaminar, en los casos que corresponda, acerca del cumplimento de las leyes, decretos leyes, decretos y demás disposiciones jurídicas que estén vinculadas a su actividad;

-Trasladar los dictámenes sobre temas o asuntos que resulten evaluados en las acciones de control, con las propuestas o recomendaciones a quienes corresponda;

-Cumplir con el plan de auditorías, supervisión y control aprobado;

-Regular y dirigir metodológicamente el Sistema Nacional de Auditoría;

-Reconocer la capacidad legal y formal así como autorizar el ejercicio de la auditoria independiente a las sociedades civiles de servicios y otras formas de organización que trabajen al respecto;

-Controlar y mantener actualizado el Registro de Contralores y Auditores de la República de Cuba, a cargo de la Contraloría General y establecer las normas que rigen para su funcionamiento, capacitación y el reconocimiento legal de los mismos;

-Realizar estudios de tendencias, causas, condiciones, aspectos sociales y formativos, los que podrán ejecutar en coordinación con otras instituciones, organismos y organizaciones de masas o sociales, que permitan proponer a las autoridades facultadas, acciones dirigidas a prevenir la ocurrencia de manifestaciones o hechos de corrupción administrativa en nuestra sociedad;

-Informar a los órganos competentes cuando en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y obligaciones, detecte hechos presuntamente delictivos.

Antecedentes históricos

La Contraloría General de la República de Cuba (CGR) surge el 1º de agosto de 2009 al aprobarse por la Asamblea Nacional la Ley No. 107 “De la Contraloría General de la República”, como resultado de un proceso de fortalecimiento de la Entidad Fiscalizadora Superior. La creación de la CGR forma parte del proceso de institucionalización del país, así como el fomento de la gestión gubernamental. Se subordina directamente a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado.

Su surgimiento está determinado por la voluntad política de jerarquizar la función de Control del Estado, pues la experiencia acumulada demostraba la necesidad de perfeccionar y reforzar el papel del Estado en el control y en la preservación de las finanzas y bienes patrimoniales del Estado Socialista.

A ello se suma el necesario cumplimiento de la Convención Internacional contra la Corrupción, firmada el 9 de diciembre de 2005 y ratificada el 9 de febrero de 2007, de la que somos Estado Parte, en cuanto a la independencia del ejecutivo y relativo asimismo a ser portador de un enfoque más amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción.

Es un órgano equivalente a un Tribunal de Cuentas existente en varios países de Latinoamérica. Fueron creadas basadas en las sugerencias de la misión estadounidense a cargo del economista Edwin Walter Kemmerer e implementadas en Colombia (1923), Chile (1927), Ecuador (1927), Bolivia (1928) y Perú (1929). Posteriormente se crean en Venezuela (1938), Costa Rica (1949), República Dominicana (1954), Nicaragua (1979). La institución equivalente en la Argentina es la Auditoría General de la Nación, y en El Salvador es la Corte de Cuentas de la República.

En Cuba, aunque el Ministerio de Auditoría y Control (MAC) y la Contraloría General de la República CGR nacieron con un objetivo común, referido a dirigir, controlar y orientar metodológicamente al Sistema Nacional de Auditoría, una (la Contraloría general de la República de Cuba) es resultado del desarrollo y consolidación de la otra (MAC), existen evidentes diferencia que llevan a un cambio de denominación y funciones de una a otra entidad.

El MAC formaba parte del Gobierno y se encontraba al mismo nivel que el resto de los Ministerios que existían en el país en aquel momento; como tal, tenía con los mismos, relaciones de colaboración. Asimismo tenía relaciones de subordinación respecto a la Fiscalía General de la República, Tribunales y Asamblea Nacional del Poder Popular, como se refiere la Disposición Especial única expresa en el Decreto Ley 219/03.

Por su parte la Contraloría General de la República es “auxilia a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado”. (Ley No. 107/09). Como tal se sitúa en una posición de cooperación y coordinación con el resto de los Órganos del Estado tales como Fiscalía y Tribunales, al tiempo que mantiene una relación de subordinación con la ANPP y una relación de coordinación, colaboración, supervisión y control con los OACEs, al tiempo que puede auxiliarse de estos para el trazado de la política integral del rubro. Todo lo anterior deduce que igualmente hay un cambio en la forma de rendición de cuentas de la CGR respecto al MAC.

En cuanto a la estructura, podemos decir que hay un crecimiento de una a otra entidad, de forma tal que La Controlaría General de la República está integrada por la Controlaría General y las Controlarías Provinciales. Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones en los municipios se crean secciones de la Controlaría Provincial, que desde este órgano atienden uno o varios municipios. Recordemos que a pesar de tener grupos de control en las provincias, no existían dependencias del Ministerio de Auditoría y Control que tuvieran la autonomía relativa con que cuentan hoy las Controlarías Provinciales.

Al nacer como Órgano del Estado y el Gobierno cubano y crecer asimismo el alcance de su objeto social y complejidad, la estructura de la CGR actualmente se complejaza de la misma manera y cambia respecto a la del MAC.

VIII Legislatura

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